Entre el derecho económico de desarrollo y el derecho humano para desarrollo: desafíos para Brasil

AutorMaria Luiza Alencar Mayer Feitosa
Cargo del AutorDoctorado en Ciencias Jurídico Económicas en la Universidad de Coimbra
Páginas269-283

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1. Introducción

Brasil es la séptima mayor economía del mundo, con PIB de 2,391 trillones de dólares en 2012. Con el mundo en recesión, el país viene presentándose como potencia emergente, ambiente para inversiones y prosperidad, dando muestras de que una década de crecimiento económico, aliada a políticas de distribución de renta, ocurridas principalmente en el ámbito de las llamadas reformas de tercera generación, incrementadas a partir del Gobierno Lula, fueron capaces de disminuir desigualdades sociales. Sin embargo, es necesario reconocer que el crecimiento económico no significa per se desarrollo y que la noción de desarrollo, al asumir las dimensiones de derecho y de la sostenibilidad, experimenta alteraciones verdaderamente paradigmáticas. A pesar de los avances, el Brasil todavía atrasado ostenta perversos rasgos, representados por déficits sociales y humanos, como la falta de saneamiento básico en localidades urbanas y rurales; oferta insuficiente de viviendas; corrupción endémica; violencia e inseguridad; fallas en el sistema público de salud, en los aspectos de la prevención y del combate; entre otras dificultades.

Para superar esos déficits con la rapidez necesaria y confiando en la estabilidad causada por el crecimiento económico reciente, los gobiernos brasileños vienen invirtiendo en mega proyectos, especialmente en los sectores de infraestructura y movilidad urbana, generación de energía y eventos deportivos y turísticos. Pueden ser indicados, para ejemplificar, la explotación de petróleo en la capa del presal de la cos-

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ta brasileña, programa anunciado en 2009370; la construcción de hidroeléctricas en los ríos de la Amazonia brasileña, tal como ocurre en Belo Monte, en Rio Xingu (Departamento de Pará) y en Santo Antonio y Jirau, en el Río Madeira (Departamento de Rondonia); las reformas y la edificación de nuevos estadios y complejos deportivos para la Copa del Mundo de 2014 y para las Olimpiadas de 2016; además de las obras de PAC – Programa de Aceleración del Crecimiento, lanzado por el gobierno federal, en 2007. Por todo el país, proyectos empresariales grandiosos prometen retomar el rumbo del desarrollo económico y promover la inclusión social.

En general, los mega proyectos representan intervenciones de grande porte que demandan entre otros factores, sumas considerables de recursos públicos y privados, fuerte logística y propaganda, además de configurar potencial agresión a derechos sociales básicos, con consecuencias dañosas a los derechos humanos, de la preinstalación a la fase de ejecución y funcionamiento, afectando indistintamente áreas urbanas y rurales. De un lado, la realización de esos proyectos depende de la intricada y poco transparente colaboración entre departamentos y empresas ejecutantes y financiadoras del proyecto, por otro lado, depende de la sustentación ideológica proporcionada por el discurso desarrollista, que, en nombre del desarrollo económico como meta mayor, provoca fiexibilización de garantías laborales, desconsidera derechos ambientales y urbanísticos y alcanza poblaciones vulnerables, con evidente falta de respeto al real significado del término ‘desarrollo’, expresión intrínsecamente plural, que no se abriga en la falta de transparencia, tampoco se legitima en el autoritarismo. Se debe prestar atención a las diferencias entre crecimiento, desarrollo y desarrollismo.

En Brasil, en 2011, un estudio realizado por Cimi –Consejo Indigenista Misionario371– señaló 434 proyectos empresariales que afectan directamente comunidades indígenas, siendo 195 de estos dirigidos a

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la generación de energía y 166 para obras de infraestructura. De acuerdo con esos datos, el impacto de hidroeléctricas y obras de infraestructura estaría superando el impacto causado por la actividad minera ya que fueron encontradas 29 obras de mineras en el mismo periodo. En verdad, los mega proyectos dejan de representar obras de ingeniería con potenciales riesgos ambientales para que se transformen en emprendimientos de efectivo impacto económico, político, ambiental, social y humano, con instalaciones que envuelven, en todas las fases, de la construcción hasta la operación, riesgos e incertidumbres, afectando sustancialmente comunidades históricamente subalternas y grupos o situaciones vulnerables, como las poblaciones de las riberas, las chabolas urbanas, los pueblos indígenas, la biodiversidad y las generaciones futuras.

