Los derechos humanos de cuarta generación como reivindicación de los nuevos movimientos sociales
| Autor | María Eugenia Rodríguez Palop |
| Páginas | 195-329 |
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Como ya he indicado, los derechos de cuarta generación vieron la luz en el mismo contexto histórico en el que aparecieron y, en su caso, se fortalecieron, los denominados nuevos movimientos sociales, y, especialmente, el feminismo (el ecofe-minismo), el pacifismo (el ecopacifismo) y el ecologismo, que se convirtieron en sus portavoces más genuinos y en sus más fervientes defensores. Y es que estos movimientos se hicieron eco de muchas de las reivindicaciones que los nuevos derechos llevaban implícitas:
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denunciaron las contradicciones latentes en el sistema de valores propio de la modernidad (revitalizando el valor de la solidaridad), aunque no pretendían ninguna transformación radical de carácter axiológico1;
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criticaron el crecimiento económico en términos puramente cuantitativos y el uso destructivo que se venía haciendo del desarrollo tecnológico en las sociedades industrializadas, pues no concebían el progreso como un desarrollo material interminable, ni compartían la fe ciega en la capacidad del ser humano para moldear sus condiciones de existencia por medio de la ciencia;
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revitalizaron una dinámica de democratización, optando por la democracia, aun cuando ello trajera consigo costes económicos y una cierta disminución del poder de control del Estado;
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propusieron una descentralización de la vida política y económica y, en definitiva, quisieron construir un nuevo modelo político en el orden nacional, y reorientar las relaciones entre Estados, en el orden internacional2.
En fin, desde sus filas se propuso una industrialización alternativa, procesos de descentralización y desinstitucionali-
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zación de la vida política y social, un modelo diferente de democracia, y un proceso de desdiferenciación funcional en el que la esfera económica fuera parcialmente reabsorbida por otras esferas sociales3.
Pues bien, ya que fueron ciertos movimientos sociales los que diseñaron el esquema en el que encuentran mejor acomodo las nuevas demandas, estudiar las diferentes posturas que se han mantenido en relación a su origen resulta interesante para el análisis de los derechos de cuarta generación, dado que, de acuerdo con cada una de ellas, el nacimiento de estos últimos tendrá una motivación distinta4. Al examen de esta cuestión dedicaré los siguientes apartados del presente capítulo.
Por lo que se refiere a las causas de aparición de los nuevos movimientos sociales, se han defendido tesis muy diferentes entre las que, por su trascendencia, quiero destacar algunas.
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En primer lugar, la crisis de los partidos políticos convencionales y de la legitimidad democrática, que comienza a hacerse notar en la década de los sesenta y que puede ser interpretada al margen del sistema económico que le da abri-
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go o en conexión con la desestabilización del capitalismo del Estado de bienestar en los años setenta5. Por lo general, este último punto de vista es el de aquel sector doctrinal que observa contradicciones internas (y hasta cierto punto, inevitables) a tal modelo estatal. Algunos autores han conectado esta nueva situación con la transformación estructural de las sociedades industriales occidentales y la reorganización de las relaciones entre sociedad, Estado y economía, a que ha dado lugar6.
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En segundo lugar, los procesos de modernización que, por apoyarse en una racionalidad estratégica e industrial, son inherentemente destructivos, y han provocado, entre otras cosas, una crisis ecológica global (que pudiera ser el reflejo de una crisis de más amplio alcance). Desde esta perspectiva, los nuevos movimientos sociales se articulan contra las perversas consecuencias que ha acarreado la realidad del proyecto moderno en el seno del capitalismo y se vinculan (en relación causa/efecto) al surgimiento de la era postmodema (a la que se han dado interpretaciones muy variadas7).
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En tercer y último lugar, el crecimiento de sectores sociales marginados de la lógica interna de las relaciones de producción industrial. En este caso, se trata de señalar causas estructurales que expliquen el surgimiento de los nuevos movimientos sociales, interpretados como fenómenos marginales en las sociedades occidentales8.
