Editorial
| Autor | Maximino Carpio Garía |
| Cargo | Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid |
| Páginas | 7-14 |
Se recogen en la primera parte de este número dos trabajos del profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Muro Martín, sobre calidad de vida laboral, el primero de tipo metodológico y el segundo de carácter empírico, pues entendemos que, a pesar de que su extensión sobrepasa la que habitualmente ocupan los trabajos publicados en esta sección, la publicación conjunta de ambos trabajos se hacía imprescindible para su comprensión.
En el primero de los trabajos, de tipo metodológico, como decía, se propone un modelo conjunto de calidad de vida laboral y de psicología social de la salud y seguridad en el trabajo para explicar el bienestar laboral psicológico y la salud mental del trabajador.
La macroestructura del modelo propuesto, de forma esquemática, consiste en un primer par de condiciones antecedentes básicas referidas a las condiciones de trabajo y a las condiciones de adaptación del trabajador a su trabajo, y un segundo par de condiciones subsiguientes básicas referidas al ajuste resultante entre trabajo y trabajador. Además, el modelo consiste en un sistema de condiciones moduladoras que se engranan y actúan de manera específica sobre determinadas condiciones básicas.
Basándose en investigaciones precedentes, el autor se plantea algunas hipótesis preliminares: respecto de las variables para las condiciones de trabajo y para las condiciones de ajuste se espera que muestren una curva de distribución normal o, cuando menos, simétrica; en cambio, las condiciones de adaptación y las de experiencia subjetiva se espera que tiendan a distribuciones más asimétricas. Respecto de las escalas de medida se supone el número de ítems de cada escala en los resultados factoriales y se esperan relaciones significativas entre las escalas de las condiciones de trabajo, condiciones de adaptación y condiciones de ajuste.
Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo a una muestra de 501 trabajadores, que contestaron un cuestionario de 166 ítems indican que el comportamiento de las variables, tanto en su distribución como en su posterior agrupamiento factorial, es conforme y se ajusta a las hipótesis preliminares planteadas inicialmente. Entre las conclusiones del estudio, cabe resaltar las siguientes: a) las variables de las condiciones de trabajo y de las condiciones de ajuste presentan unas distribuciones más simétricas, a la vez que sus escalas precisan de un menor número de componentes factoriales para explicar un porcentaje razonable de la varianza, que aquellas otras variables y escalas de las condiciones de adaptación y de las condiciones de experiencia subjetiva, y b) existen correlaciones significativas entre los componentes factoriales de las escalas y, en su conjunto, el modelo explica una gran parte de la varianza de las escalas del bienestar laboral psicológico y de la salud mental laboral. Los resultados, por otra parte, son coherentes con los de otras investigaciones anteriores.
Entre las limitaciones que el propio autor encuentra a su trabajo, se cita la de haber trabajado sólo con autoinformes, aunque las medidas objetivas también tienen sus propias desventajas, decrementando las correlaciones reales. No obstante, el enfoque metodológico individual que se ha seguido en el trabajo referenciado se muestra apropiado. Otra limitación se encontraría, acaso, en el carácter transversal de la medida, si bien, un estudio longitudinal supone, entre otros inconvenientes, muchas dificultades para mantener el anonimato de los trabajadores.
En el trabajo firmado por las profesoras de la Universidad de Lleida, Mersè Sala y Teresa Torres se preguntan si se ha producido un acercamiento socioeconómico en el seno de la Unión Europea, procediendo para dar una respuesta a su pregunta a un análisis por países y por regiones. El objetivo se centra en evaluar en dos períodos distintos de tiempo (1990 y 2000) qué clubes socioeconómicos se detectan entre los países y regiones de la Unión Europea. Ello, además, les permite observar si con el transcurso del tiempo se ha producido un proceso de homogeneización de posiciones socioeconómicas, tanto entre países como entre regiones.
