Algunas consideraciones sobre la relación jurídica entre corredores y entidades aseguradoras a propósito de la nueva Ley de Mediación

Autor:María José Puyalto Franco
Cargo:Profesora Agregada Derecho Mercantil. Facultad de Derecho y Economía. Universidad de Lleida
Páginas:235-269
RESUMEN

La vigente Ley 26/2006, de 17 de julio de mediación en seguros y reaseguros privados, afronta por primera vez la dualidad que caracteriza la actuación del corredor de seguros reconociendo que pueda mantener relaciones jurídicas con las aseguradoras y con los asegurados e introduce una nueva regulación de la retribución del corredor que le autoriza a ser... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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1. Introducción

La actual configuración del sector asegurador no puede sostenerse sin considerar la importancia fundamental de la labor desarrollada por los mediadores en su cometido por aportar valor a las relaciones entre las entidades aseguradoras y los asegurados, sin embargo, frente al nivel de consolidación alcanzado por la actividad aseguradora en el mercado interior, la mediación en seguros privados carecía de un marco jurídico europeo que facilitase el ejercicio transfronterizo de esta actividad por medio de la libertad de establecimiento y de prestación de servicios1. En este sentido, la publicación de la Ley 26/2006, de 17 de julio de mediación en seguros y reaseguros privados2 responde principalmente a la necesidad de adaptar la regulación hasta ahora vigente al nuevo escenario comunitario creado por la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en seguros privados.

Como es tradicional, en la nueva ley conviven normas de carácter administrativo que establecen las condiciones de acceso y ejercicio de la actividad de mediación desarrollada por las distintas categorías de profesionales con otras de naturaleza mercantil que pretenden incidir sobre las relaciones que los mediadores establecen con las entidades aseguradoras o con los asegurados. En particular, el artículo 29 afronta por primera vez la dualidad que caracteriza la actuación del corredor de seguros reconociendo que pueda mantener relaciones jurídicas con las aseguradoras y con los asegurados a diferencia del agente que únicamente permanece vinculado con las entidades aseguradoras por cuya cuenta actúa.

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Con este planteamiento, el legislador ofrece cobertura legal a los negocios jurídicos celebrados entre los corredores de seguros y las entidades aseguradoras por medio de los cuales se establecen los términos en que ha desenvolverse su relación si bien a renglón seguido se infiere que no son aquellas los clientes del corredor sino los futuros tomadores y asegurados que se sirven del asesoramiento imparcial e independiente de este mediador para satisfacer sus necesidades de cobertura. Sentado lo anterior, la norma introduce una nueva regulación de la retribución del corredor que le autoriza a ser remunerado por las entidades aseguradoras mediante comisiones y simultanea o alternativamente por sus clientes a través de honorarios profesionales.

Son diversos las temas que suscita una propuesta como la descrita aunque en este trabajo centraremos nuestra atención en la articulación del doble vinculo3 que tiene como eje al corredor de seguros al objeto de discernir si ambas relaciones se hallan interconectadas en virtud de la actividad de mediación desplegada por corredor o por el contrario pueden instituirse de forma aislada e indistinta.

Junto a este núcleo básico se analiza la extinción de la relación jurídica entre el corredor de seguros y las entidades aseguradoras y las consecuencias patrimoniales que de la misma se derivan, materia que se hasta la publicación de la LM se revela sumamente litigiosa. En particular, se explora un aspecto de gran relevancia práctica como es la viabilidad de la aplicación analógica de la compensación por clientela prevista en el articulo 28 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de Agencia del mismo modo que algunos de los más recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo contemplan para el contrato de concesión mercantil.

2. Las relaciones jurídico—privadas del corredor de seguros hasta la entrada en vigor de la Ley 26 2006 mediación en seguros y reaseguros privados

El término corredor de seguros para referirse al intermediario no vinculado a una o varias entidades de seguros no empezó a utilizarse por el legislador hasta la publicación del Real Decreto Legislativo 1347/1985, de 1 de agosto por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley reguladora de la producción de seguros privados. Con anterioridad, la Ley 117/1969, de 30 de diciembre4 identificaba a estos profe-Page 238sionales como una categoría de agentes de seguros5 que realizaba la actividad de producción de seguros6 sin estar vinculado con una determinada aseguradora a través de un contrato de agencia. Ello no obstante, la norma reconocía la existencia de una relación jurídica entre ambos de carácter puramente mercantil7 que debía regirse por los pactos que al efecto se establezcan presumiendo en todo caso que el agente libre ostentaba la representación del proponente para la gestión de la póliza durante su periodo de vigencia8.

