Editorial. La sostenibilidad de las pensiones

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Desde el documento del Gobierno sobre la reforma de la Seguridad Social de 2009 hasta el Informe de los expertos sobre el factor de sostenibilidad de 2013 una vez más se ha reabierto el debate sobre la viabilidad futura del sistema de pensiones español, su sostenibilidad, como ya ocurrió a mediados de los años noventa y sin que hayan variado apenas los términos de la cuestión. Ahora aparece en un contexto internacional difícil para España como consecuencia del déficit público y de las altas tasas de paro como consecuencia de la crisis económica. La adopción de duras medidas en el campo de las pensiones es utilizada, además, como símbolo cara a los mercados internacionales y además viene exigida como contrapartida al rescate de facto en que se encuentra España y por libros de diversos colores de la Comisión Europea sobre las pensiones (libro Verde, 2010, libro Blanco, 2012). Hay que recordar que la OCDE, el Banco mundial y la propia Comisión Europea vienen continuamente insistiendo en que se adopten reformas profundas en nuestro "generoso" sistema de Seguridad Social. El argumento central es el horizonte demográfico y el elevado gasto en pensiones sobre el PIB que se derivará como consecuencia del aumento de esperanza de vida, la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom -los nacidos entre finales de los 50 y finales de los 70 del siglo pasado-, la mayor pensión media de las nuevas pensiones frente a las cuantías de las que causan baja y el mayor número de pensionistas que acceden cada año, frente a los que causan baja por fallecimiento y la relación entre activos y pasivos.

El horizonte temporal que se ha estado barajando y que inspira la reforma de 2011 es desde 2027 hasta 2050 ya que según el INE (2010) la esperanza de vida media subirá 2 años (de 20,13 a 22,12) entre 2027 y 2047. Pese a que resulta difícil y arriesgado hacer precisiones demográficas más allá de 10 o 15 años, ya que se basan en la extrapolación de las tendencias actuales que, evidentemente, se pueden modificar, la referencia demo-gráfica principal para evaluar el impacto de las pensiones futuras es la de los años de esperanza de vida y el mayor número de ancianos. En 2052 se espera que uno de cada tres individuos tenga más de 65 anos. En cifras absolutas, el número de pensiones que prevé la Seguridad Social pasaría de los 9 millones actuales a los 15 millones en 2052. The 2009 Ageing Report (Comisión Europea y Comité de Política Económica, 2009) proyecta un aumento en el gasto en pensiones sobre el PIB de 2,1 puntos entre 2010 y 2050 en la UE-27, mientras que en España ese aumento será de 6,6 puntos (del 8,9% en 2010 al 15,5% en 2050), siendo el sexto país en la UE-27 con mayor incremento. Este fenómeno demográfico, según el informe sobre envejecimiento de la Unión Europea de 2012, elevará el gasto en pensiones en 2040 hasta el 12,3% del PIB, 2,2 puntos por encima de la factura de 2010, aunque hay que recordar que el gasto se encontrará todavía 1,6 puntos por debajo del conjunto de la zona euro. Esto se conjuga con un estancamiento en las previsiones de ingresos por cotizaciones en torno al 10% del PIB, si nada cambia o no se aportan otros recursos.

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La exigencia de reformas profundas se basa fundamentalmente sobre las presuntas certezas de las proyecciones de gasto derivadas casi automáticamente de esquemas demo-gráficos actuariales, jugando un papel secundario la eventual búsqueda de ingresos para hacer frente a su incremento lo que lleva directamente a la adopción de medidas para reducirlo. Es decir, al poner en segundo plano los factores ligados a la creación de riqueza y su distribución, y a la evolución del PIB y del mercado de trabajo, si no es a efectos de la actualización de las pensiones, se da un presunto fundamento técnico a opciones que son ya de entrada valorativas. La política no deja de estar presente en las opciones aparentemente técnicas de los expertos.

Los defensores del sistema público tal como se ha construido históricamente cuestionan, en primer lugar, el argumento de la inexorabilidad demográfica y de la esperanza de vida. Así, alegan que la caída de la mortalidad infantil hace que la media de la esperanza de vida suba (VICENTE NAVARRO). Además, es una media global que no distingue entre trabajos y profesiones, ni tiene en cuenta los aspectos de género que determinan diferentes esperanzas de vida. Otros alegan que en la peor de las circunstancias, con esas previsiones demográficas, estaríamos ante un incremento significativo, pero muy alejado de las interpretaciones tremendistas -hasta la hipótesis de duplicarlo- que lo consideran inasumible. Además las proyecciones que se hacen sobre lo que sucederá en 2040 o 2050 contienen un riesgo importante de error que induce a potenciales fallos. Por ello, se advierte por algunos demógrafos (FERNÁNDEZ CORDÓN) de las limitaciones que tienen las previsiones a muy largo plazo: "El que proyecta está influenciado por lo que sucede ahora, porque proyecta sobre lo que está viviendo en este momento". En su opinión los problemas de envejecimiento que afronta España no son tan graves como puede deducirse de un simple vistazo a las pirámides de población para dentro de varias décadas. "Las proyecciones demográficas son autónomas. Primero se hacen y luego se comparan con lo que se espera que suceda en la economía, como si ésta no fuera a influir en la marcha de la demografía. Además, los flujos migratorios no se recogen bien en las proyecciones".

Por otra parte, las variables que inciden en el futuro de las pensiones no son únicamente demográficas, por muy ciertas que puedan parecer, sino que influyen también de mane-ra importante el crecimiento del PIB y el empleo, por muy inciertos que se presenten, por lo que podría ocurrir que las previsiones catastrofistas fueran de nuevo erróneas, como ocurrió en otras ocasiones en que se lanzaron negros vaticinios sobre el sistema público de pensiones, como los de la Fundación BBV en la década de los noventa, y que fallaron al no prever todas las variables. No hay una bola de cristal que permita hacer las previsiones interesadas que se hacen. No es posible conocer con tanta antelación variables tan importantes como la productividad y el empleo, ni la tasa de dependencia entre activos y pasivos de dentro de cuarenta años. Sólo teniendo en cuenta las variables demográficas no se pueden hacer previsiones seguras a tan largo plazo salvo para minar la confianza de los ciudadanos en el sistema público. Hay numerosos factores que influyen en los sistemas de protección social como el crecimiento de la economía, de la productividad, del empleo de calidad, de los salarios, una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, todavía baja en comparación con la media europea y con los objetivos de la Estrategia de Lisboa -el futuro de las pensiones está en las guarderías infantiles, dice

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Esping Andersen- y la entrada en el país de los flujos migratorios de gran magnitud cuando la economía se recupere para compensar la caída de la natalidad.

También cabe plantear la búsqueda de nuevos ingresos fiscales, sin limitar la financiación de la Seguridad Social al modelo estrictamente contributivo. Hay que...

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