Derecho y políticas ambientales en las Islas Baleares
| Autor | José Manuel Gómez González |
| Cargo | Departament de Territori. Consell Insular de Mallorca |
| Páginas | 1-15 |
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Pocas cosas pueden destacarse en la crónica de las Islas Baleares de este mes de diciembre, en el que la agenda política ha estado marcada por el cambio de Gobierno fruto de las elecciones de mayo pasado y por la crisis económica, que ha centrado la mayoría de los debates. El margen de maniobra ha sido muy estrecho y los recortes sociales asociados a los económicos han capitalizado la preocupación ciudadana. Esto último está propiciando debates y pronunciamientos a favor de simplificar la tramitación administrativa, con la consiguiente reducción de plazos, y de promover la exoneración de determinados proyectos con respecto a su sometimiento a las disposiciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, no debe escapar a la observación del analista la ejecución de una serie de movimientos relacionados también con la necesidad de impulsar la economía - productiva y no productiva- de esta Comunidad Autónoma. Algunos anuncios y algunas decisiones ya adoptadas tienen en común la relajación de los controles ambientales -tal y como apuntábamos antes- para agilizar la implantación de nuevas empresas y objetivos, por la necesidad de atraer inversiones y recuperar el sector de la construcción. Basta una revisión de los boletines oficiales para constatar el desbloqueo de numerosas iniciativas mediante "medidas" administrativas dirigidas a agilizar las tramitaciones de proyectos, planes y programas, así como a promover moratorias de aplicación de obligaciones y cargas de todo tipo, empezando por las urbanísticas y continuando por las relacionadas con políticas sectoriales como la agricultura, las costas o el agua, entre otras.
Así, se anuncian nuevas iniciativas para rentabilizar o modernizar puertos deportivos, con alguna desclasificación en el ámbito del interés general y la nueva orientación para usos recreativos desde la gestión privada. También se anuncian facilidades para
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construir nuevos campos de golf en las tres islas e infraestructuras de grandes dimensiones como un circuito de automovilismo o grandes parques temáticos; todas estas iniciativas se anuncian como solución a la captación de inversión, a la generación de empleo y a la desestacionalización turística. Sin embargo, buena parte de estas proclamas desoyen la fragilidad del territorio y contravienen regímenes legales, de ordenación territorial o urbanísticos, lo que obliga a modificaciones normativas sustanciales con carácter previo a la implantación de algunas de las propuestas enumeradas genéricamente.
Precisamente los parques temáticos han sido muy comentados, pero una de las medidas anunciadas que más han preocupado en el entorno jurídico y académico ha sido la propuesta de una ley que desbloquee las 1.500 hectáreas de urbanizaciones y otros complejos urbanísticos que fueron desclasificados mediante leyes aprobadas entre los pasados años 2007 y 2008. Además, las nuevas políticas consideran necesario flexibilizar determinados regímenes de uso del suelo rústico para facilitar la implantación de complejos de ocio con la finalidad de reactivar la economía del archipiélago.
Por otro lado, el anuncio de reclasificación también tiene anclaje en las amenazas de reclamaciones millonarias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador con respecto a las mencionadas 1.500 hectáreas protegidas por el Gobierno anterior, así como por determinadas desprogramaciones o eliminación de expectativas en algunos instrumentos de ordenación territorial (como en el caso de las dos recientes modificaciones del Plan Territorial Insular de Mallorca).
Todo ello se puede traducir en la derogación o modificación de algunas leyes proteccionistas, tal y como se ha publicado en algunos medios de comunicación. Así, se ha hablado concretamente de la derogación del Decreto-Ley 1/2007, que entre otras iniciativas paralizó un complejo de ocio y comercial en Ses Fontanelles, así como de la Ley 4/2008, que incorporó a la lista de áreas naturales de especial interés (ANEI) de la Ley 1/1991, de 30 de enero (LEN), una serie de sectores amenazados de urbanización o con un carácter de urbanizaciones no consolidadas en parajes de interés natural de Mallorca e Ibiza. La Ley 4/2008 se configuró, bajo el nombre de Ley de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial Sostenible, como una de las leyes estrella de la pasada legislatura.
