Conferencia inaugural

AutorOctavio Granado Martínez
CargoSecretario de Estado de la Seguridad Social
Páginas11-24

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Buenos días, señoras y señores, directores provinciales de algunas de las entidades, representante de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, es para mí un placer inaugurar este ya tercer curso de verano de la Seguridad Social en la actual legislatura, que desarrolla la Secretaría de Estado de la Seguridad Social con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Deseo agradecer a la Universidad una vez más el apoyo y colaboración que nos brinda generosamente.

Este es el único curso que realiza el Ministerio de Trabajo este año y ha sido precisamente la tradición, la solera y el éxito que ha manifestado siempre este curso en cuanto al cumplimiento de sus objetivos, lo que ha justificado el carácter excepcional con el que el Ministerio, que es poco amigo de desarrollar sus labores en esta forma concreta de colaboración Administración del Estado-Universidad, ha decidido el mantenimiento del mismo.

El curso tiene ya una larga historia: éste es el decimoséptimo año en que se realiza. Nos hemos planteado en esta legislatura, como objetivo, que tuviera un contenido abierto. En momentos anteriores, con frecuencia se había rellenado el curso de actividades puramente publicitarias de la labor de la Administración. Por el contrario, en la actual legislatura, el planteamiento del equipo directivo de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, era que el curso fuera un foro de reflexión en el que la Administración española conociera las opiniones tanto de la sociedad civil como de la comunidad científica así como de otras administraciones, y otras experiencias internacionales y que, en este sentido, el papel de la Administración fuera notoriamente disminuido y tuviera dos puntos de referencia, mínimos: Un primer punto de referencia es la intervención del que les habla y un segundo punto de referencia es la clausura que este año, como en los dos anteriores, realizará el Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que intentará recoger las experiencias y las sugerencias más interesantes que hayamos podido conocer durante esta semana.

En la organización de este año, de este curso, también contamos con la inestimable colaboración, como Director del curso, de Alberto Oliet, que ha sido capaz de pergeñar, de acuerdo con el equipo de la Secretaría de Estado, un diseño muy atractivo que nos va a permitir conocer, por un lado, experiencias internacionales, por otro lado los temas fundamentales que en estos momentos gravitan, no simplemente como cuestiones externas sobre la Seguridad Social: los problemas de igualdad de género, de atención a la dependencia, los problemas globales de lasPage 12 políticas sociales, y al tiempo, además, conocer de primera mano, en un año tan significado como este, la opinión de los principales interlocutores sociales y políticos sobre las reformas en curso en materia de Seguridad Social.

Esta primera intervención tiene que pivotar sobre lo que es un año muy fructífero en materia de reformas en el sistema español de protección social. A mí, desde luego, me gustaría, aunque me temo que no soy la persona más adecuada por la carencia de perspectiva que es fundamental desde el punto de vista del estudio del investigador, hacer en su día la recensión de lo que va a suponer esta legislatura del Ministerio de Trabajo en cuanto a la historia de España en materia de protección social, porque realmente, es difícil recordar, desde el punto de vista del estudioso, una época en la historia de España en la cual se hayan producido de manera simultánea tantos procesos de reforma en tantos ámbitos de lo que es la configuración española del mercado de trabajo, del sistema de protección social o de los derechos sociales que en función de nuestra Constitución revisten ya un carácter generalista, abarcan a toda la ciudadanía, no solamente de la ciudadanía española sino la de los naturales comunitarios y la de muchas personas que sin ser españoles residen en España. En este sentido creo que vivimos unos tiempos excepcionales en cuanto a la posibilidad de estar evaluando en el momento presente no solo los resultados sino los mismos procesos de configuración del Estado del bienestar que probablemente conozcamos los españoles en los próximos 15 ó 20 años: la reforma del mercado de trabajo, la ley de igualdad, la ley que va a poner en marcha el sistema de atención a las personas con falta de autonomía personal o en situación de dependencia y ahora la reformas de Seguridad Social. Todas se van a abordar, algunas se están discutiendo ya en el Congreso de los Diputados, o en el Senado, otras van a empezar a discutirse este año, algunas combinarán su andadura el año que viene. Realmente suponen en su conjunto, una construcción muy importante de la participación del Estado, de la Administración pública en la regulación del sistema de protección social en España y voy a intentar, en esta intervención inicial, desgranar cuáles son los hilos conductores de este conjunto de reformas, porque ninguna de estas reformas puede entenderse aisladamente.

Se ha firmado el jueves de la semana pasada, en la presencia del Presidente del Gobierno, con los máximos representantes de las grandes Confederaciones Empresariales -la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa-, de los Secretarios Generales de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, el Acuerdo de reformas en materia de Seguridad Social. Éste es un Acuerdo cuyas consecuencias van a ser sin duda positivas para la evolución del empleo en nuestro país, de la misma manera que un resultado principal de la reforma del mercado de trabajo probablemente sea, al lado de la consecución de unas relaciones contractuales más cercanas a la estabilidad real de los empleos, una deseable estabilidad en el marco de las carreras de cotización de los trabajadores españoles. El principal estabilizador de la Seguridad Social, cita que repiten con mucha frecuencia, yo creo que con acierto, José María Cuevas y Juan Jiménez Aguilar, es la creación de empleo en nuestro país. No hay ningún sistema de protección social basado en el pacto intergeneracional, lo que en nuestra jerga interna se viene a denominar los sistemas de reparto, que no tenga necesidad de estabilizarse en torno al empleo. No hay ningún sistema de reparto que pueda subsistir en condiciones de equilibrio si el empleo se resiente en el país. Por ende, la principal estabilización del sistema de protección social es garantizar que los empleos españoles son estables, que el proceso de creación de empleo y riqueza se mantiene, y que las carreras de cotización son continuas, en un país en el que todavía tienen mucha influencia actividades objetivamente estacionales como la hostelería u otras que son incluso intermitentes, como pueden ser muchas actividades agrarias.

