Editorial

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CON EL AGUA AL CUELLO: LA CRISIS INTERMINABLE Y SUS SIGNIFICADOS

Como en la novela de Petros Márkaris, estamos con el agua al cuello. Con el agravante de vivir un discurso triunfalista en las declaraciones de los gobernantes y en los medios -acompañado de la euforia feliz del fútbol a lo largo del mes de junio- junto a la opacidad real de las decisiones colectivas que cada día más amplían el abismo de desigualdad y de injusticia en la que nos movemos. El rescate del sistema financiero español, que se traduce en un mecanismo de socialización de pérdidas privadas para salvar a una élite financiera insolvente, exigirá nuevas y más duras reformas antisociales, como está sucediendo ya en Italia, el otro protagonista de la última eurocumbre del Consejo europeo. Ante esta situación, el presidente del gobierno anuncia que va a "pisar el acelerador" de las reformas, exigiendo a todas las Administraciones públicas un "mayor esfuerzo en el déficit", lo que supone un mayor recorte en los servicios esenciales de educación y sanidad y la práctica abolición de la dependencia, además de nuevos "ajustes" de plantilla de los empleados públicos.

El torbellino de las decisiones políticas, el carácter efímero de las noticias y la descarada negación mediática de las implicaciones antisociales y antidemocráticas de las medidas adoptadas por los gobiernos nacional y autonómicos, impiden ver con una cierta distancia el conjunto normativo en el que nos estamos colocando, el proceso de estabilización de la realidad al que conducen las reformas urgidas por la crisis.

La reiteración con la que se acude a la crisis como justificante de las decisiones derogatorias del conjunto de derechos en que se resumía la ciudadanía democrática y social en Europa, hace necesaria una recapitulación sobre la utilización de este término y sus efectos en el área de la regulación laboral y social, especialmente en nuestro país. A nadie se le oculta, sin embargo, que muchos de estos procesos son comunes a otras experiencias nacionales de los países periféricos del sur y del este europeo. En España, además, el tiempo de las reformas 2010-2012 sobre el llamado "mercado de trabajo", es decir sobre el espacio de intercambio de la muy especial mercancía denominada fuerza de trabajo, es especialmente pedagógico al estar compartido políticamente por gobiernos de ideología opuesta, primero socialista (2010-2011) y a partir del trend electoral de mayo y noviembre de 2011, su continuación conservadora (2011-2012), manteniendo sin embargo ambos un mismo topos de intervención y un argumentario semejante.

La invocación a la crisis se traduce realmente en la crisis de instrumentos, procesos y realidades derivadas de la regulación de las relaciones de trabajo y su fundamentación política y democrática. A continuación se señalan algunas de estas correspondencias.

La primera es la crisis en las formas de producción del derecho. Desde mayo del 2010, se suceden normas de urgente necesidad una tras otra, que consideran el espacio de la contratación laboral y de la extinción de los contratos, la negociación colectiva y la

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alteración de las condiciones de trabajo, como materias que requieren cambios consecutivos y permanentes derivados de una situación de urgencia excepcional que se hace derivar de la "crisis económica" o de la "desconfianza de los mercados financieros", reclamando medidas perentorias al respecto. Es evidente que lo que se consigue con esta frenética actividad normativa es ante todo legislar sin el Parlamento, que tiene tan solo en su caso una función supletoria de convalidación de las normas ya decididas sin debate público por el gobierno legislador. El debate que requiere la publicidad normativa se produce una vez que ésta ha sido ya promulgada y ha desplegado sus plenos efectos jurídicos. La publicidad de las normas, que permite a los ciudadanos conocer el contenido de éstas, implica la discusión y el debate de sus contenidos en el órgano de la representación política antes de su aprobación y publicación en un diario oficial. La norma laboral de la crisis no es contrastada ni debatida sobre la base de que el gobierno goza de la mayoría absoluta en el Parlamento, y este órgano...

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