La consolidación del régimen liberal en Alicante
| Autor | José Antonio Pérez Juan |
| Páginas | 58-86 |
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La capital lucentina se sumó a los levantamientos populares el 1 de septiembre de 1835. Ese día tuvo lugar una sublevación que obligó a las auto-ridades a aceptar la formación de una Junta auxiliar de Gobierno170. Desconocemos la actividad desarrollada por la misma. No obstante, podemos afirmar que apenas un mes después de su instalación se transformó en Co-
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misión de Armamento y Defensa171. Ésta se creó a instancia del Gobierno, que aprovecharía la estructura de las Juntas revolucionarias provinciales para instalar las citadas instituciones con el objeto de racionalizar los esfuerzos de la guerra172. La Comisión alicantina celebró su sesión constitutiva el 3 de noviembre de 1835173. El acta fue levantada por Antonio Sereix, secretario del Ayuntamiento de Alicante. En aquella primera reunión se limitó a nombrar a los vocales encargados de examinar las credenciales de sus miembros174. Acto seguido resolvió oficiar al Ayuntamiento para que facilitase provisionalmente, y hasta la instalación de la Diputación provincial, un local para celebrar sus sesiones. Al día siguiente se dirigía por primera vez a la provincia dando cuenta de su instalación:
La Comisión Subalterna Provisional de Armamento y Defensa, mandada crear por Real orden de 6 del pasado queda ya instalada. Su misma denominación señala con claridad las atribuciones de su instituto. Aumentar las filas de la Guardia Nacional; proporcionarle armamento y equipo; activar la quinta decretada por S. M; presentar en los nuevos cuadros jóvenes, en quienes la aptitud y conocimientos compitan con la decisión y el patriotismo; procurar la mejor y más pronta recaudación de los dos millones de reales ofrecidos a S. M para las
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urgencias del Estado; sacrificarse por la salvación de éste, y afianzamiento del Trono
175.
Durante los meses de noviembre y diciembre desarrolló una intensa actividad, centrándose fundamentalmente en el despliegue de la quinta, y en el reparto del donativo de los dos millones concedido por esta provincia a la regente. Finalizó sus sesiones el 9 de enero de 1836, acordando su disolución apenas cuatro días después de recibir un oficio de la Diputación provincial de Alicante dando cuenta de su instalación y solicitando el cese en sus funciones176.
La Comisión de Armamento y Defensa estaba compuesta por un vocal representante de cada uno de los partidos judiciales que integraban la provincia. A los asistentes a la sesión de instalación se unirán en los meses siguientes los restantes miembros. El primero en sumarse será Francisco Border177, diputado por Callosa de Ensarriá, a quien le seguirán José Merita178, por Alcoy y José Castelló, abogado y vecino de Bocairente, diputado por el partido de Onteniente179y Juan José Norato, por Orihuela. El 9 de noviembre lo hará Francisco de Paula Capsin, diputado por Albayda180y en los días siguientes Nicolás Morand, por Denia181y Gerónimo Vidal Bañuls182, por Pego. Junto
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a ellos encontramos al secretario. Aun cuando la primera acta es elaborada por Antonio Sereix, la Comisión en su segunda sesión acordó nombrar para el cargo de secretario a Andrés Vicedo, procurador del Reino, «como muestra de aprecio, y que le sirviese de mérito esta distinción para conseguir la secretaría de la Diputación Provincial»183. Como el secretario provisional, Antonio Sereix, no podía seguir desempeñando sus funciones, por hallarse al cargo de la secretaría del Ayuntamiento de la capital, se nombró un oficial primero, «a cuya dirección quedase interinamente», siendo elegido por unanimidad Gaspar García Soler. La planta de la secretaría será completada días después con el nombramiento de su personal auxiliar, integrado por Pedro Corona184, portero interino, Juan Orts, oficial de la secretaría y Joaquín Luis Domínguez como escribiente meritorio185. Finalmente, para aquellos supuestos en los que el comandante general, presidente nato de la Corporación, así como su sustituto no pudieran asistir a las sesiones se nombró al diputado Muñoz para que en ausencia de ambos desempeñara la presidencia186.
Una vez establecida la Comisión, se fijaban unas directrices básicas para su funcionamiento que permitieran agilizar la tramitación de los expedientes. En este sentido, se acordó que «mientras cosa en contrario no se dispusiere, se celebrasen dos sesiones en cada uno, fixando la hora de las diez por la mañana y de siete por la noche»187. Debía preocupar mucho a los miembros de la Comisión el eficaz despacho de sus expedientes. De otro modo no se explica el hecho de que se premie la dedicación del personal auxiliar de la secretaría188, sino también, el que creara un órgano permanente encargado de continuar el despacho de los negocios durante las etapas en las que el pleno de la Comisión no estuviese reunido189.