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En este sentido, cualquier reforma que intente garantizar que, más allá de esa estacionalidad y esa temporalidad objetivamente inevitable, la carrera de cotización, el curso de relación laboral de los trabajadores españoles, sea estable, va a tener, sin duda un beneficiario, además del propio trabajador afectado: la Seguridad Social. Esta depende fundamentalmente, para conseguir cumplir sus objetivos en condiciones idóneas, de que las carreras de cotización de los trabajadores españoles sean prolongadas en el tiempo, porque no hay nada tan pernicioso para un Sistema de Seguridad Social como tener que soportar el reconocimiento de prestaciones con carreras exiguas, con carreras intermitentes o con bases de cotización reducidas. No es lo mismo, ni tiene el mismo efecto para el Sistema en términos estrictamente actuariales, el garantizar una prestación a alguien que ha trabajado durante 40 años y ha cotizado por bases evidentemente adecuadas a lo que son sus salarios reales (lo que para el Sistema conlleva un componente razonablemente sencillo de equilibrar, en cuanto a tipos de cotización y tipos de prestación y sistemas de reconocimiento de prestaciones) mientras que, por el contrario, el sistema se resiente inevitablemente cuando estamos hablando de personas que cotizan doce años y medio, y que cotizan por bases mínimas. Aquí ya no solamente se trata del efecto que tiene para el Estado a través de los complementos a mínimos el reconocimiento de la prestación, sino también del efecto para el propio sistema, que evidentemente tiene que ser más generoso con las situaciones de menor aportación y, al final eso le supone un mayor desequilibrio en la cuenta de ingresos y gastos de las prestaciones.

Si la reforma del mercado de trabajo va a contribuir a estabilizar la Seguridad Social, la articulación de un sistema nacional de atención a la dependencia no es, por lo menos desde el punto de vista de la administración de Seguridad Social, la creación ex novo donde no existía nada, el Génesis en términos casi bíblicos, de un nuevo sistema que no existía. Es simplemente reconocer el carácter de generalidad, de universalidad, a un conjunto de prestaciones que, con anterioridad, diferentes administraciones, autonómicas, estatales, municipales algunas, estaban dispensando a colectivos concretos. Reconocer la existencia de una prestación que se atribuye en términos de generalidad, es lo que se llama derecho subjetivo (aunque aquí probablemente sea algo más complejo), partiendo de la base de un conjunto de prestaciones heterogéneas, dispersas en el territorio, que se prestaba en función de la disponibilidad para llegar a cubrir todo el conjunto de la población.

El sistema nacional de atención a la dependencia puede tener un efecto positivo sobre el empleo, y va a tener un efecto muy positivo sobre el nivel de vida y la calidad de vida de los clientes españoles del sistema de protección de la Seguridad Social. Es un sistema que, por lo tanto, va a retribuir las necesidades de nuestros pensionistas, de nuestros jubilados, de nuestras viudas, de nuestras personas que perciben pensiones de incapacidad, desde el punto de vista de la atención a las necesidades, lo cual permite que el sistema en términos de prestaciones económicas pueda acomodarse razonablemente, porque ya no va a depender únicamente la atención de las necesidades de los pensionistas, de su capacidad de renta, sino también de la capacidad que tenga el Estado de hacer frente a las obligaciones legales que se marcan en el nuevo texto de regulación. Y, sobre todo, va a estabilizar de manera definida lo que supone la principal seña de identidad en estos momentos de la buena marcha económica de la Seguridad Social, la separación de fuentes de financiación. Cuando estamos hablando de la inmejorable situación económica de la Seguridad Social española con superávit de más de un punto de PIB en los últimos cuatro años, tendremos que recordar que hace veinte años los gestores llegaron a la conclusión de que en este país las cotizaciones sociales en tanto que impuesto que grava fundamentalmente el empleo, no podían, sin asfixiar al desarrollo del empleo en España, hacer frente a las imperiosas necesidades que tenían los españoles en materia de sanidad, en mate-Page 14ria de servicios sociales y en materia de prestaciones económicas de la Seguridad Social y determinaron que la sanidad y los servicios sociales, como prestaciones que se reconocían a los ciudadanos por el hecho de serlo, con independencia de que fueran o no cotizantes a un sistema de prestación social, deberían financiarse por tributos pagados por todos los ciudadanos, porque todos eran los beneficiarios. Con esto se consiguieron dos cosas: En primer lugar, poder generalizar en términos de equidad social, la sanidad y los servicios sociales; en segundo lugar, permitir el desarrollo del empleo, el crecimiento económico en nuestro país, porque no tuvieron que crecer, los tipos de las cotizaciones sociales al nivel que hubieran tenido que ser evidentemente recaudados para financiar toda la ingente masa de prestaciones públicas y, en tercer lugar, liberados de la carga de la sanidad y los servicios sociales, las prestaciones económicas pudieron crecer y crecieron adecuadamente.

Recuerden ustedes que el año pasado se firmó el acuerdo de financiación sanitaria por el cual el Estado, la Administración del Estado, se compromete a hacer llegar a las Comunidades Autónomas, como entidades gestoras de nuestro sistema sanitario, con la excepción de Ceuta y Melilla que todavía dependen del antiguo Insalud reconvertido, ahora Ingesa, una cifra de 3.400 millones de euros. Si nosotros tuviéramos un sistema como el originario español, que hoy siguen teniendo países tan avanzados como la república alemana, esos 3.400 millones de euros hubieran tenido que salir de las cotizaciones sociales. Si hubiéramos tenido que realizar esta operación sin existir la separación de fuentes, o bien no existiría el Fondo de Reserva de la Seguridad Social o bien hubiéramos tenido que hacer lo que se ha comprometido a hacer el Gobierno alemán, por cierto con algunas tensiones internas, que es subir los tipos de cotización a la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria, que es además una función pública que todos los estudiosos reconocen que tiene un comportamiento ligeramente excéntrico respecto a las normas que regula la evolución del gasto, porque, como nuestro estándar, nuestro estatus de bienestar en materia de salud crece muchísimo más deprisa de lo que crecen otras variables, pues realmente todas las sociedades avanzadas tienen una tendencia a que el crecimiento en gasto sanitario desborde uno o dos puntos, la media del gasto en otras funciones públicas, incluso en gasto social.

