El derecho constitucional a las armas en EEUU
| Autor | Alonso Hernández-Pinzón García |
| Cargo | Abogado. Diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Internacional Público y Comunitario por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática |
| Páginas | 133-148 |
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“Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se podrá restringir el derecho que tiene el Pueblo a poseer y portar armas.”
Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos
El derecho constitucional de los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas (en virtud de la Segunda Enmienda a la Constitución de EE.UU. adoptada el 15 de diciembre
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de 1791) no es indiferente a nadie. Ello se debe a varios motivos. El primero de ellos es que este derecho es objeto permanente de debate (tanto si algún hecho concreto propicia ese debate en un momento dado como si no). Por otro lado, se trata de un derecho que, como veremos, está fuertemente politizado, al ser sanctasanctórum de ciertos grupos y causa de extrema preocupación de otros. En tercer lugar, la posesión de armas es vista generalmente como el triunfo del lobbying más oscuro y poderoso posible, el llevado a cabo por la Asociación Nacional del Ri?e estadounidense. En cuarto lugar, las armas, como casi todo en este mundo, pueden medirse fácilmente en términos económicos: el ansia de la industria armamentística por garantizar sus buenas ventas a la ciudadanía (es decir, más allá de las ventas militares), es vista como ejemplo de la primacía de lo económico sobre lo jurídico, algo que, por otro lado, queda más patente con otros ejemplos como la descafeinada reforma del sector ?nanciero que ha salido del Congreso estadounidense para no encolerizar aún más a los grandes actores ?nancieros, otrora cali?cados como responsables de la crisis por el Capitolio y la Casa Blanca.
No queriendo quitar relevancia a lo anteriormente expuesto, esto es, que el debate sobre el derecho a la posesión de armas en Estados Unidos es siempre relevante (tanto en el propio país como allende sus fronteras), lo cierto es que la discusión raramente se centra en el aspecto más importante de este derecho: su calidad de derecho constitucional integrante del denominado Bill of Rights1(Enmiendas primera a décima de la Constitución estadounidense). Es por ello, por lo que en las líneas que siguen nos centraremos en la constitucionalidad del derecho a la posesión de armas, especialmente a tenor de la jurisprudencia (no exenta de críticas) del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Una primera aproximación a la constitucionalidad del derecho a poseer y portar armas nos lleva obligatoriamente a los momentos posteriores a la llegada de los padres peregrinos en el May?ower a Plymouth, Massachussets, para saber si este derecho está o no “fuertemente enraizado en la historia de la Nación y sus tradiciones”, un parecer que el Tribunal Supremo de EE.UU. consideró de vital importancia2a la hora de determinar la validez de un derecho. Desde un punto de vista temporal, no cabe duda alguna de que el derecho a la posesión de armas está tan intrincado en las tradiciones estadounidenses como la propia Constitución, toda vez que la Segunda Enmienda se aprobó apenas cuatro años después de
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que la Convención de Filadel?a adoptara la Carta Magna de EE.UU. Desde el punto de vista jurídico (que es el que aquí interesa), el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha señalado en reiteradas ocasiones que este derecho se encuentra totalmente enraizado en las tradiciones estadounidenses, ya que deriva del derecho reconocido a los protestantes ingleses en su declaración de derechos de 1689 (English Bill of Rights) de que nunca serían desarmados (“that the subjects which are Protestants may have arms for their defence suitable to their conditions and as allowed by law”3). Como acertadamente indicó el juez del Tribunal Supremo de EE.UU. Antonin Scalia, “este derecho ha sido ampliamente entendido como el predecesor a (la) Segunda Enmienda”4. El también juez del Supremo estadounidense Samuel
A. Alito ha incidido en ese enraizamiento del derecho a portar armas, considerando en la sentencia McDonald contra Chicago5 de la que fue ponente, que el derecho a la posesión de armas “fue considerado no menos fundamental que el resto de los aprobados en el Bill of Rights”. El juez Alito reforzó su parecer con una a?rmación de la sentencia del Supremo en el asunto Distrito de Columbia contra Heller que menciona el temor surgido durante los debates de rati?cación de la Constitución (1788) ante la posibilidad de que el gobierno federal pudiera desarmar a los ciudadanos para imponer un ejército permanente o elegir una milicia determinada. El hecho de que el propio James Madison abordara este asunto en Los papeles federalistas nº 466no es sino el re?ejo de que, sobre la posesión de armas, federalistas y antifederalistas estaban de acuerdo: este derecho era fundamental en el recién creado sistema de gobierno. Esta coincidencia, no obstante, no se limitó a la percepción común de proteger este derecho, sino que supuso que la rati?cación de la Constitución quedara supeditada a la adopción del Bill of Rights. Este derecho, por tanto, estaría total-mente enraizado en Estados Unidos, al derivar del derecho reconocido en Inglaterra que positivamente permitía poseer y portar armas y, negativamente, se restringía como sanción ante determinados comportamientos (como señala JENKINS, “los católicos condenados por no acudir a misa en la Iglesia de Inglaterra sufrían ciertas sanciones, una de las cuales era que no tendrían permitido el poseer y portar armas”7). Todo indica, en consecuencia, que el May?ower llevó también a las costas de Massachussets lo que Lord RICHMOND de?nió en 1780 en la Cámara de los Lores como el derecho constitucional a poseer y portar armas para la propia defensa. Parecer que ha refrendado el Tribunal Supremo de EE.UU. al señalar que “la Segunda Enmienda, como la primera y la cuarta, codi?ca un derecho pre-
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existente. El texto de la Segunda Enmienda implícitamente reconoce la pre-existencia del derecho y declara tan sólo que éste no podrá ser vulnerado”8.