Muchos han sido los trabajos que han realizado análisis empíricos sobre la existencia de clubes de convergencia, identificando regiones o territorios caracterizados por comportamientos de crecimiento similares, centrando la mayoría de ellos su atención en el crecimiento y menos en los niveles de bienestar, medido por indicadores alternativos al del producto per cápita. La propuesta teórica de convergencia que se utiliza en este estudio está más acorde con aquélla que la define como la tendencia a la disminución de la brecha en los estándares de vida y en el comportamiento de las variables económicas que definen dichos estándares.
Para alcanzar los objetivos propuestos en el estudio se aplica un análisis cluster, a fin de agrupar a los países y regiones de la UE en conglomerados, de manera que los elementos incluidos en cada uno de ellos puedan ser considerados homogéneos entre sí.
Los resultados llevan a concluir que en la UE no se ha producido un proceso de homogeneización en las posiciones económicas a nivel de países, ni entre los países que ya en 1990 formaban parte de la UE ni entre los que se incorporaron con posterioridad. En cuanto a las variables de mayor capacidad discriminatoria entre países, en 1990 se relacionan con la energía, en tanto que en el año 2000 sobresalen las de familia tecnología y mercado de trabajo.
Por lo que respecta a las regiones, cabe destacar que la homogeneidad entre países medite-rráneos se traslada también al ámbito regional, especialmente en regiones españolas e italia-nas, si bien, mientras en 1990 la mayor parte de las regiones españolas mostraban una elevada homogeneidad con las regiones del sur de Italia, en el año 2000, once de las diecisiete regiones españolas se agrupan con diez regiones italianas que se ubican en el norte y en el centro.
El trabajo permite concluir que para las variables y el período analizados no se ha producido un acercamiento socioeconómico entre países de la UE, siendo estos resultados ciertos e incluso más intensos en el ámbito regional.
El trabajo sobre Incentivos fiscales de los Centros Especiales de Empleo ha sido realizado por la economista de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, Isabel Méndez Terroso. En él, después de hacer referencia al origen y objetivo social de estos centros, se realiza un estudio detallado de las especificidades fiscales que afectan a los mismos. Si bien se puede decir que los Centros Especiales de Empleo se encuentran sometidos a los mismos impuestos que las restantes empresas del ordenamiento mercantil, sin embargo, la existencia de exenciones, deducciones y, en su caso, bonificaciones previstas en los distintos impuestos que conforman el Sistema Tributario español benefician a estas entidades de inserción dedicadas a proporcionar a trabajadores con alguna discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado.
Los incentivos fiscales aplicables a los Centros Especiales de Empleo, atendiendo a los principales impuestos a los que están sujetos éstos, los resume la autora en los siguientes:
El Impuesto sobre Actividades Económicas prevé la exención del impuesto para un amplio número de empresas y para la mayoría de Asociaciones y Fundaciones cuando, tanto por el importe de la cifra de negocio como por su objeto social, se encuentren en alguna de las situaciones recogidas tras la nueva redacción dada al artículo 83 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, la tributación de los Centros Especiales de Empleo será diferente según estén éstos constituidos como una empresa mercantil, cualquiera que sea la forma jurídica que éstos adopten, o les sea de aplicación el régimen fiscal especial previsto para las entidades sin fines de lucro sometidas a la Ley de Fundaciones. En el primero de los casos, cuando la entidad es sujeto pasivo del Real Decreto Legislativo 4/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, los incentivos fiscales se basan en la aplicación de diferentes deducciones sobre la cuota íntegra ajustada. En tanto que, si se trata de entidades pertenecientes al Tercer Sector es de aplicación el régimen fiscal especial previsto en la Ley de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Por último, y en lo que al impuesto sobre el Valor Añadido se refiere, las particularidades más importantes pueden ponerse de manifiesto en el caso de que un Centro Especial de Empleo realice simultáneamente actividades exentas y no exentas.
