El coste del proceso: aspectos generales

Autor:Esther González; Luis Diego Espino
Páginas:9-18
RESUMEN

1. El derecho constitucional de acceso a la justicia y la capacidad económica -2. El coste del servicio público de la justicia. -3. Los costes y la reclamación de derechos. Cómo afrontar de modo razonable los gastos del proceso

 
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1. El derecho constitucional de acceso a la justicia y la capacidad económica

Como se ha dicho anteriormente, las peticiones ante los juzgados y tribunales implican unos gastos para el particular, sea persona física o sociedad, pero el montante de los mismos está en relación con el tipo de materia al que pertenezca el derecho que se reivindica. No es lo mismo acudir a un juzgado para poner una denuncia por un delito que reclamar una cantidad del deudor que nos debe, y el coste que se soporta será diferente.

El Derecho como mecanismo de regulación de las sociedades ha ido especializándose para cumplir sus fines, lo que ha llevado a la paralela especialización de los juzgados y tribunales. En razón de los intereses que tutelen esos órganos judiciales, el particular que acuda a los mismos tendrá que soportar mayores o menores gastos. Concretamente, cuando se acude a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal por haber sido víctima de un delito, el Estado nos proporcionará mecanismos que desde el inicio hasta el final velarán por nuestros derechos, incluidos los económicos sin tener que desembolsar cantidad alguna, salvo en ciertos delitos concretos. Distinta es la situación que se da cuando se reclamen derechos civiles, laborales o administrativos, el gasto, recuperable o no, debe ser tomado en consideración si pretendemos reclamar ante los tribunales.

Este distinto trato responde a la diferencia de la naturaleza de los intereses y derechos a tutelar. En la materia penal, las naciones que han decidido que sean los EstadosPage 10 quienes asuman la persecución del delito desde el inicio hasta la condena y la protección de la víctima, por entender que tales comportamientos atacan a la base de la convivencia. En los otros casos se debaten intereses privados, cuya defensa o abandono no deben ser asumidos por el Estado, sino por quienes son sus titulares.

Coste de las reclamaciones. Justicia y desigualdad económica

Las anteriores consideraciones se limitan a constatar una realidad que es conocida: las reclamaciones judiciales implican, de modo general, costes económicos. Pero estos costes no son igualmente gravosos para todos. Las desigualdades económicas que se dan en la sociedad no son obstáculo para que la Justicia, como poder del Estado, sea igual para todos con independencia de su situación económica. No obstante, mantener la anterior afirmación sin más, no deja de ser injusto. Respecto de un proceso judicial concreto, la actitud, el sacrificio y las posibilidades no son iguales para los ricos que para los pobres, o simplemente para el ciudadano medio. El enfrentamiento procesal entre un sujeto medio (persona física o jurídica) y una compañía financiera, de seguros o promotora, nunca supone el mismo sacrificio en un caso que en el otro, y aunque se obtenga el triunfo más favorable, la actitud frente al proceso de la persona media debe ser, nunca de miedo, pero sí de precaución.

Cuando se enfrenta una cuestión tan compleja como la del coste de la Justicia en relación con la capacidad económica de las partes enfrentadas, se acostumbra a olvidar la posición de una de ellas, en concreto de la parte a la que se reclama. El gasto que surge del proceso es un elemento de la toma de decisión que valora el que pretende demandar o querellarse, pero el que puede ser demandado o querellado debe valorar el aspecto económico de soportar un proceso contra él. Los reveses o desgracias de la vida pueden situar a las personas en situaciones económicamente desfavorables que se ven empeoradas, si además se soporta un proceso. El que se encuentra en esta situación puede renegociar un préstamo, vender un inmueble (piso, finca) hipotecado, obtener una financiación favorable que le evite los costosos gastos de los procesos de declaración o de ejecución. LaPage 11 correcta valoración de las circunstancias puede favorecer la recuperación, evitando gastos inútiles.

    A modo de síntesis, todo el que acuda a los Juzgados y Tribunales que integran la jurisdicción (los que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado), debe valorar el coste de intentar hacer valer el derecho propio, sin que en ningún caso la falta objetiva de medios pueda impedir...

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