El debate en torno a las drogas

Autor:Eduardo Lopez Betancourt
Páginas:175-230
RESUMEN

1. Los postulados prohibicionistas y su refutación - 2. Argumentos en favor de la legalización - 3. Objeciones a la legalización

 
ÍNDICE
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Como se ha señalado con insistencia a lo largo de este trabajo, tras cien años de aplicación, la política prohibicionista ha mostrado ser un rotundo fracaso. No obstante, predomina la creencia de que es el único camino adecuado para atender la cuestión de las drogas; y por ende, con base en sus lineamientos se trazan los derroteros de los programas públicos en la materia en la mayoría de los Estados; siendo su manifestación más exacerbada esa guerra, perdida de antemano, contra las drogas.

La pregunta es: ¿por qué sigue siendo la prohibición la tendencia preponderante, si –como se analizará en este capítulo– los criterios teóricos en que se basa se derrumban ante una crítica adecuadamente fundada y su ineficacia práctica la vuelve indefendible? En el caso de los países en desarrollo (anteriormente denominados “tercer mundo”), es entendible que se trate de una política impuesta desde las cúpulas, que obedecen los designios de otras naciones dominantes, en particular, los Estados Unidos. La prohibición es en estos escenarios, una manifestación del dominio derivado del poder económico que en el contexto de la globalización se ejerce sobre estas naciones. Y al interior de los países que ostentan un más alto grado de desarrollo económico, como los propios Estados Unidos, el sostenimiento de las tendencias prohibitorias obedece a la moralidad de ciertas élites dominantes, que convencidas de la maldad absoluta que representan las drogas, se han autodesignado salvadores del mundo, y han emprendido desatinadamente una cruzada, como en los mejores tiempos del oscurantismo, contra ese monstruo demoníaco que amenaza a la humanidad.

Se trata de una situación irracional; por la cual, las élites gobernantes sostienen, defienden y convierten en práctica política y jurídica, una cierta concepción moral sobre la cuestión de las drogas; que sin ser la única, ni quizá la más conveniente para atender la grave problemática que efectivamente representa el tráfico ilícito de sustancias psicoactivas, se asume como credo incuestionable. No obstante que su ejercicio ocasione un sinnúmero de perjuicios en el conglomerado social, contra ningún beneficio real.

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Pero el tema no se agota ahí; la prohibición no mantendría su fuerza, si tuviera como único fin la defensa de esa moralidad ‘estricta’, que condena y repudia todo lo que tenga la más mínima relación con las drogas. Si subsiste como política, es porque su permanencia acarrea múltiples beneficios políticos y económicos a otros sectores además de los grupos de traficantes.

Ello resulta evidente, si se hace referencia a la corrupción que rodea al mundo de las drogas; y no como mero fantasma, sino como realidad palpable, porque sin necesidad de aludir a situaciones o ejemplos específicos, la mejor prueba de su existencia es la magnitud del tráfico mismo. Sin las redes de contactos y de protecciones en el mundo de la política, la seguridad y las instituciones (en todos los países), poco podrían hacer los traficantes para mantener su negocio. De ahí, que si múltiples funcionarios (en todos los países, en todos los niveles) se encuentran involucrados en esa actividad ilícita, no pueden abogar por una revisión de la política actual sobre drogas, pues pondrían en jaque sus propios intereses.

Junto con esa ‘repartición de ganancias’ y sobornos que hace el narco, cabría hacer referencia al lavado de dinero, por el cual, cantidades exorbitantes de recur-sos con origen ilícito, se canalizan para ‘alimentar’ otros sectores económicos de orden legal. Además, la derrama de dinero del narcotráfico no se agota en corrupción y delitos de cuello blanco; otros muchos sectores, sin tener una relación evidente con la clandestinidad y la operación fuera de la ley de la industria de las drogas, también se benefician indirectamente con ella: comercio de armas, transportes, laboratorios que producen fármacos para tratar adicciones, las propias compañías productoras de alcohol y tabaco que disfrutan del monopolio de la ‘legalidad’ de la droga, y un largo etcétera; que brincando del ámbito económico al político, muestra que el último –y quizá mayor– beneficiado es el gobierno y la clase política misma, que se han hecho de un enemigo formidable, el NARCOTRÁFICO (así, con mayúsculas), como fantasma al cual pueden culpar de todas sus incapacidades y declararle la guerra, como una forma de legitimarse ante la sociedad, y de obtener prebendas políticas de todo tipo, en especial, en tiempos de elecciones.

