La corrupción mal endémico del urbanismo español

AutorJuan Cruz Alli Aranguren
CargoProf. Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra

Una de las más notorias manifestaciones de la crisis ética de la sociedad española es la corrupción, que ha adquirido entidad alarmante. Dentro de ella destaca la vinculada directamente con la actividad urbanística. Recientemente era noticia nacional la investigación judicial del asesinato del alcalde de Polop, del que se imputa la autoría intelectual a un concejal de su confianza que organizó una conspiración, contratando a un sicario, con el fin de eliminar el obstáculo a sus proyectos urbanísticos. La actuación se ha ampliado a la trama urbanística urdida por medio de un técnico y una sociedad municipales, de convenios urbanísticos y de fórmulas para eludir el control por parte de la Comunidad Autónoma de grandes recalificaciones de suelo rural para convertirlo en urbanizable. Ha sido la primera vez en la que la corrupción ha dado lugar a un asesinado directamente relacionado con la actividad urbanística1. Constituye el punto álgido de la actividad delictiva que ha llegado a comportamientos mafiosos como el asesinato, demostrando la falta de escrúpulos de los presuntos delincuentes urbanísticos, y cómo la codicia de unos pocos puede llegar a asesinar a quien se opone a sus fines o no los secunda.

En los últimos meses de 2009 y primeros de 2010 ha aumentado la información sobre casos de corrupción y la posible comisión de delitos contra el medio y el territorio, prevaricación, cohecho, tráfico de influencia y blanqueo de capitales. Marbella y Seseña son paradigmas nacionales. Así la «Operación Pretoria», Santa Coloma, Sant Andreu, Badalona y ex altos cargos de CiU en Cataluña. En Baleares los casos Palma Arena, Eivissa Centre, Can Domenge, del expresidente Matas y de la presidenta del Parlamento. La alcaldesa de La Muela en Aragón. Parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Fulgencio en Alicante. El Presidente del Cabildo y el alcalde de Yaiza en Lanzarote. El alcalde de Alcaucín y la Diputación de Málaga, las irregularidades en Almonte y los delitos de prevaricación y cohecho en Lorca por urbanizar un paraje protegido. La «Operación Astapa» de Estepona supuso la detención de 25 personas. En la valenciana Algorfa, Orihuela, Oropesa, Denia, Torrevieja y otras, con seis alcaldes detenidos entre 2008 y 2010. En la Comunidad de Madrid, se han producido diversos casos de corrupción en Las Rozas, Majadahonda, Ciempozuelos, Getafe y Alcorcón. Todo ello ha supuesto la detención e imputación de numerosos alcaldes, concejales, técnicos y promotores.

Cuanto se ha expuesto confirma que el planeamiento y la gestión urbanística locales han constituido una importantísima fuente de corrupción, con efectos políticos, económicos e institucionales. Se ha demostrado la inactividad e insuficiencia de los sistemas de control de carácter político, judicial (penal) y social.

La calificación de «mal endémico» se adecua a la situación a pesar de su origen médico. Endemia se refiere a una «enfermedad que reina habitualmente, o en épocas fijas, en un país o comarca». Este es el caso de la corrupción sobre este aspecto concreto de la actividad pública, con grandes repercusiones e intereses económicos, existente en España. No es un hecho aislado, sino una modalidad, que forma parte de una epidemia de mayor alcance, que es la corrupción sistemática, con escaso reproche social, en un país en el que la picaresca es un elemento del carácter nacional. Como diagnosticó NIETO: «El poder abstracto es quizá puro, pero al operar se materializa en formas corruptas. El soberano es quizá justo, pero sus administradores son corruptos. Mientras haya poder habrá corrupción porque esta acompaña a aquél como la sombra al cuerpo»2.

I La corrupción urbanística es una parte sustancial de la corrupción general

Este tipo de corrupción no se produce de modo aislado, sino que forma parte de un fenómeno de más amplio espectro, de un clima de corrupción generalizada que no sólo es individual, sino estructural. Esta última aparece institucionalizada en el sistema socio-económico, en sus valores y objetivos y en sus interdependencias políticas y económicas, con formas complejas de relaciones asimétricas de poder.

Esta situación extrema es efecto de un largo proceso de escándalos urbanísticos, que son noticia diaria. Las denuncias y procesamientos por delitos urbanísticos, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas, lavado de activos y fraude fiscal son continuos y transversales, sin distinguir de ideologías en los gestores públicos imputados3. Es como si se hubiese abierto la veda y los partidos políticos nacionales más importantes, pero también algunos locales, rivalizasen en corrupciones de todo tipo, siendo las urbanísticas las más importantes.

