Derecho y políticas ambientales en la Comunidad de Madrid
| Autor | Antonio Fortes Martín |
| Cargo | Profesor titular de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III de Madrid |
| Páginas | 1-10 |
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Con ocasión de la dimisión de la hasta entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Esperanza Aguirre, y el nombramiento de su sucesor, más allá de las consideraciones políticas completamente ajenas a esta crónica jurídico-ambiental, debo consignar que se han producido algunas modificaciones orgánicas en la Administración de la Comunidad en relación con este ámbito material. Debe recordarse que el presidente -sin perjuicio de la, por otro lado, lógica línea continuista con el Gobierno del que ha venido formando parte- posee competencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 1/83, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, para variar la denominación y el número de las consejerías.
Por lo que aquí ahora más interesa, desde un estricto punto de vista ambiental, son dos las disposiciones recientemente publicadas que presentan una ligera incidencia en la Consejería con competencias ambientales de la Comunidad de Madrid. Se trata del Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 109/2012, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid.
Comenzando por la primera disposición citada, el artículo 1 del Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid establece en la actualidad la nueva planta organizativa de la Administración de la Comunidad de Madrid. Y de las ocho consejerías existentes, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio le corresponden las competencias actualmente atribuidas a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con excepción de las relativas a vivienda (estas últimas se encuentran concentradas en la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda).
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El Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, se sitúa, así, en línea de continuidad con la reorganización interna de la Consejería de Medio Ambiente, la cual, empero, no ha afectado sustancialmente a su estructura orgánica, que, en este sentido, se mantiene intacta con respecto a la inicialmente fijada por el Decreto 26/2009, de 26 de octubre, a resultas de la reordenación operada a su vez por el Decreto 33/2012, de 16 de febrero.
Por otro lado, el Decreto 109/2012, de 4 de octubre, anteriormente citado, sobre la base de los principios de austeridad y economía en la acción pública, pasa a reestructurar la organización básica de algunas consejerías. Reestructuración que consiste, en lo sustancial, en la reducción del número de viceconsejerías y direcciones generales. Concretamente, por lo que alcanza ahora a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el artículo 5 del Decreto 109/2012 suprime, por una parte, la Viceconsejería de Vivienda y Suelo en respuesta lógica a la decisión de sustraer de esta Consejería las competencias en materia de vivienda y conferirlas a la Consejería de Transportes e Infraestructuras. De este modo, el organigrama actual de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio permite atisbar la existencia de una Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a la que se adscriben a su vez cuatro direcciones generales: la de Medio Ambiente, la de Evaluación Ambiental, la de Urbanismo y Estrategia Territorial, y la de Suelo. Por otra parte, y por lo que se refiere a la Administración institucional adscrita a la Consejería, subsisten el organismo autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, así como dos empresas públicas, Nuevo ARPEGIO, Sociedad Anónima, y GEDESMA, Sociedad Anónima, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid.
Desde la última crónica ambiental del mes de abril de 2012 es poca (y también escasamente relevante) la actividad normativa desarrollada en la Comunidad de Madrid con efectos o implicaciones ambientales. Por orden cronológico de aprobación podemos dar cuenta ahora de la Orden 1638/2012, de 29 de mayo, por la que se procede a la convocatoria del Programa Agroambiental, para el período 2012-2016, y se procede a la convocatoria de las ayudas para la primera anualidad de...
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