Conferencia inaugural

AutorOctavio Granado Martínez
CargoSecretario de Estado de la Seguridad Social.
Páginas11-35

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Buenos días. Ésta es mi séptima intervención en los encuentros sobre Seguridad Social que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social vienen organizando conjuntamente en el ámbito de esta Universidad.

Pocos de estos cursos tienen tanta actualidad desde el punto de vista de la agenda política y de la agenda legislativa que emprende nuestro país en estos momentos como este Curso. El debate sobre el estado de la Nación de esta semana se ha iniciado con la presentación preceptiva por el Presidente del Gobierno de España, D. José Luís Rodríguez Zapatero, de un documento que abre el debate y en él se concede una importancia sustancial a la reforma de nuestro sistema de pensiones, y en este sentido este Curso, va a abordar, desde la reflexión en un ámbito académico, un problema político, social, económico, que va a marcar el futuro del estado del bienestar en España en las próximas décadas. Espero que este Curso, en el que agradezco de antemano su presencia, no les decepcione.

Como en los cursos anteriores, desde el año 2004, la Administración de Seguridad Social en coordinación con los sucesivos Directores de los Cursos, hemos reclutado siempre en este ámbito, a conocidos expertos y personas de excelencia dentro de la comunidad académica. Un agradecimiento en particular a D. Gregorio Rodríguez Cabrero por continuar esta senda por la que han pasado catedráticos de economía, catedráticos de derecho del trabajo o especialistas en demografía, como Fernández Cordón el año pasado.... Desde el principio de este período, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social intentó descargar lo que era la presencia administrativa de los cursos. Estos cursos no se enfocan como una presentación de los logros de la Administración Pública sino para intentar abrir un debate, lo más plural posible, entre especialistas de la Universidad, entre representantes de lo que se da en denominar sociedad civil, de los Sindicatos y las Organizaciones Empresariales, así como una participación en todos los casos de ponentes en la esfera internacional. Nos interesa menos el comunicar lo que venimos haciendo que el poder aprender de las reflexiones que se puedan realizar en este Curso por voces ajenas a lo que es el pensamiento administrativo, y en este sentido intentamos combinar el

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foro académico con la representación de la sociedad, los ponentes de la esfera nacional e internacional, e intentamos que el Curso sea lo más plural posible. Recuerdo, en otros cursos anteriores y espero que se produzca en éste, interesantísimos debates explicitados por profesores que defendían tesis absolutamente contradictorias sobre aspectos destacados de nuestro sistema de pensiones y de la necesidad de las reformas.

Pero, evidentemente, éste es un Curso organizado por la Administración de Seguridad Social y la Administración también, como un agente que participa en este proceso de debate, tiene que formular sus propias posiciones y éste es el sentido de la intervención inaugural, en la que además recuerdo mi pasado anterior a ser nombrado Secretario de Estado de la Seguridad Social. De vez en cuando es agradable retomar la docencia, aunque sea en un foro amable, como muy bien decía el Vicerrector.

Éste es un tiempo de reforma. Los especialistas que han trazado, desde el punto de vista de la economía, la hacienda pública, las administraciones públicas, la sociología, los momentos de reformas que han vivido las sociedades democráticas, todavía no han llegado a definir un patrón de conducta universal sobre los mismos. Todo el mundo coincide en que las reformas sería razonable acometerlas en situaciones en las cuales la bonanza económica permitiera atenuar el impacto de las mismas en términos sociales, y todo el mundo también coincide en que la mayor parte de las reformas se emprenden en situaciones de crisis. José Luís Tortuero me recordaba que hace algunos años organizábamos aquí un curso, en la Universidad Menéndez Pelayo, hablando de las reformas en momentos de bonanza económica, intentando generar un entorno ecológico, como se dice ahora con un cierto deje de cursilería, favorable a las reformas en momentos de bonanza. Bueno, pues al final en momentos de bonanza pudimos hacer algunas reformas importantes, las contenidas en la Ley 40, o algunas que afectaron a la gestión de la incapacidad temporal, pero bien es cierto que no acometimos, digámoslo así, las reformas sobre lo que son los elementos centrales del funcionamiento de nuestro sistema de pensiones y, en particular, los hechos que definen la prestación de jubilación, que es la nuclear de todo el sistema.

