La decisión de la cuestión de incostitucionalidad

Autor:Marta Fernández de Frutos
 
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El art. 37.2 LOTC establece que concluido el plazo para personarse y presentar alegaciones, el Tribunal Constitucional “dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de treinta días”1.

El presente Capítulo pretende examinar cómo debe el Tribunal Constitucional tramitar el proceso constitucional, qué circunstancias pueden incidir en la tramitación del mismo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la conformidad o no con la Constitución de la norma cuestionada, y los efectos de dicha sentencia en el proceso en que la cuestión de inconstitucionalidad se ha planteado.

Así, en un primer apartado se hace referencia a los supuestos en que tramitándose una cuestión de inconstitucionalidad, posteriormente se plantean una o varías cuestiones de inconstitucionalidad, o, en su caso, recurso de inconstitucionalidad, en relación con la misma norma y con base en idénticos o similares motivos de inconstitucionalidad, puesto que es posible que el Tribunal Constitucional acuerde la acumulación de los procesos constitucionales.

En el segundo apartado se analiza la delimitación que el Tribunal Constitucional puede realizar del objeto de enjuiciamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Así, se pretende destacar que aunque el Tribunal Constitucional, en principio, se encuentra vinculado por la delimitación que de dicho objeto haya realizado en el auto de planteamiento el órgano judicial que plantea la cuestión de inconstitucionalidad, dicha vinculación no puede entenderse en sentido estricto, no estando el Tribunal Constitucional en el momento de emitir su pronunciamiento limitado de manera absoluta por los términos en que la cuestión se haya planteado en el auto de planteamiento. De acuerdo con ello es posible que el Tribunal Constitucional examine la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada sin atenerse a la interpretación que de la misma haya servido de presupuesto al órgano judicial para fundamentar su duda de constitucionalidad. Además, el Tribunal Constitucional puede decidir examinar la constitucionalidad de la norma en relación con otros preceptos constitucionales no mencionados en el auto de planteamiento, bien porque los mismos hayan sustituido a los utilizados por el órgano judicial, bien porque el Tribunal Constitucional considere que la norma es inconstitucional en relación con preceptos constitucionales no alegados; asimismo, puede extender la declaración de inconstitucionalidad a otros preceptos de la misma Ley no cuestionados a los que dicha declaración deba extenderse por conexión o consecuencia.

En el tercer apartado se examinan los supuestos en que el proceso constitucional puede finalizar sin que el Tribunal Constitucionalidad haya podido pronunciarse sobre la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. En primer lugar, se hace referencia a los supuestos en que la finalización del proceso principal o la modificación de las circunstancias de tramitación del mismo sea la que motive la finalización del proceso constitucional. En segundo lugar, se analizan los supuestos en que la derogación de la norma cuestionada conlleve su inaplicación en el proceso principal y, por tanto, la pérdida de sentido de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de dicha norma. Por último, en tercer lugar, los supuestos en que, después de planteada la cuestión de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional en otro proceso constitucional declare la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, motivando, así, la pérdida sobrevenida del objeto de control.

El cuarto apartado se centra en el examen de los efectos de cosa juzgada de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en el curso de una cuestión de inconstitucionalidad. La razón que motiva la decisión de centrar el examen en el análisis de los efectos de cosa juzgada, sin hacer referencia a la vinculación de los Poderes Públicos a las sentencias del Tribunal Constitucional o a los efectos generales de las mismas reside en el hecho de que la vinculación de las sentencias del Tribunal Constitucional ya ha sido objeto de examen en el Capítulo II, centrando dicha vinculación en relación con la actuación de los órganos judiciales que tienen que aplicar normas que ya han sido objeto de examen por el Tribunal Constitucional. Por lo que se refiere a los efectos generales de las sentencias, los mismos se conectan con esa vinculación de los Poderes Públicos a dichas sentencias y, por tanto, se considera que no es necesario hacer una referencia específica sobre ellos en este Capítulo. Por otro lado, la decisión de examinar los efectos de cosa juzgada de las sentencias del Tribunal Constitucional se justifica porque, aunque en el Capítulo II ya se hizo referencia de forma tangencial a dichos efectos de cosa juzgada, se trata de examinar si el instituto de la cosa juzgada tiene alguna eficacia práctica en las sentencias en que el Tribunal Constitucional decide una cuestión de inconstitucionalidad, atendido que de las mismas ya se predica la vinculación de los Poderes Públicos y los efectos frente a todos.

