Diligencia debida en la llevanza de los libros contables

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195, “Infracción tributaria por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o ne-
gativas o créditos tributarios aparentes”.
En los supuestos regulados en este artículo resultará de aplicación la reducción del 50% en el
caso de actas con acuerdo, y del 30% en los casos de conformidad, con las especificaciones que
se detallan en el artículo 188 de la Ley General Tributaria, que trata de estas reducciones.
De lo que se deduce que la imposición de sanción tributaria no se aplicará automáticamente en
todos los casos sino sólo cuando el hecho pudiera equipararse con otros sobre los que se hubie-
re pronunciado públicamente la Comisión consultiva manifestando la existencia de conflicto en
aplicación de la norma in curso en los tipos de este nuevo artículo 206.bis.
En sentido contrario debe interpretarse que la norma tributaria exime de responsabilidad in-
fractora, en virtud de la nueva redacción del artículo 179.2 apartado d), es decir: cuando se haya
puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado
haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma, o cuando el obligado
tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria
competente en las publicaciones y comunicaciones escritas, a las que se refieren los artículos
86 y 87 de la Ley, que tratan sobre las Publicaciones, que el Ministerio de Hacienda difundirá por
cualquier medio, durante el primer trimestre del año, con la actualización de las normas estatales
con rango de ley y de los reales decretos en materia tributaria en los que se hayan producido
variaciones respecto de los textos vigentes en el año precedente, así como una relación de todas
las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho año, y también con las respuestas
a las consultas y resoluciones económico-administrativas que considere de mayor trascendencia
y repercusión en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas y cuyo acceso a través de
internet a las publicaciones será, en todo caso, gratuito. También se facilitará la consulta a las ba-
ses informatizadas donde se contienen dichos criterios y remitiendo comunicaciones destinadas
a informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta, sumi-
nistrando, a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas,
suprimiendo toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que
afecten.
Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios
manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado,
siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista
una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido
modificados.
Pero NO cabrá aplicar este criterio y por lo tanto serán sancionables los supuestos de “conflicto
en la aplicación de la norma tributaria” que incurran en lo prescrito en el artículo 206 de esta
Ley General Tributaria comentado más arriba.
Tampoco darán lugar, como ha sido hasta ahora, a responsabilidad por infracción tributaria los
siguientes supuestos:
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.
b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubie-
ran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.
Debe pues interpretarse que no serán sancionables las conductas que se correspondan a un dili-
gente cumplimiento de las obligaciones tributarias, y aun tampoco cuando aplicando una interpre-
tación distinta del espíritu normativo pero con cierto fundamento de las mismas, a falta de criterio
administrativo, se pudiera incurrir sin dolo en tipos sancionables. A sensu contrario sólo cuando
los hechos demuestren que se han contravenido criterios tributarios públicos como los manifes-
tados en los informes de la Comisión, que permiten al obligado tributario conocer previamente el
criterio de la Administración tributaria respecto de una determinada operación, serán de aplicación
las sanciones que correspondan.
A juicio de la exposición de motivos de no ser así, es decir no castigando la comisión de hechos
cometidos en fraude de ley, se estaría perjudicando a quienes por honradez (o desconocimiento
del truco delusor) hubieran tributado conforme a la Ley. En las consultas hechas al derecho com-
parado es común denominador que no sancionar estas conductas fraudulentas es un acicate para
que éstas proliferen en perjuicio público. Posibilitando, en algunos casos, la publicidad de tales
conductas cuando éstas fueran sancionables.
8.3. Diligencia debida en la llevanza de los libros contables
Se modifica el apartado 3 del artículo 29 estableciendo que el reglamento regulará la llevanza de
los libros contables por medios telemáticos, formando parte de las obligaciones formales, y que-
dando redactado con el siguiente tenor:
“3. En desarrollo de lo dispuesto en este artículo, las disposiciones reglamentarias podrán regular
las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales.
En particular, se determinarán los casos en los que la aportación o llevanza de los libros registro
se deba efectuar de forma periódica y por medios telemáticos”.
Esta obligación de aportación y llevanza de los libros contables y la obligatoriedad de que los
libros-registros se lleven, y aporten, de forma periódica por medios telemáticos, conlleva que su
incumplimiento se contemple como infracción y en su caso sanción en la nueva redacción del ar-
tículo 200, que, en síntesis, prescribe la infracción tributaria por incumplir obligaciones contables
y registrales, que en todo caso será calificada de grave, con una sanción pecuniaria fija mínima
de 150 euros, salvo que sean de aplicación otras cantidades, como se dispone más adelante. Y
todo por incumplir obligaciones contables y registrales que entre otras, son las ya conocidas pero
con algunas matizaciones: inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad o en los libros
y registros, la utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda, según su
naturaleza, que dificulte la comprobación de la situación tributaria del obligado. No obstante po-
drán ser aplicadas cantidades superiores en los siguientes casos: por dicha inexactitud u omisión
de operaciones o la utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda que
podrá ser sancionada con multa pecuniaria proporcional del uno por ciento de los cargos, abonos
o anotaciones omitidos, inexactos, falseados o recogidos en las cuentas con un mínimo de 150
euros y un máximo de 6.000 euros; por el incumplimiento de la obligación de llevar o conservar
la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributarias, los programas y ar-
chivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados, que será
sancionable con multa del 1% de la cifra de negocios del ejercicio de que se trate con un min de
600 euros; por la llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio
económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado tributario, sancio-
nable con multa de 600 euros por ejercicio; por el retraso en más de cuatro meses en la llevanza
de la contabilidad o de los libros y registros establecidos por las normas tributarias, sancionable

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