Y, en este sentido, España, como otros países europeos, va a abordar reformas en estos momentos... Yo no sé si tiene sentido que reflexionemos sobre el por qué ahora, sobre cuál es la importancia que juegan factores externos como la confianza en los circuitos financieros, o sobre que papel corresponde a los diferentes agentes de la economía española a la hora de incidir en el tiempo de las reformas. Creo que en momentos como los presentes podemos convenir, razonablemente, en que las reformas aparecen ante la opinión pública como más necesarias, y probablemente lo sean en términos de estrategias económicas a corto y medio plazo. En todo caso, esto no quiere decir que deban hacerse cosas que no deberían hacerse en cualquier circunstancia, yo creo que ése es el punto de equilibrio que cabe exigir a las reformas que se realizan en momentos de crisis, el que todo lo que se haga se deba hacer porque sea conveniente en sí mismo y no debamos hacer cosas a las que nos veamos obligados por circunstancias externas, por circunstancias ajenas a lo que es el propio funcionamiento de los sistemas que estamos reformando.

En estos momentos existe una práctica unanimidad en las Administraciones Públicas, en los Organismos Internacionales que asumen funciones de regulación de la actividad económica, entre los demógrafos, entre los profesionales de la economía y entre muchos profesionales del Derecho, de que hay una evidencia, una evidencia demográfica, que anima a la realización de las reformas.

Esta semana pasada, la Comisión Europea ha publicado un «Libro Verde», sobre los «Sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros». Como saben ustedes en Europa funciona un método abierto de coordinación en materia de pensiones, los Tratados comunita

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rios no atribuyen a las instituciones europeas especiales facultades en materia de pensiones, pero todos somos conscientes de que, siendo los sistemas de pensiones una parte importante de nuestro producto interior bruto, es imprescindible que abordemos, en una dimensión europea, las reformas de los sistemas de pensiones para permitir que las estrategias económicas cobren una cierta coherencia, una cierta uniformidad en el ámbito de la Unión Europea, y en particular en la Zona Euro.

La convención sería, en palabras del «Libro Verde» «si las personas, que viven hoy más, no permanecen activas durante más tiempo, es probable que la adecuación de las pensiones se resienta o que se produzca un aumento insostenible del gasto en pensiones». Ésta es la realidad europea, la realidad de una sociedad que envejece, en la que la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad se mantienen en parámetros reducidos, en la que la esperanza de vida se dispara, y en la que el aumento de la cualificación de las personas que ingresan en el mercado de trabajo produce que se retrase esta incorporación, con lo cual el período de actividad se reduce, se constriñe. Una realidad en que la edad de jubilación permanece estable, empezamos a trabajar más tarde, vivimos menos años como trabajadores activos y al mismo tiempo el número de personas que trabajan disminuye porque disminuye la natalidad y la fecundidad, y porque las tasas de inmigración o las tasas de aumento de la ocupación no contribuyen a generar el stock de trabajadores suficiente para mantener la tasa de dependencia, nuestra relación entre activos y pasivos. A la vez, por el contrario, las pensiones mejoran, mejoran en cuantía, y se perciben un número de años mucho más elevado que lo que se percibían hace 20 o 30 años. (Hoy es el día en que un pensionista español vive por término medio, cobrando una pensión, una parte de su vida, 5 o 6 años superior a la que vivía un pensionista que hubiera generado esos derechos en el 15 de julio del 77, es decir con la reinstauración de la democracia en España). Además el aumento del número de mujeres trabajando, -como las mujeres viven más-, aumenta la edad media de los pensionistas, etc., y aumentan también las edades medias de disfrute de la pensión.

Ésa sería la reflexión. Frente a esta reflexión compartida por la inmensa mayoría de agentes económicos y sociales y de los académicos y de los estudiosos sobre la materia, habría una posición defensiva que sería la de señalar que los problemas del sistema de pensiones, como en general los problemas del estado del bienestar, deben solucionarse acudiendo a una mayor intensidad del reequilibrio fiscal en nuestras sociedades, que debe incrementarse la carga fiscal, que deben aumentarse los recursos públicos con los que el Estado contribuya a compensar el déficit del sistema de pensiones, que debe vincularse la mejora de las prestaciones al aumento de la productividad, al aumento de la competitividad de la economía, y que por lo tanto no es necesario reformar los sistemas de pensiones, lo que es necesario es tener una economía más intensamente productiva y una fiscalidad más reequilibradora, mediante una política fiscal más agresiva.

