Editorial
| Autor | Dimitris Kyriakou |
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En los editoriales de julio y octubre últimos hemos hecho alusión a los diferentes modos de abordar las "externalidades" - un término que se refiere a las consecuencias de las acciones emprendidas por los agentes económicos, consecuencias que no actúan sobre los propios agentes sino sobre otros o, a menudo, sobre toda la sociedad.
Sugerimos entonces que una solución, a menudo asociada con el economista británico Pigou, a esta discrepancia entre preferencias privadas y preferencias sociales es imponer impuestos/subsidios para conjugar las preferencias individuales con las sociales. Una menos obvia, que procede de los años sesenta, llamada teorema de Coase, según el nombre de su inventor, fue en gran medida la responsable de que concedieran el premio Nobel de Economía a Ronald Coase a principios de los años noventa. El teorema de Coase establece que, dados dos agentes económicos A y B, cuando las actividades de A generan una externalidad negativa para B, y los costes de la transacción son nulos para ambas partes, es óptimo en términos de bienestar social permitir a los dos agentes que negocien un pago para resolver el tema - bien sea porque A compense a B el daño que la actividad de A haya infligido a B o que B compense a A por los beneficios que deje de obtener por interrumpir sus actividades.
También indicamos que, en el caso de coste de transacción positivo, el teorema establece que la optimización dictaría la asignación de los derechos de propiedad a la parte con costes de transacción más altos, sugiriendo que no es fácil desligar la mano invisible del mercado del puño oculto del Estado.
También presentamos un caso particular en el que cada agente económico tiene su propio nivel preferido de contaminación aceptable, los agentes son móviles a través de las jurisdicciones y hay efectos indirectos de la contaminación - presunciones todas completamente realistas. Si en cada jurisdicción, el grupo con capacidad de decisión decide el nivel de contaminación aceptable - y la compensación económica concomitante - mediante algún mecanismo de mayoría, entonces las minorías móviles pueden optar por trasladarse a jurisdicciones habitadas por agentes con preferencias de contaminación similares a las suyas, facilitando así que los "amantes de la contaminación" lleguen a ser mayoría en algunas de estas jurisdicciones. Mediante "contagios" entre las jurisdicciones, esos amantes de la contaminación podrían forzar también la degradación medioambiental en otras jurisdicciones.
Sugerimos que una solución exigiría la participación de todas las partes perjudicadas en el proceso de toma de decisiones, ampliando la jurisdicción y concediendo capacidad de decisión a todos los afectados por la contaminación. La ampliación de la jurisdicción y la concesión de capacidad de decidir a todos los afectados por la contaminación exige que estén representados por sus gobiernos, lo que, si la jurisdicción ha crecido suficientemente en tamaño mediante el proceso de inclusión, nos lleva otra vez de nuevo al impuesto de Pigou, en forma de compensación pagada por el que contamina a la parte perjudicada, siendo el gobierno una de las partes de la transacción.
El gobierno no puede dejarse a un lado en esta cuestión; si se le echa por la puerta, vuelve por la ventana. A medida que crece el tamaño deseable de la jurisdicción, el gobierno puede reaparecer como representante de la población de la jurisdicción y enseñando su manto de Pigou por debajo del de Coase demuestra que ambos pueden considerarse como dos caras de la misma moneda.
Lectores atentos han preguntado de qué modo podría cambiar el análisis si relajamos el supuesto de la movilidad transjurisdiccional.
Comencemos por suponer una falta total de movilidad transjurisdiccional. En este caso, las actividades contaminantes se concentrarán en las jurisdicciones en las que los "amantes de la contaminación" estén en mayoría. Adviértase que, dada la existencia de "contagios", sus vecinos, que podrían ser mayoritariamente "enemigos de la contaminación", sufrirían una contaminación transfronteriza. Si los "enemigos de la contaminación" estuvieran en mayoría en todas las jurisdicciones, no se toleraría la contaminación en ninguna parte, y la ausencia de movilidad garantizaría que no existiera una evasión que facilitara la formación de mayorías "amantes de la contaminación", causantes de contaminaciones transfronterizas. Este panorama sería justamente el inverso si sucediera que los "amantes de la contaminación" constituyeran mayoría en todas partes; en este caso no podría haber refugios seguros, creados por migración, para los "enemigos de la contaminación".
El supuesto de inmovilidad perfecta reduce efectivamente a las jurisdicciones a un comportamiento monolítico, y el análisis vuelve a ser el original de Coase.
Adviértase que esta exposición esquemática dedica poca atención a cuestiones interesantes sobre las interacciones estratégicas en caso de que haya movilidad [que podría tratarse muy bien en un modelo teórico de juegos, por ejemplo, utilizando diversos equilibrios en la teoría de juegos (trembling-hand-equilibrium)] así como al agrupamiento óptimo de islas de "enemigos de la contaminación", en el caso de que existan diversos grados de "aversión a la contaminación".
Por último, si partimos del supuesto más realista de que la movilidad existe, aunque acarrea costes altos (pero finitos), entonces se observará migración cuando el perjuicio infligido a un agente por la contaminación sobrepasa los costes fijos de la migración.
En esta versión "costosa pero posible" de la movilidad, el análisis que hemos hecho para el caso de minorías móviles se mantiene, si bien se dispara hacia niveles de contaminación más altos.