Gracias a la separación de fuentes, hemos conseguido estar en la buena situación económica de estos momentos. El mantener en el proyecto de ley de atención a las personas dependientes la separación de fuentes, garantiza, porque esta era la última rúbrica que quedaba por cerrar en el diseño español del sistema del bienestar, la última función de gasto relevante que tenía que ser abordada por el Estado, que el sistema nacional de atención a la dependencia va a tener financiación tributaria, es decir que el gasto social en este país no va a depender de la evolución de las cotizaciones sociales, sino que va a depender también de la evolución de los tributos y que aquellos gastos sociales que los españoles decidamos hacer para el conjunto de la población, se van a financiar con tributos que van a pagar todos los españoles y no se van a financiar con aquella carga tributaria que soportan únicamente los empleadores y los empleados, es decir, las personas que están dentro del mercado de trabajo, es la piedra de clave que cierra perfectamente el arco de la separación de fuentes de financiación y es la clave que garantiza que nuestro sistema de prestaciones económicas de la Seguridad Social sea sostenible, porque va a hacer frente a compromisos de gasto que van a quedar determinados en función de la categoría de los beneficiarios. Es decir, que va a pagar prestaciones a aquellas personas que cotizan dentro del Sistema, con lo cual la obligación que tenemos los gestores es de definir en términos de equilibrio prestaciones y aportaciones, pero sabemos que las variables externas que puedan afectar a otras políticas de gasto no nos van a afectar. Esto parece algo relativamente fácil de elucubrar en términos de disertación, pero esto es algo que países como Francia o como Alemania no han conseguido resolver.

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Cuando leemos en la prensa titulares del tenor, «déficit de 14.000 millones de la Seguridad Social francesa» y leemos que hay no sé cuántos millones de euros que dependen del déficit de las prestaciones sanitarias y que la caja de prestaciones sanitarias tiene un mayor déficit que la caja de pensiones, etc., es muy importante para nosotros que nuestra financiación sanitaria esté separada de la Seguridad Social, es muy importante para nosotros que el sistema de dependencia, que va a dar solución a las necesidades de nuestros pensionistas, pero no desde la perspectiva de las prestaciones económicas, a su vez tenga una financiación tributaria. Nos desahoga mucho el curso de la prestación económica. Incluso hay algunas prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social, los complementos de gran invalidez u otro tipo de funciones, en el ámbito de lo no contributivo, la «LISMI» o parte de las pensiones no contributivas que van a quedar subsumidas en la práctica en las prestaciones del sistema nacional de atención a la dependencia.

Al lado de todas estas reformas, una que también es importante destacar y que tampoco es menor para la Seguridad Social, la Ley de Igualdad. La Ley de Igualdad supone una apuesta por desarrollar políticas activas de defensa de la capacidad de las personas de conciliar determinados aspectos de su vida, fundamentalmente la vida personal y familiar y la vida laboral. Estamos por suerte o por desgracia muy acostumbrados a hablar de los problemas derivados del envejecimiento de la población, que en estos momentos concitan muchos grupos de trabajo y muchas discusiones en el ámbito de todos los organismos internacionales. El envejecimiento de la población es un fenómeno que, contemplado desde una perspectiva negativa, parece como inexorable. Estamos llamados a que la población envejezca porque las familias tienen menos hijos, porque ahora los hijos que tienen las familias en la Europa occidental son los que quieren tener. Ya no tenemos una natalidad que tiene como origen nuestra incapacidad de planificarla. Al mismo tiempo cada vez vivimos más años, la esperanza de vida de los españoles mayores de 65 años, afortunadamente es una de las más altas del mundo, cada diez años, ya es una convención decirlo, se eleva un año, tanto para los hombres como para las mujeres, manteniendo la diferencia por razón de sexo.

Desde ese punto de vista, es verdad que hay una serie de factores que abocan inevitablemente a que nuestras pirámides de población tengan cada vez bases más reducidas y cúspides más prolongadas y más amplias. También es verdad que, desde el punto de vista del demógrafo, el envejecimiento de la población también tiene aspectos que son gobernables. Una sociedad, si existe algún tipo de estrangulamiento entre los hijos que quieren tener las madres y las familias y los hijos que tienen efectivamente, debe ser capaz de jugar con la pirámide de población en un sentido positivo. En estos momentos, las familias españolas, al contrario de lo que pasaba hace 30 años, en donde no existía una planificación adecuada de la familia, tienen menos hijos de los que quisieran tener porque el precio de un hijo, como bien dice Josune Aguinaga, es todavía muy elevado para las madres y para las familias españolas. Tenemos que conseguir entre todos, pero fundamentalmente alguna responsabilidad tienen los poderes públicos, que las mujeres españolas puedan, en primer lugar, tener una vida familiar más satisfactoria, que los varones asuman sus responsabilidades en las tareas del hogar, y que la configuración del mercado de trabajo sea más flexible y, por lo menos, pueda constituir un ámbito ecológico más agradable para las mujeres españolas cuando empiezan a tener hijos, o en el momento después de tenerlos cuando empiezan a asumir sus responsabilidades como madres. La Ley de Igualdad supone un intento que evaluaremos con el paso del tiempo, pero al menos, tiene una perspectiva razonable: para las propias necesidades de nuestro mercado de trabajo y de nuestro sistema de protección social necesitamos que las familias españolas tengan los hijos que quieran. No podemos permitirnos el lujo, porque lo acabaremos pagando, aunquePage 16 dentro de 30 ó 40 años, de tener una sociedad envejecida, y de no permitir por una configuración inadecuada del mercado de trabajo o por la carencia de ayudas públicas, que las familias españolas tengan los hijos que quieren. No obstante, como esto es en sí mismo insuficiente, necesitaremos una política de inmigración también razonable, basada en las necesidades del mercado de trabajo. Algo elemental, pero quiero recordar que el proceso de normalización de trabajadores inmigrantes que se desarrolló en este país hace un año es el primer proceso de normalización en el que la llave que abría la puerta era una llave de un contrato de trabajo y de la afiliación a la Seguridad Social. Yo he participado como voluntario en organizaciones no gubernamentales en otro tipo de procesos, procesos que desarrolló el Gobierno anterior en los años 2000 y 2001, precisamente el ministro del Interior era Mariano Rajoy, y yo recuerdo que en aquellos procesos de normalización lo que se exigía a las personas que estaban participando en el proceso era acreditar la permanencia en España y entonces todos andábamos como locos buscando facturas y elementos de prueba que permitieran decir que los inmigrantes llevaban tiempo en España.