A mí me interesaría señalar que si esta reflexión la hubiéramos hecho en España en el año 1995, que es cuando se firmó el Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo nunca se hubiera firmado, porque en el año 1995 la situación económica no era más complicada. La situación económica del país era mucho peor, pero no era mucho más complicada porque la crisis internacional, la crisis financiera internacional, era menos intensa y porque, evidentemente, en aquel momento la apelación a la mayor productividad de la economía, al incremento de las personas ocupadas hubiera tenido un mayor recorrido. El Pacto de Toledo se firma en un momento en el que hay 13 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Hoy tenemos casi 18. Es decir, los que formulan esta posición no están haciendo una enmienda a las reformas por venir, sino están haciendo una enmienda a toda nuestra historia de consecutivas reformas de Seguridad Social que antes y después de la firma del Pacto de Toledo hemos emprendido en los últimos 25 años

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y que ha dejado a la Seguridad Social española en un buen momento para acometer reformas que consoliden un Sistema de Seguridad Social ya muy maduro y ya con prestaciones bastante razonables en razón de la economía del país.

Por tanto, lo que estamos discutiendo aquí no es si hay que hacer nuevas reformas o son innecesarias, sino si el camino que hemos emprendido en los últimos 15 años es el adecuado y tenemos que seguir por él, o por el contrario tenemos que volver a los orígenes y pensar que todos los sistemas de protección social no necesitan de ningún tipo de reformas y que lo que necesitamos es una sociedad más igualitaria. Una visión algo redentorista del igualitarismo como solución última a todos los problemas sociales. Aquí, con una mayor carga fiscal y con una mayor ocupación, todos los demás problemas se resolverán por añadidura.

Les voy a indicar cuáles son mis criterios al respecto algunos de naturaleza personal. Yo, desde luego, me sitúo en la posición del año 95. En el año 95 estábamos con los mismos problemas que tenemos ahora, en otro momento de la crisis demográfica, en un momento menos acusado, pero ya conocíamos lo que iba a pasar. Los magníficos estudios realizados por la Administración de Seguridad Social para permitir la firma del Pacto de Toledo ya hablaban del envejecimiento de la población. En aquel momento también podíamos haber dicho que no era necesario reformar el sistema de pensiones y que podíamos cobrar más impuestos o podíamos solucionar los problemas del sistema de pensiones con una mayor ocupación, pero optamos por emprender una senda de reformas, que es la que hoy tenemos que continuar, porque en el Pacto de Toledo ya hablábamos de que era necesario retrasar la edad de jubilación efectiva de los españoles y entonces, como estábamos en una edad de jubilación efectiva que en términos de Eurostat estaba por debajo de los 60 años, hablábamos de pasar a los 65; En el Pacto de Toledo hablamos entonces de retrasar la edad de jubilación efectiva de los españoles 5 años y ahora estamos trazando nuevos objetivos en función de los logros que hemos conseguido estos años cuando desde una pretendida defensa del Pacto de Toledo, se nos dice «no, no, esto no es lo que hay que hacer», lo que ocurre es que si esa posición, se hubiera mantenido hace 15 años nos hubiera impedido, precisamente, empezar a hacer lo que hemos conseguido hacer y llegar a la situación presente.

En segundo lugar, me interesa señalar que hay una percepción, a veces desde la propia Administración pero también desde posiciones académicas y de interlocutores sociales, a mi juicio equivocada, de que el Sistema de Seguridad Social es equivalente a un sistema tributario y que los problemas de Seguridad Social se arreglan con mayores fuentes de ingresos. Nuestro Sistema de Seguridad Social, como todos los Sistemas de Seguridad Social del mundo, no son sistemas tributarios, son sistemas de seguro. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un sistema de seguro y un sistema tributario? Pues que en un sistema tributario, si tienes más recursos, esto no te compromete a realizar más gastos, si tú subes el impuesto sobre la renta, el I.V.A., el impuesto de sociedades, por esto no estás obligado, en principio, a hacer más carreteras, a gastar más dinero en sanidad o en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ésa será una opción política pero también puedes tener la opción política de ingresar más y gastar menos y ahorrar más. Laminar el déficit, fomentar el desendeudamiento o simplemente generar recursos o reservas para el Estado.

