Editorial

Autor:Maximino Carpio García
Cargo:Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid.
Páginas:7-12
 
CONTENIDO
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MAXIMINO CARPIO GARCÍA*
Se abre este número con un trabajo de la profesora Paloma Tobes Portillo, titulado «Inmi-
gración: crisis económica y protección por desempleo», en el que se aborda una proble-
mática que en estos momentos cobra especial relevancia, por lo que resulta oportuno su
estudio, con objeto de valorar ciertos parámetros que permitan conocer la incidencia relativa de
la crisis en el colectivo inmigrante, como la cifra de beneficiarios, el periodo de cobertura, el nivel
de integración en el sistema de protección o la renta monetaria de sustitución salarial.
En opinión de la autora, si bien a corto plazo la crisis económica ha provocado un ajuste par-
cial en el saldo migratorio, a medio plazo la repercusión sobre el mismo no está clara, puesto que
va a depender de un conjunto de variables cuya evolución es difícil de prever en estos momentos:
la duración de la crisis y su incidencia sobre el empleo inmigrante, el modelo de crecimiento
adoptado y la necesidad derivada de trabajadores con menor o mayor grado de cualificación, así
como la evolución que experimente la población activa de los nativos e, incluso, la nacionalidad
de la población inmigrante.
Uno de los primeros rasgos que caracterizan a la población inmigrante es su intensa vincula-
ción con el mercado laboral, lo que se ha traducido en que se haya visto proporcionalmente más
castigada por el desempleo en los dos últimos años, de forma que su tasa de desempleo se ha
situado tres puntos por encima de su tasa de participación en la población activa. Sin embargo,
el aumento en el desempleo sufrido por la población inmigrante en los primeros años de crisis
económica no respondió a las mismas causas en los distintos años, sino que, por el contrario, pre-
senta elementos diferenciales. En tanto que en el año 2008 una parte muy importante del des-
empleo inmigrante se explica por la incorporación de nuevos activos al mercado laboral, en 2009
la destrucción de puestos de trabajo constituye el principal elemento explicativo de este proceso.
Como resultado, el peso de este colectivo en el total de beneficiarios del sistema de protección
se duplicó en sólo dos años, pasando del 6,67 por 100 en el año 2007 a situarse en el 14,53 por 100
en 2009, a pesar de que la tasa de cobertura para este colectivo se situaba en dicho año en torno
a 30 puntos porcentuales por debajo de la correspondiente a la población nativa. Como contra-
partida, el grado de vinculación de los trabajadores inmigrantes con los programas de garantía
de rentas se ha intensificado con la crisis, como queda reflejado al analizar la participación de
este colectivo en el Programa temporal de Desempleo e Inserción. En 2009, el 10 por 100 del total
de inmigrantes beneficiarios del sistema se encontraba bajo esta política de protección, mientras
* Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid.
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que esa proporción se establecía en el 2 por 100 para los nativos. En 2010, la participación de los
inmigrantes en este programa ha seguido aumentando, hasta alcanzar el 12 por 100.
Como conclusión del estudio se pone de manifiesto que la cobertura proporcionada por el sec-
tor público a la población inmigrante en situaciones de pérdida de empleo es reducida, aunque
creciente a lo largo del tiempo.
En la colaboración firmada por Luís Molina se analiza la Estrategia Europa 2020 y el empleo.
La Estrategia 2020 ha sido diseñada como sucesora de la Estrategia de Lisboa, que, como se
sabe, fue lanzada en 2000 con el objetivo de convertir a la Unión, antes del 2010, en la economía
del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, pero cuyos resultados echó por tierra
la recesión de 2008-2009, si bien quedaban todavía lejos de los objetivos propuestos.
La nueva Estrategia, por su parte, se propone tres prioridades sobre la calidad del creci-
miento: que se base en el conocimiento, que sea sostenible y que sea integrador. En esta última
prioridad de crecimiento integrador se incluye una mayor cohesión social y territorial y un alto
nivel de empleo. Se establecen también cinco objetivos principales, el primero de los cuales es
que en 2020 esté empleada el 75% de la población entre 20 y 64 años, incrementando la partici-
pación de los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los trabajadores con bajas cualificacio-
nes, e integrando mejor a los inmigrantes en situación regular. Los otros cuatro objetivos se
refieren a la inversión en I+D, el clima y la energía, la educación y la reducción de la pobreza. La
Estrategia establece también siete iniciativas emblemáticas, de las que tres están relacionadas,
en mayor o menor medida, con el empleo y en su desarrollo se han elaborado diez directrices, las
cuatro últimas referidas al empleo.
