Contencioso

 
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1. Nacional
(i) El Tribunal Supremo aprecia la causación de indefensión por un tribunal que no suspendió el acto de la vista ante la falta de habilitación del abogado de una de las partes (Comentario a la STS de 22 de julio de 2004; RJ 2004\4878)

El artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, en redacción dada por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio1, así como las Normas Reguladoras de la Comunicación contenidas en el Acuerdo del Consejo General de la Abogacía de 28 de junio de 1996, establecen la obligación de los profesionales colegiados que ejerzan en territorio diferente al de colegiación de comunicar a los Colegios distintos a los de su inscripción la actuación en su ámbito territorial.

El cumplimiento de esa obligación de comunicación es, en la actualidad, muy sencillo: basta con que los profesionales comuniquen a su Colegio que van a ejercer en un territorio distinto al propio de ese Colegio, y éste se encargará de ponerlo en conocimiento de aquél correspondiente al territorio en el que el profesional va a intervenir, a los efectos de la habilitación correspondiente.

Sin embargo, antes de la entrada en vigor del citado Real Decreto, algunos Colegios exigían a los profesionales que actuaban en su territorio sin estar colegiados en ellos, no sólo la comunicación de dicho ejercicio, sino también el pago de una tasa o incluso la colegiación en los mismos2. Ello, lógicamente, obstaculizaba en cierta manera las actuaciones de los profesionales en territorios distintos a los propios de su Colegio. La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2004 (RJ 2004\4878) que vamos a comentar ahora casa una sentencia dictada con anterioridad a la entrada en vigor tanto de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil como del citado Real Decreto-Ley. Sin embargo, a nuestro juicio, sus fundamentos son perfectamente aplicables con la legislación actualmente vigente.

El Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Illescas dictó, en fecha 21 de julio de 1997, una sentencia mediante la que condenaba a la sociedad demandada al pago de cierta cantidad. Dicha sentencia fue recurrida en apelación por la demandada ante la Audiencia Provincial de Toledo, pero, en el curso de las actuaciones, la Audiencia no permitió el acceso a la Sala de Vistas a la letrada de la apelante, por no haber cumplido la formalidad de la habilitación a la que nos referíamos con anterioridad. A pesar de los intentos de la letrada de comunicar con la Sala (llegó a presentar un escrito solicitando un nuevo señalamiento) y de haber recibido la habilitación la misma mañana en la que se celebraba la vista, ésta tuvo lugar sin su intervención. Tras ello, la Audiencia dictó, en fecha 27 de mayo de 1998, sentencia confirmatoria de la dictada en la primera instancia.

Esta última fue recurrida en casación, y, con fecha 22 de septiembre de 2004, la Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso y casado la sentencia de la Audiencia Provincial. Los fundamentos jurídicos que sustentan el fallo de la sentencia se pueden resumir de la siguiente manera:

(i) La falta de habilitación es un defecto subsanable, por lo que la Audiencia Provincial de Toledo infringió el art. 11.3 LOPJ, que establece que los Tribunales solamente podrán desestimar las pretensiones de las partes por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes.

(ii) En esa misma línea, una rigurosa interpretación de la exigencia de tal formalidad burocrática sólo conduce a admitir la conculcación del principio de tutela judicial efectiva que establece el art. 24 de la Constitución Española.

(iii) La actuación del Tribunal se califica de precipitada y nada elogiable, pues, a tenor del art. 323 de la antigua LEC -que establecía los motivos por los que podía suspenderse una vista-, la suspensión de las vistas ha de ser razonablemente considerada según las circunstancias de cada caso, sobre todo cuando no responden a actuaciones voluntarias de los litigantes o de sus letrados defensores.

(iv) No cabe admitir el razonamiento de la sentencia de que la incomparecencia de la parte apelante al acto de la vista privaba al Tribunal de conocer los motivos del recurso, lo que parece poner de manifiesto que la referida incomparecencia fue aprovechada para dictar sentencia totalmente desmotivada.

(v) No puede entenderse, por aplicación analógica del art. 711 de la antigua LEC, que la parte apelante no compareció a los efectos de que se acordase la devolución de los autos al Juzgado de Primera Instancia.

(vi) Por todo ello, deben anularse las actuaciones practicadas desde el acto de la vista oral, convocarse nueva vista con las formalidades legales, y seguir los trámites necesarios hasta sentencia.