No son raras las veces, que la decisión pública del mega proyecto provoca la reacción de esas capas vulnerables y sus representantes, ocasionando conflictos graves entre el Estado y la sociedad civil372, con foco principal en los derechos económicos, sociales y culturales – DESC y sus irradiaciones. El proceso decisivo que tiene como base un proyecto técnico de difícil convencimiento, generador de incertidumbres y riesgos373, muchas veces marcado por vicios e ile-

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galidades374, con potencial para ocasionar consecuencias ambientales y humanas irreversibles, revela un conjunto de situaciones que permean aspectos técnicos, científicos y sociales, exhibiendo los vínculos entre esas decisiones y las estructuras de poder económico y político, hecho que demanda nuevas percepciones de la realidad y sus relaciones con la temática del desarrollo, particularmente en el campo del derecho.

En el caso de los eventos deportivos y de las obras del PAC, por ejemplo, las consecuencias humanas y sociales de las medidas desarrolladoras han sido preocupantes. Si, por un lado, la política de seguridad pública implementada por las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) en los Morros de Rio de Janeiro han recibido evaluación positiva porque redujo el sentimiento de miedo e inseguridad de la población en general, con posibilidad de contribuir para resignificar representaciones sociales y disminuir el prejuicio que generaba desconfianza, falta de crédito y estigma, por otro lado, la desigualdad con relación al efectivo derecho a la ciudad se mantiene y tiende a empeorar. Ocurre que la regulación ora impuesta sobre las estructuras antes informales de acceso a servicios urbanos, obliga a los residentes a pagar las tasas de abastecimiento y mantenimiento de esos servicios, hecho que viene elevando substancialmente el coste de vida de la población que habita en los “Morros”, todavía, la regularidad del abastecimiento de agua, luz, saneamiento, Internet, entre otros beneficios, acarrea mejoras y

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la decurrente valorización en el precio de los inmuebles375. Ese fenómeno, especie de externalidad del proceso de reurbanización, no era absolutamente imprevisible y si no se hace nada en el sentido de la efectiva inclusión social de esos grupos376, podrá ocurrir un tipo de “expulsión blanca” de la población pobre de las chabolas cariocas, que será sustituida por la clase media emergente, con el objetivo de formar otras barriadas en las áreas abastadas, en nuevo proceso de invisibilización de la indigestión social, al abandono de los poderes públicos y privados. Nuevamente, es necesario alertar que ese proceso escapa a la concepción actual de desarrollo.

Este trabajo recurre a las expresiones ‘derecho humano al desarrollo’ y ‘derecho económico para desarrollo’, proposiciones trabajadas por la autora en diversas obras publicadas, algunas mencionadas en este artículo, para explicar la coyuntura de los mega proyectos en el contexto del neo desarrollo brasileño. Se tratan (los dos ramos jurídicos) de formulaciones que se organizan alrededor del derecho económico y/o de los derechos humanos, en las múltiples confiuencias de sus interfaces. La idea aquí no es proponer soluciones, sino presentar cuestionamientos, dudas y nuevas formas de lectura de los procesos sociales de la actualidad, en abordajes inter cruzadas, de modo que permita denunciar posibles engaños teóricos y metodológicos, contribuyendo a dilucidar la relación entre derechos y desarrollo.

2. Desarrollo y derechos

En primer término, cabe mencionar las principales dimensiones del tema, en las interfaces que presenta con otras ciencias, nombradas como historia, economía, sociología y el derecho, sin perder de vista su intrínseca transversalidad. La búsqueda por la trayectoria histórica del concepto de desarrollo muestra que su evolución principal estaría en la infiexión sufrida de la economía para el derecho o de la idea iluminista de progreso, pasando por la comprensión capitalista de cre-

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cimiento económico (exploración constante y durable, acumulativa y especulativa) para la concepción actual de desarrollo como proceso plural de recuperación de capacidades y de inclusión, garantizando por (y garantizador de) derechos. Al menos, es esta la secuencia que interesa para el presente análisis.

Desde el punto de vista de los derechos, la expresión ‘desarrollo’ abarca, en general, conjugaciones que se dislocan de la garantía de la inviolabilidad individual a la efectuación de derechos colectivos, pasando por los modos de abonar la solidaridad inter generacional. Aún en el campo de los derechos, el espacio de estudio y de acción práctica se desdobla de lo local a lo global, de lo nacional a lo internacional clásico o a lo supranacional, en relaciones que remiten a la protección de los sujetos y/o a la promoción de políticas públicas, en la transversalidad que va de la política económica nacional al orden económico internacional o global, en ítems como regulación del comercio internacional, movilidad de los factores de producción y de las inversiones, política monetaria y financiera nacional e internacional, entre otros.

Considerando que en torno de la temática circundan los derechos de primera y segunda generaciones/dimensiones377, que se concretizan en los derechos de tercera generación/dimensión. Se...

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