Editorial
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A un año de la reforma laboral, Europa como problema
Se cumple ahora un año desde la reforma laboral puesta en práctica por el gobierno del PP en el RDL 3/2012 que luego remachó la Ley 3/2012, y los datos de los que se dispone ponen de manifiesto que sus efectos han sido plenamente desastrosos tanto en términos de destrucción de empleo como de demolición de la negociación colectiva. Ésta es también la opinión no sólo de los sindicatos más representativos, sino de organizaciones sociales y partidos políticos y de una amplia mayoría de la ciudadanía, expresada a través de las encuestas de opinión. Sólo el gobierno y los empresarios mantienen las bondades de esta legislación, en el último de los casos exigiendo a su vez una mayor desregulación del trabajo como forma de asegurar plenamente el éxito de la normativa. Y se hace bandera de esta regulación "extremadamente agresiva" -como la definió el ministro Guindos- para mostrar el compromiso del Reino de España con las "reformas de estructura" que habían exigido las autoridades financieras y la Comisión europea como forma de garantizar la solvencia económica derivada de la financiación del endeudamiento del país.
Europa es simultáneamente la coartada y el horizonte de la regulación del trabajo y sus derechos, y esta referencia no sólo es privativa del gobierno actual, sino que se remonta al giro radical que en mayo de 2010, tras una lamentable reunión de Ecofin, imprimió el gobierno Zapatero a sus políticas, con la puesta en marcha de una reforma laboral que se ha ido deslizando progresivamente desde la Ley 35/2010 y el RDL 7/2011 -una nueva vuelta de tuerca provocada por una carta secreta del BCE- hasta la normativa actual, la Ley 3/2012, que presenta los trazos neoliberales más gruesos. Un marco de referencia en el que España, junto con otros países de la periferia del sur de Europa, ocupa una posición plenamente subordinada que se caracteriza por la devaluación drástica de los salarios y el desmoronamiento de los servicios públicos esenciales de la sanidad y de la educación, con un incremento exponencial del paro correspondiente a una fuerte desaceleración económica. Las tasas de desempleo en Grecia, en España o en Portugal, son reveladoras de esta imposición desequilibrada a los países del sur que generan el sufrimiento de una gran parte de su población, la desprotección frente a los estados de necesidad, el crecimiento de las situaciones de desigualdad y de injusticia. Los gobernantes de estos países carecen de densidad política alguna. No cuentan en el contexto europeo, están sólo para obedecer las órdenes de las autoridades monetarias y sus traductores políticos.
Se trata de una Europa en la que se han ido construyendo mecanismos de regulación alejados de los espacios de debate político y separados de los procedimientos típicos de producción de normas en la Unión. El Pacto del Euro de marzo de 2011 y su ataque a la negociación colectiva centralizada y a las cláusulas de revisión salarial entendidas como freno al crecimiento de la competitividad, dio lugar a la carta del BCE al gobierno de España -como también al italiano, entonces presidido por Berlusconi- imponiendo la "descentralización" de la negociación colectiva, lo que fue prontamente seguido entre
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nosotros mediante la norma de urgencia RDL 7/2011, luego superada e intensificada en su indicaciones por el RDL 3/2012. Sobre la base por tanto de una valoración económica y monetaria, se adoptaron estas medidas sin "compensarlas" con incentivos económicos o financieros al crecimiento o al empleo especiales para estos...
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