Posteriormente, la expresión agente de seguros fue sustituido por la de mediadores9 reconociendo el Texto Refundido que los había de dos tipos: agentes y corredores; del mismo modo que su predecesora admitió la existencia de un vinculo mercantil entre los mediadores de seguros y las aseguradoras que, en el supuesto de los corredores, no podía articularse en torno al contrato de agencia reservado para los agentes de seguros ya fueran afectos o afectos representantes10.

Con la entrada en vigor de la Ley 9/1992, de 30 de abril el legislador se limitó a establecer el régimen jurídico de los corredores y sociedades de correduría ateniéndose a los principios de desafección e independencia respecto a las entidades aseguradoras y de profesionalidad e imparcialidad en relación a los asegurados sin pronunciarse expresamente sobre los vínculos contractuales que estos profesionales mantienen en el desarrollo de su actividad ni sobre su naturaleza jurídica. El único indicio lo proporcionaba la Disposición Adicional Cuarta de la Ley cuando respecto a los corredores determinaba la aplicación supletoria de los preceptos que el Código de Comercio dedica a la comisión mercantil si bien no llegó a clarificar si esta referencia se entendía realizada al objeto de integrar las la-Page 239gunas existentes de la relación entre la aseguradora y el mediador o entre éste y el asegurado.

Por lo que respecta a la praxis profesional del corredor de seguros ésta se ha articulado en torno a la denominada Carta de Condiciones suscrita entre aquellos y las entidades aseguradoras en la que se recogen los derechos y obligaciones respectivas y las condiciones de remuneración y gestión del corredor. La tipicidad social de este vinculo en el sentido de constituir un negocio profundamente arraigado en un sector del trafico jurídico11 sumada a un notable nivel de conflictividad condujo a la elaboración de un Código de Usos12 por el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros Titulados y la asociación empresarial del seguro13 en el que se intentaba complementar la normativa vigente, definiendo ciertos principios básicos para la relación entre los Corredores de Seguros y las Entidades Aseguradoras aplicables a la fase previa de la entrada en vigor de la póliza intervenida por el mediador14 y durante el periodo de vigencia de la misma15. Asimismo se instaba a las partes a resolver las discrepancias sobre el contenido, interpretación o cumplimiento de los contratos y acuerdos que les vinculan, antes de acudir a cualquier acción judicial, mediante actos de conciliación o arbitraje, utilizando al efecto la Comisión de Conciliación de Entidades Aseguradoras y Mediadores de Seguros16, o las instituciones similares creadas a tal efecto.

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Sin embargo, dado el escaso éxito que la adscripción al Código de Usos tuvo por parte de las entidades aseguradoras17, los conflictos entre las mismas y los corredores de seguros pasaron a dirimirse ante los Tribunales generando una jurisprudencia que apuesta decididamente por la naturaleza contractual de las Cartas de Condiciones18, calificándola en algunos casos de contrato de mediación o corretaje19.

Por el contrario, las relaciones jurídicas entre los mediados (futuros tomadores y aseguradores) y los corredores de seguros no sólo no han tenido ninguna trascendencia práctica sino que han pasado casi desapercibidas para la doctrina20 y la jurisprudencia, llegando a afirmar algún autor que su naturaleza jurídica carece de relevancia ya que es idéntica a la existente entre cualquier otro profesional y su cliente21.

Sobre la base de lo expuesto cabe concluir que la nitidez con la que se manifiesta la relación entre las entidades de seguros y los corredores frente a la opacidadPage 241 del vinculo entre estos y los futuros asegurados se debe a un conjunto de factores tales como la vigencia de una legislación que durante poco más de dos décadas se pronunció expresamente sobre la existencia de aquella sumada a una inveterada praxis profesional en los términos descritos; en segundo lugar, la presencia de un dato que a la vista del contenido habitual de las Cartas de Condiciones consultadas resulta difícilmente rebatible y es que la actividad de mediación desarrollada por el corredor de seguros ha venido siendo retribuida exclusivamente por las entidades aseguradoras a través de comisiones; y, finalmente, por el reconocimiento a favor del corredor de determinados derechos sobre la cartera de seguros atribuida a su función mediadora que se mantuvo incluso durante la vigencia de la Ley de 1992 acudiendo a un giro de reenvío supletorio que, como veremos, facilitaba la aplicación de la normativa...

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