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Algunas de las amenazas de reclamaciones económicas publicadas en los medios hacen referencia a proyectos como los siguientes: Ses Fontanelles, complejo de ocio y comercial en la playa de Palma por el cual los promotores piden 250 millones de euros; Cala Carbó en Pollença, paralización de un proyecto de construcción de viviendas de lujo en plena montaña por la que se reclaman 140 millones; El Vilar de Pollença, urbanización en la ladera de la montaña, los promotores exigen 17 millones por la descalificación; Cala Blanca de Andratx, complejo de viviendas de lujo y un hotel en el puerto de Andratx por el que se reclaman 92 millones; Mon Port de Andratx, pisos de lujo en el puerto de Andratx, ya iniciados, por los que se reclaman 34 millones; Cala Marçal de Felanitx, urbanización en Portocolom por la que se exigen 15 millones; parque temático de Calvià, en terrenos ubicados en Son Ferrer, por el que se reclaman 1,8 millones; Ibiza, urbanizaciones de Roca Llisa, Punta Pedrera, Binirràs y ses Feixes d’Eivissa, que en conjunto suponen la reclamación de 335 millones.
Existen otras amenazas de reclamaciones millonarias por desclasificaciones realizadas en modificaciones de los planes de ordenación territorial (e incluso como consecuencia de la aprobación de los propios planes territoriales insulares). Sin embargo, deben relativizarse las cantidades señaladas a la vista de la doctrina a la que dio lugar la famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 1987 (número 706) y que marcó un hito en cuanto a la definición de lesión indemnizable en el marco general de la responsabilidad patrimonial de la Administración con respecto al ius variandi de los planes urbanísticos o de ordenación del territorio. Como ejemplo reciente podemos referirnos a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de fecha 14 de septiembre de 2011, que rebaja la pretensión inicial de un promotor urbanístico de Menorca, que reclamaba 27,3 millones de euros, a tan solo 69.175 euros. Sobre esta sentencia daremos cuenta en el apartado de análisis jurisprudencial de este mismo número de la RCDA.
En definitiva, parece un tanto precipitado fundamentar en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial una serie de acciones legislativas destinadas a retrotraer situaciones urbanizadoras ya superadas y consolidadas a favor de la protección territorial; la defensa del interés general y la objetividad de la acción de las administraciones públicas (Artículo 103. CE: "1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno
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a la Ley y al Derecho".) pueden quedar en entredicho y no añaden valor a la tan cacareada seguridad jurídica, y es que la modificación continua del marco normativo genera cualquier cosa menos seguridad y estabilidad en un determinado statu quo.
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La acción del Gobierno de las Islas Baleares en materia ambiental
Las medidas de adelgazamiento de la Administración autonómica han conducido a una pérdida de peso específico de la gestión administrativa del medio ambiente, al perderse la Consejería existente a favor de la nueva Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, en la cual la agricultura está ganando la batalla de las prioridades. Probablemente esto sea la consecuencia lógica de haber nombrado consejero a un antiguo dirigente de ASAJA, con una clara predilección por el sector primario.
Sin embargo, una de las acciones de Gobierno que más se han hecho notar en materia ambiental consiste en la agilización de los procedimientos de evaluación ambiental (EIA y EAE). Se ha abierto una vía de no sujeción y exoneración, a la vez que se tratan los expedientes con una celeridad inédita en la Comunidad Autónoma. Probablemente esto sirva como mecanismo facilitador de inversiones en las islas, aunque sea con el coste añadido de perder control sobre los posibles impactos que las instalaciones y actividades y los planes y programas pueden causar al medio.
Como ya vimos, el Gobierno asumió recientemente la gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre...
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