Derecho y políticas ambientales en las Islas Canarias

Autor:Adolfo Jiménez Jaén
Càrrec:Profesor titular de Derecho Administrativo. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Pàgines:1-6
 
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La principal novedad legislativa del período objeto de esta crónica es el Decreto 70/2012, de 26 de julio, por el que se regulan las entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental y se crea el correspondiente registro.

Dicho Decreto del Gobierno de Canarias pretende, según su exposición de motivos, cubrir el vacío normativo existente en relación con las entidades colaboradoras en materia de inspección ambiental, y ello porque, pese a que en el ámbito industrial existe una infraestructura en la materia, regulada en el Real Decreto 2200/1995, dicha regulación va dirigida al control de la seguridad industrial.

Por otro lado, el preámbulo constata que la "protección del medio ambiente requiere la realización de actuaciones de vigilancia, seguimiento y control de las instalaciones potencialmente contaminadoras basándose en un enfoque global de los efectos sobre el mismo, aplicando el principio de prevención en el funcionamiento de las instalaciones contaminantes, con la consiguiente necesidad de una mayor profundización en la valoración de las posibles repercusiones que las actividades puedan provocar en el medio ambiente". A tal efecto, además de mencionar el V Programa Comunitario de Actuación en Materia de Medio Ambiente, cita la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación - hoy derogada por la Directiva 2008/1/CE, de 15 de enero, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación-, así como la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, normas a las que pone como ejemplos de la necesidad de buscar a cada vez más nivel de especialización técnica en el control a que se somete el ejercicio de las actividades con repercusiones en el medio ambiente.

Pues bien, a partir de estos datos, el Decreto pretende "hacer posible que las funciones de análisis, informe y otras actuaciones que deban realizarse en el marco de la normativa vigente en materia de medio ambiente, y para que estos sean válidos frente a la administración competente en este campo, se regulan mediante el presente Decreto las Entidades Colaboradoras en materia de contaminación ambiental en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que desempeñan sus actividades en los diferentes campos regulados en la presente norma, configurándose como un medio para facilitar el cumplimiento de los requisitos medioambientales, que se pone a disposición tanto de los interesados como de la propia Administración".

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Tres son las...

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