El Consejo Nacional de Seguridad durante la Guerra Civil

AutorMiguel Pino Abad
Cargo del AutorUniversidad de Córdoba
Páginas349-373

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1. Planteamiento de la cuestión

Cuando se proclamó la Segunda República española*, el Gobierno provisional, presidido por Alcalá-Zamora, consideró que uno de los problemas más acuciantes que debía resolver a la mayor prontitud era el relativo al orden público. Por tal motivo, se explica que, tan sólo un mes más tarde, se promulgara un decreto en el que se advirtió que las necesidades de los servicios de la Dirección General de Seguridad y Cuerpo de Policía gubernativa exigían una profunda e inmediata reorganización de aquéllos, su personal y plantillas1.

La realidad parece, empero, que se desarrolló en la línea de cambios puntuales que, lejos de unificar todo lo atinente al orden público, gene- raron más confusión que la ya existente. Sólo así podemos comprenderPage 351el hecho de que en el programa con que concurrió el Frente Popular a las elecciones de 16 de febrero de 1936 se incluyera un significativo elenco de reformas que afectaban a esta materia. Entre ellas, hemos de subrayar el restablecimiento de las garantías constitucionales y la revisión de la ley de 1933 para que, “sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del poder, adaptándose también a las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción”2.

Como es bien sabido, el triunfo electoral del Frente Popular sobre los partidos de derecha fue interpretado por los obreros y campesinos como la mejor oportunidad para marchar hacia los centros penitenciarios y liberar a multitud de sujetos que allí se encontraban cumpliendo condena y exigir la readmisión de los trabajadores que en las fechas previas habían sido despedidos3. La descontrolada euforia de los seguidores de la coalición vencedora también se utilizó como pretexto para asaltar las sedes de los partidos de derecha y las redacciones de los periódicos más o menos afines a esta tendencia política4.

Ante la situación de descontrol, el presidente de la República encomendó a Azaña la inmediata formación de Gobierno, al objeto de que se tranquilizasen los ánimos y la situación política se recondujese cuanto antes. Pero, en realidad, la permanente crispación entre los partidarios de izquierdas y derechas hacía inviable que esto último se consiguiera. Sólo así se explica que el Gobierno mantuviera el estado de alarma durante toda la primavera de 1936, debido a los ataques quePage 352grupos de izquierda realizaron contra miembros de la Falange, quienes reaccionaron con una sucesión de atentados, entre los que destacó el del vicepresidente de las Cortes, Luis Jiménez de Asúa.

Para comprender correctamente el porqué se produjeron estos enfrentamientos, conviene recordar que, desde el mismo instante en que el Frente Popular resultó ganador de las elecciones, los falangistas pusieron en marcha lo que se dio en llamar la “acción contrarrevolucionaria”. Amén de ello, las juventudes de la CEDA se sumaron a esta contrarrevolución con el reto de aterrorizar a los integrantes de las organizaciones obreras, a fin de que concluyesen con los abusos perpetrados desde el 16 de febrero. Como réplica, los socialistas organizaron las milicias populares, bajo el entrenamiento de guardias de asalto afines a su causa y los comunistas ordenaron el alistamiento de sus jóvenes en grupos de choque conocidos como “Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas”5.

Indudablemente, gran parte de la responsabilidad de todo lo que sucedió en España a lo largo de estos meses previos al comienzo de la Guerra Civil se halló en la fragilidad del Estado, que provocó que amplios sectores sociales, ante la desconfianza que le inspiraban las instituciones públicas, llegaran a ejercer la justicia por sí mismos6 y,Page 353con ello, prolongar la situación de inestabilidad que se había padecidos desde hacía décadas7.

Sorprende que en este panorama sumamente convulso la administración policial no fuese objeto de cambios de cierto calado en lo relativo a su organización y forma de actuación. Recientemente se ha criticado la circunstancia de que ninguno de los Gobiernos republicanos adoptasen medidas que hubiesen permitido disponer de unas Fuerzas de orden público íntegramente profesionales, capaces de actuar con el imprescindible nivel de eficacia tanto antes como después de la sublevación militar del 18 de julio de 19368 y, quizá lo más grave, el desprecio por parte de las autoridades republicanas acerca de los rumores de rebelión que venían escuchándose9.

Coincidiendo con esa fecha del comienzo de la guerra, miles de españoles, incitados por las organizaciones sindicales y partidos de izquierda, tomaron las calles para oponerse a la rebelión castrense. Simultáneamente, el Gobierno permaneció impasible ante el preocupante cariz que fueron adquiriendo los acontecimientos, al verse desbordaPage 354do por no tener los medios necesarios para sofocar la sublevación, ni calmar a la gente10.