(ii) El Tribunal Constitucional acepta el criterio del Tribunal Supremo sobre las vías de casación (Comentario al ATC de 26 de mayo de 2004; JUR 2004M75236)

En materia de recurso de casación, el artículo 477.2 LEC dice lo siguiente:

"2. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos:

  1. Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución.

  2. Cuando la cuantía del asunto excediere de veinticinco millones de pesetas (150.000 euros).

  3. Cuando la resolución del recurso presente interés casacional".

A los efectos del presente comentario, nos centraremos exclusivamente en los ordinales 2o y 3o del artículo 477.2 LEC. Así, en un primer momento, tras la promulgación de la norma, y antes de su entrada en vigor, las interpretaciones del precepto en cuestión diferían en cuanto a si los supuestos enumerados podían ser alegados indistintamente por las partes con el fin de recurrir una resolución en casación (bien por razón de la cuantía, bien por razón de su interés casacional, en el supuesto de que la cuantía no alcanzase los veinticinco millones de pesetas o ciento cincuenta mil euros), o si por el contrario nos encontrábamos ante dos vías de acceso al recurso de casación, distintas y excluyentes entre sí. De seguir esta segunda interpretación, aquellos procedimientos cuya tramitación viniese marcada por razón de la cuantía, no podrían acceder a la casación por supuesto interés casacional. Del mismo modo, el procedimiento tramitado en función de la materia no podría acceder a la casación, aunque la cuantía del mismo fuese superior a los veinticinco millones de pesetas o ciento cincuenta mil euros que establece la LEC.

Finalmente, y poco antes de la entrada en vigor de la LEC, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo alcanzó el acuerdo de 12 de diciembre de 2000 (JUR 2002Y77546), que establece los criterios sobre recurribilidad, admisión, y régimen transitorio en relación con los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, regulados en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. De acuerdo con el mismo, los supuestos recogidos en el artículo 477.2 LEC son distintos y excluyentes entre sí, cuando afirmó que:

"Resoluciones recurribles son las dictadas en los casos taxativamente previstos en los tres ordinales del art. 477.2 LECiv, que constituyen supuestos distintos y excluyentes, por lo que sólo cabrá solicitar la preparación al amparo de uno de ellos y el tribunal no podrá reconducir a otro distinto del invocado por la parte".

Así, entendía el Tribunal Supremo que los dos supuestos recogidos en el artículo 477.2 LEC (cuantía superior a 25 millones de pesetas, e interés casacional) tienen que ponerse en relación con los artículos 248, 249 y 250 LEC, que distinguen entre los juicios por razón de la cuantía y de la materia. De la misma forma, apoyaba su interpretación en el hecho de que el artículo 255 LEC supedite la impugnación de la cuantía de la demanda a que el procedimiento fuese otro o a que de la determinación correcta de la cuantía resultase procedente el recurso de casación.

Dicha argumentación fue repetida en numerosos recursos de queja que eran resueltos por el Tribunal Supremo, frente a decisiones de las Audiencias Provinciales que denegaban la preparación del recurso de casación, estableciendo que el ordinal segundo del artículo 477.2 LEC está exclusivamente referido a los asuntos tramitados por razón de la cuantía, mientras que el tercero es cauce para los sustanciados en atención a la materia, sin que los tribunales pudiesen reconducir la cita errónea de la vía casacional por la parte recurrente.

Frente a distintas opiniones que sostenían que la interpretación del Tribunal Supremo suponía una restricción injustificada al derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho al recurso, al cerrar la casación a aquellos litigios tramitados por razón de su cuantía que, pese a no alcanzar el importe de veinticinco millones de pesetas, presentaban interés casacional de acuerdo con la definición establecida en el artículo 477.3 LEC3, el Tribunal Constitucional ha entendido que dicha interpretación del Tribunal Supremo no puede ser revisada.

Así, en su auto de 26 de mayo de 2004 (JUR 2004U75236), el Tribunal Constitucional deniega el amparo solicitado por una parte que vio desestimado su recurso de queja ante el Tribunal Supremo, por supuesta infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. Entiende el Tribunal Constitucional que, por discutible que pueda considerarse la argumentación que ha conducido a la inadmisión del recurso de casación, no cabe interpretar la existencia de un error patente en la decisión del Tribunal Supremo (pues no se está discutiendo sobre una cuestión fáctica), ni puede aceptarse que se...

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