La prescripción en los delitos contra la Hacienda Pública

Autor:Carlos Marín Lama - Antonio Valdivia Martín - Antoni Salleras Lluís - Carlos García Inocencio - Jordi Majoral - Ricardo Seoane
Cargo del Autor:Abogado. Profesor asociado de la Universidad de Barcelona - Abogado y Economista. Socio de Landwell PricewaterhouseCoopers (PwC) - Abogado. Colaborador de Amado Consultores - Inspector de Hacienda del Estado - Abogado. Director Área Fiscal BCN Consultors - Abogado. Estudio Jurídico De la Vega
Páginas:127-132
 
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La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude iscal y en la Seguridad Social ha establecido numerosas modificaciones a la regulación del delito iscal, principalmente en lo tocante a prescripción del delito y a la llamada excusa absolutoria, pero en el presente trabajo nos ocuparemos de la prescripción en delito iscal.

5.9.1. Principales novedades

Destacamos las siguientes novedades:

Se modifica el art. 305.1 CP, que pasa a tener la siguiente redacción:

"1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.

La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años".

Esto supone no solo la inclusión en el tipo penal de la presentación formal de autoliquidaciones sin ingreso, cuando se demuestre otra cosa por vías legales (que viene a cubrir una demanda de la Inspección desde el primer informe del Observatorio del delito iscal); sino lo más importante es que, de facto, en relación con la nueva redacción del art. 305.4 (4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.

La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria") de facto, decimos, supone el alargamiento implícito de un período de hasta cuatro años (los que puede tardar la AEAT en notiicar el inicio de actuaciones), de la prescripción del tipo básico del delito iscal; por cuanto el plazo de prescripción empezará a contar desde que se notiique el inicio de actuaciones, en tanto que éste puede suceder durante los cuatro años siguientes a la comisión del hecho imponible. Siguiendo este razonamiento, el plazo de prescripción se vería alargado, de lege ferenda, hasta los nueve años reales desde la comisión del hecho imponible perseguido.

Con la nueva redacción del art. 305.4 se da carpetazo a la vieja polémica de la excusa absolutoria por regularización, la cual queda meridianamente clara que solo se producirá cuando se satisfaga el importe defraudado, sin resultar a estos efectos suiciente la presentación de autoliquidaciones sin ingreso, o el reconocimiento de la deuda tributaria.

Permitir a la Administración tributaria continuar con el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria a pesar de pender un procedimiento penal.

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5.9.2. Cuota tributaria

La cuantía de la cuota tributaria defraudada en el ámbito de los ingresos de la Hacienda de la Unión Europea se equipara a los demás supuestos, determinándose por relación al año natural.

5.9.3. Criminalidad organizada

Se introduce una regla especial en tramas de criminalidad organizada para poder actuar de forma inmediata cuando la defraudación supere la cuantía mínima determinante del delito.

5.9.4. Atenuación de la pena

Cuando los presuntos responsables de los delitos reconozcan su comisión y satisfagan íntegramente la deuda tributaria, antes de transcurridos dos meses desde la citación judicial como imputado (art. 305.6 CP). Se introduce, igualmente, un nuevo...

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