Ante la desintegración del Estado republicano, aparecieron en diferentes territorios unos nuevos poderes encargados de organizar todo lo imprescindible para la defensa, el mantenimiento de la producción y el abastecimiento de la población. Con el transcurso de las primeras semanas de guerra se hizo evidente que el Gobierno, además de perder el control de las zonas ocupadas por los militares sublevados, fue inca- paz de imponer su autoridad en las que teóricamente aún permanecían libres de sometimiento por los nacionales. Fácilmente se entiende que la consecuencia irremediable fue que nadie ejerció durante esos trascendentales días un poder central efectivo y que los republicanos se difuminaron en su vertiente política ante el avasallador dominio de los trabajadores que, dado su orden de reivindicaciones, no tenían por entonces como meta contribuir a la reconstrucción de un Estado que tanto les había defraudado11. De hecho, se ha apuntado que uno de los grandes fracasos del, a la sazón, presidente Giral fue que no diera entrada en su Gobierno a las organizaciones obreras, que, como decimos, estaban ejerciendo el verdadero poder en esos momentos12.

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La vida pública de la España republicana demandaba un radical cambio de rumbo y éste se produjo con la llegada a la Jefatura del Ejecutivo de Largo Caballero, quien puso en marcha desde el 4 de septiembre los llamados “Gobiernos de concentración”, caracterizados por el equilibrio entre los partidos integrantes del Frente Popular y los sindicatos obreros. El objetivo prioritario que se trazó el flamante presidente era la recuperación del poder por el Estado, esto es, que el Gobierno central volviera a ostentar la autoridad perdida13. En el desarrollo de esta compleja tarea resultó imprescindible conseguir el apoyo de los comunistas, porque gracias a ellos se podía obtener algo tan valioso en esos momentos de guerra como era la ayuda soviética, y de los anarcosindicalistas de la CNT, que contaron con la cifra nada desdeñable de cuatro ministros14.

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2. El Consejo Nacional de Seguridad
a) Creación y composición

En materia de orden público15, durante el mandato de Largo Caballero se promulgaron una serie de decretos que suprimían los controles y las milicias de vigilancia, unificaban la policía bajo el control del Ministerio de la Gobernación y, lo que más nos interesa en esta sede, se creó el Consejo Nacional de Seguridad16.

Concretamente, este órgano surgió mediante decreto dado en Barcelona el 26 de diciembre de 1936 y con él se quiso que culminasen los permanentes intentos de reorganización de los servicios de personal de orden público dentro de las zonas que seguían bajo el control republicano. Debido a la incertidumbre que se estaba viviendo como consecuencia de la guerra, el flamante sínodo no tuvo asignado un lugar concreto donde ejercer sus competencias. Tan sólo se apuntó que se encontraría en “la capital de la República”17, que como sabemos era porPage 357entonces Valencia, donde también se radicaría el Comité Provincial de Seguridad, presidido por el director general de Seguridad18.

En lo que atañe a su composición, podemos resaltar, de una parte, el elevado número de miembros, lo que sin duda debió ser un obstáculo para la rápida adopción de acuerdos y, de otra, la diversa procedencia de sus integrantes porque además de las fuerzas de orden estuvieron representados los sindicatos, algo que sintonizaba con lo que estaba sucediendo en el Gobierno desde que asumió su presidencia Largo Caballero.

El órgano estuvo presidido por el ministro de la Gobernación. Junto a él, ejerció de vicepresidente el director general de Seguridad y como consejeros, dos representantes elegidos por la U.G.T., dos representantes elegidos por la C.N.T., más otros cinco consejeros, uno por cada partido político de organización nacional, afectos al frente antifascista. A ellos se agregaban un jefe del Cuerpo de Seguridad (grupo uniformado), designado por votación de todos los jefes; un representante de clase, del mismo cuerpo y grupo, elegido por votación de todas las clases, y un guardia, elegido, igualmente, por votación entre todos sus compañeros del mismo cuerpo y grupo; un inspector, elegido entre los miembros del Cuerpo de Seguridad (grupo sin uniforme); un jefe, elegido por votación de todos los jefes, de igual cuerpo y grupo y, por último, un agente, elegido por el mismo procedimiento19.

Hubo que aguardar hasta mediados del mes de enero del siguiente año para que se dieran a conocer los nombres de los representantes políticos y sindicales en el Consejo Nacional de Seguridad, a los que se agregaron los de las fuerzas de orden, con lo que por fin quedó constituido. Concretamente, los primeros miembros...

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