Antiterrorismo, anticonstitucionalismo: el creciente ascenso del autoritarismo en los Estados Unidos
| Autor | Roberto Bergalli/Iñaki Rivera Beiras |
| Páginas | 55-68 |
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En la película Unconstitutional: The War on Our Civil Liberties, su director Nonny de la Peña trata de documentar cómo son violadas las libertades civiles por las agencias y la ejecución del derecho norteamericano bajo la Patriot Act.1 La película también muestra las protestas internacionales, nacionales y locales, las cuales ponen en evidencia la amplia base crítica que descubre las políticas y las prácticas llevadas a cabo desde que comenzara la así denominada «guerra al terrorismo», después del 11 de septiembre de 2001.2El principal objetivo de la presente colaboración es el de asumir seriamente tanto la crítica anticonstitucional como el contenido de la ley antiterrorista. Ambas juntas conforman un campo de poder en el cual los significados particularmente políticos se expresan a través de la construcción de un nuevo poder ejecutivo, mientras simultáneamente son cuestionados como anticonstitucionales. ¿Cuáles son los rasgos sociológicos de este campo de poder3
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descubiertos por este enfoque crítico? ¿Cuáles son las prácticas de «antiterrorismo» que aquí son designadas como «anticonstitucionales» y por qué?
En la película se expone un caso contra la Patriot Act de los Estados Unidos. En efecto, muchos de los abogados entrevistados han presentado casos desafiando las disposiciones centrales de las políticas de la administración Bush, apoyadas en el Act. Estos abogados alegan que el Act es tan amplio en su alcance que los derechos constitucionalmente protegidos pueden ser y han sido violados. Los poderes otorgados a la rama ejecutiva por la Patriot Act norteamericana son, en esencia, «exagerados» e indeterminados hasta el punto de fallar en distinguir entre regulación constitucional e inconstitucional. La posibilidad de que cualquier persona pueda ser retenida o «detenida», tal como la ley lo facilita, está determinada por los caprichos de sus capturas, según lo sostienen las críticas.
Las críticas asimismo presumen que la estereotipización racial es un rasgo sistemático de la política antiterrorista de los Estados Unidos, alegando que desde el 11 de septiembre un nuevo cuerpo legal para la inmigración y la política de ejecución para esta legislación han sido desarrolladas para regular, según diseño o por efecto, a los árabes, musulmanes o asiáticos del sur. El profesor Muneer Ahmed manifiesta que estas reglas para la inmigración actúan en conjunto con los actos individuales de violencia física, ejecutados contra las mismas comunidades, produciendo así una señal normativa que supone «ayudar e instigar el odio violento». Las nuevas reglas para la inmigración, combinadas con la Patriot Act, alientan «múltiples asaltos a los cuerpos y los derechos de árabes, musulmanes y surasiáticos, produciendo asimismo una violencia psicológica, y reracializan las comunidades que
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ellos identifican como extranjeros de “aspecto musulmán”, indignos de ser miembros del sistema nacional».4Por lo tanto, brevemente dicho, la amplia base crítica de la política antiterrorista de los Estados Unidos consiste en que ella debe ser denominada como sistemáticamente «arbitraria y caprichosa». Esta denominación se hace más convincente cuando se toma en cuenta la respuesta de la administración Bush. Antes que cuestionar la crítica sobre los poderes ejecutivos de largo alcance de sus oponentes, la administración afirma de muchas maneras que tales poderes están de verdad autorizados por el Act. La razón sobre la cual se apoyan tan amplios poderes ejecutivos y administrativos, según la opinión de la administración, es la de maximizar la flexibilidad administrativa para aumentar la capacidad del Estado a fin de adelantarse y responder a los actos de terrorismo. La lógica implícita de este poder del Estado, si no explícita, es la de división del terrorismo. Y, en gran parte, este fin ilusorio es siempre la justificación para las prácticas y las políticas de la Administración, mientras los medios quedan subordinados. Todo esto queda aseverado por las palabras de un anterior abogado de la CIA, quien dijo que una «sociedad, en la que no nos hemos explicado todavía lo que son las reglas, simple-mente… Hay apenas pocas reglas para los ilegales enemigos combatientes. Esto es el derecho de la jungla. Y ahora mismo nosotros somos los animales más fuertes».5Si tomamos en serio la noción acerca de que la forma del derecho desencadenada por la Patriot Act es la propia de «la jungla», entonces puede entenderse que un orden
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legal no liberal está naciendo, aunque no lo admita completamente su amplia base crítica. No está en disputa el que la discreción administrativa y ejecutiva sea puesta positivamente en su lugar por la Patriot Act. En otras pala-bras, la Administración no está buscando restringir los poderes delegados en nociones convencionales y categorías de la discreción administrativa.
Mas, si los oponentes operan dentro del campo de poder posterior al 11 de septiembre, tal como si la Administración se adheriese a los límites liberales básicos de un orden legal, ellos fallarán al tratar de comprender los términos del compromiso de la Administración. Una mirada más cercana sobre el discurso legal de la jungla sugiere que este tipo de derecho no actúa desde una comprensión de que los intereses de la libertad civil deben ser «equilibrados» con los intereses de la seguridad nacional. Efectivamente, semejante concepción liberal del poder no es adecuada para comprender o criticar la forma del derecho vigente en los Estados Unidos, propia de una política anti-terrorista. Retornando al discurso legal que subyace a un derecho de la jungla, quisiera exponer tres áreas en las cuales las acciones ejecutivas de la discreción administrativa actúan constituyendo un nuevo régimen legal para la «guerra global contra el terrorismo». El arsenal de las nuevas políticas administrativas incluyen: 1) la política ejecutiva de Guantánamo; 2) la «rendición extraordinaria»; y 3) la «detención indeterminada».
Los sospechosos de terrorismo son clasificados por la administración Bush como «enemigos combatientes», «ilegales enemigos combatientes» o lo que fue previamente usado como la «política para enemigos extranjeros». Esta clasificación desdibuja y confunde tanto a los ciudadanos
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norteamericanos como a los que no lo son. La noción de «ilegal» también se desplaza fácilmente para denominar al «inmigrante ilegal» en el ámbito de los Estados Unidos, pues las poblaciones inmigrantes han sido el objetivo de las políticas reformistas de bienestar, de los cambios en las reglas para la deportación y de las leyes que impusieron el «inglés únicamente» como el idioma oficial en ciertos estados, tales como California, en las pasadas dos décadas. El delegado asistente del abogado general de los Estados Unidos, señor John Yoo, justifica la convergencia en la que caen los...
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