Efecto de las políticas de responsabilidad social empresarial en las instituciones financieras canadienses
| Autor | Élias Rizkallah - Inmaculada Buendía Martínez |
| Cargo | Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá) - Profesora Visitante del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha (España) |
| Páginas | 3-21 |
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A pesar que desde el principio de este decenio asistimos a un aumento espectacular de la información sobre la RSE, lo que deja suponer una mejora cualitativa y cuantitativa de las prácticas subyacentes asociadas, el concepto sigue siendo difuso. Considerando la RSE como un interfaz entre la empresa y su entorno (Pasquero, 2005: 112), los mecanismos de comunicación toman una importancia vital dado que interconectan a la organización con su medio. De esta forma, la rendición de cuentas, como uno de los componentes fundamentales de la RSE, tiene en el informe social su instrumento de expresión (Pasquero, 2005: 125-126). Su utilización ha aumentado considerablemente a partir de la segunda mitad de los años noventa y ha conocido una marcada aceleración desde 2002 según los estudios trianuales realizados por KPMG en el ámbito internacional (KPMG, 2008).
Este aumento es parcialmente debido a la adopción, por parte de algunos países, de reglamentaciones obligando a las empresas relativamente importantes en términos de tamaño o en un determinado sector de actividad, a difundir sus actividades socialmente responsables. Las autoridades, como promulgadores de la legislación, se convierte en un interlocutor de vital importancia (Freeman, 1984) teniendo el poder de imponer prácticas de divulgación que el mercado es incapaz de suscitar (Capron et QuairelLanoizelée, 2004: 194), así como de estimular la voluntad y la habilidad del sector empresarial para responder a las demandas de la sociedad (Heard et Bolce, 1981).
En el dominio financiero, Canadá es un país pionero. Concretamente, la Ley C-8 constituye la primera reglamentación en el ámbito internacional exigiendo a las instituciones financieras la publicación de una declaración anual sobre su responsabilidad respecto al público. Es necesario señalar que como para todas las legislaciones de la misma naturaleza, esta obligación tan sólo afecta a las instituciones de naturaleza federal de más importancia, es decir, aquellas cuyos capitales propios son superiores a mil millones de dólares canadienses. Esta medida legal pretende responder a las demandas de la población con relación a la contribución del sector financiero a la economía y a la sociedad canadiense (Groupe de travail sur l?avenir du secteur des services financiers canadien, 1998).
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En este contexto, la presión ejercida sobre los bancos comerciales para divulgar un balance de sus actividades con relación a la colectividad constituye una nueva forma de competencia que conduce a las CSF a un presión implícita de comunicación general a pesar de que sus actividades están vinculadas intrínsecamente a sus comunidades locales. En efecto, históricamente los ciudadanos-consumidores-empresarios insatisfechos por los servicios bancarios disponibles participan en el desarrollo de CSF para satisfacer sus necesidades. La accesibilidad a los servicios fue la principal razón de su creación. De esta forma, su dinámica de funcionamiento, basado en valores y principios específicos, y la integración estructural de los intereses de la colectividad gracias a su configuración organizativa ha permitido después de un siglo satisfacer las necesidades de grupos sociales, localidades y regiones mal servidas por las instituciones bancarias (Buendía Martínez et al., 2006).
Este trabajo pretende contribuir a aumentar el conocimiento de la realidad de las CSF canadienses y, en particular, a estudiar su posicionamiento comunicacional con relación a la RSE. En un primer momento, se analizaran las particularidades del enfoque de la RSE en el sector cooperativo financiero para pasar, en segundo lugar, a presentar un estudio empírico basado en técnicas de análisis de contenido realizado sobre los informes de rendición de cuentas de las CSF más grandes en los años 2007 y 2008.
El origen de la reglamentación de los bancos comerciales tiene su origen en las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Futuro del Sector de Servicios Financieros canadiense con el objetivo de conformar una política pública sobre las instituciones financieras. La conclusión ha derivado en la necesidad de hacer conocer al público la contribución del sector financiera a la economía y a la sociedad. Más concretamente, el informe debe incluir información sobre las donaciones, el impacto sobre el sistema económico tanto en el ámbito nacional como provincial, y las iniciativas para satisfacer las necesidades de los particulares y de las pymes (Groupe de travail sur l?avenir du secteur des services financiers canadien, 1998). Pero a pesar de que este enfoque establece un nivel mínimo que refleja los valores de la sociedad
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(Marchildon, 2004: 28-29), la reglamentación no contempla los aspectos medioambientales y económicos, así como cuestiones de orden social y de personal comprendidas en la óptica europea de la RSE que sitúa este concepto en igual al de desarrollo sostenible (Capron et Quairel-Lanoizelée, 2004: 10-11).
A pesar de que la reglamentación canadiense es aplicable a una parte del sistema financiero, las instituciones de mayor dimensión en el ámbito federal, tiene un impacto innegable sobre las CSF. Incluso si éstas están sometidas a jurisdicción provincial y las actividades de RSE son de naturaleza voluntaria, la Ley C-8 representa una medida incitativa para la realización de una nivel mínimo de actividades socialmente responsables evitando una ampliación de la reglamentación que pudiera englobarlas. Es aspecto resulta relevante si se considera que el informe del Grupo de Trabajo recomendaba que las provincias deben prever la aplicación de exigencias similares a las instituciones financieras bajo su competencia (Groupe de travail sur l?avenir du secteur des services financiers canadien, 1998: 197).
La RSE no es un aspecto desconocido para las cooperativas. La literatura ha analizado la relación identitaria entre RSE y naturaleza cooperativa basada en los principios cooperativos, los valores, el carácter social y las especificidades de funcionamiento (Fairbaim, 2004; MacPherson, 1995; Pestoff, 1995; Muthers-Haas et Muthers, 2004; Youd-Thomas, 2005). Algunos estudios han mostrado que la ventaja competitiva teórica de las cooperativas con relación a otras empresas en el contexto de la RSE no es suficiente para hacer frente a la competencia diferenciándolas del resto de organizaciones económicas (Brown, 2004; Harris, 2004). La necesidad de una estrategia comunicacional (Fairbaim, 2004; Richez-Battesti, Gianfaldoni et Gloukoviezoff, 2006) y el desarrollo de un instrumento adaptado son sujetos de análisis y de investigación en la literatura. Con relación a este último aspecto, es necesario señalar algunas iniciativas:
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la proposición de la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas que sugiere indicadores para medir el grado de logro de la misión cooperativa basándose en sus principios característicos (Mugarra Elorriaga, 2001).
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la Social Audit Task Force de la Cooperative Union of Canada (1986) ha propuesto un balance social compuesto de seis elementos: estructura y procesos de toma de decisiones, resultados de los productos, utilización de los recursos
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humanos, implicación en la comunidad, impacto medioambiental y resultados económicos.
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el balance socio-cooperativo de Laflamme y Bergeron (1980: 6) definiéndolo como una vista de conjunto de la vida cooperativa manifestada bajo su aspecto social, es decir, al nivel de las relaciones de la institución con sus diversos interlocutores : empleados, socios, comunidad local y movimiento cooperativo, todo en conformidad con la filosofía cooperativa.
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el informe social de Cujes (1986) que recomienda el tratamiento de...
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