Derecho y justicia ambiental en canadá
| Autor | Juan Antonio Herrera Izaguirre |
| Cargo | Catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas |
La idea tras la justicia ambiental es que las minorías y grupos desprotegidos no deben ser expuestos desproporcionadamente a los peligros causados por el deterioro ambiental, y que estos deben participar activamente en las dediciones que puedan exponerlos a dichos peligros1.
La justicia ambiental está íntimamente asociada con el progreso social y se encuentra en igual plano con otros retos que enfrenta la sociedad como el racismo, la pobreza, la discriminación y el desempleo2. Este movimiento ecológico es controversial por que concentra sus esfuerzos primordialmente en proteger a minorías de los efectos ambientales, sin embargo no brinda igual consideración a las causas de los problemas ambientales.
A pesar de las críticas, esta corriente ecológica ha influenciado las políticas ambientales de varias naciones, entre ellas Canadá. En el mosaico cultural Canadiense, son evidentes los esfuerzos del gobierno por proteger minorías de los efectos del deterioro ambiental mediante la inclusión de principios ambientales vanguardistas y la aplicación de Medios Alternativos de Solución de Conflictos Ambientales (MASCA).
El objeto de este trabajo es demostrar que el principio precautorio y las MASCA pueden contribuir a la protección de minorías de los efectos del deterioro ambiental y avanzar la justicia ambiental. Por consiguiente en este trabajo se analizaran: I) La Justicia Ambiental II) El principio precautorio y III) los Medios Alternativos de Solución de Conflictos Ambientales.
A pesar de las críticas a la justicia ambiental, este movimiento ha creado conciencia sobre la vulnerabilidad de minorías con respecto a los efectos ambientales. Esta escuela de pensamiento tiene el potencial de proteger el medio ambiente y de involucrar a comunidades en la creación de políticas y legislación ambiental.
La preocupación por la justicia ambiental se plasmó por primera vez en la publicación del reporte de "Desechos Tóxicos y racismo en los Estados Unidos" dado a conocer en 1987 por la Iglesia Unida de Cristo3. La realización de este estudio fue de trascendental importancia, no solo en la sociedad Estadounidense si no también a nivel internacional, por que estableció las bases para la protección de minorías de los efectos ambientales. Eco-filósofos" y académicos frecuentemente identifican las injusticias ambientales como "racismo ambiental".
La justicia ambiental puede definirse como el trato equitativo y la participación del ciudadano en la implementación y aplicación de la legislación ambiental4. De acuerdo a este concepto, la impartición de justicia ambiental no se limita a la ubicación equitativa de maquiladoras y basureros tóxicos, si no que además trata que se respete el derecho a la información del ciudadano y que este participe en la toma de decisiones ambientales que puedan afectar a su comunidad5.
A pesar de que la idea de justicia ambiental ha ganado gran número de adeptos a nivel internacional, y de que es ampliamente estudiada en los Estados Unidos, este precepto ha sido objeto de grandes debates. Entre los críticos más feroces de esta corriente, se encuentra Christopher Foreman quien en su obra "Promesas y Riesgos de la Justicia Ambiental" afirma que este movimiento es una retórica de índole política cuyo objetivo es buscar la justicia social sin trascender en el área de protección ambiental. Para Foreman la justicia ambiental no se preocupa por atacar de raíz de los problemas ambientales si no los efectos6.
A diferencia de otros movimientos ambientales como la ecología profunda, el ecocentrismo o la ética de la tierra, los pilares filosóficos de la justicia ambiental son principios básicos que desde la creación de las primeras civilizaciones han preocupado al ser humano, concretamente, la igualdad y equidad.
La justicia ambiental protege al medio ambiente y al ser humano. Este movimiento filosófico preserva la salud del ser humano al impedir que empresas contaminantes y basureros tóxicos se asienten en comunidades desprotegidas. Adicionalmente, la justicia ambiental se preocupa por la creación de legislación ambiental adecuada al involucrar comunidades e individuos a que propongan soluciones y manifiesten preocupaciones ante las autoridades ambientales y legisladores.