Por el contrario, en un sistema de seguro, los ingresos suponen un mayor gasto futuro. Los derechos que reconoces como ingresos del sistema, suponen mayores obligaciones a futuro. Si nosotros cobramos más cotizaciones porque hay una mayor actividad económica, esos cotizantes que nos pagan más hoy se convertirán el día de mañana en más pensionistas que cobrarán más pensiones. Por lo tanto, el equilibrio en los sistemas tributarios está definido en paráme

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tros, si ustedes lo prefieren decir así, más simples, hay que ingresar lo que se gasta, ése es el equilibrio en los sistemas tributarios. El equilibrio en los sistemas de seguros no es que hay que ingresar lo que se gasta, sino que los ingresos, mirados en períodos de tiempo muy superiores, tienen que ser los suficientes para financiar los gastos que generan y en ese sentido ingresar menos no tiene porqué suponer un desequilibrio, e ingresar más no tiene que suponer una mejora en la situación económica. Puede coincidir un mayor desequilibrio en las cuentas del sistema con mayor número de cotizantes, porque si cada cotizante ingresa menos de lo que luego va a percibir, cuanto mayor sea la masa de cotizantes mayor es el desequilibrio. Por el contrario, puedes tener un mayor equilibrio si tienes menos cotizantes y luego vas a tener menos obligaciones. Lo que gana el sistema teniendo más cotizantes es cohesión social, capacidad funcional. El Sistema de Seguridad Social se creó para proteger a las personas de sus vulnerabilidades, de las edades en las que no podían trabajar, de las situaciones de enfermedad, del accidente de trabajo, de las obligaciones familiares que tenían que subvenir con sus salarios y que a veces los salarios eran insuficientes para las personas que tenían un mayor número de personas a su cargo. Para eso se creó el Sistema de Seguridad Social y para eso el Sistema de Seguridad Social quiere tener más afiliados, pero no porque tener más o menos afiliados, por sí mismo, suponga un mayor equilibrio del Sistema. Eso no quiere decir que no reconozcamos que cuanta más gente afiliada, cuantas más largas y constantes sean las carreras de cotización, etc., el sistema no sea más fácil de equilibrar. Yo desde luego estoy convencido de que es más fácil encontrar el equilibrio con 22 millones de afiliados que con 18 que tenemos ahora, pero no es la solución de los problemas al envejecimiento el tener más afiliados, porque esos afiliados van a querer cobrar sus pensiones y cuando quieran cobrar sus pensiones no van a encontrar, si el sistema está desequilibrado, mayores recursos porque en su día hayan cotizado.

La tercera de las líneas de resistencia, digámoslo así, al planteamiento de las reformas, es la descalificación de la demografía. Bueno, yo soy originariamente un profesor de la gama de las ciencias sociales absolutamente desprestigiada, que es la historia, lo digo porque los historiadores tenemos ya reconocida nuestra incapacidad permanente para conocer el futuro, ningún historiador fue capaz de prever la caída del Muro de Berlín. Estamos acostumbrados a decir «ningún economista previó la burbuja financiera», no es verdad, pero los economistas no han trazado previsiones solventes que permitan evitar la permanente crisis de la euforia financiera, las permanentes crisis intermitentes de la economía financiera, y los demógrafos no salen mejor parados en esta especie de descalificación de las ciencias sociales. Los que pertenecemos al ámbito de la ciencia social conocemos bien nuestros límites. En esos términos, yo puedo aceptar que se hagan críticas a las previsiones demográficas, puedo aceptar que se pongan en cuestión, pero no puedo aceptar que se diga que no se sabe lo que va a pasar, porque al menos sí tenemos una previsión muy clara de lo que no va a pasar, y lo que no va a pasar es que las cosas dentro de 20 años sean como son ahora, porque entre otras cosas, si analizamos cómo era la situación, como era la pirámide demográfica de España hace 20 años, vemos que no es la misma que en la actualidad. No es la misma, y los flujos migratorios, que se han producido con una intensidad enorme en este país, no han repuesto la pirámide demográfica a la forma que tenía hace 20 años. El estrechamiento de la base sigue siendo muy notable y la prolongación en altura de la cúspide sigue siendo muy notable, porque la esperanza de vida sigue creciendo. Entonces ¿tiene sentido discutir lo que crezca la esperanza de vida? Yo les invitaría a los críticos de la demografía a que simplemente aceptaran como principio que en los próximos 20 años lo que va a pasar en España es lo mismo que ha pasado en los últimos 20 años, pero que no hagan de la crítica a la demografía una actitud reaccionaria. Es decir, que no se instalen en que la ciencia no nos sirve, las previsiones no nos sirven y vamos a dejarlo todo como está, porque como te SUMARIO

