La dependencia en la cuarta edad y el cambio de paradigma: El giro hacia un modelo profesional
| Autor | Julia María Díaz Calvarro |
| Páginas | 115-121 |
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La esperanza de vida, gracias a los avances de la medicina, a la alimentación sana y al ejercicio físico está aumentando en los últimos años, de tal manera que ya no hablamos de tercera edad, sino de cuarta edad, para referirnos a las personas mayores de ochenta años.
Es evidente que la población anciana1 es un colectivo de gran peso cuantitativo y que se prevé aumentará más en los próximos años debido al envejecimiento de nuestra pirámide de población. Pero es que además es un grupo humano que, debido a su edad, tiene sus limitaciones físicas y mentales que le obligan a depender de otros para realizar las actividades básicas del día a día. Estas necesidades tienen, según Barcelón Corbedo y Quintero Lima2 “carácter polifórmico y pueden comprender necesidades de tipo económico y necesidades de asistencia sanitaria y/o prestaciones en especie o de tipo técnico”. En los países del norte de Europa, la atención a los mayores ha sido cubierta por los poderes
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públicos, pero no ha sido así en el caso de España y en los países de su entorno. Hasta hace veinte años, o incluso menos, los cuidados que necesitaba el anciano se los prodigaba su entorno familiar y más concretamente sus miembros femeninos: esposa, hijas, hermanas, nietas. Sin embargo este escenario ha evolucionado en dos direcciones divergentes, por una parte, han aumentado las necesidades y el número de dependientes en el colectivo de la tercera y cuarta edad pero, por otra parte, es cada vez más difícil para el entorno más cercano asumir el cuidado y las necesidades que implica convivir con una persona dependiente. Las causas son, en primer lugar, la incorporación de la mujer al mundo laboral y, en segundo lugar, los cambios producidos en el modelo de familia, cada vez más pequeñas y disgregadas. Ante este escenario, se percibe que llegado el momento de la acción de las Administraciones Publicas, dando respuesta a una necesidad cada vez más urgente en la sociedad española.
En el año 2006, con la llamada Ley de dependencia (en adelante LPAD)3 se articula un nuevo sistema de ayuda a las personas que se encuentran en esa situación4 con la coordinación y la colaboración de las Administraciones Públicas estatal, autonómica y local. Esta norma cubre en nuestro ordenamiento un notorio déficit respecto a la protección de las personas dependientes, ya que amplía y complementa la acción protectora del Sistema de Seguridad Social y concibe el Sistema para la autonomía y atención a la dependencia como el cuarto pilar del Estado del bienestar.
En la práctica y hasta la promulgación de la LPAD, lo comúnmente aceptado –al menos en los países mediterráneos–, era que la cobertura de las necesidades de la tercera edad se tradujese en “dar prioridad a los servicios prestados en el domicilio de las personas, evitando o demorando, por una parte, la institucionalización de las personas dependientes y, por otra, sobrecargar a las familias, ayudándolas para que las personas adultas que la componen puedan combinar sus responsabilidades familiares con las profesionales”5. La implantación de este Sistema es novedosa porque apuesta por un modelo pro-
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fesional y una atención fuera del domicilio. Desde esta idea básica, promueve, dos grandes objetivos; por una parte, la conciliación entre la vida laboral y personal, lo que supone que las mujeres no sean las únicas encargadas de los dependientes y, en consecuencia, la dinamización de la vida pública a través de una mayor tasa de actividad, con la finalidad de la incorporación femenina al mundo laboral y, por otra parte, la aparición de nuevas fuentes de empleo, consecuencia del envejecimiento de la población6, intentando fomentar el ámbito público e institucional en este nuevo modelo.
Si hacemos una valoración de lo que ha supuesto la implantación del Sistema de Dependencia, podemos calificarla, en el mejor de los casos, como problemática y parcial, consecuencia de circunstancias sobrevenidas como la crisis económica y otras derivadas de un proyecto excesivamente ambicioso que no tenía en cuenta las carencias técnicas y de infraestructuras de las que adolecía casi todas las Comunidades Autónomas y, por otra parte, la siempre difícil convivencia entre las Administraciones Publicas que debían y deben actuar coordinadamente para satisfacer los intereses de los ciudadanos en situación de dependencia y sus cuidadores.
Aunque ya hemos esbozado algunos de las novedades de la Ley de la Dependencia, es...
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