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Respecto a sus atribuciones ésta centró toda su actividad en el reparto del donativo de dos millones concedido por esta provincia a la regente para auxiliarle en los gastos derivados de la guerra carlista y en la tramitación de la quinta para ese año. El 5 de noviembre la sección de hacienda instaba al pleno de la Comisión de Armamento y Defensa a que le facilitasen «bases seguras para proceder al reparto con equidad». El esfuerzo realizado por la provincia no fue en vano y días después de iniciada la tramitación, el capitán general felicitaba a la Comisión por «el donativo de dos millones con que esta provincia contribuyó al esterminio de las facciones y del agrado con que su magestad ha recibido tan generoso rasgo de patriotismo»190. Paralelamente, se adoptaban las primeras medidas para el desarrollo de la quinta. En este sentido, al tiempo que eran designados los facultativos encargados de llevar a cabo el reconocimiento médico de los mozos, se repartía la cuota asignado a la provincia. No obstante lo expuesto, la actividad de la Comisión no se limitó únicamente a estas cuestiones. Durante su gestión asumió competencias de carácter político, e incluso benéfico. Detengámonos en ello.
El 18 de noviembre, la Comisión de armamento y defensa era requerida por el Gobierno para que elaborase un informe a la vista de la petición del Ayuntamiento de Alcoy solicitando que su juzgado aumentara de categoría. Como no podía ser de otro modo, el dictamen elaborado apoyaba la propuesta del municipio alcoyano al afirmar: «aunque jamás ha sido dicha villa capital de provincia es acreedora por su población, riqueza e industria a que su juzgado sea de término». No obstante, pocos días después, al requerir la máxima autoridad política a la Comisión para que asumiera la manutención de los presos pobres, el pleno de ésta cuestionó su legitimidad para adoptar este tipo de decisiones. ¿Hasta donde alcanzan las facultades de la Comisión de Armamento y Defensa? ¿Podía conocer sobre cualquier asunto o materia? La respuesta la ofreció la propia Corporación al expresar:
«(...) La costumbre observada hasta el día es que cada pueblo mantenga sus respectivos criminales, pero que el informe viene cometido a la Diputación Provincial, y que el instituto de esta Comisión es de armamento y defensa, podía esperarse a la instalación de aquel cuerpo que podrá contar con los datos necesarios para evacuar el informe con el acierto que exije la materia de tanta trascendencia191.
Llegados a este punto se suscita una nueva cuestión. ¿Qué relación tiene la Diputación provincial y la Comisión de Armamento y Defensa? A nues-
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tro entender es una relación estrecha192. De un lado, porque la propia norma-tiva de creación de las referida Comisión establece que existirá «entre tanto se establecen las Diputaciones provinciales»193. De otro, debido a que una vez establecida la nueva Diputación ésta asumirá los acuerdos de la extinta Comisión194, así como sus deudas195e incluso su plantilla de personal196. Además, en una de las primeras sesiones que celebre la Diputación, Juan Ortega, oficial de la secretaría de la extinta Comisión de Armamento y Defensa hará entrega de la plancha y sello de la antigua Corporación provincial197. Por tanto, consideramos que el motivo de la creación inicial de ésta Comisión obedece a la necesidad de instalar, a la mayor brevedad posible, una institución capaz de atender a las exigencias más inmediatas de las autoridades militares, sin tener que esperar al complejo proceso de establecimiento de las Diputaciones provinciales que exigía en primer lugar la formación de los Ayuntamientos conforme a la normativa de julio de 1835.
Con la llegada al poder de Mendizábal se regularizaba la anómala existencia de las Juntas revolucionarias con la promulgación del decreto de 21 de septiembre de 1835 sobre Diputaciones provinciales198. Apenas unos días más tarde, una circular del ministerio de la Gobernación instaba a los gobernadores civiles a su inmediata aplicación «ante la importancia de la institución»199.
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Una vez finalizado el proceso para la formación de los Ayuntamientos se iniciaban las primeras gestiones para la instalación de la Diputación. Mediante circular de 15 de diciembre el gobernador civil convocaba a elecciones para diputados provinciales, fijando el día 24 de ese mismo mes para celebrar las juntas de partido y el 27 para la provincial. Asimismo se indicaba el 3 de enero para la constitución de la Diputación200. Concluía la circular pidiendo al electorado un voto de...
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