El principal objetivo cuantificable incluido en la Estrategia Europa 2020 es alcanzar una tasa
de ocupación conjunta en la UE del 75% en 2020. Si el porcentaje que le corresponda cumplir a
España, que está todavía por decidir, se fijara en el entorno del 72%, en opinión del autor es pre-
visible que sea el Estado miembro de entre los grandes que esté en mejor posición para alcanzar
dicha tasa de ocupación, tasa que casi se había alcanzado ya en 2007 cuando se llegó al 69,5% de
tasa trimestral promedio, si bien con una gran disparidad por sexo. En cambio, nuestros socios
comunitarios nunca han estado cerca de la tasa de ocupación que deberán cumplir en 2020, por
lo que deberán hacer grandes esfuerzos para crear empleo a un ritmo que tampoco han regis-
trado durante los últimos años.
A continuación el autor analiza aquellos factores que, a su juicio, contribuirán al cumpli-
miento de ese objetivo, algunos de los cuales ya se han puesto en marcha, así como las reformas
pendientes que pueden contribuir a impulsar y modernizar el mercado laboral.
En el artículo firmado por la profesora Isabel de la Torre titulado Gobierno y gestión de las
entidades del Tercer Sector Social: referencia a España, la autora se propone ofrecer un análisis
descriptivo de los rasgos más sobresalientes de las entidades del Tercer Sector Social en Espa-
ña, tanto desde el punto de vista de sus características organizativas como de su gobierno y ges-
tión, a partir de las funciones sociales que desempeñan estas entidades y su creciente protago-
nismo en nuestra sociedad durante las tres últimas décadas. Para solventar el problema de deli-
mitación y definición de las entidades que conforman el Sector, la autora se basa en el Anuario
del Tercer Sector Social (2010), en el que se adopta una definición que trata de recoger todas las
características del mismo. Se trata de entidades de carácter voluntario, no gubernamentales y
sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma
y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y
el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social activa de las per-
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sonas en todas sus dimensiones, prestando especialmente apoyo a las personas y grupos socia-
les que se encuentran en situación más vulnerable o en riesgo de exclusión social.
Por lo que respecta a la organización del Sector, los aspectos más visibles se refieren al ori-
gen, tamaño, actividad, evolución y a sus relaciones con el sector público y el sector privado, lo
que conduce a una formalización organizativa, con distintos grados, y a su reconocimiento insti-
tucional, aunque sin cristalizar en estructuras organizativas reconocidas, al coexistir organiza-
ciones formales, que pueden tener su propia regulación jurídica, agrupaciones con presencia y
actuación puntual que no adoptan una organización permanente, así como los componentes
informales de interrelación social presentes en toda organización.
La coincidencia de la aportación voluntaria y la contribución profesional en las entidades del
Tercer Sector Social supone integrar la actuación voluntaria, como tiempo personal no remune-
rado que se aporta de manera regular, y la contribución profesional, como una aportación labo-
ral que se remunera según patrones vigentes en el mercado de trabajo.
Esta pluralidad de estructuras organizativas está en consonancia con los parámetros de ges-
tión de las entidades del Sector, lejos aún del desarrollo alcanzado en la gestión de las organiza-
ciones empresariales, ya que, durante largo tiempo, el mundo de la solidaridad ha mostrado una
cierta indiferencia por incorporar los esquemas de administración y gestión de la empresa, acti-
tud derivada de la tradicional tendencia de los directivos de estas organizaciones de dar por des-
contada la bondad intrínseca de sus actuaciones. Pero en los últimos años se ha ido imponiendo
la necesidad de aplicar mayor control y de dotar de mayor transparencia al destino de los recur-
sos que reciben las entidades, bien de la administración pública, bien del sector privado. En este
nuevo escenario es obligado preguntarse si es necesario que el Tercer Sector Social adopte mode-
los de gestión centrados en la calidad de las prestaciones realizadas y en el éxito de sus diversos
componentes, adaptando modelos de gestión más afines al modelo empresarial, o si, por el con-
trario, en su pluralidad organizativa son capaces de desarrollar modelos específicos de gestión
en los que se garantice la calidad de la acción externa y de la gestión interna.
