Crònica legislativa: Estat espanyol

AutorJoan Ramon Solé i Durany
CargoCap de la Secció d'Ús Oficial de la Llengua Catalana. Direcció General de Política Lingüística
Páginas236-297

Page 236

(BOE d'1 de gener a 30 de juny de 1998)

Comunitats autònomes

En aquest apartat comentem les disposicions estatals que afecten específicament una comunitat autònoma, o bé disposicions aparegudes al boe de comunitats autònomes que no tenen secció pròpia en aquestes cròniques. Destaquem-ne la Llei asturiana 1/1998, de 23 de març (Butlletí Oficial del Principat d'Astúries núm. 73, de 28 de març, i boe núm. 103, de 30 d'abril), d'ús i promoció del bable/asturià, que reproduïm encontinent:

LEY 1/1998, DE 23 DE MARZO, DE USO Y PROMOCIÓN DEL BABLE/ASTURIANO.

El PRES1DENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de autonomia para Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de uso y promoción del bable/asturiano.

Preámbulo

El Estatuto de autonomia para Asturias establece en su artículo 4: «El bable gozará de protección. Se promoverà su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad en su aprendizaje».

Asimismo, en el artículo 10.1.15 se señala como competencia del Principado: «El fomento y protección del bable en sus diversas variantes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del Principado de Asturias».

Por otra parte, el mismo artículo, en su apartado 1.14, también señala como una de las competencias del Principado: «El fomento de la investigación y de la cultura, con especial referencia a sus manifestaciones regionales y a la enseñanza de la cultura autóctona». Bajo este punto de vista, el bable y sus modalidadesPage 237 constituyen un legado histórico-cultural que es necesario defender y conservar.

Es además evidente que la potenciación de la pluralidad lingüística y cultura de una región favorece la revitalización de las señas de identidad de los pueblos que conforman la nación española.

La recuperación por el pueblo asturiano de la riqueza del bable/asturiano, exige una serie de actuaciones que tengan por objetivo el fomento, la protección, la conservación y el buen uso que respete las diversas modalidades.

El Consejo de Gobierno del Principado, que ha asumido la dirección y coordinación de las actividades relacionadas con el bable/asturiano, ha ido estableciendo medidas de promoción del mismo, especialmente en los campos de la enseñanza y en otros sectores institucionales. Tales medidas tenían como objetivo la recuperación, conservación y promoción del bable y sus variantes.

Se considera conveniente avanzar en ese proceso y al mismo tiempo en lograr una consolidación de lo que se ha hecho hasta el presente. Por todo ello se considera oportuno el desarrollo del contenido del articulado de nuestro Estatuto en lo que hace referencia al bable/asturiano y a sus modalidades. En este sentido es necesario profundizar en aspectos tales como el uso, la enseñanza, la promoción en los medios

de comunicación, que permitan cumplir la actual demanda social en función de las exigencias de nuestro Estatuto.

Capitulo primero

Disposiciones generales

Art. 1. Lengua tradicional.

El bable/asturiano, como lengua tradicional de Asturias, gozará de protección. El Principado de Asturias promoverá su uso, difusión y enseñanza.

Art. 2. Gallego/asturiano.

El régimen de protección, respeto, tutela y desarrollo establecido en esta Ley para el bable/asturiano se extenderá, mediante regulación especial al gallego/asturiano en las zonas en las que tiene carácter de modalidad lingüística propia.

Art. 3. Objeto de la Ley.

Es objeto de la presente Ley:

  1. Amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el bable/asturiano y establecer los medios que lo hagan efectivo.

  2. Fomentar su recuperación y desarrollo, definiendo medidas para promover su uso.

  3. Garantizar la enseñanza del bable/asturiano, en el ejercicio de las competencias asumidas por el Principado de Asturias, atendiendo a los principios de voluntariedad,Page 238 gradualidad y respeto a la realidad sociolingüística de Asturias.

  4. Asegurar su libre uso y la no discriminación de los ciudadanos por este motivo.

    Capítulo II

    Del uso del bable/asturiano

    Art. 4. Uso administrativo.

    1. Todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en él, de palabra y por escrito.

    2. Se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias.

    3. El Principado de Asturias propiciará el conocimiento del bable/asturiano por todos los empleados públicos que desarrollen su labor en Asturias; el conocimiento del bable/asturiano podrá ser valorado en las oposiciones y concursos convocados por el Principado de Asturias, cuando las características del puesto de trabajo y la naturaleza de las funciones que vayan a desarrollarse lo requieran.

      Art. 5. Publicaciones.

    4. Las disposiciones, resoluciones y acuerdos de los órganos institucionales del Principado, así como las leyes aprobadas por la Junta General, podrán publicarse en bable/asturiano, mediante edición separada del Boletín Oficial del Principado de Asturias; el acuerdo de publicación será adoptado por el órgano o institución que autorice u ordene la publicación.

    5. Las publicaciones, impresos, modelos, folletos o anuncios institucionales podrán ser publicados indistintamente en castellano, bable/asturiano o en las dos lenguas; si hubieran de surtir efectos frente a terceros, deberán ser publicados obligatoriamente en castellano, sin perjuicio de que puedan serlo también en bable/asturiano.

      Art. 6. Convenios.

      El Principado de Asturias podrá concertar convenios con la Administración del Estado para promover el uso del bable/asturiano por los servicios que desarrollen sus funciones en el territorio de Asturias.

      Art. 7. Órgano de traducción.

      La Administración del Principado dispondrá de un órgano de traducción oficial bable/asturiano-castellano, al que corresponderán las siguientes funciones:

  5. Efectuar la traducción o certificar su validez, según el caso, de cuantos textos deban ser publicados en bable/asturiano en los «Boletines Oficiales» del Principado de Asturias y de la Junta General del Principado de Asturias.

  6. Efectuar cualquier traduc-Page 239ción bable/asturiano-castellano para la que sea requerido, tanto por los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias como por las instituciones a que se refiere el artículo 16 de esta Ley.

  7. Cualquier otra que se le atribuya en el desarrollo reglamentario de la presente Ley.

    Art. 8. Ayuntamientos.

    1. Los ayuntamientos asturianos podrán adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos lingüísticos que esta Ley otorga a los ciudadanos residentes en Asturias.

    2. El Principado de Asturias podrá concertar con los ayuntamientos planes específicos para el efectivo uso del bable/asturiano en los respectivos concejos, a cuyo fin podrá subvencionar los servicios y actuaciones que fueran precisos.

      Capítulo III

      De la enseñanza

      Art. 9. Enseñanza.

      El Principado de Asturias, en el ejercicio de sus competencias, asegurarà la enseñanza del bable/asturiano y promoverá su uso dentro del sistema educativo, en los términos previstos en el Estatuto de autonomia de Asturias.

      Art. 10. Currículo.

    3. En el ejercicio de sus competencias, el Principado de Asturias garantizará la enseñanza del bable/asturiano en todos los niveles y grados, respetando no obstante la voluntariedad de su aprendizaje. En todo caso, el bable/asturiano deberá ser impartido dentro del horario escolar y será considerado como materia integrante del currículo.

    4. Los principios anteriores se harán extensivos a la educación permanente de adultos.

    5. La elección del estudio o del uso del bable/asturiano corno asignatura del currículo, en ningún caso podrá ser motivo de discriminación de los alumnos. Para quienes lo elijan, su aprendizaje o uso no podrá constituir obstáculo para recibir la misma formación y conocimientos en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.

      Art. 11. Titulaciones.

      El Principado de Asturias establecerá:

  8. Las titulaciones necesarias para impartir la enseñanza del bable/asturiano.

  9. Titulaciones y certificaciones que acrediten el conocimiento del bable/asturiano.

  10. Programas de formación y procedimientos de acceso relativos a dichas titulaciones y certificaciones.

  11. El procedimiento para laPage 240 autorización de libros de texto a emplear en la enseñanza del bable/asturiano.

  12. El decreto de currículo en los distintos niveles educativos.

    Capítulo IV

    De los medios de comunicación y de la producción editorial y audiovisual

    Art. 12. Promoción.

    Las administraciones públicas promoverán la defensa del bable/asturiano en los medios de comunicación públicos y privados.

    Art. 13. Difusión.

    1. El Principado de Asturias contribuirá a la difusión en los medios de comunicación del bable/asturiano medíante:

  13. La elaboración y dotación presupuestaría de planes de apoyo económico y material para que los medios de comunicación empleen el bable/asturiano de forma habitual.

  14. La protección de las manifestaciones culturales y artísticas, la edición de libros, la producción fonográfica, audiovisual y cinematográfica y cualesquiera otras actividades que se realicen en bable/asturiano.

    1. En las emisiones de radio y televisión y en los demás medios de comunicación con presencia actual o futura de la Administración autonómica, ésta velará por una presencia adecuada del bable/asturiano.

      Art. 14. Subvenciones.

    2. La convocatoria de subvenciones o ayudas a los medios de comunicación, producciones audiovisuales, cinematográficas, fonográficas o editoriales podrá ser específica para producciones o publicaciones en bable/asturiano; en las demás publicaciones y producciones se fomentará su presencia de forma no acotada a secciones o espacios determinados.

    3. Las empresas y empresarios, privados o públicos, que utilicen el bable/asturiano en su publicidad, etiquetado, correspondencia o documentación podrán ser igualmente beneficiarios de subvenciones y ayudas específicamente convocadas a este fin.

      Capítulo V

      De la toponimia

      Art. 15. Topónimos.

    4. Los topónimos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tendrán la denominación oficial en su forma tradicional. Cuando un topónimo tenga uso generalizado en su forma tradicional y en castellano, la denominación podrá ser bilingüe.

    5. De acuerdo con los procedimientos que reglamentariamente se determinen, corresponde al Con-Page 241sejo de Gobierno, previo dictamen de la Junta de Toponimia del Principado de Asturias, y sin perjuicio de las competencias municipales y estatales, determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma.

      Capítulo VI

      De los órganos consultivos

      Art. 16. Órganos consultivos y asesores.

      A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, tendrán la consideración de órganos consultivos y asesores de la Administración del Principado de Asturias, las instituciones siguientes:

  15. La Universidad de Oviedo.

  16. La Academia de la Llingua.

  17. La Junta de Toponimia del Principado de Asturias.

  18. El Real Instituto de Estudios Asturianos (ridea).

    Art. 17. Universidad de Oviedo.

    La Universidad de Oviedo, en ejercicio de sus competencias, y a fin de garantizar la adecuada capacitación del profesorado necesario para la enseñanza del bable/asturiano, llevará a cabo, a través de los correspondientes departamentos, la formación inicial de éste. Asimismo, compete a la Universidad la investigación lingüística y filológica en relación con el bable/asturiano.

    Art. 18. Academia de la Llingua.

    Sin perjuicio de las atribuciones propias que ostentan en el ejercicio de sus competencias las instituciones a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, corresponderá a la Academia de la Llingua del Principado de Asturias las siguientes funciones:

  19. Seguimiento de los programas y planes regionales en materia de bable/asturiano.

  20. Emitir dictámenes por iniciativa propia o a instancias, tanto de la Junta General del Principado como del Gobierno regional sobre actuaciones concretas en materia de bable/asturiano.

  21. Asesorar y formular propuestas en relación al bable/asturiano, cuando sea requerido para ello por los organismos competentes en materia cultural y/o lingüística, a la Administración del Principado de Asturias.

  22. Cualquier otra que se le atribuya en el desarrollo reglamentario de la presente Ley.

    Disposición adicional

    El gallego-asturiano tendrá un tratamiento similar al asturiano en lo que se refiere a protección, respeto, enseñanza, uso y tutela en su ámbito territorial.

    Disposición Transitoria

    En tanto no se aprueben los procedimientos y planes de estu-Page 242dios necesarios para acceder a las titulaciones mencionadas en el apartado a del artículo 11, el Principado de Asturias reconocerá oficialmente, en la forma que se determine reglamentariamente, aquellas titulaciones que hayan sido expedidas por instituciones oficiales.

    Disposición final

    Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias que fueran precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley.

    Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los tribunales y autoridades que la guarden y la hagan guardar,

    Oviedo, a 23 de marzo de 1998

    Sergio Marqués Fernández, presidente

    Destaquem també la publicació de l'Ordre de 21 d'abril de 1998 (boe núm. 99, del 25) del Ministeri de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat i la Generalitat de Catalunya per a la publicació de les lleis en llengua catalana. Aquesta Ordre constitueix l'aplicació per a Catalunya, amb utilitat, per raons òbvies, per a tots els Països Catalans, del Reial decret 489/1997, de 14 d'abril, que vam reproduir al número 28, p. 344 a 346. Tot seguit transcrivim el text íntegre de l'Ordre:

    Orden de 21 de abril de 1998 por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Administración general del Estado y la Generalitat de Cataluna para la publicación de las leyes en Iengua catalana.

    Al amparo de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con las previsiones del Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, el Ministerio de la Presidencia y la Generalitat de Cataluña han suscrito, con fecha de 21 de abril de 1998, el convenio de colaboración para la publicación de las Leyes en lengua catalana, que figura como anexo a la presente Orden.

    A efectos de general conocimiento se dispone su publicación.

    Madrid, 21 de abril de 1998

    Álvarez-Cascos Fernández

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    Anexo

    Convenion de colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña para la publicación de las Leyes en lengua catalana.

    Reunidos

    De una parte, el excelentísimo señor don Francisco Álvarez-Cascos Fernández, Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, previa autorización del consejo de Ministros, conferida por acuerdo adoptado en su reunión del día 6 de marzo de 1998.

    De otra parte, el honorable señor don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, consejero de la Presidencia de la Generitat de Cataluña, facultado por acuerdo del Gobierno de la Generalitat, adoptado el día 17 de marzo de 1998.

    Manifiestan

    Primero. Que el Real Decreto 489/1997, de 14 de abril (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 92, del 17), sobre publicación de las leyes en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas, establece en su artículo 1.2 que las disposiciones generales con forma de Ley, Real Decreto-ley y Real Decreto Legislativo, una vez sancionadas por el Rey y publicadas en castellano en el «Boletín Oficial del Estado», podrán también publicarse en las demás lenguas oficiales de las diferentes Comunidades Autónomas. Asimismo, el citado Real Decreto dispone en la disposición adicional que los convenios de colaboración podrán contemplar la posibilidad de incluir otras disposiciones de carácter general a partir de los seis meses de la entrada en vigor del Convenio.

    Segunda. Que en el marco de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 15 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, el Ministerio de la Presidencia y el Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña están interesados en arbitrar mecanismos de cooperación que hagan posible la traducción al catalán de las disposiciones señaladas en el apartado anterior, así como su impresión y distribución.

    En su virtud, suscriben el presente convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes

    Cláusulas

    Primera. El Ministerio de la Presidencia y el Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña se comprometen a adoptar conjuntamente, y en el marco de lo establecido por el Real DecretoPage 244 489/1997, de 14 de abril, las medidas necesarias para llevar a cabo la publicación en lengua catalana de las Leyes, Reales Decretos-leyes y Reales Decretos Legislativos.

    Segunda. Transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del presente Convenio, se extenderán las previsiones en él contenidas a las otras disposiciones de carácter general, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, sobre publicación de las leyes en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas.

    Tercera. La publicación en lengua catalana de las Leyes, Reales Decretos-leyes y Reales Decretos Legislativos se realizará en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 489/1997.

    Cuarta. Para hacer efectiva dicha colaboración, el Ministerio de la Presidencia, a través del organismo autónomo Boletín Oficial del Estado, proporcionará a la entidad autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat de Cataluña los textos en castellano de las normas con rango de Ley, debidamente compuestos, leídos y corregidos, certificando en cada caso que el texto enviado corresponde íntegramente con el publicado en el «Boletín Oficial del Estado». La remisión de los textos se realizará por correo electrónico y por fax a efectos de garantizar la celeridad y la correcta recepción.

    Quinta. La entidad autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat de Cataluña se responsabilizará de la traducción de las disposiciones general a que se refiere la cláusula primera. El texto compuesto en catalán será enviado al Ministerio de la Presidencia para su verificación y cotejo.