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nemos una incapacidad de pronosticar el futuro no hay que tomar medidas para prever lo que va a suceder. Podemos matizar, discutir, reflexionar, hacer la crítica a lo que han sido las previsiones demográficas más apocalípticas, poner en solfa si realmente en este país vamos a ser el país más envejecido del mundo en 2050 o 2060, aceptar todo tipo de matices, pero no podemos aceptar que no tenga sentido el hacer proyecciones, previsiones y el trabajar con métodos científicos en demografía, y no podemos basar una posición política o social en torno a reflexiones anteriores, porque eso es simplemente adoptar la posición del avestruz, y que yo sepa los científicos podemos tener insuficiencias pero en ninguna universidad han contratado avestruces para sustituir a los científicos. A lo mejor, ahora con el Mundial contratamos pulpos, pero tampoco yo creo que la solución está en pensar que los pulpos son mejores pronosticadores que los científicos y, en algunas posiciones se refleja esta actitud; como no me interesa lo que usted me está contando, porque me describe el futuro en términos por lo que necesitamos una cierta de reacción, pues yo le niego la mayor, no tiene usted capacidad de pronosticar el futuro.

En conclusión, y desde mi punto de vista, estamos en una senda que empezamos el año 1995 con el Pacto de Toledo, acometiendo las reformas para una situación demográfica que ya describimos en el Pacto de Toledo en el año 1995 con una enorme precisión. Yo les invito a que se lean ustedes el documento, porque descubrirán que nos encontramos donde decíamos que nos íbamos a encontrar en el año 1995, en una etapa del camino que íbamos a andar en los años siguientes, necesitamos que nuestro sistema de protección social alcance el equilibrio; necesitamos el equilibrio de un sistema de seguro, necesitamos que la cuenta de los activos, lo que aporta una persona como activa en toda su vida, sea suficiente para financiar las prestaciones que va a recibir como pasivo, siempre de manera global ya que estamos en un sistema de reparto. El sistema debe tener suficientes ingresos para financiar los gastos futuros y esto no es simplemente tener más ingresos, sino que los ingresos guarden correspondencia con las obligaciones, y, al hacerlo, tenemos que reconocer evidencias demográficas, luego podemos discutir si las evidencias demográficas son de nivel 10, de nivel 9 o de nivel 8, pero evidentemente el terremoto nos llega. Podemos discutir la intensidad, pero no podemos decir que aquí no se van a conmover los cimientos de nuestra sociedad, porque se están conmoviendo ya, porque ya hay menos niños que hace 15 años y hay más personas mayores que hace 15 años, y esa misma evolución la vamos a ver en el futuro.

¿En torno a qué parámetros hemos organizado las reformas que creemos que necesita el sistema de pensiones español recogidas en el documento que el Gobierno de España ha remitido al Parlamento el día 29 de enero? Este documento está siendo ahora analizado por la Comisión del Pacto de Toledo y que lógicamente debe servir como punto de partida, para las conclusiones de la Comisión, que se plasmarán en unas recomendaciones que luego el Gobierno, después del diálogo social, tiene que instrumentar como medidas legislativas.

En primer lugar en un diagnóstico de la situación que toma en cuenta básicamente el bonus demográfico que hemos vivido en España en los últimos años, con un crecimiento más intenso de los afiliados a la Seguridad Social que el crecimiento de los jubilados. En los últimos 20 años, se están jubilando en España en estos momentos, la gente que nació, entre el año 192545 del siglo pasado. Esas cohortes de edad marcadas por la República, la Guerra Civil y la inmediata posguerra, son cohortes de edad escasas en natalidad y en fecundidad y por lo tanto el incremento del número de pensionistas que hemos vivido en España en los últimos años ha sido muy moderado. Esto no se va a ver en el futuro y, por otro lado, las grandes incorporaciones al mercado de trabajo tampoco van a ser tan llamativas. Tenemos 2 millones de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, podemos tener 3 pero no 10. Es decir, no van a multiplicarse por 5

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como ha sucedido en los últimos años. El 45% de nuestros afiliados son mujeres, podemos llegar al 50% o hasta el 52 o 54%, pero ya no vamos a pasar del 20 al 45, ya no vamos a tener esa incorporación tan masiva de las mujeres al mercado de trabajo. Evidentemente, tenemos mucho trabajo que hacer en cuanto a la mayor ocupación de nuestros jóvenes y a la disminución de las tasas endémicas de desempleo de la sociedad española, pero no nos engañemos, mayor número de afiliados en el presente es mayor número de pensiones en el futuro y tampoco ahí tenemos demasiada solución y, por el contrario, el número de pensionistas en los próximos años se dispara exponencialmente, se dispara de una manera muy rápida, tal como ahora veremos.