Actualmente, aunado a los esfuerzos de este movimiento, nuevas posibilidades están siendo exploradas para proteger minorías raciales y el medio ambiente, particularmente dentro del sistema de protección de derechos humanos7.
El principio precautorio, arraigado en la legislación Canadiense, esta contenido en acuerdos internacionales y legislación ambiental de varios estados. Este principio tiene el potencial de coadyuvar en la impartición de justicia ambiental, protegiendo no solo la salud y bienestar de minorías si no del ser humano en general mediante acciones anticipatorias al daño ambiental.
Introducción
A través de la historia, la mayoría de los problemas ambientales han sido vistos como el resultado de la interacción entre el ser humano y la naturaleza8. Filósofos han atribuido el deterioro ambiental a diferentes factores, entre ellos: a) El cristianismo o el dominio total del hombre sobre la naturaleza, b) La explosión demográfica o la idea de que entre más somos más consumimos y c) El progreso material o la creencia de que la tecnología puede remediarlo todo. En respuesta a estos factores, filósofos han desarrollado corrientes de pensamiento y principios en rechazo al antropocentrismo, estos han incluido la protección de animales, plantas y ecosistemas. Los principios ambientales son directrices para la preservación del medio ambiente.9 El principio precautorio, ampliamente aludido a nivel internacional, tiene el potencial no solo de proteger el medio ambiente si no además de avanzar la justicia ambiental mediante el escrutinio de actividades que pueden dañar irreversiblemente al ser humano y al medio ambiente.
El principio precautorio tiene sus orígenes en el derecho Alemán, sin embargo este principio adquirió fama internacional en la conferencia de las Naciones Unidas del Medio Ambiente y Desarrollo de 199210. El objeto del principio precautorio es proteger el medio ambiente y la salud humana anticipándose al daño ambiental. El principio precautorio entra en acción cuando hay incertidumbre de los efectos que cierta actividad pueda tener en el medio ambiente. Las medidas dictadas por este principio van desde a) Requerir impactos ambientales para autorizar una actividad, b) Cambiar la carga de la prueba para que el proponente de una actividad demuestre que esta no tendrá efectos negativos en el medio ambiente y c) La prohibición total o parcial de dicha actividad.
El principio precautorio se encuentra ampliamente contenido en acuerdos internacionales, acuerdos regionales y legislación de estados. A nivel internacional: La Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, y el Protocolo de Cartagena, de los que México es parte, 11 adoptan el principio precautorio como guía regular el uso, transporte e introducción en el medio ambiente de Organismos Modificados Genéticamente (OMG).
A nivel regional: La Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN) contienen algunos elementos de este principio en los acuerdos fitosanitarios. Ambos regímenes de comercio internacional permiten en casos excepcionales a estados restringir o prohibir el transito de productos que puedan afectar la salud del ser humano, la flora y la fauna. Además de la OMC y el TLCAN, el principio precautorio es fervientemente utilizado por la Unión Europea.12
A nivel nacional: El principio precautorio es adoptado por México y Canadá. En México, este principio se encuentra plasmado en el artículo 8 la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Según este ordenamiento, este principio se utilizará para proteger el medio ambiente y la salud humana. La inclusión de este principio en la Ley de Bioseguridad constituye un avance sin precedentes en la legislación ambiental Mexicana13. En Canadá, el principio precautorio se encuentra plasmado en el artículo 2 de la Ley de Protección Ambiental de 1999. Este principio se "aplicará para proteger el medio ambiente cuando haya amenazas de daño severo e irreversible", con relación a este principio, el articulo 2 señala que "la falta de evidencia científica no será usada para posponer medidas efectivas para prevenir degradación ambiental". Canadá ha aplicado este principio efectivamente para prevenir contaminación marítima mediante un sistema de listas rojas de sustancias químicas prohibidas14.