Es todavía pronto para saber si tanto la Ley 49/2002, como la Ley 50/2002 están contribuyendo a incentivar la creación de Centros Especiales de Empleo bajo la fórmula jurídica de fundación o asociación de utilidad pública.
En el primero de los dos trabajos del profesor Emilio Alonso que se recogen en este número se analiza la utilización de los objetivos como criterio de eficacia de una organización. Como afirma el autor, en el modelo de objetivos, es central quién valora las metas que se van a considerar en el estudio evaluativo, ya que la naturaleza de las metas y su selección por el investigador inciden en el acercamiento a la eficacia organizacional.
Dado que las metas representan resultados o efectos deseados, las primeras preguntas en términos de valor que se plantea este modelo son la de quién selecciona las metas apropiadas que se van a usar en la evaluación de la eficacia y la de qué objetivos son los apropiados.
El modelo de objetivos, según el autor, presenta algunos problemas que es preciso señalar, siendo el principal la determinación de los objetivos de la organización. Los objetivos han de estar formulados en términos operativos para que puedan ser útiles y sirvan para guiar la actuación de la organización y, después, permitan medir el grado de su consecución. Por otra parte, el análisis de las metas formales u oficiales de las organizaciones han puesto de manifiesto que a menudo son vagas, contradictorias o múltiples, sin ninguna indicación de sus prioridades.
El modelo de objetivos asume un consenso en los mismos, pero, dado que hay múltiples objetivos y diversidad de intereses en las organizaciones, es muy difícil establecer un consenso, a menos que estén definidos, de forma tan ambigua y vaga que permita interpretarlos a los diferentes grupos de intereses de un modo favorable.
El trabajo concluye afirmando, que es importante ver los objetivos como una realidad dinámica cambiante, más que como afirmaciones fijas o rígidas, proponiendo como vías de solución a las limitaciones reseñadas en el trabajo reconocer que las organizaciones persiguen tanto objetivos a corto como a largo plazo e incluir fines obtenidos mediante la observación de la conducta de los miembros de la organización.
La aportación de los profesores de la Universidad de la Laguna, José Antonio Álvarez, África Gómez y Olga González, sigue la estela de un abundante número de trabajos sobre yacimientos de empleo que han ido apareciendo en la literatura a raíz del Informe Delors. En este caso, aunque con un enfoque general, que puede ser explotado para otros ámbitos territoriales, el análisis se centra en el caso canario. Trata de indagar sobre los yacimientos de empleo canario potenciales, analizados desde la perspectiva de la iniciativa privada, teniendo en cuenta la especialización económica de las islas.
La principal aportación de la investigación, según los propios autores, es la de que «los yacimientos de empleo privado potenciales que no detecta adecuadamente el mercado de trabajo reúnen las características de un proceso innovador, al menos a nivel local, y requieren, por tanto, una iniciativa empresarial innovadora.»
Tras analizar de forma, necesariamente breve, la evolución del empleo en los últimos veinte años, tanto en el conjunto de España como en Canarias, se comentan los resultados de una encuesta en la que se trata de detectar los principales sectores con un yacimiento de empleo, a partir de los cuales se obtienen unas conclusiones que podrían ser válidas para otras circunscripciones territoriales.
Como resumen del estudio se afirma que en Canarias hay yacimientos de empleo disponibles para jóvenes emprendedores, pero que hace falta adecuar los recursos al buen hacer y al interés por llevarlo a cabo. Si bien se han detectado oportunidades de actividades económicas creadoras de empleo, la puesta en marcha de las mismas no es consecuencia únicamente de la afluencia de la demanda, sino que se requiere una dinamización y sensibilización de la población, estrategias de información y promoción dentro y fuera del ámbito local, además de la importancia creciente de disponer de recursos humanos cualificados y motivados para trabajar en nuevas actividades.
La segunda de las aportaciones que se recogen en este número del profesor de la Universidad de Almería, Emilio Alonso, tiene un carácter eminentemente práctico, ya que en ella se describe el impacto de dos programas de empleo, uno de autoempleo y otro de ayuda a la búsqueda de empleo, en el nivel de inserción de titulados universitarios.