Dado que la mayoría de las entidades del Tercer Sector Social son de pequeño tamaño y de
reciente implantación, sus objetivos de supervivencia se sustentan en unas formas específicas
de realizar su gestión que, según la autora, se manifiestan en cinco grandes apartados: planifi-
cación y organización, gobierno, recursos económicos, separación entre donante y receptor y
trabajo voluntario, que en la mayoría de las entidades se suma a la actividad profesional remu-
nerada, pudiendo existir en cada uno de los apartados mencionados riesgos que afectan tanto a
la viabilidad de las actuaciones de intervención social como a la permanencia del núcleo de
valores que nutren la misión y garantizan la identidad de estas organizaciones. Este riesgo es
especialmente notorio en la gestión de los recursos económico-financieros y en la gestión de las
personas.
Finalmente, por lo que se refiere al gobierno de estas entidades, basado en el principio de
transparencia a nivel interno y externo, hay tres apartados de especial consideración, dos de
carácter externo, la rendición de cuentas y la información periódica de las actividades realiza-
das, y uno de carácter interno, la información participativa y democrática de los procedimientos
seguidos en el ejercicio de las actividades.
El objetivo que se propone el profesor Ricard Calvo Palomares en el artículo que lleva por títu-
lo Lo social como elemento de desarrollo territorial es iniciar la reflexión y el debate sobre la
importancia que tiene en la actualidad lo social, a nivel local, como elemento esencial para el
desarrollo integral del territorio. A partir de los resultados parciales de una investigación en
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curso, propone los principales factores que han posibilitado la transición de un modelo de desa-
rrollo local basado en una perspectiva puramente económica a otro en el que predomina lo social.
Parte de la idea de que la crisis de los setenta significó un cambio en el concepto de desarro-
llo, ya que rompió con la hegemonía predominante de lo macro, proponiendo el nivel micro como
fuente de regeneración del tejido en todas sus dimensiones, económica, productiva y social. En
esta nueva visión el desarrollo no se derivará solamente de la función y del valor económico de
las actividades sino también de la organización social de los individuos. Desde esta perspectiva,
el territorio será un agente de transformación social y no simplemente un soporte físico del desa-
rrollo, devolviendo al territorio y a su población el protagonismo principal en la dinamización de
los procesos económicos y en la creación de riqueza social. Por lo que hablar en la actualidad de
políticas de desarrollo local supone hablar necesariamente de dos dimensiones de intervención:
la económica y la social.
Un análisis de viabilidad de una estrategia de desarrollo local requiere identificar los actores,
evaluar los intereses que representan y el poder del que disponen. El desarrollo local supone la
interacción, negociación y concertación entre diferentes actores en torno a un proyecto colectivo,
que concretan su presencia en tres ámbitos de acción: político-administrativo, empresarial y
socio-territorial.
A partir de los datos tomados de una investigación en curso en el departamento de Sociología
de la Universitat de València, cuyo objetivo principal es analizar los efectos generados sobre el
territorio por las actuaciones emprendidas por los Agentes de Empleo y Desarrollo Local
(AEDL) desde sus agencias, se constata la importancia actual de lo social en el trabajo desarro-
llado en los servicios locales de empleo –y por tanto por los técnicos que están al frente–, su cer-
canía al territorio, la interacción con los recursos de todo tipo presentes en el medio y su orien-
tación a la acción. Por lo que concluye que esta situación ha posicionado al técnico AEDL como
uno de los agentes sociales a nivel local mejor situados para tomar la iniciativa y afrontar la
generación de redes sociales locales de mejora e interés colectivo.