En este proceso de normalización hemos dado al mercado de trabajo la capacidad de ser la llave que abre o cierra la puerta a la situación legal o ilegal en territorio español de los trabajadores extranjeros, parece bastante razonable además que el mercado de trabajo se configure de acuerdo con la competencia leal. Las empresas que tienen trabajadores en economía sumergida hacen competencia desleal a las que no, contaminan todo el mercado de trabajo y al final deprimen los costes hasta un punto en el que para los trabajadores que están cumpliendo todos los requisitos y para los empleadores que están asumiendo sus obligaciones tributarias, se convierten en una carga insoportable. Yo no puedo competir en condiciones de igualdad de costes si hago frente a unos costes, frente a otro que no lo hace. En esos términos, la existencia de un mercado tan dual, con empresas con trabajadores en economía sumergida y con trabajadores en situación regular era inaguantable y acabaría haciendo reventar nuestra configuración del mercado de trabajo. El hecho de que este país tenga en estos momentos una demanda de empleo que puede ser cubierta por trabajadores inmigrantes garantiza que parte de las lagunas que tiene nuestra pirámide de población quedan cubiertas. Que en torno a esa política originaria luego se articule una política de reagrupamientos familiares, que permite a los trabajadores inmigrantes vivir y residir legalmente en España con sus familias, permite que también la pirámide de población no se engrose únicamente en las partes medias, en las cuales está concentrada la vida activa ocupada de los residentes en el país, sino que se produzca un cierto engrosamiento de la base, que nos permite gobernar también el envejecimiento de la población, con consecuencias positivas para el funcionamiento de la Seguridad Social.

Se dice que los trabajadores inmigrantes van a demandar al Estado muchas prestaciones económicas y un número mayor de prestaciones económicas que la aportación que hacen al PIB, porque trabajan en empleos de baja cualificación, realmente no tienen aportaciones de una gran calidad en nuestro mercado de trabajo y, sin embargo, en su demanda de prestaciones (sanitarias, sociales, etc.), tienen una demanda superior o en todo caso similar a la media. Es decir, aportación inferior a la media, demanda de prestaciones superior a la media.

Si hiciéramos ese tipo de disquisiciones, de segmentaciones taxonómicas de la sociedad, llegaríamos a la conclusión de que los pensionistas no nos hacen falta, porque lo único que hacen es tener grandes demandas de servicios sociales y de prestaciones económicas y su aportación es muy inferior a la media. Es decir, esta especie de darwinismo social esquemático, que dice que los, inmigrantes son menos positivos para la sociedad, llevado por reducción al absurdo al planteamiento en otras categorías sociales, al final, lo que traduce es una manera de entenderPage 17 el mundo francamente reaccionaria, pero además, como suele suceder con las grandes afirmaciones reaccionarias, es también una mentira.

Nosotros, por ejemplo, en Seguridad Social, tenemos todavía indicadores y marcadores sobre la base de cotización de los trabajadores inmigrantes en cada uno de los sectores de actividad en los que participan. Pues, miren ustedes, da la casualidad de que los que han participado en el último proceso de normalización en el régimen general están bastante en la media de sus sectores de actividad y, en los otros, (en el régimen agrario, en el régimen de empleados de hogar), como se cotiza por bases tarifadas, ellos cotizan lo mismo que los españoles sin ninguna diferencia. Ni es verdad que en estos momentos la aportación de los inmigrantes suponga un crecimiento mayor de determinadas rúbricas de gasto público que lo que supone su aportación al PIB. No hay ningún estudio económico que diga eso, simplemente no es verdad. Otra cosa es que pueda decirse «bueno, ¿es posible que prolonguemos de cara al futuro el crecimiento en términos tan gruesos, cuantitativamente, de población inmigrante como la que hemos vivido en España del año 2000 al 2006?». Esto, evidentemente no es posible. Todos somos conscientes de que aquí hemos vivido un período excepcional también en cuanto a aportación de trabajadores inmigrantes, llegada y normalización en el mercado de trabajo de trabajadores inmigrantes y que, para el futuro, la política adecuada de inmigración tiene que operar en términos cuantitativamente menores. Nadie discute en estos momentos, desde el punto de vista de una mínima aproximación científica, que podamos volver a incorporar cuatro millones de trabajadores inmigrantes en los próximos seis años. No debe ser así y no lo será. Tenemos entre todos que definir la política adecuada.

Para el sistema de protección social, enhorabuena. Hemos conseguido tener más afiliados, porque hemos conseguido que medio millón de personas que estaban trabajando sin afiliación a la Seguridad Social ingresen en el Sistema. El mercado de trabajo se ha hecho más equitativo, ha disminuido apreciablemente una cierta competencia desleal, funciona mejor, es más adecuado y más flexible.

