Editorial

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EL CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES (EL FUTURO DE LAS PENSIONES)

El documento del gobierno sobre la reforma de la Seguridad Social de 29 de enero de 2009 ha venido una vez más a reabrir el debate sobre la viabilidad futura del sistema de pensiones español como ya ocurrió a mediados de los años noventa y sin que hayan variado apenas los términos de la cuestión. Ya se sabe, el cartero siempre llama dos veces. En primer lugar hay que situar el documento. Se enmarca como propuesta a llevar al Parlamento para la revisión del pacto de Toledo, pero aparece en un contexto inter-nacional difícil para España como consecuencia del déficit público derivado de la actual crisis económica y de su financiación. La adopción de duras medidas en el campo de las pensiones ha sido además utilizada como símbolo cara a los mercados internacionales. No obstante, hay que señalar que la OCDE, el Banco mundial y la propia Comisión Europea vienen recordando a España desde hace años la necesidad de adoptar reformas profundas en nuestro "generoso" sistema de Seguridad Social.

El documento del gobierno contiene propuestas continuistas en el proceso de reforma permanente de la Seguridad Social iniciado tras el pacto de Toledo en 1995 cuando está todavía reciente la reforma de 2007. Sin embargo, contempla propuestas que abordan ya un horizonte temporal no inmediato, sino el que se atisba a partir de 2025 hasta 2050 como consecuencia del nuevo panorama demográfico (esperanza de vida y relación de dependencia entre activos y pasivos) y que afecta evidentemente a las pensiones de jubilación.

Partiendo de los presupuestos o fundamentos ya trazados -y que no varían- desde el Pacto de Toledo el documento se basa en una lógica fundamentalmente contributiva y sobre la misma traza los principios que menciona: sostenibilidad, equilibrio, respeto y defensa de los derechos de los pensionistas ya existentes, globalidad, transparencia, equidad, pacto generacional, gradualidad, mejora de la prestación social para situaciones prioritarias. También añade uno, al que convierte en un protagonista importante para abordar la sostenibilidad del sistema, "el papel reforzado para la previsión social complementaria".

En su introducción el documento lleva a cabo un análisis acertado de las razones de por qué el sistema español de Seguridad Social ha alcanzado una buena situación financiera en estos últimos años e incluso en la actual crisis económica. Y aduce una serie de factores que hay que tener muy en cuenta para futuras etapas de dificultades. Así, por ejemplo, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sin indicar que es todavía baja en comparación con la media europea y con los objetivos de la Estrategia de Lisboa, y que debe mejorar en el futuro; la entrada en el país de los flujos migratorios de gran magnitud y sobre todos su regularización evitando que siguieran en la economía sumergida. Sin embargo, este factor no se tiene en cuenta a la hora de hacer previsiones de futuro, cuan-

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do va a ser absolutamente necesario para suplir la caída de la natalidad y de este modo replantear la relación entre activos y pasivos y la reposición de los pasivos por nuevos activos y no hacerlo depender sólo del "determinismo demográfico"; la disminución del paro juvenil -antes de la crisis- y la mejora de las bases mínimas de cotización consecuencia de la elevación del SMI y de la mejora de las bases mínimas en los distintos regímenes.

En este panorama idílico, sin embargo, a juicio del documento empiezan a aparecer nubarrones a partir de la segunda década del siglo XXI por la aparición de los dos factores ya mencionados: el aumento del número de jubilaciones derivado del baby boom de los 60’-70’ del siglo XX y la mejora de la esperanza de vida en España a causa del buen funcionamiento de nuestro sistema de salud y "de nuestro estilo de vida". No parece que sea explicación suficiente, sin tener en cuenta otros factores, como la caída de la mortalidad infantil, que hace que la media suba. Pese a que resulta difícil y arriesgado hacer precisiones demográficas más allá de 10 o 15 años, de cualquier manera el documento da por hecho que ello supondrá un aumento extraordinario del gasto social en pensiones y ahí es donde surgen los problemas de financiación. El documento dice que la Seguridad Social debe ser "financiable", aunque no dice cómo, si no es actuando sobre los gastos. Apenas menciona acciones de envergadura sobre los ingresos y sobre su forma de financiación, prevista incluso en el Pacto de Toledo. Y además entiende que el gasto debe ser "plenamente compatible con una economía en desarrollo, que genere la riqueza y el empleo necesarios para garantizar el sistema". Teme que el gasto social pueda asfixiar a la economía, ya que la creación de riqueza y de empleo son los que deben garantizar la viabilidad de ese gasto social.

En jubilación, por tanto, se abordan más problemas de futuro que reformas de presente. O más bien se trata de reformas de presente para problemas de futuro para que los ciudadanos se vayan preparando para complementar unas pensiones públicas que en el futuro serán más reducidas. Se constata la elevación de edad media de jubilación de 62’87 a 63’27 años (63’74 en el total del sistema). Y debería la edad real ir acercándose a la legal. Por eso se sigue considerando como un problema grave para la Seguridad Social la utilización de las jubilaciones anticipadas. Resulta paradójico que los trabajadores que realizan trabajos menos penosos se jubilen antes a causa de los planes de restructuración de las grandes empresas del sector servicios, incluso empresas públicas (banca, telefónica, TVE, etc.). Las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas son una medida importante para las grandes empresas para la reestructuración y rejuvenecimiento de las plantillas y para abaratar los costes de personal lo que supone perjuicios importantes para la Seguridad Social ya que se dejan de recaudar cuotas: las de los que se jubilan y las menores cuotas de los jóvenes contratados en su lugar. Y además trasladan sus consecuencias a la prestación de desempleo, primero, y a las pensiones de jubilación después. En todo caso no hay que olvidar que la jubilación anticipada aunque es un derecho del trabajador le supone un coste muy elevado desde el punto de vista actuarial, ya que se le aplican coeficientes reductores de la pensión durante toda la vida por adelantar la jubilación solo unos años, y sea cual sea el esfuerzo contributivo y la carrera de cotizaciones del trabajador, haciendo primar más la edad que los años cotizados, cuando debería en tal caso ponderarse más el esfuerzo contributivo llevado a cabo a lo largo de su vida. Y determinados estudios económicos demuestran que los...

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