Participación y Economía Social

AutorJavier Divar Garteiz-Aurrecoa
Páginas67-95

Ver nota 43

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Una de las finalidades de la participación, desde un miramiento jurídico y político, es la de profundizar en la economía social, entendida ésta simplemente como una socialización del mundo económico.

Aunque para Stamler, como ya hemos visto, la economía social es la dominante en la comunidad política, dependiente por ello de las circunstancias sociales y temporales, otros se han referido a la economía social como esencia de un estado de participaciones plenas.

Así, Pannekoek44, indica: «La política y la economía no estarán ya separadas,... serán una misma cosa,... en sentido estricto, la política habrá dejado de existir; quedará incluida en la economía social».

Para otros autores la economía social es un elemento de la modernidad, referido a un sistema de producción de aplicaciones técnicas y estructuras novedosas. Así, por ejemplo, el historiador Pierre Vilar al referirse a los cambios sociales en la España del siglo XVIII, dice textualmente45:«La visión totalitaria del mundo se disocia; el pensamiento baja del

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cielo a la tierra; muy pronto, un padre Feijoo emprende la revisión de falsas creencias; y las grandes obras del siglo tratarán de economía social...».

Pero otros autores han entendido la economía social como la procedente de empresas participadas, en las que se da una economía cooperativizada, diferenciada de la privada capitalista y de la economía pública.

También se han dado visiones personalísimas, como la de Fréderic Le Play, fundador en 1856 de la «Sociedad de Economía Social» en defensa de la familia, a la que consideró el baluarte social de defensa privada contra el creciente poder del Estado. O el caso de Arthur Doucy, que asimiló la economía social al sindicalismo obrero.

El solidarismo positivista (destacadamente representado por León Bourgeois, que publicó en 1898 el libro «Solidaridad» y en 1902 el «Ensayo de una Filosofía de la Solidaridad»; y por Celestino Bouglé, autor de «El Solidarismo», en 1907) concilió las ideas socialistas económicas con el liberalismo, reconociendo el interés productivista y lucrativista de todos los partícipes en la actividad empresarial, adelantándose así a resultancias economicopolíticas muy posteriores en el tiempo.

Pero fue el cooperativismo (junto al mutualismo, menos preciso jurídicamente) el que asumió el concepto de cambio socioeconómico. Como dice André Neurrisse46,

es sobre la base cooperativa sobre la que debe edificarse la sociedad moderna

(como resumen del ideario de los defensores de la economía participada).

Sin embargo, los reformistas van a dividirse pronto históricamente, puesto que la parte entonces fundamen-

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tal del sindicalismo iniciará una práctica de separación en relación al cooperativismo y sus formas cercanas.

El momento más revelador de esta ruptura es el Congreso de Marsella del Partido Obrero de Francia, en 1879, en donde se produce, ideológicamente, una división que François Boursier47 ha calificado como "la victoria de los revolucionarios sobre los reformistas, aunque otros hablan de la victoria de la línea colectivista sobre la práctica cooperativa". Lo cierto es que supuso una derrota para todos. En vez de unirse por sus necesidades se dividieron por sus ideas.

Desde un miramiento económico, la economía social se ha calificado de «tercer sector», como denominaron en 1978, desde la Universidad Paris-Dauphine, J. Delors y J. Gaudin, a la globalidad de las iniciativas económicas auto-gestionarias privadas48.

Sin embargo, es muy discutible que en un sentido general deba hacerse una sinonimia entre la economía social y la autogestión. Esto sólo es incuestionable en un sentido limitado, precisamente en el contemplado por el Comité Nacional de Unión de las Actividades Mutuales, Cooperativas y Asociativas de Francia, en su Carta de la Economía Social de junio de 1980.

Mucho antes, en 1905, el término había sido utilizado por el gran economista francés Charles Gide en un sentido aún más específico. Con él hacía referencia sólo al contenido económico del proyecto cooperativo y de su línea consumerista.

En la actualidad puede hablarse de una economía social de «nuevas formas», por razón de los fines persegui-

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dos, la organización participada y la gestión democrática, como dicen Maree y Saive en su investigación sobre la economía social renovada49.

Esta ampliación de ideas tiene una base generalmente aceptada en la extensión de la participación democrática a la actividad económica, a pesar de la también actual contradicción por la degradación progresiva de los fenómenos democráticos, debido a la influencia de procesos de utilidad, pragmatismo, tecnificación y especialización.

También es manifiesto en las sociedades avanzadas el desinterés y la dejación de actitudes nihilistas modernas con respecto a los valores participativos en la vida pública, al limitar la visión de la democracia a las prácticas políticas, con lo que vienen acreditando un desapego creciente por la participación en la vida política, en defensa de un abstencionismo militante.