Vamos ahora a la gran cuestión. Hacer las carreras de los trabajadores españoles más estables; tener una política activa que permita la incorporación de flujos migratorios, posibilitar que las familias españolas tengan los hijos que quieran; atender, desde el punto de vista de las prestaciones que no son económicas, a la situación de los pensionistas y considerar, además, que sirve para garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones económicas de la Seguridad Social, es evidente que no es suficiente. Tenemos unos retos, los retos del envejecimiento de la población, los retos del momento en el cual se nos empiecen a jubilar esas cohortes de población, esos grupos de edad que nacieron en el baby boom de la posguerra y que son muy elevados, mientras que nos empiezan a entrar, por muy flexible que sea nuestra política migratoria, en la edad activa, grupos de edad de la gente que nació en los años 90, que cumple los 18 años y bueno, esos grupos ya son más reducidos. Además, nuestras prestaciones económicas son prestaciones económicas de mayor calidad, porque en España las carreras de cotización a la Seguridad Social han ganado mucho en calidad. Otra de las ficciones que a veces parece que se nos lanza como una especie de nube negra que se nos sitúa por encima de la cabeza, parece que el cielo, como decía «Abraracurcix» pueda desplomarse sobre nuestras cabezas. Bueno, ahora tenemos 19 millones de afiliados, hoy es posible que lleguemos a los 19 millones de afiliados en Seguridad Social. Hace 12 años teníamos 12 millones de afiliados. Las carreras de cotización, en este sentido, en España son más permanentes, hay muchos de esos afiliados en nuevos empleos, otros son gente que estaba en la economía sumergida. En cualquier caso, es evidente que no hay ninguna señal de que la carrera de cotización de los trabajadores españoles sea másPage 18 intermitente, pero a pesar de todo eso, o por eso también, o en relación con eso, esta gente, a pesar de que va a cotizar mucho más tiempo y de que ya no van a producirse situaciones de necesidad, que no vamos a vivir la necesidad de financiar 400.000 pensiones no contributivas o que no vamos a volver a vivir la necesidad de financiar el Sovi sin cotización ninguna, sino simplemente como una prestación a cargo del sistema. Es evidente que, ahora, la gente cotiza y hace mejores carreras y hace mejores pensiones y todavía seguimos teniendo una enorme diferencia entre las nuevas pensiones generadas, que están en el entorno de los 900 euros, y el stock histórico de pensiones que tenemos acumuladas, donde estamos en una media de 250-300 euros. Vamos a tener que pagar más pensiones, vamos a tener que pagar esas pensiones durante un mayor número de años y esas pensiones van a ser de partida más altas. Esto creo que lo decía Comisiones Obreras en su valoración del Acuerdo de reforma de las pensiones y este es el gran reto del sistema.

¿A qué nos hemos orientado en la política de reforma de las pensiones que acabamos de aprobar los interlocutores sociales con la Administración? Bueno, pues en primer lugar a señalar algunos puntos de equilibrio absolutamente obvios, pero que en anteriores épocas históricas no se habían tocado adecuadamente. Por ejemplo, definir un período mínimo de cotización adecuado, que nosotros hemos situado, en línea de los convenios y organizaciones internacionales, como de quince años, que está situada en una edad inferior, porque se ha mantenido el cómputo de períodos mínimos de cotización con la simulación de que las pagas extraordinarias eran días cotizados, (eran 15x365 pero dividido entre 420 días cotizados al año).

A definir una edad mínima de jubilación que hemos situado, fíjense ustedes, en los 52 años. Ustedes dirán «qué barbaridad», pues todavía esto no se hace sin tensiones porque nos salen colectivos de gente que se jubila por debajo de los 52 años y cuando digo que se jubila quiero decir que entra dentro del ámbito de las prestaciones del sistema en una pensión de jubilación. No estoy hablando de incapacidad, ni estoy hablando de las prejubilaciones que pagan las empresas, estamos hablando de situaciones concretas de colectivos en los cuales se puede rizar el rizo de la perversión llegando incluso a causar una prestación de jubilación cada año. A definir también que las bases de cotización tienen que crecer al mismo nivel que crecen las prestaciones en el sistema, que si queremos subir las pensiones mínimas tenemos que subir el salario mínimo interprofesional, porque si subimos las pensiones mínimas un 20-26%, como nos hemos comprometido y vamos a hacer en la legislatura, y el salario mínimo interprofesional sube un 2% al año como ha subido históricamente los ocho años de las dos legislaturas anteriores, nos estamos encontrando con que, a medio plazo, estamos trasladando, por la vía de los complementos a mínimos, la responsabilidad de pagar pensiones sin aportaciones suficientes al sistema de cotización de la Seguridad Social.

A este respecto, nosotros hemos optado por buscar un equilibrio basado en mejores prestaciones y mayores cotizaciones. Otros optaron por el equilibrio más sencillo de obtener, el de mantener el ritmo de crecimiento de las cotizaciones y de las prestaciones en torno a la inflación prevista. Son dos opciones, y las dos son sustentables desde el punto de vista ideológico y de conveniencia económica, pero lo que no es sustentable, desde el punto de vista científico, es decir: «vamos a subir las pensiones mínimas y vamos a mantener las bases mínimas de cotización 100 ó 200 euros inferiores». Eso simplemente es un disparate.

Entonces, definida la necesidad de que las pensiones mínimas crezcan, entre otras cosas, para superar ese gap en términos históricos de pensiones y nuevas prestaciones; de evitar que exista una dualidad en el sistema español de protección social, entre las pensiones generadas aPage 19 partir del año tal, que se sabe que, por media, van a estar en torno a los 1.000 euros y las anteriores que son muy bajas, intentando hacer un continuo sin solución de continuidad entre las antiguas bajas prestaciones y las nuevas, mejorando algo las pensiones mínimas, todo esto lleva a la subida de las bases mínimas de cotización.

