Editorial
| Autor | Carmen Alemán Bracho |
| Cargo | Catedrática Escuela Universitaria de Servicios Sociales (UNED) |
| Páginas | 7-12 |
La mayor parte de la abundante bibliografía que en los últimos años se ha publicado sobre el Estado de Bienestar nos indica que esta construcción, que representa uno de los fenómenos de mayor trascendencia económica, social y política de la segunda mitad del siglo XX, no puede desmantelarse, sino que debe reorganizarse tanto en sus finalidades como en sus instrumentos.
En los inicios del siglo XXI Europa aspira y desea más bienestar. En el escenario de una sociedad complejamente rica no sólo encontramos amplios grupos sociales con necesidades no satisfechas, también crecen los riesgos sociales y, con ellos, emergen nuevas patologías. Las sociedades avanzadas son intrínsecamente más problemáticas que las del pasado, pero también, y he aquí la paradoja, tienen mayores y mejores instrumentos de autocontrol, pero sobre todo tenemos mayor sensibilidad para detectar necesidades.
La transformación del Estado Social ha modificado el proceso de transferencia de las políticas sociales desde el Estado a una nueva «sociedad del bienestar». De ahora en adelante la política pública deberá poner el acento en la responsabilidad de las personas y familias, y deberá incluir, en todos los niveles (europeo, nacional y regional), organismos intermedios, de cooperación, de voluntariado y de gobierno de intereses sociales específicos. Pero sobre todo, deberá buscar y encontrar una integración sinérgica con múltiples organismos e iniciativas que representan a las comunidades locales.
Lo que debe de verificarse a lo largo de esta década es si esta posible atribución de responsabilidades sociales caminará paralelamente con un aumento de los derechos y del poder social de los ciudadanos y sus familias, o bien, se traducirá en un debilitamiento de estos últimos.
La tensión hacia una redefinición de los equilibrios sociales que tenga en cuenta las exigencias de la ciudadanía recorre toda Europa. Es un movimiento cultural, antes que político o económico, que trata de tener reflejos significativos en los gobiernos. El empuje es hacia una política social inspirada en los valores de la solidaridad, de la cooperación, de la inter-dependencia, en resumen, hacia una nueva relacionalidad que se extienda desde los mundos vitales de vida cotidiana de las familias, mediante organismos intermedios, hasta las instituciones públicas y políticas. La estrategia es la de la coparticipación, respetando las diversidades que son una riqueza a preservar, y no a negar o anular.
Sin embargo, debemos ser conscientes de la realidad: en las sociedades avanzadas la integración de las intervenciones sociales, para una mayor comprensión y congruencia en las respuestas a las necesidades, es cada vez más difícil y compleja. La integración no puede ser normativamente prescrita (y menos desde la dirección del Estado), ni puede ser espontánea (como se supone que es para el mercado). Debe producirse con nuevos instrumentos.
Las antiguas metas del Estado de Bienestar (como la lucha contra la pobreza, la redistribución de los ingresos y de las oportunidades de vida, etc.), y los nuevos desafíos (como la deshumanización de los servicios sociales y sanitarios, la insuficiente defensa de los intereses débiles y de las minorías, etc.) deben afrontarse con nuevos estilos de policy. Estos últimos se caracterizan porque deben concebirse, dialogarse e implementarse aludiendo a una red inusitadamente amplia de participantes. Y, por otra parte, por el hecho de que los participantes son más exigentes que los del pasado: actualmente no sólo solicitan ser más activos, también quieren ser los primeros evaluadores de los resultados producidos en sus condiciones de vida.
El presente número de esta revista nos ofrece una serie de interesantes estudios y minuciosas investigaciones sobre estas antiguas metas y estos nuevos desafíos que esconden tras de sí una complicada mezcla de factores económicos y socio-culturales. No resulta arriesgado decir que representan, en buena medida, parcelas de la ciudadanía cuya atención será uno de los grandes objetivos de las políticas públicas del siglo XXI.
El artículo del profesor Gago Guerrero tiene como punto de partida la siguiente premisa: la sociedad de consumo implica la existencia del Bienestar Social y de la Política Social. En consecuencia, es necesario apoyar el progreso económico basado en el mercado. Según Gago Guerrero no existe alternativa para que los beneficios de la civilización, incluidos los valores fundamentales, lleguen a un número cada vez mayor de personas.