Después de describir las características de cada uno de los programas: población a la que se dirige, servicios ofrecidos por el programa, objetivos y recursos del proyecto, tanto los previstos como los efectivamente realizados, se realiza un análisis de la eficacia de ambos programas, a partir del cual se procede a la valoración de los mismos. En síntesis, se considera que ambos programas, el Programa de Autoempleo y el de «Andalucía Orienta» han tenido una incidencia positiva medida por la inserción laboral de los usuarios, aunque la mayoría de los usuarios no cree que el programa haya sido la causa del trabajo que actualmente tienen, ya que consideran que hubieran conseguido su empleo independientemente del respectivo programa.
Finaliza el apartado de Informes y Estudios de este número con la aportación del profesor César Herráiz, de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre los montepíos laborales del siglo XVIII como origen del Sistema de Clases Pasivas del Estado.
En el estudio se parte de la realidad de que el sistema de previsión social de los funcionarios en España es diferente al del resto de los trabajadores, y sobre la base de que, fundamentalmente, son razones históricas las causantes de tal diferencia; el artículo repasa la vida de los montepíos funcionariales, desde su origen, hasta su desaparición, constituyéndose en la génesis del Sistema de Clases Pasivas actual.
Se comienza describiendo la creación de los primeros montepíos oficiales, destinados a auxiliar a los funcionarios y a sus familias, por iniciativa de los poderes públicos, los primeros de los cuales fueron los militares. A continuación se hace un análisis pormenorizado de su regulación y funcionamiento, lo que permite realizar cierta descripción de las costumbres de una parte de la sociedad española de la época. Al mismo tiempo, se detalla el régimen financiero de cuotas y prestaciones de estos montepíos, para indagar en el devenir económico de estas instituciones, en el que también influyen causas políticas, en una etapa tan convulsa de la Historia de España.
A partir del estudio cronológico de los aspectos citados, se deduce la imposibilidad de supervivencia de los montepíos oficiales sin la protección oficial. Por ello, tras las ayudas entregadas durante la primera parte de la existencia de los montepíos funcionariales, el Estado se incauta de sus fondos y asume sus compromisos, primer paso para crear un sistema público de previsión social de los funcionarios.
En la última parte del artículo se describe el proceso de creación del Sistema público, llamado de Clases Pasivas, cuya génesis no fue precisamente fácil y que duró más de medio siglo. En total, el artículo describe más de siglo y medio de la historia de la previsión social de los funcionarios en España, desde que en 1761 se creó el Montepío Militar, hasta que en 1927 fue promulgado el primer Estatuto de Clases Pasivas. En él, las pensiones de los funcionarios se configuran como una obligación del Estado, cuya carga financiera se satisface a costa del Tesoro Público y cuya gestión es encomendada a la propia Administración pública. Ello es debido a que los derechos pasivos se consideran una parte del Estatuto del funcionario público, un elemento más de las condiciones de empleo. Se produce, por tanto, una identificación entre retribución y haber pasivo, que supone un tratamiento diferenciado de las pensiones de los funcionarios públicos que se mantiene hoy en día.
En la sección Documentos se reproduce el Dictamen emitido por el Comité Económico y Social, solicitado por la Comisión sobre el COM(2004) 70 final, referido al Programa Europeo en favor del espíritu empresarial, en el que el Comité concluye considerando que el Plan de Acción «no es más que el punto de partida de un proceso en marcha con un plazo muy largo».
Finalmente, el número se completa con la sección habitual de Recensiones y Bibliografía, centrada esta última en la literatura reciente sobre un tema de la máxima preocupación tanto de los responsables políticos como de los agentes económicos y sociales, cual es la calidad de la vida laboral, selección bibliográfica elaborada por la Biblioteca del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dependiente de la Subdirección General de Informes Socioeconómicos y Documentación.