Hemos intentado pergeñar, con un período transitorio suficientemente adecuado, con un período transitorio elevado, la desaparición en el sistema de Seguridad Social de las bases tarifadas. En estos momentos, en nuestro sistema español de protección social, en los sistemas especiales, tenemos todavía a millones de personas, más de un millón de personas, cotizando sobre bases que no tienen nada que ver con los salarios que perciben, son bases únicas. El problema principal que tiene un sistema de protección social de pensiones variables y de bases únicas y con complementos a mínimo de pensión es que, en esos sistemas, un trabajador que cotiza quince años acaba generando, con complementos a mínimo una pensión mínima; y un trabajador que cotiza 45 años acaba generando una pensión mínima. ¿Cómo es posible incentivar el que la gente cotice si sabe que da lo mismo? Primero, porque no puede escoger base de cotización, no puede hacer un esfuerzo para cotizar más; segundo, porque sabe que el tiempo tampoco es una variable en la determinación de su pensión; si cotiza lo mínimo tiene la pensión mínima y si cotiza tres veces más o dos veces más que lo mínimo también va a tener una pensión mínima. En esa situación, ¿cuál es la mejora de la calidad de las condiciones de trabajo y de cotización del trabajador? Cotizar lo menos posible. El incentivo es perverso. Si voy a tener la misma pensión cotizando el triple que el otro, dejo de cotizar. Cotizo lo mínimo, trabajo en economía sumergida, no declaro mi trabajo, etc. ¿Es casual que en los sistemas de bases tarifadas, el régimen especial agrario y el régimen especial de empleados de hogar es donde exista más economía sumergida? No, son dos caras de la misma moneda. Si el sistema no te incentiva que trabajes, porque trabajando no obtienes nada más, nada mejor, entonces no cotizas. Por ese motivo, nos hemos comprometido a, con un período transitorio, muy suave en el caso del régimen agrario y respetando la necesidad de contención de costes de nuestras explotaciones agrarias, nos hemos comprometido a que en esos dos sectores, vamos a intentar conseguir que la protección social sea proactiva de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Intentamos conseguir que los trabajadores de nuestro sector agrario o del sector de empleados de hogar tengan la posibilidad de mejorar sus prestaciones haciendo un mayor esfuerzo contributivo. Esto es la esencia del Pacto de Toledo, que exista una correspondencia entre aportaciones y prestaciones y, en la medida de lo posible, acabar con las bases tarifadas.

Cuando se habla del período de cómputo de las pensiones, uno empieza a decir: ¿A quién no afecta esto?, y la respuesta es, a los que cotizan por bases tarifadas, a las viudas, a los que generan una pensión de incapacidad permanente, (aunque luego a los 65 años los convirtamos estadísticamente en jubilados) etc., etc. Al final llegas a la conclusión cuando te refieres al período de cómputo de las pensiones de que estás hablando solo de dos de cada cinco, porque los otros tres, van por otra vía. Para intentar conseguir tener un sistema organizado que razonablemente tenga el período más adecuado, para el cómputo de la pensión, debemos garantizar que afecte a todo el mundo, porque, si dejas fuera más de la mitad, al final, las reformas recaen siempre sobre los mismos; fundamentalmente los trabajadores de régimen general, que no generan pensiones mínimas, que son precisamente los que mayores aportaciones hacen al sistema.

Nos hemos comprometido también a regular la incapacidad en España. En incapacidad, no estamos afortunadamente en la situación en la que estábamos hacer 25 años, sobre la que un estudioso de nuestro sistema de protección social dijo, creo recordar, «en 2 provincias españolas había una guerra civil permanente», porque había tal número de pensiones de incapacidad que, realmente, sólo una situación de guerra podía justificar el número de pensiones de inca-Page 20pacidad que se reconocían. Bueno, era una licencia plástica para describir el hecho de que había un extraño estadístico en el sistema, un número muy elevado de pensiones de incapacidad permanente, tanto contributivas como no contributivas. Hemos conseguido mejorar el ámbito de la gestión muy notablemente en esa materia, a pesar de que evidentemente la incapacidad, tanto la temporal como la permanente, es más difícil de gobernar que los requisitos objetivos en otro tipo de contingencias. En otro tipo de contingencias, la gestión se concreta en un proceso, en sí, bastante mecánico. De hecho, en el INSS, estamos ahora mismo a punto de presentar una aplicación informática que prevea prácticamente la desaparición del componente humano en los procesos de cálculo de pensión, el cual va a ser puramente automatizado. Por el contrario, en las pensiones por incapacidad y las prestaciones por incapacidad, todavía seguimos dependiendo del criterio profesional del facultativo. No es algo que depende de la ley, no es algo que dependa del BOE, sino que hay 300.000 personas con nombre y apellidos que tiene cada uno sus diferentes criterios y son los que reconocen o no reconocen una prestación.

A este respecto, venimos realizando actuaciones importantes de cara a la mejora del control de las situaciones de incapacidad temporal, que están empezando a dar frutos y sobre las que seguiremos progresando. Yo, desde luego, defiendo siempre que la Seguridad Social tiene que controlar todo lo que paga y no puede actuar en base a controles externos. En incapacidad permanente, nos hemos comprometido a que el cálculo de las pensiones de incapacidad permanente derivadas de enfermedad, se realice en situación similar a la pensión que le correspondería a ese trabajador si se hubiera jubilado a la edad ordinaria y hubiera continuado su carrera de cotización de forma absolutamente regular, sin que hubiera tenido lugar el hecho invalidante. Esto es bastante razonable, porque a la mayor parte de los trabajadores que tengan pensiones de incapacidad permanente se les va a mantener en términos exactamente similares a los que hubieran tenido si hubieran continuado trabajando, pero, por otro lado, evita el que haya algunos trabajadores, una parte menor, muy menor, pero que es una parte de picaresca, que intentan conseguir a través del reconocimiento de una incapacidad permanente una prestación a la que nunca tendrían derecho si se hubieran jubilado. El principio de equidad es bastante razonable. Yo le doy a usted lo que le corresponde, pero no más, porque si le doy más, usted acabará simulando para conseguir esa prestación.

En materia de jubilación anticipada, nosotros hemos intentado, que los requisitos para obtener la jubilación anticipada si un trabajador es despedido sean exactamente los mismos que los que tiene el que opta voluntariamente a una figura de relevo, la regulación parcial o flexible. Desde nuestro punto de vista, era necesario que el sistema tratara por igual a las dos categorías, despedidos-relevados. De haber alguna diferenciación, tendría sentido a favor de los despedidos y no como ahora, en donde es mucho más fácil obtener una prestación si uno es relevado que si es despedido. Así, ahora exigimos la mitad de tiempo de cotización para acceder a la jubilación parcial que para acceder a la jubilación anticipada, con coeficientes reductores, lo cual es un disparate. Esto, el Acuerdo lo salva con un periodo transitorio adecuado y ahí hemos sido sensibles, tanto a las opiniones de los sindicatos de trabajadores como a las opiniones de las organizaciones empresariales, que nos advertían de la necesidad de que la competitividad de algunas empresas españolas y de algunos empresarios españoles, muy sometidos a esa competencia internacional, no se pusiera en peligro por la brusca desaparición de las figuras que permiten el rejuvenecimiento de las plantillas. Hemos entendido esa necesidad, la hemos situado en un marco temporal adecuado, que son los próximos años, al cabo de los cuales cuando se extinga el período transitorio, la jubilación anticipada con coeficientes reductores y la jubilación con contrato de relevo tendrá lugar a los 61 años, con los mismos requisitos y con algunos controles.

