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Costes públicos de la interrupción voluntaria del embarazo. Estudio en el Área III de Salud de Murcia

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Vincent
AutorAndrés Salvador Soto Martínez - Roberto Germán Zurriaráin - Solanger Hernández Méndez
Páginas395-396

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Introducción

El abordaje asistencial y el procedimiento de la interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es responsabilidad de la Sanidad Pública en España, sin perjuicio de que el mismo acto de la IVE sea concertado con entidades privadas. Por tanto, los costes que se originan gravan los gastos públicos que han de gestionarse, dada su naturaleza limitada, siguiendo criterios de utilidad, eficiencia, sostenibilidad y calidad asistencial.

Material y métodos

Lejos de pretender una lección moral, un marco de discusión jurídica, ética o un enfrentamiento de ideas, ora políticas, otrora mas o menos trascendentes que, a la postre, no discurren más que en el plano de los principios y valores, léase, relativo, discutible y personalísimo, el objetivo de este trabajo no es otro que abordar, desde la perspectiva de la gestión sanitaria pública, la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, enfocar el análisis de la IVE, tan llamado a ser objeto de debate frentista, desde la estrategia de la gestión pública, analizando antes de sus eternamente discutibles costes morales, los inapelables costes económicos y sociales. Es, en fin, un intento de tratar el tema desde un lenguaje común, el de la gestión sanitaria, para evitar caer en la espiral interminable de la diáspora ideológica y sus consecuencias.

Discusión

A partir de los datos obtenidos, se hace preciso valorar e interrogarse sobre varios aspectos: ¿Existe un procedimiento jurídicamente seguro? ¿El procedimiento es asistencialmente correcto? ¿Los costes son adecuados a nuestros fines como servicio publico de prestación de asistencia sanitaria? ¿Los costes sufren evolución positiva? ¿Existen mecanismos que garanticen la correcta utilización de los

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servicios siguiendo criterios de gestión, racionalidad o eficiencia? ¿La actitud de la administración sanitaria defiende el interés público? ¿Es sostenible...

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