Todo ello lo engloba Pierre Rosanvallon50 en la que llama «entropía democrática».

En efecto, se considera que también en los ámbitos económicos a partir de ciertas estructuras poder, la democracia pasa a ser de delegación y representación. A ello se suma la necesaria jerarquización de las estructuras complejas, que lleva a la burocratización y la esclerosis funcional y organizativa.

Se objeta también que la falta de profundización en la democratización de las empresas, la no extensión del sistema participativo, la escasa generalización del mismo, termina con las esperanzas del cambio. Esta crítica se ha realizado en muchísimas ocasiones, también, contra el sistema cooperativo, específicamente.

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Lo dicho para él es de aplicación para la democratización económica en general. Al efecto, Maurice Payet51

dice de las cooperativas que «al encontrarse insertas en un régimen capitalista, estas sociedades han tropezado con numerosas dificultades en su desenvolvimiento y para alcanzar los créditos que para ello les eran precisos...» han «...abandonando el espíritu de igualdad democrática, de colaboración y de servicio, que constituye el verdadero objetivo de la cooperación».

Pero admitiendo todo ello, persiste en las sociedades avanzadas una desconfianza hacia los valores económicos dominantes, provocándose reacciones frente a las carencias del capitalismo, de la gestión económica pública y del socialismo real (frente a este último al unirse las carencias económicas a las políticas).

Al sector público se le considera cargado de burocracia y centralización, de actuaciones pesadas, sin la agilidad y la flexibilidad que el mercado y las necesidades inmediatas precisan.

Pero aun aceptadas todas las críticas, sigue siendo obvio que el capitalismo se ha mostrado claramente ineficaz para asegurar un armonioso desarrollo de la economía y para alcanzar la justicia distributiva.

Y por todo ello, para coadyuvar con la participación y al efecto de ir paulatinamente hacia una economía demo-crática y social, se arguye la necesidad de retomar formas empresariales basadas en la solidaridad económica.

Esas empresas, que como hemos visto algunos califican limitativamente de economía social, son en la terminología de la OCDE «empresas de interés colectivo». Esta

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es precisamente la traducción más generalmente aceptada del término alemán «gemeinwirtschaft» (empresas de la economía de interés general), que en algunos casos (práctica en Austria) engloba también a las empresas públicas.

Walter Hesselbach52 sostiene que hay tres versiones diferentes del término en lengua alemana. Y las concreta:

En primer lugar, se entiende como "gemeinwirtschaft" un sistema económico de carácter especial. Esta es la que llamamos concepción monista de la economía de interés general.

Una segunda versión considera que dicho término designa al sector público, es decir, a todos los sectores de la economía que están bajo el control del Estado o las municipalidades. Este es el concepto dualista.

En tercer lugar, se comprende con este término a las cooperativas y a las empresas de interés general que pertenecen a ciertas asociaciones libres: esta es la concepción pluralista.

La teoría y la práctica de estas formas económicas obligaron al reconocimiento por los estudiosos de la socialdemocracia de la posibilidad de un cambio económico beneficioso a la participación y a la justicia social dentro de las estructuras de libre mercado, debiendo admitir que capitalismo y economía de mercado libre no son por necesidad sinónimos.

Desde un miramiento técnico económico se observó el efecto benéfico del sistema mixto en el mercado, superándose los anteriores principios maximalistas de los sistemas puros (capitalista y estatalizado).

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Como dijo Hesselbach: «Contrariamente a ello, los economistas reconocen ahora que no es verdad que sólo los dos tipos extremos son estables y que los sistemas mixtos son inestables. Han descubierto, en cambio, que los sistemas mixtos son estables y que, en la práctica, los tipos puros son inestables».

Con ello se liman las principales asperezas entre los intereses económicos contrapuestos y ya nadie defiende en los países avanzados un modelo de ruptura del sistema económico, sino que partiendo de la economía de mercado se pretende la participación, el pleno empleo, el mejoramiento salarial, la protección del consumo, la profundización en la economía social, o incluso solamente disfrutar del crecimiento. En todo caso hacer realidad el sistema de economía social de mercado.

Hesselbach dice al respecto: «Las diferencias entre los grupos conservadores y progresistas en Alemania consisten, fundamentalmente, en lo siguiente: los conservadores reclaman -en alguna medida contra su voluntad- un crecimiento de la infraestructura paralelo al desarrollo de la economía privada; los grupos progresistas, por su parte, saludan con satisfacción todas las...

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