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Hemos profundizado mucho la política de incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral, que se puso en marcha hace algunos años, hasta ahora con resultados muy positivos, en el ámbito de lo que es el mantenimiento de trabajadores de más de 60 años en la actividad de las empresas; y con resultados absolutamente inexistentes en el marco de la jubilación voluntaria a partir de los 65 años. Por ello, hemos profundizado esos incentivos, los hemos hecho más generosos, hemos establecido la posibilidad de que incluso los que alcanzan una pensión máxima a los 65 años, la vean mejorada si deciden voluntariamente jubilarse a los 66 o a los 67 o en años sucesivos. Vamos a ver lo que esto da de sí. Evidentemente, la necesidad de que la edad de jubilación de los españoles en términos reales se acerque a la edad ordinaria de jubilación, que son los 65 años, es una necesidad inexorable. Vamos a ver lo que da de sí el actual Acuerdo. Nos hemos comprometido a hacer una revisión permanente del mismo en el caso de que dentro de seis años o nueve años, si vemos que la edad de jubilación de los españoles sigue siendo distinta, muy diferente, en términos perniciosos para el sistema a la edad ordinaria legal de jubilación, tendremos que adoptar otras medidas probablemente de naturaleza paramétrica. No vamos ahora a poner puertas al monte, ni a elucubrar, vamos a ver lo que da de sí el Acuerdo.

Para terminar, hemos abordado también en el Acuerdo la necesaria modificación de las pensiones en favor de familiares, de muerte y supervivencia. La pensión de viudedad, los que estuvieron el año pasado aquí ya me lo oyeron contar, es una pensión configurada en tiempos en que las mujeres españolas no tenían trabajo, no podían administrar sus bienes y dependían exclusivamente, por lo tanto, de las rentas del marido, y además no existía el divorcio. Hemos intentado adecuar la pensión de muerte y supervivencia a una España en la que el perfil de familias es diferente. Hay familias basadas en el matrimonio, otras no.

Hemos intentado adecuar la pensión al divorcio, cosa que no se hizo cuando se aprobó la Ley del Divorcio. Si existe divorcio y no existe ningún tipo de vínculo, ni familiar, ni económico, entre dos personas, parece que no debe existir una renta de sustitución de un vínculo que ya no existe. La pensión es siempre una renta de sustitución, si el vínculo ya no existe, pues, lógicamente, se extingue, como se extingue con el matrimonio la pensión de viudedad.

Hemos intentado recoger desde el punto de vista de la orfandad, y además la verdad es que coincidiendo casi en el tiempo con una sentencia del Tribunal Constitucional que sigue el mismo hilo conductor, la necesidad de que los hijos dentro y fuera del matrimonio tienen para el sistema de protección social, la misma consideración. Ustedes pueden pensar que esto es algo muy obvio, pues no es así en la actualidad. La pensión de orfandad, a veces se incrementa con la pensión de viudedad, pero sólo si existía un matrimonio que diera origen a la pensión de viudedad. Vamos a resolverlo con una regulación legal que establezca, que la pensión de orfandad es la misma en todo supuesto. Vamos a reconocer en paralelo, la viudedad para la pareja superviviente, a las parejas de hecho registradas, que acrediten hijos o dependencia económica del fallecido.

Por otra parte, hemos racionalizado muchas situaciones que recoge en estos momentos nuestra legislación en materia de Seguridad Social, que aparecen como herencia de tiempos pasados. En Seguridad Social, como en tantos ámbitos de la actuación legislativa, el regulador español ha ido modificando, por superposición, por acumulación. Ha derogado poco, en este país no hay afición a derogar y esto hace que pervivan en la normativa muchas regulaciones que son puramente obsoletas. Esperamos en la medida de lo posible derogar casi tanto como lo que aprobemos. Es decir, simplificar, racionalizar y modernizar la legislación en materia de Segu-Page 22ridad Social, sin añadir nuevas casuísticas sobre las anteriores, que al final acaben generando una regulación indescifrable.

¿Cuál va a ser la resultante final de todo este proceso de modernización, de actualización, de racionalización?, Hemos puesto al Sistema en condiciones de garantizar una mejor correspondencia entre aportaciones y prestaciones, desde el punto de vista de que las personas van a tener incentivos para desarrollar carreras de cotización más largas, van a tener la obligación de pagar por bases más adecuadas, van a ver una relación más directa entre su aportación y su prestación, porque se van a cerrar muchas puertas falsas que permitían con aportaciones reducidas, obtener prestaciones reforzadas. Con ello, el sistema tiene menos vías de agua y tiene la potencialidad suficiente para que, si el esfuerzo contributivo de los españoles se desarrolla como se ha desarrollado en los últimos años y si las proyecciones siguen comportándose de la manera que se han comportado en los últimos años, esté perfectamente garantizada la sostenibilidad futura de nuestro sistema sin futuras reformas. No obstante, si las medidas adoptadas para conseguir esa prolongación voluntaria de la vida laboral y esa reducción de la jubilación anticipada no fueran suficientes, conforme a lo previsto en el actual Acuerdo, los interlocutores sociales de acuerdo con el Gobierno van a ir realizando un seguimiento periódico de esta evolución, coincidiendo con los informes trienales que tenemos que rendir a la Unión Europea sobre el funcionamiento del sistema y van a adoptar las medidas que sean necesarias para su sostenibilidad.