Juan Sebastián Fernández Prados, en su artículo titulado «La cultura política y democrática del voluntariado social», nos ofrece la ubicación del voluntariado social en un triple escenario: la sociedad civil, el cambio sociocultural y los nuevos movimientos sociales. La sociedad civil es la esfera donde las entidades de voluntariado desarrollan una lógica discursiva y solidaria e interaccionan con el resto de los ámbitos sociales: Estado y Mercado en la esfera pública. Por su parte, el cambio cultural, según Fernández Prados, nos indica la dirección de los participantes en organizaciones voluntarias. Tanto una, la sociedad civil, como otro, el cambio cultural, identifican a los nuevos movimientos sociales como los protagonistas de la nueva cultura política y democrática, y de la ciudadanía de las sociedades avanzadas.
La investigación de Rosario Sánchez Morales y Susana Tezanos Vázquez sobre los inmigrantes «sin hogar» en España, tras situar la internacionalización del «sinhogarismo» dentro del marco teórico de los estudios sobre exclusión social, nos presenta los perfiles sociodemográficos de los extranjeros que utilizan los recursos existentes para esta población. Junto a ello, nos exponen los principales factores que se esconden tras los itinerarios vitales de precariedad y exclusión en que se desenvuelven, y las principales vías que se han activado desde la prevención y los recursos desarrollados para su atención.
Mercedes Larrañaga y Carmen Echebarria analizan la situación laboral de las mujeres españolas comparándola con la de los hombres. Concretamente se centran en la actividad laboral, el paro, los salarios y la precariedad laboral. La conclusión a la que llegan es que la persistencia de las desigualdades entre mujeres y hombres, y el lento caminar en la consecución de la igualdad real está dando lugar a la búsqueda de nuevas iniciativas. Entre ellas conviene destacar la elaboración de presupuestos con perspectiva de género.
A partir de nuestra Constitución de 1978 y conforme a su artículo 48, se entiende por Política de Juventud el conjunto de medidas y objetivos que los poderes públicos destinan para promover las condiciones de participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, económico, social y cultural. Para dar cumplimiento al mencionado mandato, a la Administración Central se le proporcionó el necesario corpus institucional dotándosele de una estructura organizada durante los años ochenta. En el artículo titulado «Diseño y actores de la política de Juventud en el Estado de Bienestar español», se presenta un estudio sobre los niveles competenciales, la evolución en el diseño de las Políticas de Juventud y los retos de futuro en una sociedad cada vez más arriesgada.
El artículo del profesor Benjamín García Sanz tiene como objeto de estudio los que, en su opinión, son los dos grandes aspectos relevantes que han marcado la desigualdad de la mujer rural. Por una parte, las dificultades que muchas de ellas han tenido para ejercer como titulares de explotaciones agrarias en zonas de agriculturas extensivas y de secano. Por otra, la presión que se ha ejercido desde el interior de la propia sociedad rural para que estas mujeres emigrasen. Según García Sanz, uno y otro han marcado de forma negativa su situación; y uno y otro condicionan actualmente el presente y el futuro de los pueblos rurales.
Tras presentar el rol de las organizaciones no lucrativas de acción social y sus características distintivas, Julia Montserrat analiza las fuentes de financiación de uno de los componentes de la «galaxia organizativa del tercer sector». En su artículo se presta especial atención a una novedosa fuente de financiación: el mecenazgo social. Una fuente de financiación que, en un futuro no muy lejano, va a suponer un importante cambio organizativo interno y externo en este actor social.
El número se cierra con una serie de recensiones sobre las publicaciones más recientes sobre políticas sociales, trabajo asistencial, la inserción laboral de las personas con discapacidad, el trabajo y el empleo de las mujeres, política de sexos, y la pobreza y beneficencia en la España contemporánea. Tanto las recensiones como la selección bibliográfica, al igual que el Boletín Legislativo sobre Acción Social, serán de gran utilidad para los que estén interesados por unos temas que, en mi opinión, serán los grandes desafíos de las políticas públicas del siglo XXI.
Igual que en otras ocasiones, esta revista vuelve a ofrecernos documentación, análisis e investigaciones relevantes sobre cuestiones decisivas para la sociedad española. Valorados en su conjunto, nos muestran una visión amplia y variada sobre algunos de los escenarios de las sociedades avanzadas. Los desafíos y retos de los sistemas de protección social en este naciente tercer milenio se encargarán de verificar el nivel y los objetivos de todos los que han colaborado en este número.