Resulta evidente que se trata de las puntas del iceberg de la corrupción sobre la que se asienta una parte de la gestión pública española y, en particular, del urbanismo local. El mapa de la especulación-corrupción abarca toda España, pero es más intenso en las zonas de mayor actividad inmobiliaria, como el área madrileña, las costas y las islas4. Las informaciones diarias contradicen la opinión de quienes han querido verla como un hecho aislado5. Una cosa es que, en relación con el gran número de municipios de España, sean pocos aquellos en que se produce, pero ocurre en muchos de los que tienen auténtico dinamismo económico, turísticos, etcétera, frente a la mayoría en los que no existe nada de esto. La corrupción acude al olor del dinero, no de la pobreza.

La corrupción se ha visto favorecida, durante el periodo inmediatamente anterior a la actual crisis económica, por la especulación y por un marco legal que contempla la plusvalía como un derecho inherente a la propiedad del suelo, y por la importancia económica de la actividad edificatoria que llevó a construir en España más viviendas que en Gran Bretaña, Alemania y Francia juntos. Su importancia directa e inducida en el PIB llegó a ser del 13,8 %, generando el 22 % del empleo, de modo que el crecimiento económico tuvo en la construcción un factor decisivo. La recesión económica en que nos hallamos inmersos ha producido una profunda crisis de la construcción, lo que ha de provocar la reducción de los precios del suelo y de su transformación en refugio de inversiones. Sin embargo, siguen surgiendo los casos de corrupción, porque la reclasificación del suelo es un buen negocio a futuro, aunque ahora no sea realizable la plusvalía ni la edificación a corto plazo.

Siendo la corrupción urbanística la más evidente y escandalosa, sin embargo no es la única, sino que forma parte de una actitud social y de una tendencia que ha tenido diversas manifestaciones en la política y en la sociedad española en los últimos años. Su importancia creciente ha hecho de ella una referencia de España en el exterior, con el desprestigio que supone para el país.

En este sentido se ha de señalar como el 25 de octubre de 2006 el The Washington Post, titulaba una información sobre España: «In Spain, a Tide of Development. Land Laws on Mediterranean Coast Enable a Boom but Bring Corruption». Citó las afecciones a los ciudadanos extranjeros, los casos de Marbella, Altea, Benissa y otras poblaciones, las opiniones de los responsables de Greenpeace, WWF y «Abuso urbanísticos no», las quejas ante la Unión Europea, la economía sumergida, la delincuencia y el narcotráfico. Respecto a la legislación urbanística valenciana expuso que no recibió contestación del Gobierno autónomo, pero lo hizo la Vicepresidenta del Gobierno, afirmando «que el gobierno estatal apenas tiene control sobre la construcción y la planificación urbanísticas que, según ella, están en manos de las autoridades locales».

La Fundación Alternativas en el Informe sobre la democracia en España: la estrategia de la crispación, de 2007, detalló numerosos casos de corrupción y las localidades donde se producían, seis relacionados con las adjudicaciones de contratos y treinta con la corrupción urbanística.

El 27 de junio de 2007 la misma Fundación presentó en el Congreso de los Diputados el Informe «Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción», que recopiló la información y el análisis de los escándalos producidos en los últimos años. Su objetivo era proponer medidas a los partidos políticos sobre un fenómeno muy extendido, a partir del conocimiento de la situación en cuanto a las tipologías, las causas y los ámbitos territoriales. Incluyó un amplio catálogo de incumplimientos, analizando las irregularidades sancionadas por sentencias. Consideró como causas de la corrupción la existencia de un modelo urbanístico que fomentaba la especulación y no inhibía la corrupción, que era insostenible y con controles administrativos ineficaces. Propuso cincuenta medidas para superar la situación.

En su Informe sobre la democracia en España 2008 realizó en su capítulo 7 un «balance de la lucha contra la corrupción». Formuló unas conclusiones que son el diagnostico del estado de la corrupción en España, así como la valoración de algunas de las medidas a adoptar para corregirla, que siguen siendo válidas dos años después. Constató, entre otros:

  1. El análisis de los resultados de las elecciones municipales en aquellos ayuntamientos donde se realizaron denuncias de corrupción pone de manifiesto las limitaciones que tiene el voto como mecanismo de control de la corrupción.

  2. La decisión del voto es una elección compleja en la que incluso un votante que rechace la corrupción de los representantes políticos puede terminar dando su apoyo a un candidato sospechoso de corrupción.

  3. Para ser eficaces, las...

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