    Sexta. El Boletín Oficial del Estado realizará, con carácter inmediato, la impresión y distribución de las disposiciones traducidas, que en cualquier caso no excederá del plazo de un mes desde la publicación de la disposición en castellano en el «Boletín Oficial del Estado».

    Séptima. El Boletín Oficial del Estado asumirá el coste de la impresión y de la distribución del texto. El coste de la traducción del texto del castellano al catalán será asumido al 50 por 100 por el Boletín Oficial del Estado y por la Generalitat de Cataluña.

    Octava. Se acuerda la creación de una Comisión de Seguimiento, al objeto de elaborar y proponer las medidas para el cumplimiento y desarrollo de este Convenio que se estimen necesarias.

    La Comisión estará formulada por cada una de las partes por cuatro Vocales, ejerciéndose la presidencia de la Comisión por turnos anuales. Ostentarán la Presidencia, alternativamente y por períodos anuales, el Subsecretario del Ministerio de la Presidencia y el Secretario general del Departamento de laPage 245 Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

    Por el Ministerio de la Presidencia, los representantes serán el Subsecretario del Ministerio, el Secretario general técnico, el Director general del Secretariado del Gobierno y el Director general del Boletín Oficial del Estado.

    Por el Departamento de la Presidencia del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, los representantes serán el Secretario general de la Presidencia, el Secretario del Gobierno, el Director general del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat de Cataluña y el Director general de Política Lingüística.

    La Comisión se reunirá a instancias de cualquiera de las dos partes firmantes y adoptará sus acuerdos por consenso de sus miembros.

    Novena. Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes.

    1. Proponer la adopción de acuerdos de desarrollo de lo establecido en el presente Convenio.

    2. Supervisar el grado de ejecución del Convenio y proponer las modificaciones que, en su caso, se estimen pertinentes.

    3. Resolver los problemas de interpretación y de cumplimiento que puedan plantearse respecto de este Convenio.

      Décima. La Comisión de Seguimiento podrá también proponer, si lo estima necesario, la creación de Subcomisiones temporales de carácter técnico y de representación igualmente paritaria, con el fin de que preste asesoramiento respecto de los temas objeto de este Convenio.

      Estas Subcomisiones estarán formadas, en igualdad de miembros, por personal al servicio de las Administraciones firmantes.

      Undécima. El plazo de vigencia del presente Convenio será de cinco años a partir de su firma, entendiéndose, no obstante, tácticamente prorrogado por sucesivos períodos de un año, mientras no sea denunciado por alguna de las partes. La denuncia deberá realizarse dentro de un plazo de seis meses previo a la fecha de finalización de este Convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

      Duodécima. El presente Convenio, celebrado al amparo del artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tiene naturaleza jurídico-administrativa, resultando de aplicación, para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantear sus estipulaciones, los principios derivados de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

      Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión de Seguimiento en la cláusula octava del convenio, serán competentes para resolver cuantos conflictos pudie-Page 246ran plantearse sobre la inteligencia, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del convenio los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

      Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por duplicado, en Madrid, a 21 de abril de 1998. El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, Francisco Álvarez-Cascos Fernández. El Consejero del Departamento de la Presidencia, Xavier Trias i Vidal de Llobatera.

      En aplicació d'aquest Conveni, fins al 30 de juny de 1998 han sortit tres suplements del boe amb les versions en català de les lleis estatals aprovades des del'1 de gener de 1998.

      Esmentem també les disposicions següents:

      Resolució de 13 d'abril de 1998 (boe núm. 97, del 23) de la Secretaria d'Estat de Justícia del Ministeri de Justícia, per la qual es procedeix ala publicació del Conveni de col·laboració administrativa entre el Ministeri de Justícia i la Generalitat de Catalunya, en matèria de prestació social dels objectors de consciència:

      4. Formació i capacitació dels objectors

      4.1 [...] els objectors podran participar en programes oficials d'alfabetització, educació d'adults i millora del coneixement de les llengües oficials a Catalunya, com a fase prèvia per a l'efectiva prestació social en les diferents destinacions.

      Es podran acollir a aquestes modalitats de prestació social, amb caràcter voluntari, els objectors que manifestin mancances en els àmbits formatius descrits anteriorment.»

      Llei 1/1998, de 20 d'abril (boe núm. 150, de 24 de juny) de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, dels drets i l'atenció al menor: «Article 2. Protecció de drets. Les administracions públiques d'Andalusia vetllaran perquè els menors gaudeixin, dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma, de tots els drets i llibertats que tenen reconeguts per la Constitució, la Convenció de Drets del Nen i altres acords internacionals ratificats per Espanya, com també per la resta de l'ordenament jurídic, sense discriminació per raó de naixement, nacionalitat, ètnia, sexe, deficiència o malaltia, religió, llengua, cultura, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal, familiar o social. Article 9. Integració. 2. Els menors estrangers que resideixin en el territori de la Comunitat Autònoma andalusa podran rebre ajuts públics que facilitin la seva integració social, especialment per salvar les dificultats d'idioma i el coneixement dels usos socials.»

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      Llei 11/1997, de 12 de desembre (boe núm. 108, de 6 de maig de 1998) de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, de turisme de la regió de Múrcia: «Article 41. Obligacions de les empreses turístiques. 5. Tenir a disposició, i facilitar als clients, la documentació preceptiva per formular reclamacions, l'existència de la qual s'anunciarà al públic de manera visible i expressada en castellà, anglès, francès i un altre idioma a elegir.»

      Ordre de 19 de juny de 1998 (boe núm. 147, de l'endemà) del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat i la Junta de Galícia per a la publicació de les lleis en llengua gallega. Durant el període d'aquestes cròniques ha aparegut un exemplar del boe en gallec. Tot seguit transcrivim el conveni:

      Orden de 19 de junio de 1998 por la que se dispone la publicación del «Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta de Galícia para la publicación de las Leyes en Lengua Gallega».

      Al amparo de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con las prevenciones del Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, el Ministerio de la Presidencia y la Junta de Galicia han suscrito, con fecha 21 de abril de 1998, el Convenio de Colaboración para la Publicación de las Leyes en Lengua Gallega, que figura como anexo a la presente Orden.

      A efectos de general conocimiento se dispone su publicación.

      Madrid, 19 de junio de 1998

      Álvarez-Cascos Fernández

      Reunidos

      De una parte, el excelentísimo señor don Francisco Álvarez-Cascos Fernández, Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, previa autorización del Consejo de Ministros, conferida por Acuerdo adoptado en su reunión del día 29 de mayo de 1998.

      De otra, el excelentísimo señor don Dositeo Rodríguez Rodríguez, Consejero de la Presidencia y Administración Pública de la Junta de Galicia, facultado por Acuerdo del Consejo de la Junta, adoptado el día 22 de mayo de 1998.

      Manifiestan

      Primero. Que el Real Decreto 489/1997, de 14 de abril (publicado en el «Boletín Oficial del Estado», número 92, del 17), sobre publicación de las Leyes en las lenguas coofi-Page 248ciales de las Comunidades Autónomas, establece en su artículo 1.2. que las disposiciones generales con forma de Ley, Real Decreto y Real Decreto Legislativo, una vez sancionadas por el Rey y publicadas en castellano en el «Boletín Oficial del Estado», podrán también publicarse en las demás lenguas oficiales de las diferentes Comunidades Autónomas. Asimismo, el citado Real Decreto dispone en la disposición adicional, que los Convenios de Colaboración podrán contemplar la posibilidad de incluir otras disposiciones de carácter general a partir de los seis meses de entrada en vigor del Convenio.

      Segundo. Que en el marco de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Ministerio de la Presidencia y la Consejería de la Presidencia y Administración Pública de la Junta de Galicia están interesados en arbitrar mecanismos de cooperación que hagan posible la traducción al gallego de las disposiciones señaladas en el apartado anterior, así como su impresión y distribución.

      En su virtud, suscriben el presente Convenio, con arreglo a las siguientes

      Cláusulas

      Primera. El Ministerio de la Presidencia y la Consejería de la Presidencia y Administración Pública de la Junta de Galicia se comprometen a adoptar conjuntamente, y en el marco de lo establecido por el Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, las medidas necesarias para llevar a cabo la publicación en lengua gallega de las Leyes, Reales Decretos-leyes y Reales Decretos Legislativos.

      Segunda. Transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del presente Convenio, se extenderán las previsiones en él contenidas a las otras disposiciones de carácter general, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, sobre publicación de las Leyes en las lenguas cooficiales de las Comunidad Autónomas.

      Tercera. La publicación en lengua gallega de las Leyes, Reales Decretos-leyes y Reales Decretos Legislativos se realizará en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 489/1997.

      Cuarta. Para hacer efectiva dicha colaboración, el Ministerio de la Presidencia, a través del organismo autónomo «Boletín Oficial del Estado», proporcionará a la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia y Administración Pública de la Junta de Galicia, los textos en castellano de las normas con rango de Ley, debidamente compuestos, leídos y corregidos, certificando en cada caso que el texto en-Page 249viado corresponde íntegramente con el publicado en el «Boletín Oficial del Estado». La remisión de los textos se realizará por correo electrónico y por fax a efectos de garantizar la celeridad y la correcta recepción.

      Quinta. La Secretaría General de la Consejería de la Presidencia y Administración Pública de la Junta de Galicia se responsabilizará de la traducción de las disposiciones generales a que se refiere la cláusula primera. El texto compuesto en gallego será enviado al Ministerio de la Presidencia para su verificación y cotejo.

      Sexta. El «Boletín Oficial del Estado» realizará, con carácter inmediato, la impresión y distribución de las disposiciones traducidas, que en cualquier caso no excederá del plazo de un mes desde la publicación de la disposición en castellano en el «Boletín Oficial del Estado».

      Séptima. El «Boletín Oficial del Estado» asumirá el coste de la impresión y de la distribución del texto. El coste de la traducción del texto del castellano al gallego será asumido al 50 por 100 por el «Boletín Oficial del Estado» y por la Junta de Galicia.

      Octava. Se acuerda la creación de una Comisión de Seguimiento, al objeto de elaborar y proponer las medidas para el cumplimiento y desarrollo de este Convenio que se estimen necesarias.

      La Comisión estará formada por cada una de las partes por cuatro vocales, ejerciéndose la Presidencia de la Comisión por turnos anuales. Ostentarán la Presidencia, alternativamente y por períodos anuales, el Subsecretario del Ministerio de la Presidencia y el Secretario general de la Consejería de la Presidencia y Administración Pública de la Junta de Galicia.

      Por el Ministerio de la Presidencia, los representantes serán el Subsecretario del Ministerio, el Secretario general técnico, el Director general del Secretariado del Gobierno y el Director general del «Boletín Oficial del Estado».

      Por la Consejería de la Presidencia y Administración Pública de la Junta de Galicia, los representantes serán el Secretario general de la consejería, el Director general de la Organización y Sistemas Informáticos, el Subdirector general de la Contratación y el Coordinador general de la Gestión del «Diario Oficial de Galicia».

      La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las dos partes firmantes y adoptará sus acuerdos por consenso de sus miembros.

      Noventa. Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes:

    4. Proponer la adopción de acuerdos de desarrollo de lo establecido en el presente Convenio.

    5. Supervisar el grado de eje-Page 250cución del Convenio y proponer las modificaciones que, en su caso, se estimen pertinentes.

    6. Resolver los problemas de interpretación y de cumplimiento que puedan plantearse respecto de este Convenio.

      Décima. La Comisión de Seguimiento podrá también proponer, si lo estima necesario, la creación de Subcomisiones temporales de carácter técnico y de representación igualmente paritaria, con el fin de que se preste asesoramiento respecto de los temas objeto de este Convenio.

      Undécima. El plazo de vigencia del presente Convenio será de cinco años a partir de su firma, entendiéndose, no obstante, tácticamente prorrogado por sucesivos períodos de un año, mientras no sea denunciado por alguna de las partes. La denuncia deberá realizarse dentro de un plazo de seis meses previo a la fecha de finalización de este Convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

      Duodécima. El presente Convenio celebrado al amparo del artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tiene naturaleza jurídico-administrativa, resultando de aplicación, para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantear sus estipulaciones, los principios derivados de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

      Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión de Seguimiento en la cláusula octava del Convenio, serán competentes para resolver cuantos conflictos pudieran plantearse sobre la inteligencia, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del Convenio, los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

      Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por duplicado, en Madrid, a 18 de junio de 1998.

      El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, Francisco Álvarez-Cascos Fernández, El Consejero de la Presidencia y Administración Pública, Dositeo Rodríguez Rodríguez.

Col·legis professionals

Ordre de 5 de desembre de 1997 (boe núm. 18, de 21 de gener de 1998) del Ministeri de Justícia, per la qual s'autoritza el canvi de denominació de l'"Ilustre Colegio Notarial de Barcelona". Part dispositiva:Page 251 «Aquest Ministeri ha acordat autoritzar el canvi de denominació sol·licitat, de manera que, segons les diferents regles gramaticals dels idiomes castellà i català, es faci servir, respectivament, la denominació d''Ilustre Colegio Notarial de Cataluna' o la d''Il·ltre. Col·legi de Notaris de Catalunya'.»

Cultura

En aquest àmbit cal esmentar cinc resolucions de 30 de març de 1998 (boe núm. 128, de 29 de maig) de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri d'Educació i Ciència, per les quals es desplega l'Ordre de 22 de juny de 1995 (boe núm. 154, del 29), reguladora dels «premis nacionals» del Ministeri d'Educació i Cultura, per a la concessió dels següents:

- a l'obra d'un traductor, corresponent a 1998. Apartat segon: «Podran ser seleccionats els traductors espanyols, sigui quina sigui la llengua o llengües utilitzades en el desenvolupament de la seva tasca, que hagin dedicat especial atenció a la traducció d'obres estrangeres a qualsevol llengua espanyola.»

- a la millor traducció, corresponent a 1998. Preàmbul: «[...] El Premi Nacional a la Millor Traducció té per objecte distingir la traducció a qualsevol de les llengües espanyoles d'obres escrites originàriament en qualsevol llengua estrangera que, segons el judici d'especialistes, ha resultat excel·lent. [...]». Apartat segon: «Al Premi Nacional a la Millor Traducció optaran els llibres traduïts de qualsevol llengua estrangera a qualsevol de les llengües espanyoles per traductors espanyols, editats a Espanya en la seva primera edició entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 1997 i que hagin complert els requisits legals per a la seva difusió. [...].»

- Premis nacionals de literatura, en les modalitats de poesia, narrativa, assaig i literatura dramàtica, corresponents a 1998. Apartat segon: «Als premis nacionals de literatura, en les modalitats de poesia, narrativa, assaig i literatura dramàtica, hi optaran les obres escrites en qualsevol llengua espanyola per autors espanyols i editades a Espanya, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 1997, que hagin complert els requisits legals establerts per a la seva difusió.»

- Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, corresponent a 1998. Preàmbul: «[...] El Premi Nacional de les Lletres Espanyoles té per objecte reconèixer el conjunt de l'obra literària d'un autor espanyol, escrita en qualsevol de les llengües espanyoles. / La finalitat que es persegueix ambPage 252 aquest premi és doble. A la vegada que es reconeix la transcendència d'un autor i de la totalitat de la seva obra literària, s'incideix en la presència de llengües diferents en la configuració de la cultura espanyola, integrada per una pluralitat d'aportacions lingüístiques que representen, cadascuna d'elles, una tradició literària que forma part de tot el nostre llegat cultural. [...]. Apartat primer. El Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, corresponent a 1998, distingirà el conjunt de la tasca literària, en qualsevol de les llengües espanyoles, d'un autor espanyol, l'obra del qual estigui considerada com a part integrant del conjunt de la literatura espanyola actual.»

- Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil, corresponent a 1998. Apartat segon: «Optaran a aquest premi les obres de creació literària escrites en qualsevol llengua espanyola per autors espanyols i editades a Espanya, en la seva primera edició, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 1997, que hagin complert els requisits legals establerts per a la seva difusió.»

