La responsabilidad civil derivada del delito a la luz de las últimas reformas legales

Autor:Mª del Pilar Martín Ríos
Cargo:Becaria F.P.U. (Derecho Procesal. Universidad de Sevilla)
RESUMEN

I.- Consideraciones generales. II.- La cancelación de los antecedentes delictivos III.- Suspensión de la ejecución y sustitución de las penas privativas de libertad IV.- La libertad condicional 1) Ámbito de aplicación 2) Presupuestos 3) Especial mención a la exigencia de un "pronóstico individualizado y favorable de... (ver resumen completo)

 
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  1. Consideraciones generales.

    La responsabilidad civil derivada de la causación de un daño o perjuicio por una acción penalmente ilícita1 plantea diversas cuestiones que, en el curso de este trabajo, procederemos a examinar. Obviando conscientemente distintos aspectos relativos a la misma, por ser de sobra conocidos o profusamente debatidos (tales como su naturaleza, su ámbito de aplicación o sus caracteres generales), nos centraremos en aquéllos que han resultado afectados por las recientes innovaciones planteadas en materia de ejecución penal.

    El contexto pro-victimológico actual2 favorece que la satisfacción de la responsabilidad civil despierte hoy un especial interés. En efecto, desde la doctrina se demanda una mayor atención al respecto y se insiste en la idea de que la indemnización, lejos de ser una simple reparación del daño, constituye un medio de aproximación entre víctima y delincuente3. Más enfáticamente, en esta misma dirección, ROXIN destaca, por una parte, que el resarcimiento contribuye notablemente a los fines penales de prevención general y especial y, por otra, que los últimos avances en la doctrina penal y en la criminología evidencian que el castigo del delincuente supone un nuevo perjuicio a la víctima, en el sentido de que reduce, dificulta o impide la voluntad reparadora del infractor4. Así, en el Derecho comparado surgen medidas como el sobreseimiento por razones de oportunidad que, condicionado a la inmediata reparación por parte del imputado, trata de solucionar con rapidez el conflicto social que vincula al agresor con su víctima5.

    Para conectar con la tendencia apuntada, observaremos cómo la reparación de los efectos del delito posee diversas y relevantes virtualidades que trascienden de aquélla, contemplada en el art. 21.5ª del Código Penal (CP), de funcionar como atenuante de la pena impuesta6.

  2. La cancelación de los antecedentes delictivos

    El actual art. 136 CP consagra el derecho del condenado que haya extinguido su responsabilidad penal a obtener del Ministerio de Justicia e Interior7 -bien de oficio, bien a instancia de parte- la cancelación de sus antecedentes penales. A continuación, en su apartado segundo, se prevé como requisito para ello que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles provenientes del delito. Al respecto, el Artículo Único Quincuagésimo de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (BOE de 26 de noviembre), por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce variaciones en la redacción del precepto que, en lo que aquí interesa, respetan el espíritu de la norma originaria.

    De esta forma, se continúa haciendo depender este derecho de la satisfacción previa de la responsabilidad civil. Solamente se recogen dos excepciones a la regla general enunciada. Así, en primer lugar se excluye el caso de que el reo esté incurso en situación de insolvencia judicialmente declarada, a no ser que hubiera mejorado su situación económica8. La segunda ocasión en que tampoco se exigiría la reparación previa es la descrita en el art. 125 CP. En este último supuesto -que implica la concesión del fraccionamiento en el pago al responsable civil que no puede hacer frente de una sola vez a todas las responsabilidades pecuniarias que sobre él recaen- bastará, por cuanto concierne al cumplimiento de este requisito, con "que el reo se halle al corriente de los pagos fraccionados que le hubieran sido señalados por el Juez o Tribunal y preste, a juicio de éste, garantía suficiente con respecto a la cantidad aplazada".

  3. Suspensión de la ejecución y sustitución de las penas privativas de libertad

    Como señala GÓMEZ COLOMER9, en el curso de la ejecución de sentencias penales condenatorias pueden surgir, entre otros incidentes, el provocado por la suspensión de la pena y el derivado de la sustitución de la pena privativa de libertad. En lo referente a ambos (generalmente considerados manifestaciones indirectas del principio de oportunidad) juega un importante papel la reparación de los efectos del delito.

