Decisión jurídica y sistemas de información, de José Félix Muñoz Soro.

AutorManuel Figueiras Dacal
CargoRegistrador de la Propiedad
Páginas2543-2547

    Muñoz Soro, José Félix: Decisión jurídica y sistemas de información; publicación del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Tras el fallecimiento de nuestro querido compañero y director de esta Revista Crítica, Francisco Corral Dueñas (q.e.p.d.), se hace muy difícil sustituirle, aunque sea en la cómoda tarea de recensionar un libro que avanza filosófica y prácticamente en un tema monográfico de palpitante actualidad e incontenible futuro: Decisión jurídica y sistemas de información, tesis doctoral (sobresaliente cum laude), de José Félix Muñoz Soro, que fue dirigida por el Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, don Fernando Galindo Ayuda, y publicado por el Servicio de Estudios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (año 2003). Esta publicación acredita el gran interés que el Colegio tiene en el empleo de las nuevas tecnologías como vehículo de acercamiento de la Institución Registral a la sociedad, así como para la modernización de sus oficinas, puesto que confieren rapidez y funcionalidad a la operativa registral, con los beneficios inherentes a la agilización de trámites y a la eliminación, en lo posible, de las actuaciones presenciales, sin pérdida de la seguridad consustancial al sistema, lo que redunda en un claro beneficio para los ciudadanos en general y en una mejor prestación de servicios para los usuarios en particular.

Esta nueva era, en la que nos encontramos, llamada de la -Sociedad de la Información-, que nace con la implantación y generalización de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (TIC), se supera cada día por el vertiginoso crecimiento de la electrónica que facilita la masiva utilización de la informática y el cómodo acceso a una universalidad de datos e informaciones almacenados informáticamente (-bancos de datos-) que pueden ser fácilmente procesados y clasificados por materias y transmitidos a través de redes de telecomunicaciones que superan todas las fronteras. Su utilización e intervención en la actividad diaria de las personas y, consiguientemente, sus implicaciones socio-jurídicas, se muestran como un fenómeno irreversible, dando lugar a nuevas formas de actuación no sólo por los empresarios y profesionales sino también, en general, por todas las personas, que se convierten así en -usuarios- del sistema al permitir y facilitar consultas de ámbito global y actuaciones transaccionales a distancia, tanto de bienes y servicios como de meros datos abstractos y de los modernos programas de actuación. El llamado -comercio electrónico- y, en general, toda la actividad cibernética a distancia, crea en la realidad social un entorno nuevo que cada día supera sus límites y que demanda una regulación jurídica especial que proporcione la seguridad necesaria para poder operar en las redes con total garantía. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico (BOE 12-7-02), ha venido a regular estos servicios de información, incorporando a nuestro ordenamiento las Directrices comunitarias sobre la materia que regulan las condiciones de validez y eficacia de los contratos electrónicos, las obligaciones de los prestadores de servicios y su responsabilidad, el alcance de las resoluciones judiciales y ex-trajudiciales de los conflictos que puedan plantearse, los códigos de conducta y el régimen sancionador. El Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero (BOE 28-2-03), regula los -registros telemáticos- y las -notificaciones telemáticas-, así como la utilización de dichos medios para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadaos. El Proyecto de la nueva Ley General de lasPage 2543

Telecomunicaciones, en tramitación, viene a completar este novedoso capítulo de nuestro ordenamiento jurídico.

Todas estas disposiciones generales permiten aspirar en un futuro, que cada día se ve más próximo, a unas metas de universalidad y seguridad jurídica de suma garantía. Pero, incluso en la realidad práctica actual, podemos decir que la progresiva utilización de medios técnicos de navegación por las redes de información y de comunicación en soportes magnéticos, tanto por y para con la Administración en general (Ley 30/1992, de 25 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), como en los procesos judiciales (Ley 1/2000, de 7 de...

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