Editorial

Páginas:7-12
 
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La nueva reforma de las pensiones se ha consumado. Se acaba de aprobar y publicar la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Es el punto culminante del proceso de reformas del PP en materia de protección social tras los recortes de otras prestaciones (desempleo, sanidad, dependencia). Debe valorarse cómo se ha llevado a cabo, si es necesaria, cuáles son sus objetivos, qué modelo de Seguridad Social se diseña y cuáles son los fundamentos en que se basa. En primer lugar, no se ha seguido un procedimiento verdaderamente democrático para llevarla a cabo: no aparecía en el programa del PP ante las elecciones de 2011, salvo como programa oculto, sino justamente lo contrario: el PP en la oposición se había opuesto a la reforma de Zapatero con fines puramente electoralistas engañando a los ciudadanos. Se adopta no con argumentos políticos, sino técnicos, como si fuera posible que una reforma de tal calado en sí misma no presuponga una visión política, se designa a una Comisión de Expertos, en realidad representantes de los lobbys privados con intereses propios, no coincidentes con los intereses generales de los ciudadanos, para que den cobertura "técnica" o "científica" a la reforma, no se ha negociado con los sindicatos ni con las organizaciones empresariales, no se ha atendido al informe del CES, no se ha aceptado enmienda alguna de ningún grupo parlamentario salvo dos enmiendas técnicas del grupo del gobierno. Y, finalmente, una reforma de tan largo recorrido que afecta a nueve millones de pensionistas actuales, más los que se irán uniendo en el futuro, no ha sido sometida a un verdadero debate público ni, como probablemente hubiera sido conveniente, y se solicitó por algunos sectores ciudadanos, sin éxito, a referéndum. Es un ejemplo más del autoritarismo postdemocrático hacia el que está virando la demo-cracia española con este gobierno.

A partir de ahí cabe ya entrar en la crítica de la reforma en sí misma. Afecta a parámetros esenciales de la pensión de jubilación, como la determinación inicial de su cálculo en función de la esperanza de vida, y a todas las pensiones, al fijar una nueva forma o índice de revalorización. La primera excusa de la reforma es que viene exigida por la Comisión Europea como contrapartida al rescate bancario de facto en el que nos encontramos, sobre la base de que es insostenible el generoso modelo español de pensiones (Libro verde, Libro Blanco, etc.). Por tanto se mueve en un marco europeo de cambio de los sistemas de protección social. ¿Por qué ahora, cuando apenas estaba arrancando la reforma de 2011 y sus efectos todavía no se habían empezado a notar? La razón y la excusa son de nuevo de orden demográfico, pero ahora encubren los efectos demoledores de las reformas que el propio gobierno puso en marcha en el mercado de trabajo en 2012: la destrucción de empleo y la política de devaluación salarial han llevado a que los presupuestos de la Seguridad Social empiecen a presentar déficit en

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2012 y en 2013 (no así con la reforma laboral de Zapatero en 2010) y se haya tenido que acudir al Fondo de Reserva. Razones coyunturales se encubren con las demográficas, que se alegan ahora para las reformas cuando lo cierto es que los problemas demográficos se empezarán a plantear no en 2014 ni en 2019, sino a partir de 2027. Se confunde de nuevo a los ciudadanos porque el gobierno no quiere decir la verdad: los problemas financieros no son demográficos sino causados por la crisis y por las políticas seguidas para hacer frente a la misma. Para problemas de presente se alegan razones de futuro, de nuevo para que los ciudadanos acepten como algo inexorable, una reforma estructural de los parámetros de la pensión de jubilación y probable-mente también del modelo, recortando la cuantía de la pensión mediante el factor de...

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