En su aportación sobre Responsabilidad social corporativa el profesor Vicente Enciso de Iza-
guirre sostiene la tesis de que la responsabilidad social corporativa es un concepto que ha inci-
dido en las conciencias de los empresarios y de los inversores hasta el punto de poder contemplar
en la actualidad el nacimiento de un nuevo paradigma: la empresa responsable y sostenible.
Aunque el concepto de responsabilidad social corporativa resulta polisémico y hasta la fecha ha
recibido definiciones diversas, sin que exista todavía una definición universalmente aceptada,
el autor considera como la definición más precisa la aportada por los representantes del ámbito
académico , según la cual «la responsabilidad social supone una integración voluntaria por par-
te de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comer-
ciales y en sus relaciones con sus interlocutores».
El fenómeno de la responsabilidad social corporativa, aun resultando una corriente empre-
sarial claramente actual, presenta antecedentes desde hace varios siglos, de los que el autor rea-
liza un acertado y sintético balance, entre los que cabe citar, por su actualidad, los llamados
Montes de Piedad, que tienen su origen en la Italia del siglo XV, o la figura del Pósito, nacido en
España, en concreto en la Castilla de mediados del siglo XV. Como antecedente más próximo se
cita a la economía de iniciativa social, tercer sector, o simplemente economía social, que se con-
figura a partir de la Segunda Guerra Mundial en países de tradición católica de la Europa meri-
dional tales como: Bélgica, España, Francia y Portugal. La potencia ideológica de la filosofía de
la economía de iniciativa social ha trascendido su campo de actividad y sus ámbitos organizati-
vos y se ha trasladado al conjunto de la sociedad.
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Estas preocupaciones respecto a las consecuencias de la actividad que desarrollan las grandes
corporaciones de la economía de mercado se trasladan a los organismos internacionales, cuyas
iniciativas conducen finalmente a la firma, en el año 2000, del llamado Pacto Mundial entre la
Organización de Naciones Unidas y las cincuenta corporaciones internacionales de mayor dimen-
sión, que se concreta en la libre aceptación de nueve principios que giran alrededor de la defensa
de los derechos humanos, de la defensa y protección de los derechos laborales, de la protección del
medio ambiente, a los que, en el año 2004 en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, se añade un décimo principio de lucha contra la corrupción.
En España, aún tomando por antecedentes el Informe Olivenza, del año 1998, y el Informe
Aldama, del año 2003, los primeros documentos relevantes se producen en el año 2006, con el
Informe de la Subcomisión para Potenciar y Promover la Responsabilidad Social de las Empre-
sas o Libro Blanco de la Responsabilidad Social publicado en el Boletín Oficial del Congreso de
los Diputados, y Las Políticas Públicas de Fomento y Desarrollo de la RSE en España del Foro
de Expertos, en el año 2007.
Por último, en el año 2008, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales crea el Consejo Esta-
tal de Responsabilidad Social de las Empresas que tiene como cometido principal constituir un
foro de debate sobre Responsabilidad Social de las Empresas entre las Organizaciones Empre-
sariales y Sindicales más representativas, Administraciones públicas y otras organizaciones e
instituciones, fomentar las iniciativas sobre Responsabilidad Social de las Empresas, informar
sobre las iniciativas y regulaciones públicas que afecten a las actuaciones de empresas, organi-
zaciones e instituciones públicas y privadas, promocionar estándares y/o características de las
memorias y/o informes de Responsabilidad Social de las Empresas y de sostenibilidad, así como
herramientas más adecuadas para su elaboración y seguimiento y analizar el desarrollo de la
Responsabilidad Social de las Empresas en España, la Unión Europea y países terceros, y, final-
mente, informar sobre actuaciones en materia de Responsabilidad Social de las Empresas.
En cuanto al lugar propio para la gestión de la responsabilidad, considera que en el ámbito de
la empresa es la alta dirección o a la dirección estratégica; en el ámbito académico, el lugar de la
responsabilidad social no es otro que los departamentos de organización de empresas, en tanto
que en las administraciones públicas se deben ocupar de manera trasversal un conjunto coordi-
nado de departamentos ministeriales, y en la sociedad civil deberán adquirir el protagonismo
las consultoras estratégicas, los «think tank», las redes culturales, los movimientos sociales, los
sindicatos y las organizaciones no gubernamentales.
