El empleo público en general y la universidad en particular, víctimas principales de la crisis

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Es conocido que desde mayo de 2010, mes en el que se produjo la primera reducción salarial a los empleados públicos a través del RD-Ley 8/2010, se han puesto en marcha, tanto por el Gobierno Central como por los Gobiernos Autonómicos, una batería de medidas destinadas a la degradación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos bajo la premisa de que la reducción del gasto público que ello lleva consigo colaboraría a la reducción de la deuda y una recuperación generalizada de la economía. Por el contrario, el endeudamiento público del Estado español se cifra en el 2015 del 96,80 % del PIB y la deuda pública en España ha crecido en el tercer trimestre de 2014 en 7.630 millones de euros, situándose en 1.020.236 millones. Crece cada año hasta llegar a posiciones inasumibles. En realidad, los países (periféricos) como el español, sometidos a las recetas económicas de la austeridad y la restricción del gasto público, incrementan tanto el déficit como su deuda pública, debido fundamentalmente a la reducción de ingresos del Estado como consecuencia directa de la contracción de la actividad económica. A lo que se debe añadir, como segundo factor explicativo de esta aparente paradoja, el elevadísimo gasto público realizado a cargo del rescate sostenido al sector financiero. La apuesta por estas políticas de salida de la crisis ha de relacionarse, además, con la ideología que entiende deseable la mercantilización de la entera esfera social, cobrando sentido la estrategia de los poderes públicos de acompañar la restricción de los aparatos públicos de amplias operaciones de privatización y externalización de servicios de interés general de titularidad estatal, autonómica o municipal. El desprecio y la culpabilización de los servidores públicos por las deterioradas prestaciones de servicios proporcionadas al ciudadano una vez asfixiados financieramente los distintos servicios públicos y degradadas las condiciones de trabajo y empleo que las llenan de contenido, cierran este anillo de hierro sobre el empleo público.

Las medidas adoptadas para lograr la devaluación salarial de los empleados públicos han sido muy eficaces y permanentes. Reducción y congelación salarial, eliminación de una paga extraordinaria, supresión de días de libre disposición, modificación del sistema de la prestación económica de incapacidad temporal

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y otras medidas más limitadas, que acompañan a lo que sin duda significa el eje central de las políticas de recorte, la supresión por decreto-ley de la negociación colectiva en el empleo público durante el período que el gobierno considere en atención a "causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas", que introduce de nuevo un principio autoritario en la determinación de las condiciones retributivas y de empleo del personal del sector público.

La destrucción de empleo público es una realidad documentada estadísticamente. Si se atiende a los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de su Registro Central de Personal, se observa cómo con carácter general nos encontramos todavía en un momento de destrucción de empleo público. Al menos hasta donde alcanzan los datos recogidos, julio de 2014. La experiencia permite predecir que la presencia de un año electoral como el 2015 ralentizará y en algún caso detendrá este flujo de pérdidas de puestos de trabajo, pero los datos de los que se dispone son muy contundentes.

El total de empleados públicos que aparecen registrados en la fecha señalada asciende a 2.522.631, de los cuales 540.462 pertenecen a la Administración Pública Estatal (21,4%); 1.277.212 a las Administraciones de las Comunidades Autónomas (50,6%); 556.261 a las Administraciones Locales (22,1%) y 148.697 a las Universidades públicas (5,9%). Una comparativa por años, desagregada...

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