Savater es perspicaz al señalar que de una u otra forma, la sociedad misma vive del narcotráfico: "Hay mucha gente que vive de las drogas, y no me refiero sólo a los narcotraficantes. En este momento, médicos, recuperadores de drogadictos, sacerdotes, políticos, señoras de políticos que asisten a las fiestas contra la droga, jueces, abogados, estudiosos del tema y, por supuesto, gobiernos y determinados funcionarios que cobran comisiones, bancos que se dedican a blanquear el dinero. El negocio es fabuloso y vive mucha gente de él, algunos con malicia y otros sin malicia. Y, por lo tanto, inconscientemente, muchos de los tantos perseguidores feroces de la droga no quieren que la lucha contra la droga acabe porque eso acabaría también con su trabajo.”274

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No es, por ende, un problema sencillo. La prohibición se mantiene, porque de ella depende la existencia del narcotráfico. Sin ilegalidad, no hay comercio ilícito, y por ende, las ganancias multimillonarias que genera corren riesgo. Y todos los sectores que de una u otra forma obtienen una tajada de ese ingreso, no están dispuestos a perderlo. Es importante insistir en este punto; el tráfico ilícito de drogas no es sólo un negocio de los grandes capos de vida ostentosa, según el estereotipo predominante; sino que genera ganancias para muchísimos sectores, que en su mayoría, operan en la legalidad, a salvo de los riesgos que la clandestinidad trae consigo. Esos peligros los padecen campesinos miserables que se ven obligados a cultivar psicoactivos, pequeños intermediarios y transportistas de baja monta, es decir, los empleados de la industria de la droga. Pero ellos no reciben las grandes ganancias, éstas son dirigidas hacia los altos círculos de poder económico y político.

Bajo esta óptica, la guerra contra las drogas es un embuste: decomisos y cateos sirven para evitar que el mercado se sature y ayudan a regular los precios; las detenciones de capos y la desarticulación de bandas específicas, son montajes para justificar el trabajo policiaco, a través de la creación de chivos expiatorios.

Esta visión teórica sobre el funcionamiento de la industria que representa la droga, no surge de desvaríos conspiradores; es un análisis que obedece al más simple sentido común: ¿cómo puede hacer para operar un negocio de tal magnitud como el de la droga? Sólo con una estructura institucional de tipo empresarial, vinculada a los más altos círculos que detentan el poder político y económico en la sociedad global.

De ahí que la prohibición sea un aparente consenso: quienes se benefician de ella, la defienden por razones obvias; pero disfrazan sus intereses, claro está, arguyendo los rígidos principios morales que conforman el sustrato ideológico de la prohibición. Al contar con el respaldo de los medios masivos de comunicación, que se encargan de construir las verdades que serán reconocidas como tales por la sociedad, pueden fácilmente imponer su discurso; y como consecuencia, un importante sector de la ciudadanía, sumida en la ‘inocencia’ o más bien en la ignorancia respecto a la naturaleza real de la cuestión de las drogas; confía en la bondad de los fines de la política prohibitoria, y ratifica las posturas de sus dirigentes, según las recibe a diario en los medios.

Ello se sustenta en los ‘mitos’ que existen en torno a las drogas; planteamientos que se asumen como verdades inobjetables, se transmiten de boca en boca y justifican la concepción que el público tiene de las drogas, que aunque errónea, es mayoritaria. Guillermo Hoyos Vázquez enumera algunos de los mitos más corrientes en la opinión pública al respecto:

– “Las drogas ilegales terminan irremediablemente, por su efecto especial, en un círculo infernal: adicción, enfermedad grave, completo deterioro corporal, y todo ello sin esperanzas de salvación.”

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– “El problema de las drogas es la consecuencia y reacción a un ambiente adverso a la vida y enemigo de la juventud.”

– “Las drogas ilegales son más peligrosas que las legales.”
– “Las leyes penales, en especial más severas, impiden o reducen el consumo de drogas.”
– “Poca represión conduce, debido al aumento de la disponibilidad de drogas ilegales, a un aumento del consumo y del número de consumidores.”
– “La despenalización no es compatible con los tratados internacionales.”
– “El vendedor profesional es miembro de un mercado organizado de mafias.” – “Las autoridades que persiguen y juzgan a los delincuentes 'necesitan' del pequeño vendedor para llegar a los grandes del negocio.”275Al margen de esta aceptación tácita de ficciones, y de la política antidrogas como el único mecanismo que puede aplicarse en la materia; han surgido desde hace décadas voces críticas, que en el ámbito de la academia, la sociedad civil o la esfera de la acción política, sostienen la necesidad de replantear las tesis dominantes sobre las sustancias psicoactivas, ya sea que reivindiquen abiertamente o no la urgencia de la despenalización. La postura oficial, ante esos cuestionamientos, rehuye el diálogo argumentativo y opta por la descalificación o inclusive, por la punición de quienes en la teoría o en la práctica, defienden ideas diver-sas sobre el tema de las drogas. Es común, refiere Rafael Pardo, que “a quienes están en favor de la legalización se les califica como amigos de que aumente el número de...

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