Ensenyament i universitats

Acord de 21 de juliol de 1997 (boe núm. 103, de 30 d'abril de 1998) del Ministeri d'Afers Exteriors, de cooperació cultural, educativa i científica entre el Regne d'Espanya i la República de Croàcia, fet a Madrid el 21 de juliol de 1997. Article 4: «Dins de l'àmbit de l'educació, les parts estimularan: [...] La difusió i l'estudi dels idiomes castellà i croat. / La participació dels estudiants i experts en els cursos i seminaris de llengua i literatura espanyola i croata.»

Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (boe núm. 14, de 16 de gener de 1998) del Ministeri d'Administracions Públiques, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria d'ensenyaments no universitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: «Annex, c) Funcions i serveis que es reserva l'Administració de l'Estat. Continuaran essent exercides pels òrgans corresponents de l'Administració de l'Estat les funcions següents: h) La regulació de les condicions bàsiques, que garanteixin el dret i el deure de conèixer la llengua castellana.»

Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre (boe núm. 20, de 23 de gener de 1998) del Ministeri d'Educació i Cultura, per la qual es configuren com a ensenyaments de règim especial els conduents a l'obtenció de titulacions de tècnics esportius, s'aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims: «Article 17. Percentatges quePage 253 inclouran els continguts bàsics dels ensenyaments mínims. 1. Els continguts bàsics dels ensenyaments mínims en cap cas requeriran més del 55 per 100 de l'horari lectiu per a les comunitats autònomes que tinguin una altra llengua oficial a més del castellà, i del 65 per 100 de l'horari previst per a cada modalitat i, si s'escau, especialitat esportiva, per a aquelles que no en tinguin, d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei orgànica 1/1990» (rld núm. 17, p. 310 i 311).

Reial decret 3/1998, de 9 de gener (boe núm. 17, del 20) del Ministeri de Foment, pel qual es regula el títol de professional aeronàutic civil i llicència de controlador de trànsit aeri:

Article 3. Requisits per a l'obtenció del títol

2. Per a la realització del curs bàsic de formació, els aspirants hauran de complir els requisits següents:

»b) Coneixement fluid dels idiomes castellà i anglès, parlats i escrits, sense que en l'expressió oral s'observi dificultat que pugui afectar negativament les radiocomunicacions.»

Deroga el Reial decret 2030/1995, de 22 de desembre (boe núm. 14, de 16 de gener de 1996), l'article 4 del qual també feia referència al castellà i l'anglès.

Reial decret 778/1998, 30 d'abril (boe núm. 104, d'1 de maig) del Ministeri d'Educació i Ciència, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i expedició del títol de doctor i altres estudis de post-graduat:

Disposició addicional primera. Accés als estudis de doctorat amb títol de llicenciat o nivell acadèmic equivalent, obtingut a universitat o centre d'ensenyament superior estranger.

2.b Per als estudiants que no siguin nacionals d'Estats que tinguin com a llengua oficial el castellà, les Universitats establiran les proves d'idiomes que considerin pertinents.

Annex I

Expedició del títol de doctor

»Segon. 4. Les universitats radicades a comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia diferent de l'oficial de l'Estat podran expedir els títols de doctor en text bilingüe, en castellà i en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma corresponent, atenint-se en la traducció a la literalitat del model de l'annex II d'aquest Reial decret i a les altres normes contingudes en aquest.»

Page 254

Etiquetatge

Tot seguit recollim les disposicions que, en aquest àmbit, imposen el castellà bé directament o bé mitjançant remissió al Reial decret 212/1992, de 6 de març (rld núm. 18, p. 281), sota sanció en cas d'incompliment. Esmentem aquesta remissió per tal com sembla desprendre-se'n, com anem dient al llarg d'aquestes cròniques, la imposició del castellà en les dades que preveu el Reial decret 1268/1997, de 24 de juliol, que modifica l'article 20 d'aquell. L'article 2 del Reial decret 1268/1997 va ser reproduït a la crònica del número anterior, p. 276 i 277. Aquestes disposicions són declarades bé bàsiques, bé de desplegament d'una competència exclusiva:

Reial decret 1916/1997, de 19 de desembre (boe núm. 11, de 13 de gener de 1998) del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carn picada i preparats de carn:

Capítol V

Article 12. Importacions

»6. Els certificats hauran de ser redactats, almenys, en llengua espanyola.

»Disposició addicional primera. Caràcter de norma bàsica sanitària.

»E1 present Reial decret és d'aplicació en tot el territori nacional, i té el caràcter de norma bàsica sanitària, d'acord amb les competències atribuïdes a l'Estat en l'article 149.1.16a de la Constitució i en l'article 40.2 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; llevat del que disposa el capítol V, que es dicta en base a la competència exclusiva que en matèria de Sanitat i Comerç Exterior atribueix a l'Estat l'article 149.1.10a i 16a de la Constitució i l'article 38 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.

»Annex I

»Capítol VI

»Marcat i etiquetatge

»5. Sense perjudici del que disposa el Reial decret 212/1992, de 6 de març, pel qual s'aprova la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat de productes alimentaris, en l'envàs haurà de figurar de manera visible i llegible, a efectes de control, en els casos en què no es desprengui clarament de la denominació de venda del producte o de la llista d'ingredients de conformitat amb el Reial decret 212/1992, la següent informació: l'espècia o espècies de les quals s'ha obtingut la carn, si es tracta d'u-Page 255na barreja, el percentatge de cada espècie, i quan el producte estigui contingut en un embalatge no destinat al consumidor final, la data de fabricació.»

Aquest Reial decret 1916/1997 deroga l'Ordre de 14 de gener de 1986, que vam criticar a la rld núm. 8, p. 216, i el Reial decret 1436/1992, de 27 de novembre, que vam criticar a la rld núm. 20, p. 179, modificat pel Reial decret 1728/1987, de 23 de desembre (boe núm. 5, de 6 de gener de 1988). Afegim-hi que la norma V.1.5 d'aquest obligava que la documentació sanitària estigués «redactada en idioma espanyol», mentre que la prevista a la norma XXIV deia que havia d'anar redactada en «la llengua espanyola oficial de l'Estat».

Reial decret 72/1998, de 23 de gener (boe núm. 30, de 4 de febrer), del Ministeri de la Presidència, pel qual s'aprova la Reglamentació tecnico-sanitària específica dels preparats per a lactants i preparats de continuació. Article 5: «Etiquetatge 2. L'etiquetatge dels productes als quals es refereix aquesta disposició haurà de complir el que disposa el Reial decret 212/1992, de 6 de març, pel qual s'aprova la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.» Aquest Reial decret deroga el 1408/1992, de 20 de novembre, que vam blasmar a la rld núm. 20, p. 179.

Reial decret 230/1998, de 16 de febrer (boe núm. 61, de 12 de març) del Ministeri de la Presidència, pel qual s'aprova el Reglament d'explosius:

Article únic.

A l'empara de l'article 149.1.26 de la Constitució, i en compliment del que disposen els articles 6 i 7, i els altres preceptes concordants de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana, s'aprova el Reglament d'explosius, el text del qual s'adjunta.

Reglament d'explosius

Annex

»Títol IV

»Envasos

»Capítol I

»Normes generals

»Article 139.

»A cada envàs exterior o embalatge hauran de figurar, redactades almenys en castellà, les frases:

»a) Risc d'explosió per xoc, fricció o foc.

»b) Protegiu-ho de fonts de calor. No fumeu.

Article 140.

A l'interior dels envasos exteriors o embalatges s'hauran d'incloure instruccions relatives a la seguretat de la seva manipulació, emmagatzematge, utilització i eliminació, redactades, almenys, enPage 256 castellà, amb indicació, si hi escau, de tots els dispositius i accessoris necessaris per a un funcionament fiable i segur. Aquestes instruccions de seguretat inclouran, segons que hi correspongui, les dades següents:

»a) Identificació de la matèria o objecte i del responsable de la seva comercialització i nom comercial amb què estiguin catalogats.

»b) Informació sobre els seus components.

»c) Identificació de perills.

»d) Primers auxilis.

»e) Mesures de lluita contra incendis.

»f) Mesures que s'han de prendre en cas d'abocament accidental.

»g) Manipulació i emmagatzematge.

»h) Riscos d'exposició/protecció individual.

»i) Informacions toxicològiques.

»j) Consideracions relatives a la destrucció.

»k) Informacions relatives al transport.

»l) Informacions reglamentàries.

»m) Altres informacions.

»Títol VII

»Importació, exportació, trànsit i transferència

»Capítol I

»Normes generals

»Article 214.

»2. [...].

»Les autoritzacions necessàries i les preceptives marques en envasos i embalatges i instruccions de seguretat hauran d'estar redactades en idioma espanyol.

»[...].

»Reglament d'explosius

»Instruccions tècniques complementàries

»Annex II

»Instrucció tècnica complementària número 4

»Requisits essencials de seguretat

»II. Requisits especials

»1. Quan sigui necessari hauran de considerar-se pel cap baix la propietat i informació següents.

[...]

»k) Les instruccions convenients i, si s'escau, les observacions relatives a la seguretat de manipulació, emmagatzematge, utilització i eliminació en la llengua o llengües oficials de l'Estat receptor.»

Reial decret 490/1998, de 21 de març (boe núm. 83, de 7 d'abril) del Ministeri de la Presidència, pel qual s'aprova la Reglamentació tecnico-sanitària específica dels aliments elaborats a base de cereals i aliments infantils per a lactants i infants:

Article 4. Etiquetatge, presentació i publicitat.

1. L'etiquetatge dels aliments elaborats a base de cereals i dels ali-Page 257ments infantils per a lactants i infants haurà de complir el que disposa el Reial decret 212/1992, de 6 de març, pel qual s'aprova la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.

Disposició addicional única. Títol competencial.

»El que disposa el present Reial decret es dicta a l'empara de l'establert en els articles 149.1.10 i 16 de la Constitució espanyola i en virtut del que disposen els articles 38, 40.2 i 40.4 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.»

Reial decret 618/1998, de 17 d'abril (boe núm. 101, del 28) del Ministeri de Presidència, pel qual s'aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l'elaboració, circulació i comerç de gelats i mescles envasades per congelar:

Disposició addicional única. Títol competencial.

E1 present Reial decret, que té caràcter bàsic, a excepció de l'article 9.2, de l'article 15.4, de l'article 17.2 i de l'annex III, es dicta a l'empara de la competència que atribueix a l'Estat l'article 149.1.16 de la Constitució espanyola i en virtut del que estableix l'article 40.2 i 4, de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat. [...].

»Article 17. Condicions relatives a l'etiquetatge

»L'etiquetatge s'efectuarà d'acord amb el que disposa el Reial decret 212/1992, de 6 de març, pel qual s'aprova la Norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris i modificacions posteriors [...].»

Ens sembla dubtós el caràcter bàsic de l'Ordre de 17 de juny de 1998 (boe núm. 147, del 20) del Ministeri de la Presidència, per la qual es modifica l'Ordre de 8 d'octubre de 1992, relativa a la comercialització de pinsos compostos, que vam blasmar a la rld núm. 20, p. 227:

Article únic

d) El text de l'article 8 se substitueix pel següent:

Article 8.

Per a la comercialització en territori espanyol de pinsos procedents d'altres estats membres, les indicacions impreses en el document d'acompanyament, en el recipient, en l'envàs o en una etiqueta fixada a aquests estaran redactades, almenys, en la llengua espanyola oficial de l'Estat.»

No sembla tenir caràcter bàsic l'Ordre de 28 de maig de 1998 (boe núm. 131, de 2 de juny) del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sobre fertilitzants i afins: «Annex VI. Disposicions generals d'identificació, etiquetatge i envasat. 2. Normes d'etiquetatge i envasat: d)[...]. Les etiquetes, les inscripcions que figurin a l'envàs i els documents que els acompa-Page 258nyin hauran d'estar redactats, almenys, en la llengua oficial de l'Estat.» La redacció és idèntica a la de l'Ordre que substitueix, de 14 de juny de 1991, que vam blasmar a la rld núm. 17, p. 315.

Esmentem d'altra banda el Reial decret 297/1998, de 27 de febrer (boe núm. 61, de 12 de març) del Ministeri de Foment, pel qual es regulen els requisits de seguretat de les embarcacions d'esbarjo, embarcacions d'esbarjo semiacabades i els seus components, en aplicació de la Directriu 94/25/ce, de 16 de juny: «Annex I. Requisits bàsics de seguretat per al disseny i la construcció d'embarcacions d'esbarjo. 2. Requisits generals. 5. Manual del propietari: cada embarcació haurà de posseir un manual del propietari en la llengua o llengües comunitàries oficials que podran ser determinades per l'Estat membre on es comercialitzi d'acord amb el que disposa el Tractat.»

Funció pública
Administració de justícia

Resolució de 18 de desembre de 1997 (boe núm. 17, de 20 de gener de 1998; Andalusia, boja núm. 20, de 19 de febrer; Canàries, BOC núm. XVI/022, de 18 de febrer; Catalunya, dogc núm. 2571, de 4 de febrer; Galícia, no publicada; i València, dogv núm. 3179, de 9 de febrer) de la Secretaria d'Estat de Justícia, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en el cos nacional de metges forenses. Respecte a la convocatòria anterior (Ordre de 3 de setembre de 1993), ens planyíem que no valorés el coneixement de les llengües pròpies (rld núm. 21, p. 130). Per primera vegada, doncs, es valora el coneixement d'aquestes llengües mitjançant un sistema de puntuació anàleg al dels concursos de trasllats que anem recollint en aquestes cròniques, d'acord, en el cas dels metges forenses, amb el Reglament orgànic dels metges forenses, aprovat per Reial decret 296/1996, de 23 de febrer (rld núm. 26, p. 238 a 240). Les noves previsions lingüístiques de la Resolució de 18 de desembre de 1997 són les següents:

II. Exercicis i curs selectiu.

2.1. El procediment de selecció dels aspirants serà el d'oposició, i constarà de tres exercicis obligatoris i eliminatoris, un curs selectiu en el Centre d'Estudis Jurídics de Madrid i un exercici optatiu, de caràcter pràctic o teòric, de coneixement d'idioma autonòmic.

»2.1.4. Quart exercici optatiu: a realitzar per aquells aspirants que hagin obtingut plaça en l'oposició i concorrin per a un àmbit territorial amb llengua oficial pròpia dePage 259 la comunitat autònoma i ho hagin sol·licitat a la seva instància de participació. Consistirà en l'acreditació del coneixement de la llengua oficial de l'esmentada comunitat, mitjançant les certificacions que hagi presentat juntament amb la instància de participació, o per a la realització d'una prova de nivell de coneixements. En ambdós casos la valoració s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts a la base VIII. La puntuació de la prova optativa de llengua oficial de la comunitat autònoma respectiva només serà aplicable en l'àmbit de la comunitat autònoma per a la qual concorri, a efectes d'establir el número en la relació d'aprovats dins de l'àmbit territorial per al qual concorri l'aspirant, per la qual cosa s'haurà de reflectir separat de l'obtinguda en els exercicis obligatoris, a efectes de la seva inclusió en el subescalafó [...].

»V. Presentació i admissió de sol·licituds.

»5.2.1. A la sol·licitud s'adjuntarà, unida, una fotocòpia del document nacional d'identitat i, si s'escau, del certificat de coneixement de la llengua autonòmica de l'àmbit territorial on concorri.

»5.6. Els aspirants que desitgin realitzar la prova optativa de la llengua oficial de la comunitat autònoma de l'àmbit territorial per on opta, hauran d'indicar-ho a la sol·licitud en el requadre c) de l'epígraf "Dades a consignar segons les bases de la convocatòria" "prova idioma autonòmic", o, en el cas contrari, que li sigui valorada la documentació a l'efecte.

»VIII. Qualificació dels exercicis i del curs. Criteris de valoració de la llengua autonòmica.

»8.1 [...].