Con todas estas medidas de reforma y con un Fondo de Reserva que sigue creciendo de manera razonable, si llegásemos en los próximos años a un momento en el cual se comprometiese el equilibrio entre ingresos y gastos del Sistema, si las cotizaciones sociales se resintiesen por una cierta crisis de empleo, o porque la pirámide de población evoluciona en su vertiente más negativa, de acuerdo con las proyecciones que hasta ahora no se han cumplido, pero que puedan cumplirse en el futuro, corresponderá entonces a los interlocutores sociales y al Gobierno evaluar de qué manera gradual, porque tendrán un colchón de tiempo suficiente para ello, deberán abordarse medidas de reforma necesarias para que el sistema se consolide, pero partirán de que ya hemos hecho la tarea que nos toca para garantizar el sistema los próximos años.

Nuestro sistema de protección social de cualquier forma, y con esto me gustaría terminar, está plenamente garantizado. No solamente por la buena marcha económica, por la buena marcha del empleo, sino porque realmente estemos diseñando un escenario para los próximos años en que las empresas españolas, al contrario de lo que sucede en muchos países de Europa, van a poder ir a competir con un escenario de gastos sociales perfectamente contingentado, no es esto de que cada año me suben los tipos de cotización para financiar la sanidad. El escenario, los próximos 15, 20, 25 años, me dice que los gastos sociales, los tipos de cotización para gastos sociales, no solamente no suben, sino que bajan un poquito en algunas partes de los que pueden bajar, desempleo, accidentes de trabajo, porque se tienen mejoras en el empleo o porque hay menos siniestralidad. Esto es importante, no solamente tenemos ese escenario de consolidación diseñado a partir de ahí, o porque tengamos un fondo de reserva que ya supone prácticamente el 4% del PIB, o porque tengamos, digámoslo así, perspectivas de crecimiento económico halagüeñas.

El principal estabilizador también del sistema de protección social, segundo digámoslo así, al lado de la creación de empleo, es la importancia que los españoles conceden a la Seguridad Social. Cuando hablamos de que puede haber déficit en el sistema español de protección social puede publicarse que «no está garantizado el futuro de las pensiones». No hay ningún gobiernoPage 23 en este país que no vaya a hacer lo necesario para consolidar el sistema de pensiones, si hiciéramos la misma cuenta con el sistema sanitario, que periódicamente cada dos o tres años necesita de inyecciones extraordinarias, de suplementos financieros extraordinarios, concluiríamos que no está garantizada la sanidad.

En el sistema de pensiones, estamos hablando de garantizar la buena marcha del sistema, por sus propios medios, sin necesitar de medidas extraordinarias. Es el propio sistema el que se evalúa, cambia la regulación, define criterios de protección más generosos en algunos aspectos, más restrictivos en otros, en función de un criterio general, de un hilo conductor que es la equidad social y es el sistema el que anda con sus propios motores; estamos hablando de la garantía endógena del sistema, y el sistema español está garantizado endógenamente 20, 25, 30 años en la perspectiva de crecimiento, empleo y en el círculo de lo que son el impacto de las medidas que vamos a adoptar y luego siempre y cuando sea necesario el Estado intervendrá modificando regulaciones, o intervendrá con suplementos financieros y el Fondo de Reserva nos permite que esa intervención se realice en un período de tiempo en el cual también tenemos nuestro propio suplemento, nuestras propias reservas, el Fondo de Reserva, la reserva de las Mutuas, el Fondo de Prevención de Accidentes de Trabajo, que suponen un desahogo importante.

La reforma que acabamos de firmar, por primera vez en la historia de España todas las organizaciones empresariales y sindicales con la Administración, es una reforma tendente a añadir la garantía suplementaria a ese escenario de consolidación del sistema y tendente a corregir todos los aspectos negativos que puedan influir en la buena marcha del sistema de cara al futuro, pero no va a ser la única ni agota, como bien decía el representante de CEPYME, las necesidades de reforma en esta materia. Naturalmente seguiremos hablando, nadie intenta ponerle puertas al monte de la evolución de la economía española en los próximos 15 ó 20 años, que evidentemente tiene factores positivos que intentamos desarrollar y factores negativos que intentamos corregir.

Nuestra reforma en materia de Seguridad Social es una aportación a ese conjunto de políticas económicas que intentan garantizar, desde el plano de los gastos sociales, la estabilidad también en las finanzas públicas y es una aportación relevante, porque estamos jugándonos no solamente la buena marcha de nuestras finanzas, sino también, la buena calidad de vida de todos nosotros cuando seamos mayores o incurramos en alguna de contingencias protegidas. En cualquier caso, también va a ser una reforma para la discusión, en este Seminario vamos a asistir a discusiones desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los interlocutores sociales, desde luego va a ser un conjunto de medidas que van a obtener la atención de la comunidad científica en la cual habrá sin duda aportaciones de mayor calidad que la que hayamos podido hacer los redactores de las normas y en cualquier caso es una aportación, una más, en lo que es un proceso de consolidación permanente de un sistema de bienestar social, que es como la propia sociedad a la que sirve, un sistema complejo y en el cual siempre habrá cuestiones por resolver de mejor y de peor forma.

Espero que este Seminario sirva para permitirles profundizar en lo que son las reformas de nuestro sistema de protección social, que sirva al mismo tiempo para profundizar en las políticas conexas que tan fundamentales son para la buena marcha de nuestra Seguridad Social, y que las palabras que escuchen a partir de ahora, sean menos complacientes con la Administración y sean más críticas y puedan, digámoslo así, abordar el panorama que nos descubre la botella medio vacía o medio llena, haciendo más hincapié en las carencias que en los contenidos positivos, pero evidentemente, mi papel en el Seminario, no podía ser otro que el de intentarPage 24 explicar, cuáles son las razones que han movido a la Administración a promover el Acuerdo que hemos firmado. Les toca a los demás, como me tocaría a mí si hubiera asistido a este Seminario hace cuatro o cinco años, desvelar las carencias, las insuficiencias y los problemas que el Acuerdo que hemos firmado pueda tener.

Muchísimas gracias por su atención y quiero agradecerles, expresamente, su presencia en el Seminario, porque son ustedes la parte fundamental del mismo, los que nos subimos a esta mesa intentamos que ustedes obtengan una información de mayor calidad y más precisa; si no lo conseguimos, es nuestra única responsabilidad. Nada más y muchas gracias.

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