La justicia ambiental puede beneficiarse de la aplicación del principio precautorio. Medidas en acorde con este principio requerirían proponentes de industrias en comunidades integradas por minorías que demuestren que dichas actividades no causarían daño alguno en el medio ambiente ni en la salud del ser humano. De igual manera este principio propicia la participación ciudadana en la creación de la política ambiental.
El uso de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) se concibió en un principio para solucionar controversias de carácter laboral, su utilidad se expandió posteriormente a disputas de carácter civil y algunos casos de derecho penal. Recientemente, este tipo de mecanismos han sido empleados para resolver conflictos en el área ambiental. Estos Medios Alternativos han sido empleados con regularidad los Estados Unidos desde 1970, Canadá, en cambio, dirimió la primera controversia ambiental en 1992
Dentro de los Mecanismos Alternativos para Solucionar Conflictos, la mediación es el usado con mayor frecuencia en Canadá16. El fundamento legal para la institucionalización de los MASC se encuentra en la Ley Federal de Impacto Ambiental. Los MASC son empleados por tribunales administrativos creados en cada provincia en virtud de legislación ambiental. Seis tribunales en Canadá emplean algún Medio Alternativo de Solución de Conflictos Ambientales: El Tribunal de Apelación Ambiental de Alberta, La Junta del Medio Ambiente de Manitota, La Junta de Apelación de Evaluación del Impacto Ambiental de Ontario, La Junta de Energía de Ontario, La Junta de Audiencias Publicas Ambientales de Québec y la Junta de Evaluación Ambiental de Nueva Escocia.
El tribunal más antiguo que aplica algún MASC, se encuentra en la provincia de Alberta. El Tribunal de Apelación Ambiental de Alberta fue establecido en 1993 y utiliza principalmente la mediación para dirimir conflictos. Este tribunal se formó en virtud de la Ley Provincial de Protección Ambiental y constituye un organismo independiente para fiscalizar las decisiones de las autoridades ambientales en la provincia. En el Periodo comprendido de Septiembre de 1993 a Septiembre del 2003, este tribunal conoció de 1,129 apelaciones17.
Los MASC no son panacea ni cambiaran el mundo de la noche a la mañana, sin embargo estos mecanismos proveen una opción a minorías y la población en general para resolver conflictos ambientales. A diferencia de los Medios convencionales, Las MASC, proporcionan a las partes fácil acceso a Tribunales ambientales. En la provincia de Alberta, por ejemplo, este proceso puede ser iniciado vía Internet. Las altas costas judiciales disuaden a las partes a acudir ante tribunales jurisdiccionales, los MASC proporcionan justicia expedita y a bajo costo.
Aún cuando son indiscutibles las ventajas de la MASC, estos no son propicios para todo tipo de controversias. Las principales críticas que enfrentan estos mecanismos se resumen en la inadecuada representación del interés público en los conflictos ambientales, la falta de garantías procesales, la posibilidad de abuso de quien tiene mayores recursos económicos y la ausencia de mecanismos de certificación de mediadores y negociadores18.
En el presente trabajo se menciono la importancia de la justicia ambiental en la protección de minorías y del medio ambiente. Este movimiento puede beneficiarse de la aplicación del principio precautorio para proteger la salud humana al requerir que los proponentes de actividades demuestren que no causaran deterioro ambiental. Los Medios Alternativos para la Solución de Conflictos pueden proporcionar al acceso deseado a minorías y comunidades marginadas para alcanzar la justicia ambiental. La experiencia de Canadá nos enseña que estas dos herramientas pueden ser efectivas. El principio precautorio, si es aplicado, puede hacer la diferencia en la protección ambiental y el acceso a los MASC pueden detener el deterioro ambiental.