»La valoració del coneixement de la llengua autonòmica dels àmbits territorials amb llengua oficial pròpia on es convoquen places es puntuarà amb un màxim de sis punts.

»8.2. Els criteris per a la valoració de la prova optativa de coneixement de la llengua oficial de la comunitat autònoma per a la qual es concorre i on s'han convocat places seran els següents:

»En l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya:

»De conformitat amb l'Acord de la Comissió per a la Normalització Lingüística de 19 de juny de 1991.

»1r Certificat de nivell B: dos punts.

»2n Certificat de nivell C: quatre punts.

»3r Certificat de nivell D: sis punts.

»En l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Galícia:

»1r Curs d'iniciació i perfeccionament o curs bàsic: dos punts.

»2n Curs mitjà de llenguatge jurídic gallec: quatre punts.

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»3r Curs superior de llenguatge jurídic gallec: sis punts.

»En l'àmbit de la Comunitat Autònoma valenciana:

»1r Certificat de grau elemental oral i escrit del valencià: dos punts.

»2n Certificat de grau mitjà oral i escrit del valencià: quatre punts.

»3r Certificat de grau superior oral i escrit del valencià: sis punts.

»8.3. La qualificació de la fase d'oposició vindrà determinada per la puntuació mitjana resultant de la suma de les puntuacions dels tres exercicis obligatoris i l'obtinguda en el curs realitzat en el Centre d'Estudis Jurídics.

»La puntuació de la prova optativa se sumarà a l'obtinguda a l'oposició, un cop superada aquesta, només a efectes d'establir el número a la relació d'aprovats de l'àmbit territorial per al qual concorre l'aspirant i d'integració en el subescalafó.

»Els criteris per a la valoració del coneixement de la llengua autonòmica seran els que figuren a la base 8.2.

»IX. Llista d'aprovats

»9.1. [...].

»Els aspirants inclosos en aquesta relació seran convocats per a la pràctica de la prova optativa, sempre que ho haguessin sol·licitat en la seva instància de participació, o els serà valorada la documentació acreditadora del coneixement de la llengua autonòmica.

»9.2. [...].

»Finalitzats els exercicis obligatoris, el curs selectiu i l'exercici optatiu, el Tribunal publicarà la llista provisional d'aspirants aprovats, per ordre de puntuació, dins de cada àmbit territorial, amb especificació de la puntuació obtinguda a l'exercici optatiu dins els àmbits geogràfics amb llengua pròpia de la Comunitat Autònoma.»

Resolució de 20 de febrer de 1998 (boe núm. 62, de 13 de març) de la Direcció General de Recursos Humans i Mitjans Materials de la Conselleria de Governació i Justícia de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, per la qual es convoquen a concurs de trasllat places vacants d'oficials, auxiliars i agents de l'Administració de Justícia:

Bases. Tercera. Barems.

La valoració de mèrits per l'adjudicació dels llocs de treball es farà d'acord amb el barem establert per valorar l'antiguitat, el coneixement de la llengua oficial pròpia de les comunitats autònomes [...]».

Acord de 25 de febrer de 1998 (boe núm. 56, de 6 de març) del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual es modifica el Reglament 1/1995, de 7 de juny, de la carrera judicial (rld núm. 25, p. 242 i 243, i núm. 26, p. 233 i 234). No reproduïm ací el preàmbul de l'acord. El text articulat és el següent:

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Article 1.

La redacció del títol III del Reglament número 1/1995, de la carrera judicial, pel qual s'estableixen els criteris de valoració del coneixement de l'idioma i els drets propis de les comunitats autònomes com a desenvolupament de l'article 341.2 de la Llei orgànica del poder judicial, serà la següent:

»Títol III

»De la valoració de l'idioma i del dret civil especial o foral com a mèrit preferent en els concursos per a òrgans jurisdiccionals a les comunitats autònomes.

»ArticIe 108.

»En la resolució dels concursos per a la provisió de vacants corresponents als òrgans jurisdiccionals del territori de les comunitats autònomes els estatuts d'autonomia de les quals reconeixen l'oficialitat d'una llengua pròpia diferent del castellà i les que posseeixin dret civil especial o foral, s'aplicaran els criteris de valoració que s'estableixen en els articles següents.

»ArticIe 109.

»1. Els membres de la carrera judicial que desitgin al·legar com a mèrit preferent en els concursos de trasllat el coneixement oral i escrit d'alguna de les llengües pròpies de les comunitats autònomes sol·licitaran del Consell General del Poder Judicial el seu reconeixement només a aquests efectes.

»2. Amb la sol·licitud aportaran un títol o una certificació oficials del coneixement de la llengua expedit per l'organisme corresponent a cada comunitat autònoma. Mitjançant els corresponents convenis amb les comunitats autònomes podrà procedir-se a la determinació dels títols oficialment reconeguts amb aquesta finalitat i a l'establiment, si s'escau, de proves per acreditar la suficiència del coneixement de la llengua.

»3. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, a proposta de la Comissió de Qualificació, després d'examinar l'autenticitat i suficiència de la documentació presentada, acordarà, mitjançant resolució motivada, el reconeixement o la denegació del mèrit.

»4. La resolució recaiguda es comunicarà a l'interessat. Si fos estimatòria, se n'ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

»Article 110.

»A1 jutge o magistrat que concursi a una plaça del territori d'una comunitat autònoma que tingui una llengua oficial pròpia, sempre que obtingués el reconeixement del mèrit corresponent pel fet d'haver-lo sol·licitat amb un mes d'anterioritat, pel cap baix, a la data de convocatòria del concurs, se li assignarà, només als efectes del concurs de trasllat, el lloc escalafonal que li ha-Page 262gués correspost si s'hi afegissin els següents períodes d'antiguitat a la pròpia de la seva situació en l'escalafó:

»a) En concursos per a la provisió de places corresponents a òrgans jurisdiccionals servits per membres de la carrera judicial amb categoria de jutge: un any,

»b) En els concursos per a la provisió de places corresponents a òrgans unipersonals servits per membres de la carrera judicial amb categoria de magistrat: dos anys.

»c) En els concursos per a la provisió de places corresponents a òrgans col·legiats: tres anys,

»Article 114.

»1. Quan el jutge o magistrat reunís conjuntament els mèrits previstos en els articles 110 i 112, el còmput del període d'antiguitat per a l'assignació del lloc escalafonal a efectes de la resolució del concurs serà el que correspongui segons l'establert a l'article 110, incrementat en sis mesos, un any o un any i sis mesos, segons que es tracti, respectivament, d'un òrgan jurisdiccional servit per membres de la carrera judicial amb categoria de jutge, d'un òrgan unipersonal servit per magistrat, o d'un òrgan col·legiat.

»Article 2.

»La disposició addicional tercera de l'Acord de 7 de juny de 1995, del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual s'ordena la publicació dels reglaments de la carrera judicial, de l'Escola Judicial, dels jutges de pau, dels òrgans de govern dels tribunals i dels aspectes accessoris de les actuacions judicials, com també de la relació de fitxers de caràcter personal existents en el Consell General del Poder Judicial, quedarà redactada com segueix:

»Disposició addicional tercera. Valoració de l'idioma i del dret civil especial o foral de les comunitats autònomes.

Transcorreguts dos anys des de l'entrada en vigor del títol III del Reglament número 1/1995, de la carrera judicial, el Consell General del Poder Judicial, a la vista del desenvolupament dels concursos de trasllat resolts durant aquest termini, procedirà a actualitzar els períodes d'antiguitat que s'hagin d'afegir per a l'assignació del lloc escalafonal que hagués correspost a efectes de concurs de trasllat per raó del mèrit consistent en el coneixement de la llengua o del dret civil especial o foral de les comunitats autònomes.

Resolució de 26 de gener de 1998 (boe núm. 62, de 13 de març) de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es convoquen a concurs de trasllat places vacants d'oficials, auxiliars i agents de l'Administració de justícia. Les previsions lingüístiques de la base 3.2 concorden amb les de les convocatòries referides en aquestes cròni-Page 263ques, posteriors al Reglament orgànic aprovat per Reial decret 249/1996, de 16 de febrer (rld núm. 26, p. 234 a 238):

Base tercera. Barems

La valoració de mèrits per a l'adjudicació dels llocs de treball es farà d'acord amb el barem establert per valorar l'antiguitat i el coneixement de la llengua oficial pròpia de les comunitats autònomes i els coneixements informàtics en aquelles places per a les quals s'estableixi d'aquesta manera.

»2. Coneixement oral i escrit de la llengua oficial pròpia de les comunitats autònomes. A les places ubicades a les comunitats autònomes que tinguin llengua oficial pròpia, el coneixement oral i escrit d'aquesta degudament acreditat mitjançant certificació oficial de la comunitat autònoma, o homologació del títol aportat i del nivell al qual correspongui el títol, suposa el reconeixement només a aquests efectes de fins a 6 punts segons el nivell de coneixements acreditat en els termes de la disposició addicional segona del Reglament orgànic aprovat per Reial decret 249/1996, de 16 de febrer, en la forma següent:

»2.1. A la zona bascòfona i mixta que determina l'article 5 de la Llei foral 18/1986, de 15 de desembre, de la Comunitat Foral de Navarra (en cas que es produeixin places a resultes).

»D'acord amb l'establert en el Decret 224/1989, de 17 d'octubre, pel qual es regula la planificació de la normalització de l'ús de l'èuscar a les administracions públiques de la Comunitat Autònoma del País Basc (Butlletí Oficial del País Basc del 27) , i altres disposicions de desenvolupament derivades dels plans de normalització de l'èuscar que puguin dictar-se en l'àmbit de l'esmentada Comunitat Autònoma es tindran en compte els criteris següents:

»1r Perfil lingüístic 2: 2 punts.

»2n Perfil lingüístic 3: 4 punts.

»3r Perfil lingüístic 4: 6 punts.

»A la Comunitat Foral Navarra, on no hi ha establert certificat oficial corresponent al perfil 2, s'haurà de superar un examen d'acreditació que a aquests efectes convoquin els òrgans competents en aquesta matèria, cosa que els atorgaria el certificat corresponent.

»2.2. A l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

»1r Certificat de nivell B o títols homologats: 2 punts.

»2n Certificat de nivell C o títols homologats: 4 punts.

»3r Certificat de nivell D o títols homologats: 6 punts.»

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Administració local

La Resolució de 30 de desembre de 1997 (boe núm. 12, de 14 de gener de 1998) del Ministeri d'Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la subescala d'intervenció-tresoreria, categoria d'entrada, de l'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal fa la mateixa previsió d'una prova voluntària i de mèrit de llengües diferents del castellà que preveien les convocatòries homòlogues anteriors. Vegeu, per exemple, la transcripció del apartats que preveuen aquesta prova en la convocatòria anterior, per Resolució de 21 de desembre de 1995, a la rld núm. 26, p. 242. S'hi manté la peregrina distinció entre llengua i idioma que blasmem a la rld núm, 20, p. 184. La Resolució de 30 de desembre de 1997 inclou, però, el programa o temari de les oposicions, que fins ara apareixia en resolucions específicament destinades a la publicació de les bases generals i els programes, D'acord amb això, la Resolució inclou un tema, el 14 de l'apartat 3.4 (Administració local), que en la frase final fa referència a «L'ús del castellà i altres llengües oficials». Aquest tema ja apareixia en les resolucions anteriors que feien públics els programes. Vegeu, per exemple, l'anterior de 2 de juny de 1993 a la rld núm. 20, p. 183 i 184.

La Resolució de 21 d'abril de 1998 (boe núm. 109, de 7 de maig de 1998) de la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri d'Administracions Públiques dóna publicitat a les bases de concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal. Les previsions lingüístiques són anàlogues a les de la convocatòria anterior, de la Resolució d'11 d'abril de 1997 que vam reproduir a la rld núm. 28, p. 354 a 356:

Bases del concurs

Tercera. Documentació i termini per a participar. 1. En el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació conjunta d'aquest concurs en el Butlletí Oficial de l'Estat, els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal que desitgin prendre-hi part adreçaran a la corporació local al lloc de la qual concursin, la documentació següent:

Documentació acreditadora dels mèrits de determinació autonòmica per als llocs de les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Balears, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, País Basc, la Rioja i Comunitat Valenciana d'acord amb el que estableix la base quarta de la Resolució present, elPage 265 coneixement de la llengua pròpia a les comunitats autònomes del País Basc, Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears, com també els mèrits específics de cada lloc en els termes que s'indiquen a l'annex I.

2. Els concursants a dos llocs o més presentaran sol·licitud i documentació acreditadora del coneixement de la llengua i mèrits de determinació autonòmica a totes les corporacions on sol·licitin llocs.

[...].

»Quarta. Coneixement de llengües pròpies i mèrits de determinació autonòmica. Els llocs de treball situats a les comunitats autònomes que s'especifiquen a la base anterior, inclouen barems de mèrits de determinació autonòmica i prescripcions sobre el coneixement de la llengua pròpia en els termes següents:

»C) Mèrits de determinació autonòmica en els llocs de la Comunitat Autònoma de Balears (Decret 75/1994, de 26 de maig):

»1. Mèrits:

»1.1. Coneixement de la llengua catalana: llenguatge administratiu: 1,50 punts; nivell superior: 1,20 punts; nivell mitjà: 0,85 punts; nivell elemental: 0,60 punts; nivell d'iniciació: 0,30 punts.

»2. La justificació dels mèrits ressenyats es portarà a terme mitjançant l'aportació de la documentació següent:

»2.1. Coneixement de llengua catalana: Títol, diploma o certificat expedit o homologat per l'Institut Balear d'Administració Pública .

»F) Coneixement de la llengua catalana i mèrits de determinació autonòmica de la Comunitat Autònoma de Catalunya:

»1. Coneixement del català (Decret 14/1994, de 8 de febrer ). Els concursants acreditaran el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C de la Junta Permanent de Català o algun dels certificats o títols equivalents que s'esmenten a l'annex del Decret 14/1994.

»En el cas que algun dels concursants no compti amb el certificat o títol esmentats, el Tribunal de valoració del concurs avaluarà aquests coneixements.

»En aquest cas, els membres del Tribunal estaran assessorats, si s'escau, per personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua catalana.

»L) Mèrits de determinació autonòmica de la Comunitat Autònoma Valenciana (Decret 8/1995, de 10 de gener ):

»1. Mèrits:

»[...].

Page 266

»1.3. Coneixements de valencià: de conformitat amb la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre , d'ús i ensenyament del valencià, es valorarà el coneixement del valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, de la Generalitat Valenciana i de l'Administració local.

»E1 coneixement del valencià s'acreditarà mitjançant el certificat o l'homologació expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià,

»La valoració del coneixement del valencià s'entén sense perjudici de la seva consideració com a requisit a les bases específiques de les convocatòries que aprovin les entitats locals dels municipis de predomini lingüístic valencià, de conformitat amb les seves relacions de llocs de treball i a l'empara de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià.

»En tot cas, les corporacions locals podran valorar el valencià com a mèrit específic a les bases de la seva convocatòria.

»2. Valoració de mèrits: »2.8. Coneixement del valencià: El coneixement de valencià es valorarà fins a un màxim de 0,75 punts, d'acord amb l'escala següent: Coneixement oral: 0,25 punts; coneixement de grau elemental: 0,50 punts; coneixement de grau mitjà: 0,65 punts; coneixement de grau superior: 0,75 punts.»

Administració de l'Estat

Pel que fa a les convocatòries per a la provisió de llocs de l'Administració perifèrica de l'Estat, en els boe del període que estudiem llevat d'errors o omissions hem comptat 1.799 places destinades a territoris amb dues llengües oficials. De totes aquestes, 200 (11%) han valorat com a mèrit el coneixement de la llengua pròpia, mentre que 1.599 (89%) no l'han valorat. D'aquestes 1799 places, 574 eren destinades a Catalunya. D'aquestes 574, 47 (8% de les destinades a Catalunya) han previst de valorar el coneixement del català com a mèrit. De les restants 1.225 places convocades amb destinació a les altres comunitats autònomes amb llengua diferent del castellà, 153 (el 12% de les 1.225) han previst de valorar el coneixement de la llengua pròpia respectiva. Els percentatges de places en què es valora la llengua diferent del castellà es mantenen estables amb oscil·lacions a l'alça o a la baixa respecte al còmput del número anterior, sempre dintre de la precarietat pel fet que es mouen entorn del 10%. El Ministeri d'Economia i Hisenda destaca en la previsió de la valoració del coneixement de les llengües pròpies en la majoria de les places que convoca.

