Doctrina de los frutos del árbol envenenado (the fruit of the poisonous tree doctrine)

Autor:Manuel Miranda Estrampes
Páginas:87-119
 
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CAPÍTULO III
DOCTRINA DE LOS FRUTOS DEL ÁRBOL
ENVENENADO (THE FRUIT OF THE POISONOUS
TREE DOCTRINE)
1. ORIGEN Y ALCANCE DE LA DOCTRINA DE LOS FRUTOS
DEL ÁRBOL ENVENENADO: SILVERTHORNE LUMBER CO.,
INC. V. U.S.
La aplicación de la exclusionary rule requiere, como presupuesto básico,
un registro o confiscación irrazonable en cuanto violatorio de la IV Enmien-
da. La regla entonces excluye la evidencia que tenga una conexión causal con
la violación. Ello exige que la evidencia haya sido obtenida como resultado de
la actuación inconstitucional. En palabras de la Corte, la evidencia debe ser
en algún sentido el producto de la actuación gubernamental ilegal 1. La exclu-
sión alcanza a las evidencias materiales descubiertas (drogas, armas, etc.),
pero también al conocimiento o información adquirida ilegalmente. Así,
por ejemplo, la exclusión alcanzaría no solo a la droga incautada mediante
un registro irrazonable, sino que tampoco podría utilizarse como prueba
el testimonio del agente policial que vio y localizó la droga. Tampoco po-
dría utilizarse, en principio, la información facilitada por un testigo cuando
su existencia fuera descubierta como consecuencia de un registro o arresto
inconstitucional 2. Evidencias todos ellas calificadas de primarias (primary
evidence) en cuanto obtenidas durante o como resultado inmediato de un
registro o confiscación ilegal.
1 United States v. Crews, 445 U.S. 463, 471 (1980).
2 James J. TOMKOVICZ, Constitutional Exclusion: The Rules, Rights, and Remedies that Strike the
Balance Between Freedom and Order, op. cit., p. 31.
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MANUEL MIRANDA ESTRAMPES PRUEBA ILÍCITA Y REGLA DE EXCLUSIÓN...
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Pues bien, con arreglo a la conocida como doctrina de los «frutos del árbol
envenenado» (fruit of the poisonous tree doctrine) la exclusión se extiende no
solo a las pruebas primarias directamente obtenidas con la actuación incons-
titucional, sino también a las obtenidas indirectamente. En otras palabras, la
conocida, también, en la literatura castellana como eficacia expansiva, refleja
o indirecta de la prueba ilícita 3, consiste en que la exclusión alcanza no solo a
aquellas pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales (prue-
bas primarias) sino, también, a las pruebas que, aún practicadas con respeto
a tales derechos, tuvieron su origen en informaciones o datos obtenidos con
la práctica de las primeras. Pruebas a las que se denomina como derivadas o
reflejas. Lo característico de las pruebas derivadas (derivative evidence) es su ca-
rácter lícito, pero su adquisición tuvo su causa y origen en la información ob-
tenida con una previa prueba primaria inconstitucional. Por tanto, por prueba
derivada debe entenderse cualquier evidencia material o información que es
producto de una prueba primaria o que, de otra manera, es adquirida como
un resultado indirecto de la prueba primaria inconstitucional 4. La ilicitud ori-
ginaria contaminaría, también, a la prueba derivada o refleja aunque la misma
se hubiera adquirido sin afectación de derechos constitucionales 5. En suma,
la exclusión alcanza al uso primario de la evidencia obtenida ilegalmente, pero
también a su uso derivado (derivative use) 6.
El origen de esta doctrina se sitúa en la decisión dictada en el caso Sil-
verthorne Lumber Co., Inc. v. U.S. 7, en un supuesto de entrada y registro sin
autorización judicial en las oficinas de la Compañía y la incautación de do-
cumentos, papeles y cartas que luego fueron utilizadas para fundamentar la
acusación. De forma resumida los hechos fueron los siguientes: en el marco de
una investigación por evasión de impuestos, con ocasión de una entrada y re-
gistro practicada por agentes federales sin autorización judicial en las oficinas
de la Compañía propiedad de Silverthorne se procedió a la incautación de pa-
peles, documentos y cartas de contenido incriminatorio. No obstante, los dos
acusados —padre e hijo— presentaron una solicitud de devolución basándose
en la garantía de la propiedad y en el precedente del caso Weeks, al estimar
que la documentación se había obtenido con vulneración de la IV Enmienda,
al no existir autorización judicial que autorizara el registro y no concurrir
causa probable 8. El Tribunal de Distrito (District Court) acordó la devolución
de los originales a sus propietarios, pero previamente el fiscal procedió a foto-
copiarlos y fotografiarlos. Con posterioridad el fiscal introdujo dichas copias
en un nuevo proceso al objeto de requerir a los acusados para que exhibieran
3 Vid. Manuel MIRANDA ESTRAMPES, Concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso
penal. Especial referencia a la exclusionary rule estadounidense, México, D.F., Ubijus, 2013, p. 190.
