Editorial

AutorDra. Ana María Delgado García
CargoCatedrática de Derecho Financiero y Tributario Directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política Directora del Máster Universitario de Fiscalidad Universitat Oberta de Catalunya
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El fenómeno actual de los macrodatos o Big Data (esto es, la generación y almacenamiento de gran cantidad de conjuntos de datos estructurados, no estructurados o semiestructurados a gran velocidad) se ve acentuado por el auge de las redes sociales o la proliferación del comercio electrónico, que requieren una elevada gestión de grandes volúmenes de información. Así, los macrodatos se nutren de diferentes fuentes: no solo de internet y, en especial, de las redes sociales, sino también de otro tipo de fuentes del ámbito público y privado (tanto las empresas como el sector público recopilan información acerca de sus clientes, proveedores, operaciones...). Además, contribuyen a la generación de tales datos, entre otros, la utilización generalizada de dispositivos móviles, el uso de satélites, de sistemas GPS y de formatos de audio y vídeo y la interconexión de ordenadores.

Por otro lado, la gran dimensión de estos repositorios de datos masivos provoca que su tratamiento y su análisis difícilmente puedan realizarse con las herramientas convencionales y requieren un tratamiento específico en atención a las necesidades de procesamiento y de visualización. En efecto, es fundamental para la toma de decisiones saber seleccionar la información relevante de la que no lo es.

En este contexto, cabe mencionar la aparición de nuevos modelos de negocio alrededor de los macro-datos, pues las empresas recopilan y analizan información para conocer a sus clientes (elaboran de ellos un perfil muy detallado) y adelantarse a futuras conductas de actuación. De hecho, las grandes empresas recopilan y procesan cada día más información como hecho diferencial para situarse de forma competitiva en el mercado.

Ahora bien, de este uso de los macrodatos se plantean una serie de cuestiones legales y políticas que conviene analizar, al margen de la potencialidad real y la fiabilidad de los resultados obtenidos. Desde la perspectiva del derecho, destacan, entre otros, los temas de la privacidad y el derecho al olvido de los usuarios y consumidores, la seguridad y conservación de los datos, los posibles usos delictivos, la libertad de expresión... Y, desde el punto de vista de la política, ofrece oportunidades estratégicas para los actores políticos y permite tomar en consideración nuevos métodos para el análisis del comportamiento social y político, incidiendo en temas como la transparencia, el acceso de los ciudadanos a la información o la reutilización de la información del sector público.

Precisamente, en este número se recogen tres ponencias presentadas en el IX Congreso Internacional Internet, Derecho y Política (IDP 2013), que, con el título Big Data: retos y oportunidades, estuvo dedicado a los macrodatos y fue organizado por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC en Barcelona los días 25 y 26 de junio de 2013.

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La profesora Mireille Hildebrandt publica el artículo «Slaves to big data. Are we?», en el que analiza la mercantilización de los datos personales y cómo prevenir que lleguemos a ser esclavos de este fenómeno.

A su vez, Marc Esteve del Valle y la profesora Rosa Borge Bravo, en su artículo titulado «Abriendo brechas: centralización de las decisiones e interacción en línea en CIU, ERC y el PSC», analizan la relación entre la centralización de las decisiones en tres partidos del panorama político catalán y la interacción que los mismos efectúan en sus páginas web y en Facebook.

Asimismo, se publica la segunda parte del artículo del profesor Lorenzo Picotti titulado «Los derechos fundamentales en el uso y abuso de las redes sociales en Italia: aspectos penales», cuya primera parte apareció en el número anterior de IDP. En esta ocasión, se centra en los delitos de la pornografía infantil y el abuso sexual de menores, otros delitos de manifestación y comunicación del pensamiento en línea, las violaciones de los derechos de autor y, finalmente, la responsabilidad penal de los gestores de redes sociales.

Por otra parte, Xavier Seuba Hernández, en su artículo «Derechos fundamentales y observancia de propiedad intelectual», aborda la relación entre los derechos humanos y la propiedad intelectual desde la perspectiva de las normas secundarias del derecho internacional público. En particular, se centra en el derecho a un recurso, las medidas de protección de pruebas y las sanciones penales en los casos de infracción del derecho de propiedad intelectual.

Por último, también se incluyen en este número las novedades normativas preparadas por el profesor Jordi García Albero.

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