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Escau de parar esment en les convocatòries següents:

Resolució de 3 de febrer de 1998 (boe núm. 37, del 12) de l'Agència Estatal d'Administració Tributària del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de llocs de treball:

Quarta. [...] Per poder obtenir un lloc de treball en aquest concurs caldrà que els sol·licitants obtinguin la puntuació mínima de 9 punts en la valoració de mèrits específics, sense que als efectes es computi la valoració del coneixement de la llengua oficial pròpia de les comunitats autònomes.

1. [...]. El coneixement de la llengua oficial pròpia de cada comunitat autònoma, quan figuri com a mèrit, serà valorat fins un màxim de 3 punts. L'acreditació del coneixement de la llengua es farà mitjançant fotocòpia del títol, diploma o certificació expedida per centre públic competent o per institució privada oficialment homologada, expressiu del grau de coneixement.

Hom pot preguntar-se a què treu cap aquesta base, ja que un cop examinats els mèrits avaluables en les set places destinades a comunitats autònomes amb llengües diferents del castellà (tres places per a Catalunya) d'aquesta convocatòria, en cap d'elles no es preveu la valoració com a mèrit pel coneixement d'aquelles llengües.

El mateix es pot dir pel que fa a l'Ordre de 6 de febrer de 1998 (boe núm. 41, del 17) del Ministeri de Foment, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs vacants en el Departament. L'article 1.5, en regular els «Mèrits específics», preveu que «en relació amb els llocs ubicats a comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia, es podrà valorar com a mèrit específic el coneixement d'aquesta». De les 52 places convocades a comunitats autònomes amb aquesta circumstància (set d'elles a Catalunya), no n'hem trobada cap que prevegi que efectivament s'hi ha de valorar el coneixement de la llengua pròpia.

Ordre de 29 de gener de 1998 (boe núm. 41, de 17 de febrer) del Ministeri de l'Interior, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de llocs de treball en els serveis perifèrics de l'organisme autònom de treball i prestacions penitenciàries corresponents al cos de professors d'ensenyament general bàsic d'institucions penitenciàries: «Annex IV. [...] Mèrits específics adequats a les característiques del lloc. [...] Pel coneixement de la llengua autòctona d'aquelles comunitats autònomes on se sol·liciti la vacant.»

En aquest cas es pot considerar que en les set places que preveu desti-Page 268nades a comunitats autònomes amb llengua diferent del castellà (cap per a Catalunya) s'hi ha de valorar el coneixement d'aquesta llengua.

Ordre de 26 de maig de 1998 (boe núm. 139, d'U de juny) del Ministeri de l'Interior, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de treball vacants en els serveis perifèrics de la Direcció General d'Institucions Penitenciàries, corresponents als cossos especial masculí i especial femení d'institucions penitenciàries. Les 12 places que convoca preveuen la valoració de la «Lengua autòctona»,

D'altra banda, algunes convocatòries de proves selectives continuen incorporant la poc eficaç previsió que anem repetint en aquest apartat de les cròniques: «En compliment del que disposa l'article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost , de mesures per a la reforma de la funció pública, el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de l'Institut Nacional de les Administracions Públiques i en col·laboració amb els centres de formació de funcionaris competents, en cada cas, vetllarà per la formació dels aspirants seleccionats en el domini de la llengua oficial de les comunitats autònomes en les quals obtinguin destinació, una vegada nomenats funcionaris de carrera.» Una de les convocatòries on apareix la clàusula suara transcrita és l'Ordre de 3 d'abril de 1998 (boe núm. 84, del 8) del Ministeri de Justícia, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés al cos d'advocats de l'Estat. Hi contrasta amb una prova obligatòria i eliminatòria de coneixements «de l'idioma estranger que l'opositor hagi escollit en la seva sol·licitud» (annex 1.1). Com en altres ocasions que anem denunciant en aquestes cròniques, en aquest cas les llengües estrangeres han estat situades en una condició millor (requisit de capacitat) que les espanyoles diferents del castellà (es vetllarà per la formació després del nomenament). Només resta el dubte de si el coneixement d'aquestes es podria fer valer per superar la prova d'idioma en la mesura que també es parlen i són oficials en territoris estrangers (per exemple, el català a Andorra).

L'Ordre de 12 de juny de 1998 (boe núm. 149, del 23) del Ministeri de l'Interior, per la qual es convoca concurs-oposició per a ingrés en el cos de professors d'educació general bàsica d'institucions penitenciàries a l'àmbit dels serveis perifèrics de la Direcció General d'Institucions Penitenciàries, preveu el següent:

Annex I

[...].

»Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana dels aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola.

Page 269

»També amb caràcter previ a la realització de la prova escrita de coneixements, els aspirants que participin en el procediment selectiu i no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la realització d'una prova en què es comprovarà que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

»La prova consistirà en una redacció en castellà d'un mínim de 200 paraules i una conversació amb el Tribunal, i serà qualificada d'apte o no apte; s'haurà d'obtenir la qualificació d'apte per continuar el procés selectiu.»

De les llengües diferents del castellà, no se'n fa cap referència.

Ensenyament

Ordre de 10 de febrer de 1998 (boe núm. 47, del 24) del Ministeri d'Educació i Cultura, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a la provisió de places vacants de funcionaris docents a l'exterior, fa els esments lingüístics següents:

Preàmbul

Amb la finalitat de desenvolupar l'acció educativa espanyola a l'exterior amb referència a la promoció i organització d'ensenyaments reglats de nivells no universitaris del sistema educatiu espanyol, currículums mixtos impartits a centres amb participació de l'Estat espanyol, programes d'ajut a l'ensenyament de l'espanyol i programes específics per a fills de residents espanyols, tot això integrat en el marc més ampli de la projecció de la cultura i de la llengua espanyola, d'acord amb l'establert al Reial decret 1027/1993, de 25 de juny , i a l'Ordre de 28 de febrer de 1994 , modificada per l'Ordre de 30 de gener de 1996 , i d'acord amb el que disposa l'article 40.3 de l'Estatut del personal de les escoles europees, vigent des del començament de l'any escolar 1989-1990, i aplicable al professorat destinat per primera vegada a partir d'aquesta data, es fa necessari procedir a la provisió de vacants a centres de titularitat espanyola, centres de titularitat mixta, seccions espanyoles a centres docents de titularitat estrangera, seccions espanyoles de les escoles europees i agrupacions de llengua i cultura espanyola i equipsPage 270 d'assessors tècnics de les conselleries d'educació i ciència, tots ells a l'estranger, amb funcionaris de carrera dels cossos de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de formació professional i mestres en règim d'adscripció temporal,

Base primera. Podran sol·licitar aquestes places els funcionaris de carrera pertanyents als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de formació professional i mestres, sempre que reuneixin els requisits següents:

»B) Requisit específic: Conèixer l'idioma o un dels idiomes amb el nivell que per a cada lloc es determina a l'annex I de l'Ordre present. Aquest requisit s'haurà d'acreditar per qualsevol de les formes previstes a les bases segona.4.e o sisena.

»Segona

»3. En el supòsit que el candidat concorri a vacants per a les quals hi hagi la possibilitat d'optar entre dos idiomes diferents s'haurà de consignar expressament l'opció per un dels idiomes a la sol·licitud de participació.

»Els candidats a les places de Colòmbia no hauran d'acreditar el requisit de nivell de coneixement d'idiomes.

»4. Juntament amb la instància referida haurà d'aportar-se la documentació que s'indica tot seguit, que podrà ser original o fotocòpia degudament compulsada.

»e) Documentació justificadora del requisit específic a què es refereix la base primera B).

»Quedaran exempts de realitzar la prova de coneixement d'idiomes i es considerarà que assoleixen el nivell establert per a cada lloc, els qui acreditin fefaentment estar en possessió, segons s'indica a l'annex II.3, d'alguns dels següents títols o certificats, els quals hauran de fer referència expressa a l'idioma que es pretengui acreditar:

»Per al nivell superior:

»Títol de llicenciat en la filologia corresponent a l'idioma el coneixement del qual es requereix.

»Títol de llicenciat en traducció i interpretació en l'idioma el coneixement del qual es requereix.

»Certificat d'aptitud de les escoles oficials d'idiomes en l'idioma el coneixement del qual es requereix.

»Per al nivell intermedi:

»Títol de diplomat en professorat d'educació general bàsica, amb especialitat en la filologia corresponent a l'idioma el coneixement del qual es requereix.

»Títol de llicenciat en traducció i interpretació en l'idioma el coneixement del qual es requereix.

»Certificacíó acadèmica de cicle elemental de les escoles oficials d'idiomes en l'idioma el coneixement del qual es requereix.

»En el cas que els esmentats tí-Page 271tols acadèmics no facin referència expressa a l'idioma que es pretengui acreditar, s'haurà de presentar, a més del títol acadèmic, certificació acadèmica personal comprensiva de totes les matèries cursades per a la seva obtenció.

»Quan aquestes titulacions s'hagin obtingut a l'estranger, s'haurà d'adjuntar la corresponent homologació.

»Així mateix, quedaran exempts de realitzar aquesta prova els funcionaris dels cossos de professors d'ensenyament secundari o d'escoles oficials d'idiomes, titulars de l'especialitat d'idioma el coneixement del qual es requereix per ocupar la vacant, als quals se'ls reconeixerà el nivell superior.

»Igualment, aquells candidats que van acreditar els nivells 2 i 3 de coneixement en un o diversos idiomes, d'acord amb l'establert a les ordres de 16 de febrer i de 13 de desembre de 1996 , per les quals es van convocar concursos públics de mèrits per a la provisió de places vacants de funcionaris docents a l'exterior, tindran reconegut, en la present convocatòria, els nivells intermedi i superior, respectivament, sense necessitat de concórrer a la prova de comprovació del nivell de coneixement d'idioma corresponent ni d'aportar cap tipus de documentació.

»Exclusivament a efectes informatius, els interessats podran consultar la relació dels aspirants que van acreditar estar en possessió del requisit del nivell de coneixement d'algun idioma, segons l'establert a les ordres de 16 de febrer i de 13 de desembre de 1996.

»[...].

»A aquests participants se'ls consignarà a la llista provisional d'aspirants admesos als quals es refereix la base quarta. 1 el nivell d'idioma llavors acreditat, sense perjudici del dret que es reserva l'Administració de requerir els participants, en el cas que resulti necessari per a la comprovació d'aquest requisit específic.

»Als professors als quals se'ls acrediti el nivell superior de coneixement d'un idioma se'ls considerarà també acreditats per al nivell intermedi d'aquest.

»Tots aquells candidats que optin a alguna vacant que exigeixi el nivell d'idioma superior i que els hagi estat reconegut el nivell intermedi o que requereixi el coneixement d'un altre idioma del qual no tinguin acreditat cap nivell, hauran de concórrer a la prova específica que s'estableix a la base sisena.

»La Resolució de la Direcció General de Personal i Serveis que s'estableix a la base quarta. 4 determinarà, amb caràcter definitiu, els professors que han demostrat reunir el requisit específic del nivell de coneixement d'un idiomes o més per qualsevol dels procediments previstos en els paràgrafs anteriors.

»Sisena. La comprovació del requisit del nivell de coneixementPage 272 de l'idioma o idiomes que s'assenyalen per a cada lloc a l'annex I, es realitzarà mitjançant una prova específica. A aquesta prova hi hauran de concórrer els qui no haguessin acreditat aquest requisit, de conformitat amb el que disposa la base segona. 4.e, i, en conseqüència, no es trobessin inclosos en la relació a què es refereix la base quarta. 1. En el cas d'optar a una vacant que exigeixi el nivell d'idioma superior i tenint acreditat l'intermedi, segons aquesta relació, també s'hauran de presentar a aquesta prova.

»E1 contingut de la prova s'ajustarà a les especificacions contingudes a l'annex VII.

»Als candidats que no superin la prova en el nivell i idioma exigit per a les vacants d'un determinat programa, no se'ls en tindran en compte les peticions per a aquestes vacants.

»Onzena. 2. [...] Entre els criteris que s'hauran de tenir en compte per a l'avaluació positiva de l'assessor tècnic haurà d'incloure's [...] l'eficàcia en l'organització i posada en pràctica dels programes i activitats per l'ensenyament de l'espanyol, com també les iniciatives adoptades per contribuir a la difusió de l'ensenyament de la llengua i cultura espanyoles. [...].

»Quinzena. Els professors adscrits destinats a centres, agrupacions de llengua i cultura espanyola i seccions espanyoles a centres estrangers, estaran acollits al règim de dedicació establert per als funcionaris docents que prestin servei a centres públics a Espanya, d'acord amb l'establert a l'Ordre de 31 de juliol de 1987 (boe del 18 d'agost).»

Com en convocatòries anteriors, en les places per a Andorra s'exigeix el català com a requisit.

Ordre de 23 de febrer de 1998 (boe núm. 50, del 27 de febrer) del Ministeri d'Educació i Ciència, per la qual es regulen les titulacions mínimes i condicions que han de posseir els professors per impartir formació professional específica en els centres privats i en determinats centres educatius de titularitat pública: «Disposició addicional tercera./Les titulacions requerides per impartir els mòduls professionals de llengua estrangera seran els de llicenciat en filologia en el corresponent idioma, o titulació equivalent. També podran exercir l'activitat docent d'aquests mòduls els professors que imparteixin o hagin impartit el corresponent idioma modern a formació professional de primer o segon grau.» La disposició final primera, 1, atribueix a l'Ordre el caràcter de norma bàsica.

Ordre de 17 d'abril de 1998 (boe núm. 98, del 24) del Ministeri d'Educació i Ciència, per la qual es convoquen procediments selectius per a in-Page 273gres i accés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes i procediment per a l'adquisició de noves especialitats pels funcionaris d'aquest cos:

3. Sol·licituds

3.9. Documentació: Els aspirants acompanyaran les seves sol·licituds amb els següents documents:

E) Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 de la present Ordre estiguin exempts de la realització de la prova prèvia d'acreditació del coneixement del castellà, hauran d'aportar a tal efecte el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera, o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes o el títol de llicenciat en filologia hispànica o romànica.

De no aportar la documentació a la qual es refereix el paràgraf anterior hauran de realitzar la prova a la qual es refereix l'apartat 7.2 d'aquesta convocatòria.

5. Òrgans de selecció

5.1. La selecció dels participants en els diferents procediments selectius a què es refereix aquesta convocatòria, serà realitzada per les comissions de selecció i els tribunals nomenats a l'efecte, sense perjudici del previst a l'apartat 7.2 de la present Ordre respecte als tribunals que han de valorar la prova prèvia de coneixement del castellà.

6. Començament i desenvolupament de les proves

6.1. Començament. Aquestes proves selectives començaran a partir del 29 de juny d'enguany sense perjudici del que disposa l'apartat 7.2.1 d'aquesta Ordre en relació amb la prova prèvia d'acreditació del coneixement del castellà. [...].

7. Sistema de selecció

7.2. Prova d'acreditació del coneixement del castellà pels aspirants que no posseeixin nacionalitat espanyola:

7.2.1. D'acord amb el previst a l'article 26 del Reial decret 850/1993, de 4 de juny , amb caràcter previ a la realització de les proves a les quals es refereixen els apartats 6.1 i 7.3 de la present Ordre, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar el coneixement del castellà mitjançant la realització d'una prova on es comprovarà que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

Estan exempts de la realització de la prova a la qual es refereix l'apartat anterior els qui estiguin en possessió del diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera, establert pel Reial decret 826/1988, de 20 de juliol , modificat i completat pel Reial decret 1/1992, de 10 de gener , o en possessió del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expe-Page 274dit per les escoles oficials d'idiomes, o en possessió del títol de llicenciat en filologia hispànica o filologia romànica.