A pesar de que siglos después de la adopción de la Constitución y del Bill of Rights ha habido quien ha puesto en entredicho (tal y como veremos al analizar posteriormente la sentencia McDonald contra Chicago) que los derechos recogidos en las Enmiendas primera a décima sean aplicables más allá del Gobierno federal (es decir, a Estados y ciudades), lo cierto es que fueron los propios Estados de la Unión los que contribuyeron a arraigar el derecho a la posesión de armas como inherente a los ciudadanos estadounidenses. Cuatro Estados llegaron a adoptar para sí el derecho de la Segunda Enmienda antes de que ésta fuera rati?cada (Pensilvania, Vermont, Carolina del Norte y Massachussets), mientras que otros nueve Estados adoptaron disposiciones constitucionales estatales protegiendo el derecho individual a poseer armas entre 1789 y 1820 (Kentucky, Ohio, Indiana, Missouri, Mississippi, Connecticut, Alabama, Tennessee y Maine).
Debido a que la Segunda Enmienda a la Constitución estadounidense tan sólo aclara que el derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser infringido, al ser necesaria milicia bien preparada para garantizar la seguridad de un Estado libre (“A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear arms, shall not be infringed”), ha sido el Alto Tribunal estadounidense el que ha venido de?niendo el alcance de este derecho. En 1875, el Tribunal Supremo se enfrentó a uno de los primeros casos en relación con la aplicación del Bill of Rights a los gobiernos estatales tras la adopción de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución en el conocido como asunto Estados Unidos contra Cruikshank9. La sentencia dictada por el Supremo en este asunto dictaminó que la Segunda Enmienda a la Constitución impide al Congreso negar el derecho individual a portar armas, aunque estimaba que dicho derecho no se extendía a las leyes estatales (es decir, que la Segunda Enmienda no prohibía que los Estados de la Unión limitaran el derecho a poseer y portar armas, en tanto en cuanto la Constitución federal lo garantizaba sólo respecto del Gobierno federal). El debate sobre el alcance geográ?co de la Segunda Enmienda, como veremos más adelante, no ha sido determinado hasta junio de 2010 con la sentencia McDonald contra Chicago. No obstante, el Alto Tribunal se vio obligado a lidiar con el alcance de la Segunda Enmienda mucho antes, a mitad de la década de 1930. Como es sabido, los famosos años 20 del siglo XX estuvieron marcados por la violencia intrínseca de las organizaciones ma?osas (especialmente conocida es la liderada por Al Capone), que operaban en Chicago así como en otras partes del país. Este reino de violencia rampante (que tendría como momento álgido el 14 de febrero de 1929
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en la tristemente célebre Matanza del día de San Valentín10) llevó a que la opinión pública solicitase al Congreso que tomara medidas al respecto. Conscientes de la imposibilidad de poner trabas a la posesión de armas de acuerdo con la Segunda Enmienda, el Congreso aprobó en 1934 la Ley Nacional de Armas de Fuego (National Firearms Act). Dicha ley, que estaba ampliamente basada en las protestas ciudadanas, creó un impuesto especial de 200 dólares estadounidenses (USD) a las armas de fuego, cuyo equivalente a día de hoy sería de 3.000 USD aproximadamente. Además de hacer más onerosa la compra de armas de fuego, el impuesto permitiría llevar un mejor control de quién compraba armas y dónde. Dos criminales, Jack Miller y Frank Layton, fueron apresados y condenados por posesión de armas incluidas en la ley sin haber pagado el correspondiente...
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