    Conviene en este punto hacer un inciso acerca de la relación existente entre la aplicación del principio de oportunidad -en general, ya no limitado a las dos manifestaciones arriba mencionadas- y la satisfacción de los intereses de víctimas y perjudicados10. La Recomendación nº R (87) , del Comité de Ministros del Consejo de Europa, exige, como requisito ineludible para la aplicación del principio de oportunidad, que se contemple la acción civil para obtener la reparación11. Así, el punto 3, letra c) de la Reunión de Helsinki de 1986 realiza recomendaciones en torno al principio de oportunidad reglada, afirmando que el objetivo principal de las condiciones que se planteen debe ser la mejoría del comportamiento del infractor y la compensación a la víctima de la infracción. Del mismo modo, en la interpretación del art. 773.112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) debemos armonizar la aplicación del principio de oportunidad con la satisfacción civil. Este precepto prevé, en su segundo párrafo, la obligación del Ministerio Público de procurar la simplificación del procedimiento, lo que -en relación al anterior art. 781 LECrim, de idéntica redacción en lo que aquí interesa- la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/1989 (III.C) entendía que se traduciría en buscar "situaciones de consenso con el acusado y su defensa". De conformidad con el primer párrafo del citado artículo, el MF tendrá que llevar a cabo tal actuación velando por la protección de los derechos de la víctima y perjudicados por el delito, por lo que debe estimarse que, por vía de las negociaciones con el acusado que (nos guste o no) realiza, el Ministerio Público velará porque el disfrute de las ventajas penales vaya precedido de una reparación previa a los afectados por el delito. Basándose en lo expuesto, la mayoría de los autores partidarios del principio de oportunidad argumentan que su implantación reportaría a las víctimas una satisfacción más ágil y segura.

    Congruentemente con lo expuesto, a la reparación por parte del condenado se le otorga un importante papel -aunque con distinto alcance en una y otra figura- tanto en la suspensión de la ejecución de la pena como en la sustitución de las penas privativas de libertad por multas o trabajos en beneficio de la comunidad13. En el primer incidente mencionado, regulado en el art. 80 CP, tal satisfacción previa se erige en condición indispensable para la realización práctica de la facultad concedida al juez o tribunal sentenciador14. La única excepción contemplada al respecto es que exista imposibilidad total o parcial para su cumplimiento.

    La relevancia conferida a la realización de esta condición en particular15 se pone también de manifiesto en el art. 87 CP. En virtud del mismo, se posibilita acordar la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad (siempre que concurran determinadas circunstancias) a pesar de que no se den los requisitos primero y segundo del art. 81 CP. Como se aprecia, únicamente se alude a dicha posibilidad cuando son ésas las notas que no se observan, deduciéndose a contrario que la satisfacción de las responsabilidades civiles sí se considera de obligado cumplimiento.

    La LO 15/2003 de reforma del CP no modifica, en lo que aquí interesa, el régimen anteriormente expuesto. Se limita a introducir una variación en la aplicación de la segunda condición del art. 81 y a alterar en distintos puntos irrelevantes a los efectos que analizamos- el art. 87 CP16.

    La sustitución de las penas privativas de libertad que no excedan de un año (así como, excepcionalmente, de aquéllas que no sobrepasen los dos años) es regulada en el art. 88 CP. Por su parte, el Artículo Único Trigésimo cuarto de la LO 15/2003 lleva a cabo variaciones en la redacción de este precepto, destacando entre ellas la diferente previsión de consecuencias para el caso de que se haga uso de esta facultad; de acuerdo con dicha LO, la sustitución se realizará por multa o por trabajo en beneficio de la comunidad en vez de por arresto de fin de semana o multa. Sin embargo, en la nueva LO no se realiza cambio alguno en cuanto a la enumeración de los requisitos que habrán de cumplirse para ejercitar esta facultad. En consecuencia, se mantiene -como un criterio más a valorar, entre otros- el esfuerzo del reo dirigido a reparar el daño causado17. A diferencia de lo que sucede con el incidente de suspensión supra comentado, la reparación de las consecuencias del hecho realizado no se considera como requisito ineludible, sino como un parámetro más (en sentido cuantitativo, que no cualitativo) a valorar18. Se trata de un criterio relativamente fácil de verificar en la práctica (atendiendo a la existencia de una actitud activa y colaboradora por parte del reo en orden a lograr la reparación, más que, como veremos, a su estricta realización), en cuya redacción no debe pasarse por alto el empleo de la expresión "en particular". La inclusión de este inciso claramente supone la priorización de este factor a la hora de valorar la oportunidad de realizar la sustitución de la pena impuesta, evidenciándose de nuevo el especial interés que, en esta materia, despierta la atención a la víctima.

    En lo que se refiere tanto a la suspensión como a la sustitución comentadas, ha de tenerse presente la nueva redacción que el Artículo Único Tercero de la LO 15/2003 confiere al art. 35 CP, considerando penas privativas de libertad "la prisión, la localización permanente19 y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa".

  4. La libertad condicional

    Una de las cuestiones más importantes, abordada tanto por la LO de reforma del CP como por la LO de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, es la referente al régimen de la libertad condicional. Considerada como el cuarto o último grado de la ejecución penitenciaria de la pena privativa de libertad (art. 72.1 Ley Orgánica General Penitenciaria, LOG...

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