[...].

7.2.2. El contingut de la prova d'acreditació del coneixement del castellà serà determinat pels tribunals en la convocatòria als aspirants, prenent com a referència el que disposa el Reial decret 826/1988, de 20 de juliol, pel qual s'estableixen diplomes acreditatius del coneixement de l'espanyol com a llengua estrangera.

7.2.3. Tribunals de valoració. La valoració de la prova a la qual es refereix l'apartat anterior es realitzarà per tribunals compostos per un president i quatre vocals, designats per ordre de la Direcció General de Personal i Serveis entre funcionaris en actiu del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes de l'especialitat d'espanyol per a estrangers. Excepcionalment, quan això no resulti possible, la Direcció General de Personal i Serveis podrà designar directament als vocals entre funcionaris d'altres especialitats, i en aquest cas es podran nomenar assessors especialistes en els termes previstos a l'apartat 5.7.3 d'aquesta convocatòria. [...].

7.2.4 Valoració. Els tribunals qualificaran aquesta prova d'"apte" o "no apte", i cal obtenir la valoració d'apte per poder realitzar les proves restants. [...].»

Una regulació idèntica de l'exigència del coneixement del castellà per als aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola la trobem a l'Ordre de 17 d'abril de 1998 (boe núm. 98, del 24) del Ministeri d'Educació i Cultura, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés i accessos al cos de professors d'ensenyament secundari, i procediments per a l'adquisició de noves especialitats pels funcionaris d'aquest cos, a les normes 3.6, 5.1, 6.1, 7.2. Cal afegir i blasmar que ja en la convocatòria anterior (Ordre de 28 de febrer de 1996; rld núm 26, p. 222 i 223) apareix una nota tercera (la cinquena en la de 1998) que diu que «D'acord amb el que disposa l'article 36.2 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , hauran de traduir-se al castellà els documents que, redactats en llengua oficial d'una comunitat autònoma, hagin de tenir efectes fora del territori d'aquella comunitat». Ens sembla jurídicament pervers que s'utilitzi una disposició que precisament vol pal·liar tímidament la proscripció, encara, de les llengües diferents del castellà, com és l'article 36 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per continuar castigant llengües i llurs usuaris. Segons el nostre parer, si algun efecte positiu es desprèn clarament d'aquella deficient disposició ha de ser la incontestable possibilitat que els ciutadans presentinPage 275 documents en català davant de qualsevol organisme de l'Administració de l'Estat si ho fan des del territori de la comunitat autònoma amb dues llengües oficials. El fet que aquell document surti de la comunitat autònoma, especialment sí s'esdevé perquè els òrgans centrals de l'Estat s'han reservat una competència, hauria de ser lingüísticament intranscendent per al ciutadà que presenta un document dintre de qualsevol oficina de les previstes dins l'article 38.4 de la Llei 30/1992, existent dins el territori d'una comunitat autònoma en què la llengua de l'escrit sigui oficial. Les necessitats de traducció que tingui l'Administració no haurien de ser carregades en cap cas al ciutadà que utilitza una llengua oficial, i més tenint en compte que l'article 36.4 de la Llei 30/1992 hi preveu la solució.

Val a dir, encara, que d'acord amb el Reial decret 1876/1997 referenciat a l'apartat d'ensenyament, pel qual es traspassen funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a les Illes Balears en matèria d'ensenyaments no universitaris, la present convocatòria ja no inclou places per al territori esmentat. Confiem que aquest fet farà disminuir les peticions de traducció amb què es van trobar els aspirants de les Illes Balears després de la introducció de la «nota» que hem comentat en el paràgraf anterior en les darreres convocatòries estatals que els van afectar.

@Àmbit internacional

Cal destacar la publicació al boe del Conveni-marc per a la protecció de les minories nacionals (número 157 del Consell d'Europa), fet a Estrasburg l'1 de febrer de 1995, amb l'Instrument de ratificació d'Espanya de 13 de gener de 1998 (boe núm. 20, del 23; correccions d'errates al 37, de 12 de febrer, i al 39, del 14). Per la seva importància i per les referències lingüístiques que inclou, el publiquem íntegrament:

Instrumento de ratin'cación del Convenio-marco para la protección de las minorías nacionales (núm. 157 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995.

Juan Carlos I

Rey de España

Por cuanto el día 1 de febrero de 1995, el plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmo en Estrasburgo el Convenio-marco para la protección de las Minorías Nacionales (número 157 del Consejo de Europa), hecho en el mismo lugar y fecha.

Vistos y examinados los treinta yPage 276 dos artículos de dicho Convenio,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, corno en virtud del presente, lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid, a 20 de julio de 1995.

Juan Carlos R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,

Javier Solana Madariaga

Convenio marco para la protección de las minorías nacionales

Los Estados Miembros del Consejo de Europa y los demás Estados, signatarios del presente Convenio marco,

Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros con el fin de salvaguardar y promover los ideales y principios que constituyen su patrimonio común;

Considerando que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

Deseando desarrollar la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Consejo de Europa, adoptada en Viena el 9 de octubre de 1993;

Resueltos a proteger dentro de sus territorios respectivos la existencia de minorías nacionales;

Considerando que los trastornos de la historia europea han demostrado que la protección de las minorías nacionales es esencial para la estabilidad, la seguridad democrática y la paz del continente;

Considerando que una sociedad pluralista y genuinamente democrática no sólo debe respetar la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de cada persona perteneciente a una minoría nacional, sino también crear las condiciones apropiadas que permitan expresar, preservar y desarrollar esa identidad;

Considerando que es necesaria la creación de un clima de tolerancia y diálogo para permitir que la diversidad cultural sea una fuente y un factor, no de división, sino de enriquecimiento de cada sociedad;

Considerando que la consecución de una Europa tolerante y próspera no depende solamente de la cooperación entre los Estados, sino que exige también la cooperación transfronteriza entre las entida-Page 277des locales y regionales, sin perjuicio de la constitución y de la integridad territorial de cada Estado;

Teniendo en cuenta el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos;

Teniendo en cuenta los compromisos relativos a la protección de las minorías nacionales contenidos en los convenios y declaraciones de las Naciones Unidas y en los documentos de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, en particular en el Documento de Copenhague de 29 de junio de 1990;

Resueltos a definir los principios que deben respetarse y las obligaciones que de ellos se derivan, con el fin de garantizar, en los Estados miembros y en los demás Estados que puedan llegar a ser partes en el presente instrumento, la protección efectiva de las minorías nacionales y de los derechos y libertades de las personas pertenecientes a dichas minorías, dentro del imperio de la ley y del respeto hacia la integridad territorial y la soberanía nacional de los Estados;

Resueltos a poner en práctica los principios enunciados en el presente Convenio-marco, por medio de las legislaciones nacionales y de las apropiadas políticas gubernamentales,

Han convenido en lo siguiente:

Título primero

Artículo 1

La protección de las minorías nacionales y de los derechos y libertades de las personas pertenecientes a esas minorías es parte integrante de la protección internacional de los derechos humanos y, en cuanto tal, se encuentra dentro del campo de la cooperación internacional.

Artículo 2

Las disposiciones del presente Convenio marco se aplicarán de buena fe, en un espíritu de comprensión y de tolerancia y de conformidad con los principios de buena vecindad, de relaciones amistosas y de cooperación entre los Estados,

Artículo 3

1. Toda persona perteneciente a una minoría nacional tendrá derecho a elegir libremente ser o no tratada como tal y el ejercicio de esa opción y de los derechos relacionados con la misma no dará lugar a ninguna desventaja.

2. Las personas pertenecientes a minorías nacionales podrán ejercitar, tanto individualmente como conjuntamente con otras, los derechos y libertades derivados de los principios consagrados del presente Convenio marco.

Titulo II

Artículo 4

1. Las Partes se comprometenPage 278 a garantizar a las personas pertenecientes a minorías nacionales el derecho a la igualdad ante la ley y a una protección igual por parte de la ley. A este respecto, se prohibirá toda discriminación fundada sobre la pertenencia a una minoría nacional.

2. Las partes se comprometen a adoptar, cuando sea necesario, medidas adecuadas con el fin de promover, en todos ios campos de la vida económica, social, política y cultural, una plena y efectiva igualdad entre las personas pertenecientes a una minoría nacional y las pertenecientes a la mayoría. A este respecto, tendrán debidamente en cuenta las condiciones específicas de las personas pertenecientes a las minorías nacionales.

3. Las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 2 no se considerarán un acto de discriminación.

Artículo 5

1. Las Partes se comprometen a promover las condiciones necesarias para permitir a las personas pertenecientes a minorías nacionales mantener y desarrollar su cultura, así como preservar los elementos esenciales de su identidad, a saber, su religión, lengua, tradiciones y patrimonio cultural.

2. Sin perjuicio de las medidas adoptadas de conformidad con su política general de integración, las Partes se abstendrán de toda política o práctica encaminada a la asimilación contra su voluntad de personas pertenecientes a minorías nacionales y protegerán a esas personas contra toda acción destinada a dicha asimilación.

Artículo 6

1. Las Partes promoverán un espíritu de tolerancia y de diálogo intercultural, y tomarán medidas eficaces para favorecer el respeto y la comprensión mutuas entre todas las personas que vivan en su territorio, sea cual fuere su identidad étnica, cultural, lingüística o religiosa, en particular, en los campos de la educación, de la cultura y de los medios de comunicación.

2. Las Partes se comprometen a tomar las medidas apropiadas para proteger a las personas que puedan ser objeto de amenazas o de actos de discriminación, de hostilidad o de violencia a consecuencia de su identidad étnica, cultural, lingüística o religiosa.

Artículo 7

Las Partes asegurarán a toda persona perteneciente a una minoría nacional el respeto de los derechos de libertad de reunión pacífica, de libertad de asociación, de libertad de expresión y de libertad de pensamiento, de conciencia o de religión.

Page 279

Artículo 8

Las Partes se comprometen a reconocer que toda persona perteneciente a una minoría nacional tiene el derecho a manifestar su religión o creencias, así como el derecho a crear instituciones religiosas, organizaciones y asociaciones.

Artículo 9

1. Las Partes se comprometen a reconocer que el derecho a la libertad de expresión de toda persona perteneciente a una minoría nacional comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir y comunicar informaciones e ideas en la lengua minoritaria sin injerencia de las autoridades públicas y sin consideración de las fronteras. Las Partes asegurarán, en el marco de su ordenamiento jurídico, que las personas pertenecientes a una minoría nacional no sean discriminadas en su acceso a los medios de comunicación.

2. El primer apartado no impedirá que las Partes sometan a un régimen de autorización, no discriminatorio y fundado en criterios objetivos, las empresas de radio sonora, televisión o cinematografía.

3. Las Partes no obstaculizarán la creación y utilización de medios escritos por personas pertenecientes a minorías nacionales. En el marco legal de la radio sonora y de la televisión velarán, en la medida de lo posible y habida cuenta de las disposiciones del apartado 1, por la concesión, a las personas pertenecientes a minorías nacionales, de la posibilidad de crear y utilizar sus propios medios de comunicación. 4. En el marco de sus ordenamientos jurídicos, las Partes adoptarán medidas adecuadas con el fin de facilitar el acceso a los medios de comunicación a las personas pertenecientes a minorías nacionales y con el fin de promover la tolerancia y de permitir el pluralismo cultural.

Artículo 10

1. Las Partes se comprometen a reconocer que toda persona perteneciente a una minoría nacional tiene derecho a utilizar libremente y sin trabas su lengua minoritaria tanto en privado como en público, oralmente y por escrito.

2. En las zonas geográficas habitadas tradicionalmente o en número considerable por personas pertenecientes a minorías nacionales, cuando estas personas lo soliciten y dicha solicitud corresponda a una necesidad real, las Partes se esforzarán por asegurar, en la medida de lo posible, unas condiciones que permitan la utilización de la lengua minoritaria en las relaciones entre esas personas y las autoridades administrativas.

3. Las Partes se comprometen a garantizar el derecho de toda per-Page 280sona perteneciente a una minoría nacional a ser informada, en el plazo más breve y en una lengua que comprenda, de las razones de su detención, de la naturaleza y la causa de la acusación contra ella, así como a defenderse en esa lengua, en caso necesario con asistencia gratuita de un intérprete.

Artículo 11

1. Las Partes se comprometen a reconocer a toda persona perteneciente a una minoría el derecho a utilizar su apellido y sus nombres de pila en la lengua minoritaria, así como el derecho al reconocimiento oficial de aquéllos, según las modalidades previstas en su ordenamiento jurídico.

2. Las Partes se comprometen a reconocer a toda persona perteneciente a una minoría nacional el derecho a exponer en su lengua minoritaria signos, inscripciones y demás información de carácter privado a la vista del público.

3. En las regiones tradicionalmente habitadas por un número considerable de personas pertenecientes a una minoría nacional, las Partes se esforzarán, en el marco de su ordenamiento jurídico, incluidos, en su caso, los acuerdos con otros Estados, y teniendo en cuenta sus condiciones específicas, por exponer las denominaciones locales tradicionales, nombres de calles y demás indicaciones topográficas destinadas al público también en la lengua minoritaria cuando exista una demanda suficiente de dichas indicaciones.

Artículo 12

1. En caso necesario, las Partes tomarán medidas en los campos de la educación y de la investigación para fomentar el conocimiento de la cultura, la historia, la lengua y la religión de sus minorías nacionales así como de la mayoría.

2. En este contexto, las Partes ofrecerán en particular oportunidades suficientes para la formación del profesorado y de acceso a los libros de texto y facilitarán los contactos entre los alumnos y profesores de diferentes comunidades.

3. Las Partes se comprometen a promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación a todos los niveles para las personas pertenecientes a minorías nacionales.

Artículo 13

1. Dentro del marco de su sistema educativo, las Partes reconocerán a las personas pertenecientes a una minoría nacional el derecho a crear y dirigir sus propios centros privados de enseñanza y de formación.

2. El ejercicio de este derecho no implicará ninguna obligación financiera para las Partes.

Page 281

Artículo 14

1. Las Partes se comprometen a reconocer a toda persona perteneciente a una minoría nacional el derecho a aprender su lengua minoritaria.

2. En las zonas geográficas habitadas tradicionalmente o en número considerable por personas pertenecientes a minorías nacionales, si existe una demanda suficiente, las Partes se esforzarán por asegurar, en la medida de lo posible y en el marco de su sistema educativo, que las personas pertenecientes a esas minorías tengan la posibilidad de aprender la lengua minoritaria o de recibir enseñanza en esa lengua.

3. El apartado 3 del presente artículo se aplicará sin perjuicio del aprendizaje de la lengua oficial o de la enseñanza en esa lengua.

Artículo 15

Las Partes establecerán las condiciones necesarias para la participación efectiva de las personas pertenecientes a minorías nacionales en la vida cultural, social y económica, así como en los asuntos públicos, en particular los que les afecten.

Artículo 16

Las Partes se abstendrán de tomar medidas que, al modificar las proporciones de la población en zonas geográficas habitadas por personas pertenecientes a minarías nacionales, tengan como finalidad restringir los derechos y libertades dimanantes de los principios consagrados en el presente Convenio-marco.

Artículo 17

1. Las Partes se comprometen a no obstaculizar el derecho de las personas pertenecientes a minorías nacionales a establecer y mantener contactos libres y pacíficos a través de las fronteras con personas lícitamente establecidas en otros Estados, en particular con aquellas con las que compartan una identidad étnica, cultural, lingüística o religiosa, o un patrimonio cultural común.

2. Las Partes se comprometen a no obstaculizar el derecho de las personas pertenecientes a minorías nacionales a participar en las actividades de las organizaciones no gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional.

Artículo 18

1. Las Partes se esforzarán por concluir, en caso necesario, acuerdos bilaterales y multilaterales con otros Estados, en particular Estados vecinos, con el fin de asegurar la protección de las personas pertenecientes a las minorías nacionales en cuestión.