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NOTAS
[1] Michael B. Gerard "Reflecciones sobre Justicia Ambiental"56 Alb. L. Rev (2001-2002)
[2] Elaine Huges (et al) "Environmental Law and Policy" 3er edición (Toronto: EMond Montgomery Publications Limited, 2003)
[3] Iglesia Unida de Cristo: Reporte Nacional sobre raza y características socio-económicas de las comunidades aledañas a lugares de desechos tóxicos (1987). Este estudio señalaba que las comunidades con el mayor número de desechos tóxicos estaban integradas en su mayoría por minorías étnicas. El estudio también mencionó que 3 de cada 5 personas de procedencia africana e hispánica vivían en zonas aledañas a basureros tóxicos.
[4] Concepto empleado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Ver Agencia de Protección Ambiental en línea
(visitado el 5 de Julio del 2005)
[5] Cutter, S. 1995. Race, Class, and Environmental Justice. Progress in Human Geography 19(1), 111- 122. El concepto de participación ciudadana en las políticas ambientales no es nuevo. En México, por ejemplo, este principio esta contenido en el artículo 108 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en la que se designa a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) para que organice las consultas ciudadanas en lugares donde se liberaran los OGM. A nivel regional, la Comisión de Cooperación Ambiental del TLCAN funciona mediante un sistema de quejas de ciudadanos de los tres países.
[6] Christopher H. Foreman "The Promise and Peril of Environmental Justice" (Brookings Institution Press 1998) ver también
[7] El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, en Ominayak vs. Canadá, decidió que los un grupo de nativos de la provincia de Alberta tenia derecho a disfrutar de su cultura y practicas ancestrales lo que incluía practicas como la caza y pesca. El área de derechos humanos puede ser utilizada para liberar a minorías de los efectos de la contaminación cuando pueda demostrarse la relación entre los efectos ambiéntales y el disfrute de la salud o la cultura de cierto grupo.
[8] Ranee Khooshie y Lal Panjabi "From Stockholm to Rio: A Comparison of the Declaratory Principles of International Environmental Law," 21 Denver Journal of International Law and Policy 215 (1993).
[9] Robin Atfield " The Ethic of Environmental Concern" (Athens y London: University of Georgia press, 1991)
[10] David Freestone y Ellen Hey "The Precautionary Principle and Internacional Law: The Chanllenge of its Implementation" (The Hage:Boston: Kluwer, 1996).
[11] Canadá, firmo el Protocolo de Cartagena pero no lo ha ratificado.
[12] Recientemente, la OMC es testigo de la batalla legal entre los Estados Unidos y La Unión Europea sobre la aplicación del principio precautorio para restringir las exportaciones de los OGM. Ver Brian Schwartz, "the WTO and GMOs: Analyzing the European Community's recent regulations covering the labelling of Genetically Modified Organisms" (2004) 25 Mich. J. Int'l L.
[13] La inclusión de este principio en la legislación Mexicana es un paso adelante para la protección ambiental, sin embargo con las limitaciones de su aplicación establecidas en la misma ley hacen de este principio "una meta a largo plazo".
[14] David VanderZwaag " The Precautionary Principle in Canada" (2002-2003)34 Ottawa L. Rev. 117.
[15] Darshan Brach "Overcoming the barriers to Environmental Dispute Resolution in Canada" 81 The Canadian Bar Review (2002). El primer caso de mediación se llevó acabo en la provincia de British Columbia. Un acuerdo provincial proveía la construcción de una pequeña bahía en la comunidad de Sandspit. Los estudios de impacto ambiental realizados por el gobierno Federal arrojaron la posibilidad de efectos negativos en especies marinas. El proceso de mediación se inició en 1992 y fue completado en 1993. Este proceso alcanzo consenso de las partes y quedó demostrado que el proyecto no afectaría el medio ambiente en la bahía.
[16] Este trabajo se concretara al estudio de la Mediación dentro de los MASC debido a limitaciones de tiempo y espacio.
[17] El promedio de cada apelación en el término de diez años fue de 3 meses con 21 días.
[18] En adición a estas criticas, la mediación carece de la fuerza legal de una decisión judicial, por tal motivo conflictos similares tienen que ser dirimidos, uno a uno, ante dichos tribunales ambientales.
