Los derechos consolidados de los Planes de Pensiones son inembargables hasta el momento de la prestación de acuerdo con la sentencia del Tribunal constitucional 88/2009 de 20 de abril (BOE 7 de mayo)

Autor:Francisco Javier Tirado Suárez
Cargo:Profesor Titular de Derecho Mercantil y del Derecho del Seguro Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Abogado
Páginas:321-328
RESUMEN

I. Introducción. II. La evolución histórico—legislativa de la embargabilidad de los planes de pensiones. A) El silencio de la Ley 8/1987 y de su Reglamento. B) El artículo 119.1 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. C) El Real Decreto 215/1999 de 5 de febrero. D) El Real Decreto 304/2004 de 20 de febrero.... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 321

I Introducción

En el BOE del 7 de mayo de 2009 se publica la sentencia del Tribunal Constitucional 88/2009 de 20 de abril, donde se resuelve la cuestión de inconstitucionalidad 3005/2001, planteada por el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid, en relación con el párrafo tercero del artículo 8.8 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, en relación con el principio de tutela judicial efectiva.

En primer lugar, sorprende el retraso (desde el 28 de mayo 2001, fecha de presentación en el Registro General del Tribunal Constitucional, del Auto del referido Juzgado de 16 de mayo 2001, por el que se planteaba la inconstitucionalidad de la inembargabilidad de los derechos consolidados de los planes de pensiones hasta que no surge el derecho a la prestación.

La cuestión se plantea en el marco de una sentencia de despido de una trabajadora frente a un empleador, persona física. Una vez extinguida la relación laboral, en fase de ejecución, se tuvo noticia de que el empleador, el único bien que tenía, era un plan de pensiones, que es objeto de embargo, sin embargo al apreciar el Juzgador que el mismo no se podía hacer efectivo hasta el momento de la prestación, considera que el preceptoPage 322 vulnera los principios constitucionales, contenidos en el artículo 24 CE, al limitar sin justificación aparente la pronta ejecución de las resoluciones judiciales y al mandato del artículo 117.3 CE, en orden a que los Jueces ejecuten lo juzgado.

Es curioso que ninguna de las partes realizara observación alguna a la Providencia, donde se planteaba la procedencia del planteamiento de la anticonstitucionalidad, debiendo destacarse que tampoco realizó alegación alguna el Ministerio Fiscal, el Fondo de Garantía Salarial, ni la entidad gestora del fondo de pensiones, La Caixa.

En el planteamiento de la cuestión por el Juez se señalaba las características de los planes de pensiones, nacidos de las aportaciones voluntarias de los partícipes y de los promotores, en su caso, que revierten en un fondo con la finalidad de obtener la máxima rentabilidad financiera en el mercado y del que se extraen como derechos consolidados de aquel en cuyo favor se impusieron al momento de sobrevenir alguna de las contingencias que para el partícipe subjetivamente lo justifican: jubilación, fallecimiento, invalidez, etc.

Tras analizar el carácter complementario de la Seguridad Social obligatoria, se considera un activo patrimonial del partícipe, evaluable materialmente y susceptible de embargo de acuerdo con las reglas generales del procedimiento de ejecución previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Juez en el planteamiento de la anticonstitucionalidad no encuentra razones para la inembargabilidad, puesto que las pensiones públicas son embargables, de acuerdo con una escala, en la medida en que superan la cuantía del salario mínimo.

A este respecto el Juzgador menciona la sentencia del Tribunal Constitucional 158/1993 de 6 de mayo que consideró desproporcionada la inembargabilidad de las pensiones de los mutilados de guerra.

En oposición a esta tesis del Juzgador, el Abogado del Estado declaró que la inembargabilidad era una consecuencia necesaria de la indisponibilidad de los recursos de los partícipes en los planes de pensiones, de acuerdo con la función económica que realizan de dar estabilidad a los mercados financieros.

En la misma línea, el Fiscal General del Estado proclama que los partícipes no adquieren ningún derecho hasta que se produce el evento, cuyo riesgo es objeto de cobertura, de manera que la entidad gestora no viene obligada a pago alguno hasta que el evento no ocurra, de manera que el Juez en la fase de ejecución de los derechos consolidados no puede encontrarse en mejor posición que el partícipe.

Tanto el Senado como el Congreso de los Diputados no se han personado en el procedimiento, que ha estado esperando turno hasta el 20 de abril de 2009, prácticamente ocho años, durante los cuales no sabemos lo que ha pasado con el empleador, si se ha jubilado o no, ni tampoco con la trabajadora despedida y únicamente indemnizada por el Fondo de Garantía Salarial.

En los fundamentos jurídicos de la sentencia que se comenta, se analiza por el Tribunal Constitucional la justificación de la medida de la inembargabilidad prevista por el legislador, que se encuentra, de acuerdo con lo postulado por el Abogado del Estado yPage 323 el Fiscal, en la propia naturaleza de los derechos consolidados de los planes de pensiones, que aunque sean...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA