Editorial
| Páginas | 7-15 |
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UNA RESPUESTA SINDICAL GLOBAL ANTE LAS TERAPIAS NEOLIBERALES ANTI-CRISIS.
El nuevo giro de la crisis que ha comenzado a partir de marzo de 2010, con la llamada "crisis griega", ha generado una ofensiva de reformas en los estados-nación europeos sobre la base de unos principios comunes que insisten en el equilibrio presupuestario y en el recorte del déficit a los niveles fijados en el Plan de Estabilización de 1993. La terapia anti-crisis que han decidido las instituciones reguladoras de los mercados financieros, y en Europa el BCE junto con la presencia de un resucitado FMI, se desgrana en tres fases. Una primera fase es la de la reducción del gasto público, "redimensionamiento" del aparato estatal y administrativo con reducción de plantillas de empleados públicos, e incluso rebajas salariales para este colectivo. Una segunda fase se concentra en las llamadas "reformas estructurales del mercado de trabajo", que en sustancia implica la revisión de los modelos legislativos de regulación del trabajo para degradar las garantías de empleo, actuando sobre el coste y la motivación del despido, a la vez que se apuesta por una decisiva "empresarialización" de los ámbitos de regulación colectiva, con la consiguiente derogación de unidades de negociación superiores en el nivel del sector de producción, y erosionando por consiguiente de forma irreversible la fuerza vinculante de los convenios colectivos sobre la base de una inaplicación de los mismos en los establecimientos empresariales a voluntad de los titulares de la empresa. En una tercera fase, el sistema de pensiones público y en especial las pensiones de jubilación, sufre recortes importantes tanto mediante la ampliación de la edad de jubilación y del período de cotización previa necesaria para tener derecho a la pensión, como en otros aspectos de recorte del gasto que logran la expulsión del sistema de tutela de una amplia masa de trabajadores que se desplazan a los niveles de cobertura asistencial.
Las reformas griegas inauguraron esta vía, unificando las tres fases en la fórmula de estabilización que les impuso el BCE y el FMI. La tendencia a la reducción del gasto público y al adelgazamiento del Estado ha sido seguida de forma dramática en Rumanía,
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pero también en Portugal, en Italia y en Alemania, con algunas correcciones sin embargo derivadas del especial contexto político en cada país en lo que se refiere a una cierta intervención sobre el incremento de ingresos vía ampliación de impuestos de muy distinto signo, o a una selección en las partidas del gasto público. Se anuncian terribles en el Reino Unido y en Holanda, ligadas al cambio de orientación política en estos países, que en Holanda ha llevado a la coalición de gobierno a la ultraderecha, y también Francia, de las grandes naciones de la UE, camina en esta dirección. Algunos casos menores, pero muy sintomáticos, como el de Hungría, en donde las fuerzas liberales y conservadoras anunciaron primero y desmintieron después una situación de déficit galopante que justificara recortes excepcionales del gasto público, o el programa que ha unificado a todas las fuerzas conservadoras en Eslovaquia frente al partido socialdemócrata vencedor en las elecciones sin mayoría absoluta, demuestran la tendencia política que se está extendiendo en el plano de la política electoral, en una buena parte de Europa y especialmente en los países de la eurozona.
Hay también previstas reformas correspondientes a la segunda y tercera fase de esta terapia neoliberal. No sólo en Grecia, donde liberalización del despido y recorte de la pensión de jubilación han ido de la mano desde el primer momento en el plan de "salvamento" de aquel país, sino en otros países importantes. En Italia, las reformas "estructurales" van goteando no sólo mediante la proliferación de formas contractuales precarias y sin tutelas legales sino muy especialmente mediante la desjudicialización del control del despido, renunciando a la tutela judicial efectiva en cláusula individual o colectiva, sustituyéndolo por un arbitraje de equidad. Aunque naturalmente se trata de unas previsiones legales que chocan con el marco constitucional italiano, como ha señalado la mayoría de la doctrina laboralista de aquél país, lo importante es constar la insistencia, mas allá de las fronteras nacionales, en impedir el control judicial del acto de despido del empresario, haciendo que éste sea siempre definitivo, con independencia del coste económico que asuma. También en Italia, la llamada "descentralización" de la negociación colectiva se ha impuesto mediante la firma de un Acuerdo "separado" que no ha suscrito el sindicato mayoritario, la CGIL, y actualmente se debate en aquel país la propuesta de acuerdos de empresa -el primero el de la FIAT, ligado a la fabricación de un nuevo producto en Italia o su deslocalización a Polonia- en los que se condiciona la decisión empresarial de supervivencia de un establecimiento a la renuncia de sus trabajadores a derechos ciudadanos fundamentales, como los de libre expresión, información y huelga, y ello sin perjuicio de que los juristas del trabajo de aquel...
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