2. En su caso, las Partes toma-Page 282rán medidas para fomentar la cooperación transfronteriza.

Artículo 19

Las partes se comprometen a respetar y poner en práctica los principios consagrados en el presente Convenio marco introduciendo en ellos, en caso necesario, únicamente aquellas limitaciones, restricciones o excepciones que estén previstas en los instrumentos jurídicos internacionales, en particular en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en la medida en que sean pertinentes para los derechos y libertades dimanantes de dichos principios.

Título III

Artículo 20

En el ejercicio de los derechos y libertades dimanantes de los principios consagrados en el presente Convenio marco, toda persona perteneciente a una minoría nacional respetará la legislación nacional y los derechos de los otros, en particular los de las personas pertenecientes a la mayoría o a otras minorías nacionales.

Articulo 21

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio marco se interpretará en el sentido de que implique el derecho a ejercer cualquier actividad o realizar cualquier acto contrario a los principios fundamentales del derecho internacional y, en particular, de la igualdad soberana integridad territorial e independencia política de los Estados.

Artículo 22

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio marco se interpretará en el sentido de que introduzca limitaciones o excepciones a cualquiera de los derechos humanos y libertades fundamentales que estén reconocidos según las leyes de cualquier Parte Contratante o de conformidad con cualquier otro acuerdo en el que ésta sea parte.

Artículo 23

Los derechos y libertades derivados de los principios consagrados en el presente Convenio marco, en la medida en que sean objeto de una disposición correspondiente en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o en los Protocolos al mismo, se entenderán de conformidad con estas últimas disposiciones.

Page 283

Título IV

Artículo 24

1. El Comité de Ministros del Consejo de Europa velará por la puesta en práctica del presente Convenio marco por las Partes Contratantes.

2. Las Partes que no sean miembros del Consejo de Europa participarán en el mecanismo puesta en práctica según las modalidades que se determinen.

Artículo 25

1. En el plazo de un año a partir desde la entrada en vigor del presente Convenio marco con respecto a una Parte Contratante, ésta última transmitirá al Secretario general del Consejo de Europa información completa sobre las medidas legislativas y de otra índole que haya tomado para llevar a efecto los principios expresados en el presente Convenio marco.

2. Posteriormente, cada Parte transmitirá al Secretario general, periódicamente y cada vez que el Comité de Ministros así lo solicite, cualquier otra información pertinente respecto de la aplicación del presente Convenio marco.

3. El Secretario general transmitirá al Comité de Ministros toda la información comunicada de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 26

1. Al evaluar la adecuación de las medidas adoptadas por una Parte para llevar a efecto los principios expresados en el presente Convenio marco, el Comité de Ministros estará asistido por un comité consultivo cuyos miembros poseerán una competencia reconocida en el campo de la protección de las minorías nacionales.

2. La composición de este comité consultivo así como sus procedimientos serán determinados por el Comité de Ministros dentro del plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio marco.

Título V

Articulo 27

El presente Convenio marco estarà abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa. Hasta la fecha de su entrada en vigor, estará también abierto a la firma de cualquier otro Estado invitado a fírmarlo por el Comitè de Ministros. Estarà sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario general del Consejo de Europa.

Articulo 28

1. El presente Convenio mar-Page 284co entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses después de la fecha en que doce Estados miembros del Consejo de Europa hayan expresado su consentimiento a quedar vinculados por el Convenio marco de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.

2. Respecto de cualquier Estado miembro que exprese posteriormente su consentimiento a quedar vinculado por el Convenio marco, éste entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

Artículo 29

1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio marco y una vez consultados los Estados contratantes, el Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar a adherirse al presente Convenio, mediante decisión tomada por la mayoría prevista en el artículo 20.d) del Estatuto del Consejo de Europa, a cualquier Estado no miembro del Consejo de Europa que, invitado a firmarlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, todavía no lo haya hecho, así como a cualquier otro Estado no miembro.

2. Con respecto a cualquier Estado que se adhiera, el Convenio marco entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha del depósito del instrumento de adhesión en poder del Secretario general del Consejo de Europa.

Artículo 30

1. En el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cualquier Estado podrá designar aquel territorio o territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable a los que se aplicará el presente Convenio marco.

2. En cualquier otro momento posterior, todo Estado podrá, mediante una declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, hacer extensiva la aplicación del presente Convenio marco a cualquier otro territorio designado en esa declaración. El Convenio marco entrará en vigor respecto de ese territorio el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la declaración por el Secretario general.

3. Toda declaración formulada en virtud de los dos apartados precedentes podrá ser retirada, por lo que respecta a cualquier territorio designado en esa declaración, mediante notificación dirigida al Secretario general. La retirada sur-Page 285tirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario general.

Artículo 31

1. Cualquier parte podrá, en cualquier momento, denunciar el presente Convenio marco dirigiendo una notificación al Secretario general del Consejo de Europa.

2. La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de seis meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario general.

Artículo 32

El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo, a los demás Estados signatarios y a cualquier Estado que se haya adherido al presente Convenio marco:

a) Toda firma;

b) El depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

c) Toda fecha de entrada en vigor del presente Convenio marco de conformidad con sus artículos 28, 29 y 30;

d) Todo otro acto, notificación o comunicación que se refiera al presente Convenio marco.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Convenio marco.

Hecho en Estrasburgo, el 1 de febrero de 1995, en francés e inglés, siendo los dos textos igualmente auténticos, en un ejemplar único que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general del Consejo de Europa transmitirá copia certificada conforme a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa y a cualquier Estado invitado a firmar o a adherirse al presente Convenio-marco.

@@Alemania

Declaración consignada en una carta del Representante Permanente de Alemania, fechada el 11 de mayo de 1995, remitida al Secretario general con ocasión de la firma, el 11 de mayo de 1995.

El Convenio marco no contiene definición alguna de la noción de minorías nacionales. Corresponde pues a cada Parte Contratante determinar los grupos a los cuales la misma se aplicará tras la ratificación. En la República Federal de Alemania se consideran minorías nacionales los daneses de nacionalidad alemana y los miembros del pueblo zorbo de nacionalidad alemana. El Convenio-marco se aplicará también a los grupos étnicos quePage 286 residen tradicionalmente en Alemania es decir a los frisones, sintis y gitanos de nacionalidad alemana.

ESTADOS PARTE


Estado Fecha/firma Fecha depósito
Instrumento
Albania 29-6-1995
Alemania, Rep. Fed. de 11-5-1995 10-9-1997 D
Armenia 25-7-1997
Austria 1-2-1995
Bulgaria 9-104997
Chipre 1-2-1995 4-6-1996 D
Croacia 6-11-1996 11-10-1997
Dinamarca 1-2-1995 22-9-1997 D
Eslovaquia 1-2-1995 14-9-1995 D
Eslovenia 1-2-1995
España 1-2-1995 1-9-1995 D
Estonia 2-2-1995 6-1-1997 D
Finlandia 1-2-1995 3-10-1997 D
Grecia 22-9-1997
Hungría 1-2-1995 25-9-1995 D
Irlanda 1-2-1995
Islandia 1-2-1995
Italia 1-2-1995 3-11-1997 D
Letonia 11-5-1995
Liechtenstein 1-2-1995
Lituania 1-2-1995
Luxemburgo 20-7-1995 D
Macedonia, ex ant. Rep. Yug. de 25-7-1996 10-4-1997 D
Malta 11-5-1995
Moldavia 13-7-1995 20-11-1996 D
Noruega 1-2-1995
Países Bajos 1-2-1995
Polonia 1-2-1995
Portugal 1-2-1995
Reino Unido 1-2-1995
Rep. Checa 28-4-1995
Rumania 1-2-1995 11-5-1995 D
Rusia, Federación de 28-2-1996
San Marino 11-5-1995 5-12-1996 D
Suecia 1-2-1995
Suiza 1-2-1995
Ucrania 15-9-1995

D: Declaraciones

Page 287

@@Dinamarca

Declaración contenida en una Nota Verbal del 22 de septiembre de 1997, remitida al Secretario general con ocasión del depósito del Instrumento de Ratificación el 22 de septiembre de 1997.

En relación con el depósito del Instrumento de Ratificación por Dinamarca del Convenio marco para la protección de las minorías nacionales se declara por la presente que el Convenio marco se aplicará a la minoría alemana en la Jutlandia meridional, que forma parte del Reino de Dinamarca.

@@Estonia

Declaración contenida en el Instrumento de Ratificación, depositado el 6 de enero de 1997.

La República de Estonia considera el término «minorías nacionales», que no está definido en el Convenio marco para la protección de minorías nacionales, en este sentido: Se consideran «minoría nacional» los ciudadanos de Estonia que:

Residen en territorio de Estonia; Mantienen vínculos antiguos firmes y duraderos con Estonia;

Se distinguen de los estonianos por sus características étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas;

Están motivados por la preocupación de conservar en su seno sus tradiciones culturales, su religión o su lengua, que constituyen las base de su identidad común.

@@Luxemburgo

Declaración consignada en una carta de la Representante Permanente de Luxemburgo, fechada el 18 de julio de 1995, remitida al Secretario general con ocasión de la firma, el 20 de julio de 1995.

El Gran Ducado de Luxemburgo entiende como «minoría nacional» en el sentido del Convenio marco un grupo de personas instaladas desde hace muchas generaciones en su territorio, que tienen la nacionalidad luxemburguesa y que han conservado características distintas en el ámbito étnico y lingüístico.

Basándose en esta definición, el Gran Ducado de Luxemburgo quiere hacer constar que en su territorio no existen «minorías nacionales».

La ex-República Yugoslava de Macedonia

Declaraciones contenidas en el Instrumento de Ratificación, depositado el 10 de abril de 1997.

Page 288

La República de Macedonia declara que:

  1. El término minorías nacionales empleado en el Convenio marco para la protección de minorías nacionales se considera idéntico al término «nacionalidades» usado en la Constitución y las Leyes de la República de Macedonia.

  2. Las disposiciones del Convenio marco para la protección de las minorías nacionales serán aplicadas a las minorías nacionales albanesa, turca, valaca, gitana y serbia que viven en el territorio de la República de Macedonia.

El presente Convenio entrará en vigor, de forma general y para España, el 1 de febrero de 1998, de conformidad con lo establecido en su artículo 28.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 13 de enero de 1998.

El Secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Núñez Montesinos.

En relació amb aquest període escau d'esmentar, a més, els textos següents:

Acord de 14 de juny de 1994 (boe núm. 110, de 8 de maig de 1998) del Ministeri d'Afers Exteriors, de col·laboració i cooperació entre les comunitats europees i els seus estats membres, per una banda, i Ucraïna, per l'altra, realitzat a Luxemburg el 14 de juny de 1994:

Títol VII

Cooperació econòmica.

Article 59. Ensenyament i formació.

»2. La cooperació se centrarà especialment en les àrees següents:

»[...].

»Ensenyament de les llengües comunitàries.

»[...].

»Protocol sobre assistència mútua entre autoritats administratives en matèria de duanes

»[...].

»Article 6. Fons i forma de les sol·licituds d'assistència.

»[...].

»3. Les sol·licituds es redactaran en una llengua oficial de l'autoritat requerida o en una llengua acceptable per aquesta autoritat.»

Acord de 24 de juny de 1994 (boe núm. 26, de 30 de gener de 1998) del Ministeri d'Afers Exteriors, de col·laboració i cooperació pel qual s'estableix una col·laboració entre les comunitats europees i els seus estats membres, per una banda, i la Federació de Rússia, per l'altra, realitzat a Corfú, el 24 de juny de 1994:

Page 289

Article 63. Ensenyament i formació.

[...].

»2. La cooperació se centrarà especialment en les següents àrees:

»[...].

»Ensenyaments de les llengües de la Comunitat i de Rússia;

»[...].

»Títol IX

»Cooperació cultural.

»Article 85.

»1. Les parts es comprometen a promoure la cooperació cultural amb l'objectiu d'enfortir els actuals vincles entre els seus pobles i fomentar el mutu coneixement de la seva llengua i cultura respectiva, respectant la llibertat creativa i l'accés recíproc als valors culturals.

»2. La cooperació cobrirà, en particular, els següents àmbits:

»[...].

»Tradució d'obres literàries.

»Títol XI

»Disposicions institucionals, generals i finals.

»Article 111.

»Aquest exemplar original de l'Acord, les versions del qual en llengua alemanya, danesa, espanyola, francesa, grega, anglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa i russa són igualment autèntiques, estarà dipositat en poder del secretari general del Consell de la Unió Europea.

»Protocol 2 sobre assistència administrativa mútua per a la correcta aplicació de la legislació duanera.

»Article 5. Fons i forma de les sol·licituds d'assistència.

»3. Les sol·licituds es redactaran en una llengua oficial de l'autoritat requerida o en una llengua acceptable per l'esmentada autoritat.»

Acord de 28 de novembre de 1994 (boe núm. 152, de 26 de juny de 1998) del Ministeri d'Afers Exteriors, de col·laboració i cooperació entre les comunitats europees i els seus estats membres, per una banda, i la República de Moldova, per l'altra, realitzat a Brussel·les el 28 de novembre de 1994:

Article 104.

E1 present Acord es redacta en un exemplar en les llengües alemanya, danesa, espanyola, francesa, grega, anglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa i moldava, essent cadascun d'aquests textos igualment autèntic.

»Annex V

»Protocol sobre assistència mútua entre autoritats administratives en matèria de duanes

»Article 6. Contingut i forma de les sol·licituds d'assistència.

»3. Les sol·licituds es redactaran en una llengua oficial de l'autoritat requerida o en una llengua acceptable per aquesta autoritat.»

Page 290

Conveni de 27 de setembre de 1996 (boe núm. 47, de 24 de febrer de 1998) del Ministeri d'Afers Exteriors. Conveni establert prenent com a base l'article K.3 del Tractat de la Unió Europea relatiu a l'extradició entre els estats membres de la Unió Europea, realitzat a Dublín el 27 de setembre de 1996. Aplicació provisional, Les referències lingüístiques són les següents:

Article 19.

Adhesió de nous estats membres.

»2. El text d'aquest Conveni en la llengua de l'Estat que s'hi adhereixi, elaborat pel Consell de la Unió Europea, serà fefaent.»

Protocol de 10 d'abril de 1997 (boe núm. 110, de 8 d'abril de 1998) del Ministeri d'Afers Exteriors, de l'Acord de col·laboració i cooperació entre les comunitats europees i els seus estats membres, per una banda, i Ucraïna, per l'altra, realitzat a Brussel·les el 10 d'abril de 1997, i intercanvi de notes annex. Aplicació provisional. Les referències lingüístiques són les següents:

Article 2,

Els textos de l'Acord, de l'Acta final i de tots els documents annexos també estan redactats en llengües finesa i sueca. S'adjunten a aquest Protocol i són igualment autèntics que els textos de les altres llengües en què estan redactats l'Acord, l'Acta final i els documents annexos.

»Article 3.

»Aquest Protocol està redactat, en doble exemplar, en llengües alemanya, danesa, espanyola, finesa, francesa, grega, anglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca i ucraïnesa, i cadascun d'aquests textos és igualment autèntic.»

Instrument de ratificació de 19 de gener de 1998 (boe núm. 96, de 22 d'abril) del Conveni europeu sobre televisió transfronterera, fet a Estrasburg el 5 de maig de 1989:

Article 10. Objectius culturals.

3. Les parts es comprometen a cercar conjuntament els instruments i procediments més adients per a donar suport, sense discriminació entre els radiodifusors, a l'activitat i el desenvolupament de la producció europea, particularment a les parts que tenen escassa capacitat de producció audiovisual o àrees lingüístiques restringides.»

Resolució de 26 de gener de 1998 (boe núm. 37, de 12 de febrer) de la Secretaria General Tècnica del Ministeri d'Afers Exteriors, sobre l'aplicació de l'article 32 del Decret 801/1972, relatiu a l'ordenació de l'activitat de l'Administració de l'Estat en matèria de tractats internacionals. Inclou al-Page 291gunes declaracions dels estats sobre usos lingüístics en aspectes relacionats amb els diversos tractats.