Finalmente, el quinto apartado examina los diferentes tipos de sentencia que puede dictar el Tribunal Constitucional y los efectos de las mismas en el proceso en que la cuestión de inconstitucionalidad se ha planteado. En dicho examen, hay que tener presente que si bien, como resulta de la lectura de los preceptos de la Constitución y de la LOTC que regulan la sentencia en los procedimientos de inconstitucionalidad, la sentencia será, en principio, de carácter estimatorio declarando la inconstitucionalidad y nulidad de la norma cuestionada, o de carácter desestimatorio si el Tribunal Constitucional considera que la norma no es contraria a la Constitución, la práctica del Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que es posible que entre esos dos polos, estimación o desestimación de la cuestión, se dicten otras decisiones que no responden a unas categorías previamente establecidas en las normas que regulan los procedimientos de inconstitucionalidad, sino que han ido surgiendo a medida que el Tribunal Constitucional ha considerado que las clásicas decisiones estimatorias y desestimatorias eran insuficientes.

1. La acumulación de las cuestiones de inconstitucionalidad

El art. 83 LOTC establece que “el Tribunal podrá a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento, y previa audiencia de los comparecidos en el proceso constitucional, disponer la acumulación de aquellos procesos con objetos conexos que justifiquen la unidad de tramitación y decisión. La audiencia se hará por plazo que no exceda de diez días.”

El mencionado precepto, ubicado entre las disposiciones comunes sobre procedimiento, permite así la acumulación de procesos que se tramiten ante el Tribunal Constitucional, lo que posibilita, en consecuencia, la acumulación de cuestiones de inconstitucionalidad que podrán ser tramitadas de forma conjunta. Respecto a la iniciativa en orden a la acumulación de distintos procesos constitucionales, de acuerdo con el art. 83 LOTC, puede provenir tanto del Tribunal Constitucional como de los sujetos que intervengan en los procesos constitucionales, sin perjuicio de que la decisión definitiva sobre la acumulación corresponda al Tribunal Constitucional. No obstante, del tenor literal del art. 83 LOTC resulta que ante la instancia de parte no es necesario que el Tribunal Constitucional dé audiencia a los comparecidos, ni que deba pronunciarse sobre las razones que le llevan a no acordar la acumulación de los procesos, puesto que la previa audiencia sólo resulta necesaria en los supuestos en que el Tribunal Constitucional considere que se dan las circunstancias que permiten acordar dicha acumulación.

El hecho de que sea una decisión que corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional no supone, empero, que sea una decisión discrecional, sino que para que sea viable la acumulación, el art. 83 LOTC establece “dos requisitos diferentes que han de concurrir necesariamente de manera simultánea para que proceda dicha acumulación: por un lado, la conexión entre los objetos de los procesos de que se trate; por otro, que tal conexión sea relevante en orden a una tramitación y decisión unitarias o, lo que es lo mismo y expresado en las propias palabras del legislador, que la referida conexión justifique la unidad de tramitación y decisión” (ATC 280/82/1).

La conexión de objetos necesaria para que pueda realizarse la acumulación de procesos ha sido entendida por el Tribunal Constitucional tanto como una conexión en relación con la norma de cuya constitucionalidad se duda, como una conexión en relación con los preceptos constitucionales que se consideren vulnerados (ATC 620/86/2), siendo necesario que los motivos de inconstitucionalidad alegados en las distintas cuestiones sean básicamente coincidentes (AATC 176/85/único, 368/857único, 461/85/único, 490/85/único, 491/85/único, 802/85/único, 893/85/único). De esta forma, no es suficiente con que se cuestione la constitucionalidad de la misma norma, sino que además es necesario que la duda de constitucionalidad sobre esa norma se presente coincidente en ambos procesos.

Por otra parte, deben existir razones que justifiquen que los procesos se tramiten y decidan conjuntamente, lo que implica que la acumulación de los procesos constitucionales debe responder a razones de conveniencia y de economía procesal “más que a una verdadera necesidad de enjuiciamiento unitario” (ATC 921/86/único)2, debiendo tener presente antes de proceder a la acumulación la fase de tramitación en que se encuentran los distintos procesos que podrían ser acumulados. Así, si la acumulación pudiese provocar una dilación excesiva en la conclusión del proceso ya iniciado y que se encuentra en una fase más avanzada, el Tribunal Constitucional no acumulará, sino que acordará la suspensión...

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