Crisis del sistema de poderes públicos

AutorFernando Condesso
Páginas24-85

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1.1. Ambiente general de crisis del régimen democrático en la actualidad
1.1.1. Consideraciones generales

Nunca, como hoy, parece oportuno recordar la afirmación del escéptico Rousseau (para quien "renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombre, a los derechos de la humanidad y a sus mismos deberes"), según la cual los pueblos se creen libres, pero están equivocados,

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porque sólo son libres durante las elecciones, pues una vez estas terminadas, vuelven a ser esclavos, no son nadie; añadiendo que, por el uso que de ella hacen en el corto tiempo de su acto de libertad, bien merecen que la pierdan.

En general, los regímenes democráticos revelan una grave crisis del funcionamiento de las instituciones públicas. Y, de ahí, la importancia de las reglas sobre la transparencia y la defensa de organizaciones imparciales que la garantice.

La interpretación que, en general, es dada a una célebre frase de uno de los grandes políticos del siglo pasado, Winston Churchill, de que la democracia era un mal régimen, pero la dictadura era peor, no merece concordancia si se cita esta frase con el sentido de una mera afirmaciónconstatación o de mera resignación, ante los desvíos, imperfecciones o insuficiencias de la idea y del proyecto democrático. En efecto, la construcción concreta o la vivencia coyuntural del régimen democrático no puede llevar a estabilidades conservadoras, si son constatadas como inadecuadas o podridas. Antes exige reflexión, osadía y capacidad de adecuación de los sistemas sociales a las necesidades o contrariedades de cada momento histórico, con la certeza de que todo puede ser reformado, aún paulatinamente, y, por lo tanto, perfeccionado, alejándonos de una visión pesimista hobbesiana del hombre en su vivencia en sociedad y, desde luego, del hombre político y del hombre que sufre los efectos del político. Hoy, en muchos países, donde no está en cuestión el régimen democrático, en la medida en que haya garantías mínimas1de defensa de las libertades y de los derechos fundamentales, no deja de existir un sentimiento generalizado del estado de enfermedad e incapacidad de la clase dirigente en este período de grave crisis nacional e internacional. O sea, de la sociedad política instalada o de las crecientes metástasis de lo malo, difundidas en el mundo económico como en el político. Por lo que se impone un profundo debate, con objetivos reformistas, sobre el actual sistema político, cuya experimentación histórica en la Península Ibérica, a partir del último cuarto del siglo pasado, es ya suficiente para considerar que el sistema, tal como está, realiza deficientemente el principio del gobierno

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democrático. Lo que los hechos -los directamente sufridos por la población en general o los que son continuamente publicitados y multiplicados en la comunicación social de los últimos tiempos-, más acentúan y hacen urgir.

La idea democrática moderna de un gobierno del pueblo para el pueblo se asienta en el principio de la representatividad de los miembros del cuerpo dirigente integrante de la función política en sentido amplio. Y, desde luego, de la estructura del poder parlamentario, con valorización del papel del diputado, aunque cumplido sin mandato imperativo. Y del órgano gobernativo, mínimamente respetuoso de los compromisos electorales, que hayan marcado la campaña electoral, en el reconocimiento garantizado de los derechos fundamentales, desde luego en la libertad de la comunicación social ante el poder económico y político y en el respeto por la relativa división de poderes, capaz de un recíproco control efectivo de esos poderes. Pero, también la realización de esta idea básica, fundadora del régimen, se encuentra en crisis ante un sistema que parece dar muestras de grave dificultad de adaptación y corrección de desvíos e incorrecciones funcionales. Aunque no implique especiales cuestiones de legitimidad original, de designación, todavía no deja de permitir cuestionar la legitimidad funcional, ya tan importante para el tomismo en la Edad Media y, hoy, en democracia, al final tan olvidada, la cual sólo es mensurable en la actuación del día a día. No obstante, no puede olvidarse de constitucionalizaciones de desvíos democráticos y de la dificultad de constituir gobiernos de personalidades de mayor mérito en la sociedad, profesionalmente experimentados en la vida extrapartidaria, y no de mayor militancia o del dominio del aparejo de los partidos2, con la

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concomitante incapacidad de los gobiernos para estar a la altura de los problemas concretos que la dinámica social impone, sobre todo en períodos de crisis graves, en general provocadas por los mismos o sus antecesores o por momentos internacionales desfavorables.