Reial decret 259/1998, de 20 de febrer (boe núm. 45, de l'endemà), del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les normes especials sobre ajuts i subvencions de cooperació internacional:

Article 2. Règim jurídic.

1. En el marc d'aquest Reial decret, el Ministre d'Assumptes Exteriors i el secretari d'Estat per a la cooperació internacional i per a Iberoamèrica com a president de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, podran atorgar, o proposar al Consell de Ministres en el supòsit previst a l'article 81.3 de la Llei general pressupostària, subvencions per finançar, totalment o parcialment, programes, projectes o activitats de cooperació, que tinguin per objecte el desenvolupament social i democràtic dels pobles, el progrés econòmic, educatiu, cultural, científic i tècnic dels països en desenvolupament o amb economies en transició, la defensa i difusió de les llengües i cultura d'Espanya i en general, totes aquelles activitats que coadjuvin a la solidaritat internacional,»

Ordre de 16 de març de 1998 (boe núm. 77, del 31) del Ministeri de Foment, per la qual s'incorpora parcialment al dret espanyol la Directiva 94/58/ce del Consell, relativa al nivell mínim de formació en professions marítimes:

Article 3. Mitjans de comunicació als vaixells.

1. Els vaixells abanderats a Espanya, com també els vaixells de passatge la procedència o destinació dels quals sigui un port espanyol, hauran de disposar a bord de mitjans tècnics i instrumentals que permetin en tot moment una comunicació verbal eficaç entre tots els membres del personal del vaixell, especialment en allò que es refereix a la recepció i comprensió correcta i puntual de missatges i instruccions en matèria de seguretat marítima i de la navegació.

»Aquests vaixells hauran de disposar, a més, de mitjans adequats de comunicació per poder relacionar-se amb les autoritats dels ports respectius utilitzant bé un idioma comú o bé el d'aquestes autoritats.

»2. Els membres de la tripulació dels vaixells de passatge la funció dels quals sigui ajudar els passatgers en situacions d'emergència, portaran clarament visible un distintiu que els identifiqui com a tals. Per acomplir la seva comesa, hauran de tenir prou capacitat pràctica de comunicació, combinant en cadaPage 292 cas concret, de manera adient i suficient, els criteris següents:

»a) L'idioma o idiomes comuns a cadascun dels principals estats als quals pertanyin els passatgers transportats en una ruta marítima determinada.

»b) Les probabilitats que els passatgers que necessitin ajut siguin capaços de comprendre instruccions bàsiques en anglès, amb independència que aquests i els tripulants parlin o no un idioma comú.

»c) La necessitat eventual d'utilitzar, en cas d'emergència i quan no sigui possible la comunicació verbal, altres mitjans de comunicació, com gestos, senyals emesos per mitjans no mecànics, tocs d'atenció sobre el lloc on es troben les instruccions, punts de reunió, dispositius de salvament o itineraris d'evacuació.

»d) El fet que s'hagi facilitat als passatgers instruccions de seguretat completes en l'idioma corresponent.

»e) Els idiomes en què poden impartir-se, en cas d'emergència o de simulacre, instruccions bàsiques que facilitin als membres de la tripulació l'auxili als passatgers.

»3. El capità, els oficials i els mariners dels petroliers, vaixells cisterna per a productes químics i vaixells cisterna per a gasos liquats abanderats a Espanya hauran de ser capaços d'entendre's entre ells, almenys, en un idioma comú de treball. Aquests vaixells hauran de disposar, a més, de mitjans adients de comunicació per poder relacionar-se amb les autoritats dels Estats costaners immediats, bé en un idioma comú o bé en el d'aquestes autoritats.

»4. Quan l'òrgan competent de l'Administració marítima porti a terme una inspecció de vaixells que incumbeixi Espanya en qualitat d'Estat rector del port, comprovarà que els vaixells abanderats en altres estats compleixen també el que disposa aquest article.»

Codi internacional de 8 de maig de 1998 (boe núm. 122, del 22) publicat pel Ministeri d'Afers Exteriors, de gestió de la seguretat operacional del vaixell i la prevenció de la contaminació (Codi Internacional de Gestió de la Seguretat (cgs). Resolució A.741(18), adoptada el 4 de novembre de 1993, per la Conferència dels governs contractants del Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar de 1974:

6. Recursos i personal.

6.6. La companyia adoptarà procediments perquè la informació sobre els sgs es faciliti al personal del vaixell en un idioma o idiomes de treball que entenguí.»

Page 293

Aplicació provisional de 26 de maig de 1998 (boe núm. 133, de 4 de juny) del Ministeri d'Afers Exteriors, de l'Acord entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República Federal d'Alemanya sobre les condicions i normes per les quals es regirà l'estada de membres de les forces armades espanyoles a la República Federal d'Alemanya als efectes de la seva participació en l'exercici «Pegasus 98», realitzat a Bonn el 26 de maig de 1998:

9. Exercicis a l'espai aeri.

3. Les tripulacions de vol de les aeronaus participants en un exercici hauran de dominar l'idioma anglès, sempre que això sigui necessari per motius de seguretat de vol i de control de tràfic aeri.»

Ordre de 29 de maig de 1998 (boe núm. 141, de 13 de juny) del Ministeri de Foment, per la qual s'introdueixen modificacions en les instruccions tècniques pel transport sense riscos de mercaderies perilloses per via aèria. Reial decret 1749/1984, d'1 d'agost:

3. Discrepàncies notificades pels Estats.

3.3. Afegir les discrepàncies següents a l'adjunt 3, capítol 2, taula A-2:

»[...].

»NH-02. Les marques de tots els embalums i sobre-embalatges han d'estar en anglès. Quan un altre estat o explotador exigeixi marques en un idioma que no sigui l'anglès, ambdós idiomes s'han de destacar d'igual manera.

»NH-03. Totes les etiquetes de risc han d'incloure un text que indiqui el caràcter del risc. Aquest text ha de figurar de manera destacada en anglès a la meitat inferior de l'etiqueta segons es descriu a 7.2.2.4. Quan un altre estat o explotador exigeix que el text estigui en un idioma que no sigui l'anglès, ambdós idiomes s'han de destacar d'igual manera.»

Àmbit laboral

Resolució de 13 de gener de 1998 (boe núm. 25, del 29) de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball i Afers Socials, per la qual es disposa la inscripció en el registre i posterior publicació de l'Acord general per les empreses de transport de mercaderies per carretera:

Article 12.

Es prohibeix tota discriminació per raó de sexe, origen, estat civil, raça, condició social, idees religioses o polítiques, adhesió o no a sindicatsPage 294 i els seus acords, vincles de parentiu amb altres treballadors a l'empresa i llengua dins l'Estat espanyol.»

@Toponímia

Destaquem, en aquest àmbit, la Llei 2/1998, de 3 de març (boe núm. 54, de l'endemà; correcció d'errates: boe núm. 98, de 24 d'abril; publicada en català al boe suplement 0, de 20 d'abril; correcció d'errates al boe suplement 1, de 20 de maig), sobre el canvi de denominació de les províncies de La Coruiïa i Orense, de la qual reproduïm el text:

Llei 2/1998, de 3 de març, sobre el canvi de denominació de les províncies de «La Coruna» i «Orense»

Exposició de motius

L'Estatut d'autonomia de Galícia, en l'article 2.1, estableix que la denominació actual de les províncies de Galícia és «La Coruna, Lugo, Orense» i «Pontevedra».

La denominació de les capitals de les províncies de «La Coruna» i «Orense» és «A Coruna» i «Ourense», respectivament, tal com estableix el Decret de la Junta de Galícia 146/1984, de 27 de setembre, de conformitat amb la Llei 3/1983, de 15 de juny, de normalització lingüística, que estableix, en l'article 10, que «els topònims de Galícia tenen com a única forma oficial la gallega».

El Reial decret de 30 de novembre de 1833 estableix, en l'article 1, que les províncies prenen el nom de les seves capitals respectives, llevat d'«Alava, Navarra, Guipúzcoa» i «Vizcaya», que conserven les seves denominacions actuals.

El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, disposa, en l'article 25.2, que «només mitjançant una llei aprovada per les Corts Generals es pot modificar la denominació i la capitalitat de les províncies».

En l'actualitat es continua mantenint el nom oficial de «La Coruna» i «Orense» per a aquestes províncies, per bé que la realitat és que ambdós topònims s'utilitzen amb les denominacions d'«A Coruna» i «Ourense», respectivament, i tenen l'acceptació popular plena per part dels ciutadans, que les fan servir diàriament.

D'altra banda, les denominacions d'«A Coruna» i «Ourense» apareixen ja escrites d'aquesta manera en documents que daten del segle XIII, cosa que representa una clara ratificació de l'argumentació que aquestes denominacions respo-Page 295nen a una realitat lingüística, històrica i fins i tot tradicional.

Per tot això es proposa la Llei següent.

Article 1.

L'actual província de «La Coruña» passa a denominar-se oficialment «A Coruña» que té reconeguda la seva capitalitat.

Article 2.

L'actual província d'«Orense» passa a denominar-se oficialment «Ourense» que té reconeguda la seva capitalitat.

Disposició final única.

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l'Estat».

A banda de la Llei 2/1998, de 3 de març, transcrita, cal continuar blasmant, encara, l'ús de topònims incorrectes en diferents textos oficials publicats al boe. Posem per cas l'esment de les «Islas Baleares» i de «Valle de Arán» a la Resolució de 2 de gener de 1998 (boe núm. 3, de l'endemà) de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, i s'actualitzen per a l'any 1998 les quanties de les retribucions del personal a què es refereixen els articles 23 a 27 de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 1998 (annex VIII. Taula 1a). Recordem que la denominació «Islas Baleares» en usos oficials com aquest és contrària a la Llei 13/1997, de 25 d'abril, que vam reproduir al núm. 28, p. 367 i 368.

@Altres disposicions

Ordre de 16 de gener de 1998 (boe núm. 19, del 22), del Ministeri de la Presidència, per la qual s'introdueixen modificacions de caràcter tècnic en el Reglament de la circulació aèria operativa, aprovat pel Reial decret 1489/1994, d'1 de juliol (boe núm. 191, d'11 d'agost): «2.7.2.2. El formulari del pla de vol, com també les instruccions per emplenar-lo, figuren a aip Espanya i milaip. Aquest formulari està basat en el model oaci, i imprès en idioma espanyol i anglès.» Aquest apartat reprodueix el de la mateixa referència numèrica del Reial decret desplegat.

Llei 1/1998, de 26 de febrer (boe núm. 50, de l'endemà; publicada en català al boe suplement 0, de 20 d'abril), de drets i garanties dels contribuents:

Capítol II. Informació i assistència en el compliment de les obligacions tributàries

Page 296

Article 6. Publicacions

3. L'Administració central i les administracions autonòmiques podran regular mitjançant convenis la publicació, a més de castellà, en les altres llengües declarades oficials als Estatuts d'Autonomia.

L'Ordre d'1 d'abril de 1998 (boe núm. 91, de 16 d'abril) del Ministeri de Foment, per la qual es modifica el Reglament d'estacions d'afeccionat, aprovat per l'Ordre del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions de 21 de març de 1986 (boe núm. 92, de 17 d'abril), inclou, en l'annex 2, dos models de llicència bilingües castellà/anglès i en annex 4 un certificat quadrilingüe castellà/anglès/francès/alemany. Aquest fet és especialment lamentable ja que una sentència de 27 de juliol de 1998, de la sala contenciosa administrativa, secció vuitena, del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (ponent: Miguel Àngel Vegas Valiente), desestima un recurs d'un radioafeccionat de Catalunya contra la desestimació d'una sol·licitud d'expedició en llengua catalana del diploma d'operador d'estacions d'afeccionat de la classe B, decidida per una Resolució de 15 de febrer de 1996, del sotssecretari del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, desestimadora, al seu torn, del recurs ordinari interposat contra la resolució de 27 de gener de 1995, de la Secretaria General de Comunicacions. Ens trobem, doncs, amb una norma estatal que té en compte llengües estrangeres i ignora les llengües espanyoles, amb l'agreujant que el Ministeri havia optat prèviament per combatre la presència d'aquestes llengües espanyoles davant dels tribunals. El models de llicència bilingües castellà/anglès de l'annex 2 substitueixen un model trilingüe castellà/francès/anglès que apareixia a l'Ordre de 21 de març de 1986, i el model de certificat de l'annex 4 és nou respecte a aquesta Ordre anterior.

Reial decret 556/1998, de 2 d'abril (boe núm. 89, del 14) del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les normes per expedir la certificació d'animals i productes animals exigida per la normativa veterinària: «Article 6. Idioma dels certificats. Els certificats s'hauran d'estendre almenys en castellà o una altra llengua oficial que comprengui l'agent certificador i en una de les llengües oficials del país de destinació, de conformitat amb la normativa comunitària.» La disposició final la declara que la matèria regulada és competència exclusiva de l'Estat. El precepte, però, a diferència dels altres d'aquest apartat, és respectuós amb el pluralisme lingüístic de l'Estat.

Resolució de 23 de març de 1998 (boe núm. 91, de 16 d'abril) del Consell Superior d'Esports del Ministeri d'Educació i Cultura, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions, a les entitats sense finalitat de lu-Page 297cre, per a l'organització d'actes científics, publicacions periòdiques i realització d'estudis en àrees d'interès prioritari en l'àmbit de les ciències de l'esport per a 1998: «II.2.2. Es consideraran mèrits rellevants:/ a) Que cada article, conferència o comunicació, segons el cas, porti almenys un resum en una llengua diferent de la del text de l'article, preferentment anglès o francès, per a aquells escrits en espanyol.»

Resolució de 25 de març de 1998 (boe núm. 91, de 16 d'abril) del Consell Superior d'Esports del Ministeri d'Educació i Cultura, per la qual es disposa la publicació de la modificació dels estatuts de la Reial Federació Espanyola de Voleibol. Annex, article 56: «4. Les llicències expedides per les federacions d'àmbit autonòmic que, d'acord amb el que preveuen els paràgrafs anteriors, habilitin per a la participació en activitats o competicions oficials d'àmbit estatal, consignaran les dades corresponents almenys en la llengua espanyola, oficial de l'Estat». Novament, tal com anem remarcant en aquestes cròniques, trobem que el Ministeri encarregat de l'Educació i la Cultura aprova una disposició que, a més d'anar contra el pluralisme lingüístic en el fons, ho fa d'una forma que, manipulant les paraules de l'article 3.1 de la Constitució espanyola, en transforma i en marca ideològicament el contingut mitjançant una coma.

Reial decret 930/1998, de 14 de maig (boe núm. 125, del 26) del Ministeri de Presidència, sobre condicions generals d'idoneïtat i titulació de determinades professions de la marina mercant i del sector pesquer: «Article 7. Títols professionals i targetes professionals nàutico-pesqueres. 2. Les targetes professionals nàutico-pesqueres seran vàlides en tot el territori nacional i s'expediran almenys en castellà./Les comunitats autònomes amb llengua cooficial diferent del castellà podran expedir els títols i targetes professionals en castellà o en text bilingüe. En aquest cas, s'expediran en un sol document redactat en castellà i en l'altra Llengua oficial de la comunitat autònoma amb tipus de lletra del mateix rang.»

Ordre de 18 de juny de 1998 (boe núm. 155, del 30) del Ministeri de l'Interior, per la qual es regulen els cursos de formació per a conductors de vehicles que transportin mercaderies perilloses i els centres de formació que podran impartir-los: «Apartat setzè. Autorització especial. 1. Superades les proves, la Prefectura Provincial de Tràfic, després de les actuacions escaients, concedirà o denegarà l'obtenció, ampliació o pròrroga de l'autorització especial que habiliti per conduir vehicles que transportin mercaderies perilloses./ Aquesta autorització s'ajustarà al model establert a l'apèndix B.6 de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (adr) i estarà redactada en castellà i en francès.»

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