Se concluye afirmando que la responsabilidad social es una idea fuerza que modifica sustan-
cialmente el concepto de empresa, la misión básica de la misma y la visión que los «stakeholders»
tendrán de su despliegue futuro , por lo que la responsabilidad social corporativa plantea un
nuevo paradigma organizacional. Si bien, una empresa responsable y sostenible es, al igual que
una empresa tradicional, una organización que se dedica por cuenta propia a determinadas
actividades, que realiza con una doble intencionalidad: de una parte, satisfacer las necesidades
de los consumidores y de otra, generar valor de un manera eficiente, pero, además, la empresa
responsable y sostenible debe ser sensible ante el entorno y tener sentido de comunidad, capa-
cidad innovadora y orientación a la creación de valor.
El trabajo de José Agustín González Romo se centra en el Reglamento 883/2004/CE de 29 de
abril, que deroga el Reglamento 1408/71, si bien su entrada en vigor quedó supeditada (según su
propio artículo 91) a la aprobación del nuevo Reglamento de desarrollo que sustituiría al
574/1972, lo que finalmente ocurrió con la aprobación del Reglamento 987/2009, de 16 de sep-
tiembre, que entró en vigor en mayo de 2010. El Reglamento 883/04 no supone, según el autor,
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un texto innovador, configurador de un nuevo Sistema, sino que más bien intenta ser un simple
catalizador ante los fenómenos ocurridos en los últimos años dentro de la Unión Europea y que
afectan al ámbito de la Seguridad Social, limitándose a ser un texto con afán simplificador y
racionalizador de las normas anteriores.
El primer reflejo del objetivo principal de este Reglamento, es el propio título del nuevo regla-
mento: «Reglamento 883/04 de 29 de abril de 2004, sobre la Coordinación de los Sistemas de
Seguridad Social», mucho más reducido que el del que sustituye y en el que se enfatiza el carác-
ter último del Reglamento, esto es, ser la herramienta coordinadora empleada por la Comuni-
dad para, respetando siempre la competencia nacional en materia de Seguridad Social, aplicar
una serie de principios que garanticen a los propios ciudadanos de los Estados miembros los
derechos reconocidos en el Tratado de la UE y, en última instancia, en el propio Reglamento.
En el trabajo comentado, el autor, con el fin de estudiar y resaltar todas las novedades que se
disponen en el nuevo Reglamento y poder realizar un análisis comparativo con el Reglamento
1408/71, considera adecuado seguir el propio orden del citado Reglamento 883/04, estudiando
disposición por disposición y aclarando aquellos conceptos que resaltan por su novedad en algu-
nos casos, modificación en otros e, incluso, en algunos por la conveniencia o importancia de su
explicación o simple citación.
Después del exhaustivo análisis comparativo entre los dos Reglamentos, el autor obtiene
unas conclusiones, de las que resaltamos alguna de ellas, como la de que el nuevo Reglamento,
a pesar de ser una norma extensa, con un contenido denso, hace más accesible y próximo al pro-
pio ciudadano una norma que antes sufría de ignorancia, ingratitud u olvido, moviéndose su
valoración por el gran público entre el desconocimiento y la indiferencia. No es un Código Euro-
peo único sobre Seguridad Social, pero aunque quizá eso fuera lo más deseable desde una pers-
pectiva teórica, no parece factible ir más allá de un buen texto de coordinación de sistemas nacio-
nales. En definitiva, este nuevo Reglamento, en opinión del autor, ha logrado avanzar, dentro de
lo prácticamente posible, respecto del anterior Reglamento 1408/71, y precisamente es en mate-
ria de desempleo donde se han producido mayores reformas, por lo que en general, se puede
decir que el balance es positivo.
En la Sección Documentos se reproducen tres comunicaciones de la Comisión:
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones: Estrategia para la igualdad entre mujeres y hom-
bres 2010-2015.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones: Conclusiones del
V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento:
anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis.
Se completa este número 91 con la habitual sección de Bibliografía, dedicada al tema de Inmi-
gración y Mercado Laboral, elaborada por la Biblioteca del Departamento, dependiente de la
Subdirección General de Informes Socioeconómicos y Documentación.
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