Derecho y políticas ambientales en Cantabria

AutorMarcos Gómez Puente
CargoProfesor titular de Derecho Administrativo. Universidad de Cantabria
Páginas1-7

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1. Gobierno nuevo, compás de espera

Si hemos de juzgar por las iniciativas y actuaciones de interés político y jurídico para el ordenamiento ambiental, que son escasas, parece posible concluir, como idea general de esta crónica, que la región no ha salido todavía del estado de transición o cambio que sucedió a los comicios autonómicos de 2011.

El proceso de reorganización de la Administración y de renovación de sus cargos directivos -que han de formar sus equipos y tomar conocimiento directo de la situación en que se hallan los asuntos de su competencia para estar en condiciones de definir sus prioridades y plan de actuación e impulsar las actuaciones normativas o ejecutivas que consideren necesarias- lleva su tiempo y determina, aun cuando no se vea afectado el cotidiano u ordinario funcionamiento de la Administración pública, una cierta ralentización o adormecimiento de la iniciativa pública, limitada también, probablemente, por los condicionamientos presupuestarios que impone la crisis económica por la que pasamos.

Pero el tiempo corre y este compás de espera debería llegar a su fin cuando va a cumplirse ya casi un año desde la celebración de aquellos comicios y la aprobación por Decreto de Presidencia 11/2011, de 30 de junio, de las directrices generales para la acción del Gobierno regional, entre las que se incluían algunas bien precisas en el orden ambiental: (i) la definición de criterios para afrontar la cuestión de los derribos (ejecución de estos e indemnización a los afectados; (ii) la reactivación del suelo destinado a usos productivos, equipamientos socioculturales y espacios ambientalmente cualificados; (iii) el Pacto de Calidad Ambiental para Torrelavega y su comarca; (iv) la evaluación económico-financiera de las obras de la llamada Autovía del Agua; (v) la planificación de nuevas actuaciones para el sector forestal; (vi) la supresión de la fiscalidad de las bolsas de plástico; (vii) la elaboración del nuevo Plan Energético Regional; y (viii) el fomento de la inversión empresarial en nuevas estructuras turísticas, como campos de golf, con iniciativa y financiación privadas.

Debemos suponer que los equipos formados están ya trabajando en la línea marcada por estas directrices, pero, como se ha dicho, por el momento es muy poco lo que se ha

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traslucido en el boletín oficial de la región, con la salvedad de las disposiciones - alguna de ellas significativa, ciertamente- contenidas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas y en un par de decretos para prorrogar la vigencia del plan energético regional y actualizar los límites físicos del plan que ordena el territorio litoral. De todas ellas daremos cuenta un poco más adelante.

No hay otras disposiciones de interés para esta crónica, ni siquiera las otrora más habituales órdenes departamentales para la convocatoria de ayudas públicas de finalidad o interés ambiental.

De la actividad del Parlamento regional, por último, quizá lo más destacable sea la presentación de la Memoria de actividades de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria en 2010, en la que se advierte un ligero crecimiento de los procedimientos por delitos contra el medio ambiente (con disminución de los delitos contra la ordenación del territorio) y el aumento de las denuncias privadas por...

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