Veamos cada una de estas posiciones más detalladamente.
De acuerdo con la primera de las tesis mencionadas, la aparición de los nuevos movimientos sociales ha de ligarse a la crisis del sistema de partidos y de la legitimidad democrática, que comienza a dejarse notar en los años sesenta9.
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En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando aquí se habla de déficit de legitimidad democrática, se asume una idea de la legitimidad que exige un alto grado de racionalidad formal, y no un simple y vacío procedimentalismo10; es decir, exige que la legalidad del poder estatal y de los mecanismos de su constitución se adecúe a las reglas de un procedimiento racionalizado que no se encuentre sometido a condicionamientos estratégicos. Por lo tanto, lo primero que excluye esta postura es que la democracia se identifique con una práctica formal del sistema político-administrativo a la que corresponda gestionar la estabilidad y el funcionamiento de la esfera económica; esfera de la que pudiera llegar a depender en su totalidad11. Como se verá, es en este último aspecto en el que
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han venido surgiendo los problemas en las sociedades desarrolladas del Estado de bienestar12.
Sin embargo, esta tesis también rechaza la alternativa que representa la democracia material o sustantiva cuya consagración requiere la existencia de un consenso moral mínimo, y que, según algunos autores, resulta imprescindible para el mantenimiento de la política asistencial que ha dotado de legitimidad al Estado social13.
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La democracia material se presenta como un sistema en el que se parte de ciertos presupuestos materiales y en el que se defienden concretos contenidos morales: la defensa de la soberanía popular con libertad crítica (protección y garantía de la libertad, de la igualdad y del derecho a la participación política, respeto a los derechos humanos, al criterio individual y al de las minorías); la compatibilización de la democracia jurídico-política y la económico-social; y el mantenimiento de los principios centrales de un Estado de Derecho, entendido como el resultado de la tradición liberal, democrática y socialista14.
En defensa de la democracia material, se ha dicho que cuando la mayoría que decide es lo que J.K. Galbraith ha denominado una «mayoría satisfecha»15, asentada sobre el individualismo narcisista, el egocentrismo y la búsqueda del propio interés (como diría G. Lipovetsky16), no hay razones para creer que el gobierno se ocupará de las minorías marginadas, por lo que la política asistencial sólo se mantendrá en la medida en que sea explícitamente favorecida por el sistema establecido. Por esta razón, señala F.J. Contreras Peláez, que «la democracia, entendida como mecanismo de composición de intereses, no garantiza por sí sola una protección adecuada de los más débiles», y si se quiere lograr su auténtica integración social, el
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Estado no puede ser indiferente a las actitudes morales de sus ciudadanos17. Actitudes que, se entiende, deben encontrar un reflejo en la estructura institucional.
La cuestión es que para alcanzar estos objetivos no hace falta defender una democracia sustantiva que, en el seno de sociedades tan complejas como la nuestra y considerando el alcance planetario de las exigencias que hoy se plantean, puede ser el reflejo de una postura ingenua e, incluso, estéril18. Creo que hay construcciones políticas que pueden resultar no sólo más útiles, sino más democráticas, pues vienen a fortalecer la calidad racional del proceso de producción legislativa haciéndola depender, entre otras cosas, «del carácter discursivo de la formación no institucionalizada de la opinión en el espacio público político»19. En otras palabras, construcciones en las que lo más importante no es el resultado al que se arriba, sino el nivel discursivo del debate público, de cuya racionalidad deriva la fuerza legitimadora del sistema.
Ciertamente, este esquema exige que el espacio público se apoye en una base social igualitaria (desconectada de clases y privilegios), formada e informada, ya que, debido a su estructura anárquica, se halla más desprotegido y expuesto a «los efectos de la represión y la exclusión provenientes de la desigual distribución del poder social, al poder estructural, y a la
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