Crisis, desempleo y reformas laborales. Rodolfo Benito Valenciano

Autor:Rodolfo Benito Valenciano
Cargo:Secretario Confederal de Estudios de CCOO. Presidente de la Fundación 1º de Mayo
Páginas:219-226
 
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En febrero de este año, la Fundación 1º de Mayo, presentaba un importante estudio sobre las 52 reformas laborales que se han producido en nuestro país desde 1980, analizando sus repercusiones en materia de contratación y empleo.

Sin querer reproducir aquí el conjunto del estudio, si quiero extraer una de sus principales conclusiones, ésta es que las crisis económicas no tienen sus causas ni sus respuestas en la regulación del mercado de trabajo. En todo caso la relación es inversa: el mercado de trabajo termina reflejando algunas de las consecuencias y efectos de la crisis, especialmente en forma de destrucción de empleo y de precarización del mismo.

Pero a pesar de esta afirmación incuestionable, el discurso convencional, que ha venido fracasando de manera estrepitosa, plantea como argumento básico que el principal factor determinante de la mayor intensidad de la crisis en España radica en la rigidez de las instituciones laborales, especialmente en ámbitos como la regulación legal de la contratación, el modelo de negociación colectiva y la legislación de la protección sobre el desempleo.

Sin embargo la evolución del mercado de trabajo en el último ciclo económico pone de manifiesto sin embargo que, en la etapa expansiva del mismo ?entre los años 1995 y 2007?, se creó un importante volumen de empleo, por lo que no parece coherente defender que la misma regulación laboral que no frenó este crecimiento sea la principal causa de la crisis.

De otra parte la existencia de una legislación laboral para el conjunto del Estado no ha impedido la desigual intensidad territorial de la crisis, como pone de manifiesto la diferencia de 18 puntos porcentuales entre la Comunidad Autónoma con mayor tasa de paro ?Andalucía, con el 30.9 por ciento? y la que registra la menor

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(País Vasco, con el 12,6 por ciento) que, por el contrario, sí ponen de manifiesto las diferencias existentes entre las distintas Comunidades Autónomas en materia de estructura económica y productiva.

La magnitud del impacto de la actual crisis económica en España, en términos de destrucción de empleo, no puede atribuirse exclusivamente a factores solo de índole internacional, sino que debe buscarse en gran medida en los propios desequilibrios del modelo productivo sobre el que se ha basado el notable crecimiento registrado en la última etapa de expansión.

En dicho período se produjo, además de un exagerado crecimiento de la actividad de la construcción asociado a la burbuja inmobiliaria, una especialización en actividades con bajos niveles de innovación y productividad, dando lugar a un elevado nivel de temporalidad injustificada y a la creación de empleos de baja calidad.

Pero dicho esto, asistimos a un cambio del relato sobre los orígenes de la crisis, que lleva aparejado un tipo de respuestas, que no solo las están protagonizando los que nos condujeron a la misma, sino que además están promoviendo políticas, con un sesgo profundamente ideológico, radicalmente neoliberal, que tiene como objetivo desmontar el andamiaje del Estado del Bienestar y de los sistemas de negociación colectiva.

Efectivamente lo que hoy se presenta como una crisis de deuda soberana, no es otra cosa que la conclusión de las políticas realizadas en la Unión Europea, que acudiendo al rescate del sector financiero, produjeron elevados déficits públicos, que posteriormente había que financiar.

Europa no es presa de una crisis fiscal. La crisis empezó en el sector inmobiliario estadounidense y la transformo en una tormenta financiera global. Y sigue siendo una crisis bancaria que ha acabado contagiando a la economía y a las cuentas públicas. Esta es la cuestión de fondo.

Y en este escenario, los programas de ajuste que se vienen promoviendo, se han caracterizado por su recurso rigorista a la consolidación fiscal. Por su obsesión en la reducción del gasto público, más que por el equilibrio presupuestario, y por dar respuesta a la destrucción de empleo.

La expresión más acabada de esta opción política -que ya impregnaba la mal llamada gobernanza económica europea y el Pacto por el Euro- la podemos encontrar en las presiones ejercidas para que los Estados miembros incluyan el principio del equilibrio presupuestario en sus constituciones nacionales.

Las consecuencias sociales de la abrupta reducción del gasto público se han agravado con la desregulación de los sistemas de empleo y protección social, el debilitamiento y descentralización de los sistemas de formación de salarios y la negociación colectiva.

Desde un punto de vista económico, la desmesurada contracción del gasto público -y su correlato privado- ha ahogado toda posibilidad de reactivación económica y

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-todavía más- de recuperación del empleo destruido. Sarcásticamente esta opción está demostrando -como ya advertimos el movimiento sindical europeo- que impide además, el saneamiento de las...

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