4 James J. TOMKOVICZ, Constitutional Exclusion: The Rules, Rights, and Remedies that Strike the
Balance Between Freedom and Order, op. cit., p. 31.
5 Por ejemplo, cuando con una confesión obtenida mediante tortura se llega a conocer el lugar
donde el cuerpo de la víctima fue enterrado.
6 Francis A. ALLEN, «The Exclusionary Rule in the American Law of Search and Seizure»,
op. cit., p. 247.
7 251 U.S. 385 (1920).
8 No obstante, la cuestión de la vulneración de la IV Enmienda por ausencia de autorización
judicial no estaba bien definida al tratarse de una persona jurídica.
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y aportaran los documentos originales, argumentando que tales copias debían
considerarse pruebas lícitas. Orden judicial que se negaron a cumplir por lo
que el Tribunal les procesó por desacato (in contempt).
La Corte Suprema acabó extendiendo la protección de la IV Enmienda
a las personas jurídicas. En la opinión mayoritaria, redactada por el Justice
Oliver Wendell Holmes, estableció que no puede conminarse a una persona
para la entrega de documentación cuyo conocimiento se había alcanzado a
través de un registro inconstitucional por vulneración de la IV Enmienda.
La exclusionary rule prohíbe que la información obtenida de forma ilícita
pueda ser utilizada de cualquier forma. En el presente caso, el registro ini-
cial fue inconstitucional y permitió incautar una serie de documentación
para ser utilizada en contra de los acusados. La Corte Suprema excluyó la
utilización de la documentación incautada dado que su origen se encontraba
en el registro inconstitucional. Pero al mismo tiempo censuró, también, la
utilización de la información obtenida de esta documentación, impidiendo
que los órganos de persecución penal pudieran hacer uso de la misma. Para
la Corte Suprema, de autorizarse la utilización de las copias de esta docu-
mentación —pruebas derivadas— se incentivaría y estimularía a la policía
para actuar en contra de las exigencias derivadas de la IV Enmienda. El Jus-
tice Holmes concluyó que permitir al Gobierno beneficiarse de las evidencias
obtenidas con un registro ilegal reduciría los derechos de la IV Enmienda a
«mera palabrería» (form of words) 9. Holmes afirmó, de forma contundente,
que las evidencias obtenidas de esta forma no solo no podrán utilizarse ante
la Corte, sino que no podrán utilizarse «en absoluto» (at all) 10. Como destacó
la doctrina, la opinión de Holmes hizo especial énfasis en que la regla de ex-
clusión existía en el núcleo mismo de los derechos constitucionales 11.
Sin embargo, en dicha decisión se reconoció ya —aunque no se aplicó—
la excepción de la fuente independiente (independent source doctrine). Según
el razonamiento de la Corte, la doctrina de los frutos del árbol envenenado
no convertía los hechos en «sagrados e inaccesibles» (sacred and inaccesi-
ble). Así, si el conocimiento sobre los mismos se obtuviera por una fuente de
prueba independiente podrían ser acreditados como cualquier otro, pero el
conocimiento adquirido como consecuencia de la violación constitucional
cometida por el Gobierno no podía ser utilizado en la forma propuesta 12.
La decisión dictada en Silverthorne se enmarca dentro del desarrollo ini-
cial por la Corte de la regla Weeks. Silverthorne no solo confirma la exclusio-
nary rule, como la consecuencia derivada de la violación de la IV Enmienda,
sino que extiende la exclusión a las pruebas derivadas, ampliando así el ám-
bito de aplicación de la regla federal más allá de lo que inicialmente se había
9 Ibid., 392. Frase reproducida, con posterioridad, en Mapp, 367 U.S. 648.
10 Ibid., 392. Texto original: «The essence of a provision forbidding the acquisition of evidence
in a certain way is that not merely evidence so acquired shall not be used before the Court but that it
shall not be used at all».
11 Morgan CLOUD, «A Conservative House United: How the Post-Warren Court Dismantled the
Eclusionary Rule», op. cit., p. 477.
12 Ibid., 391-392.
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