En cuanto a la legitimidad originaria, desde el inicio de los actuales períodos constitucionales democráticos no puede olvidarse que, v.g., para la investidura parlamentaria del gobierno, en ciertos casos, como el portugués, nunca se ha exigido una toma de posición positiva de los diputados, intentando así facilitar gobiernos minoritarios y especialmente al centro, una vez que los partidos de los extremos -derecha e izquierda- tienen siempre dificultad en entenderse y mucho menos coligarse. Y, en general, asistimos al fenómeno de la doctrina también viene dejando caer la idea de que el programa partidario hace parte de la naturaleza de la institución, siendo cierto que ni éste ni su formulación concreta de campaña electoral, el programa-promesa, tienen que pasar al programa de gobierno, a apreciar por el parlamento, que, si no totalmente conforme, por lo menos tendría de ser compatible, so pena de admitirse que es legítimo que el electorado sea engañado, con viciación de su voluntad, lo que retira legitimidad a los elegidos.

Haré algunas observaciones3, a modo de enunciado, sobre los déficits constatados de legitimidad y de control del sistema orgánico general del funcionamiento del Estado, comenzando por afirmar preliminarmente que hay déficit de legitimidad originaria y funcional de la representación popular y fuerte supresión de la democraticidad interna de los partidos, deformantes en su conjunto del sistema global de la gobernación y de su fiscalización, lo que exige una resistematización democratizadora de las soluciones gobernativas y parlamentarias, del cuadro de funcionamiento de los órganos de los partidos y de la justicia y una ampliación en Portugal de las soluciones de control de todos los poderes públicos, constitucionalizados o de hecho, desde luego del judicial, como ocurre en gran parte de los países europeos, desde luego en España, con el "recurso de amparo?, "recurso

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público" o "recurso de constitucionalidad" por parte de los ciudadanos4.

Importa empezar por, desdoblando algunos aspectos de la genérica afirmación de Estado de crisis, reconocer el fracaso parcial de la fiscalización del Poder por el Poder, en la mera lógica de la separación de las "funciones?, de Two Treatises of Government (1690), de Locke y de L"Ésprit des Lois (1747). Y esto por dos tipos de razones: por un lado, la teoría de la separación de poderes nunca ha correspondido a la separación de funciones5. Y, por otro, incluso el modelo democrático es frágil sin un sistema eficaz de control de los propios poderes que controlan en el plano institucional.

Según un sentimiento, cada vez más generalizado, nunca se ha atingido, en Portugal y España y no sólo, tan profunda y rápidamente, situaciones sociales y políticas especialmente preocupantes, desde niveles de desorientación de objetivos, degradación económico-social con aumento de asimetrías regional-sociales, denuncia de alta corrupción6, ataque a contra-poderes legítimos, empobrecimiento de cuadros dirigentes partidarios y políticos a todos los niveles, gobernantes frecuentemente condenados ante las opiniones públicas en su prestigio y honorabilidad, altas magistraturas jurisdiccionales tenidas como influenciables por el poder político, ocultadoras de crímenes de titulares de altos cargos, o sea funcionalmente corrompidas al servicio de pseudo-"razones de Estado" y de sus dirigentes máximos, comunicación social en las manos del poder económico reorientada para valores financieros o sensacionalistas y de defensa de intereses de los grupos que la dominan, con desprecio de la verdad y del papel socio-político que en democracia debía caberle. Con Parlamentos donde, cada vez menos, aparecen cuadros innovadores. Y, de cualquier modo, incluso los que son cualificados parecen paralizados o telecomandados. Unos, en general ya profesionalizados, siguen

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continuamente en funciones, sin gran renovación, sin imaginación ni iniciativa propia. Otros están bloqueados, individual y colegialmente, por la práctica de un modelo de "mandatos imperativos" atípicos, al estar sujetos al dominio del dirigente partidario máximo, primero-ministro o líder de partido de la oposición. Y, en el caso del partido mayoritario, a la supremacía...

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