Hemos ido generando antes y después del Pacto de Toledo un conjunto importante de reformas que nos han permitido tener una buena situación en la actualidad. No solamente somos buenos jugando al fútbol, el Sistema de Seguridad Social español es en la OCDE uno de los pocos sistemas de pensiones que el año pasado ha tenido superávit. Tenemos en estos momentos el cuarto fondo de reserva de pensiones de Europa con más de 63.000 millones de euros y con un conjunto de reservas de la Seguridad Sociedad que superan los 70.000 millones de euros, si contamos el Fondo de Prevención y las reservas de las mutuas, por lo tanto vamos a hacer las reformas en un contexto mucho más favorable que la inmensa mayor parte de los países que las han desarrollado y, sobre todo, hemos sido capaces de hacer grandes reformas en los últimos años, que nos han dejado en una buenísima situación presente.

La gran reforma de la Seguridad Social española fue la separación de fuentes de financiación, cuando a finales de los años 80 el Gobierno presidido por Felipe González decide que al lado de los derechos que les corresponden a todos los contribuyentes al Sistema de Seguridad Social como cotizantes y a sus familiares, hay una serie de derechos que corresponden a todos los ciudadanos españoles o residentes en España por el hecho de ser ciudadanos, que son el derecho a la salud y el derecho a las prestaciones del sistema de servicios sociales. Ahora, hemos completado este derecho con el sistema nacional de atención a las situaciones de falta de autonomía personal y de dependencia. En aquel momento, se toma la decisión de que como esos derechos son independientes de la contribución, no deben ser financiados por cuotas sino por impuestos generales y se excluye a la sanidad y a los servicios sociales de la financiación del sistema de cotizaciones de la Seguridad Social, lo cual permite el crecimiento muy fuerte de las pensiones porque todo lo que era cuota sanitaria y cuota de servicios sociales se traslada a pensiones y en menor medida a desempleo.

Aquella fue una decisión arriesgada, se pudo hacer porque España acababa de ingresar en la Comunidad Europea, había que crear un nuevo impuesto, el I.V.A., y es una decisión que los españoles tomamos, como avanzados, de la modificación de los sistemas de reparto de España. Quiero recordarles que los tres grandes sistemas de reparto que hoy día existen, coexisten en Europa, al lado del español, el alemán, el francés y el italiano, no tienen todavía realizada la separación de fuentes de financiación. Los alemanes han comenzado a hacerla en sanidad hace 5 años, los franceses la tienen parcialmente y los italianos la tienen parcialmente. Nosotros tenemos toda la financiación de la sanidad excluida del sistema de cotizaciones sociales. Si no hubiéramos separado la financiación de la sanidad de las cotizaciones sociales, nos encontraríamos con que en vez de tener estos 70.000 millones de reserva tendríamos un déficit entre 70 y 100.000 millones de Euros en el Sistema español de Seguridad Social. Este es un déficit que de existir es privativo de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, pero no en el ámbito de nuestro Sistema de Seguridad Social y, por lo tanto, estamos en una magnífica situación procedente del bonus demográfico, en primer lugar; y en segundo lugar, de haber hecho reformas muy importantes en los últimos 25 años.

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Las reformas en un sistema de seguros, en un Sistema de Seguridad Social, son siempre reformas moderadas, ¿por qué? porque salvo que sean medidas de tipo estrictamente económico, reducir cuantías de pensión, nunca afectan a los actuales pensionistas, nunca afectan al stock de actuales pensionistas, afectan únicamente al flujo, es decir a los pensionistas que van a convertirse en tales después del momento de iniciación de las reformas, lo cual quiere decir que el primer año afectarán al 1 o al 2% de los pensionistas, el segundo año al 4, el tercer año al 6%, etc. Es decir son siempre reformas que tienen un transcurso del tiempo para madurar muy prolongado y por tanto conviene empezar a hacerlas cuanto antes, porque si hay que subir una pendiente de 4 metros, no es lo mismo hacerlo con una inclinación del 8%, del 6%, en 20 o 25 años, que tener que hacerlo de golpe para lo cual necesitas saber trepar.

De cara a las reformas, ¿cuál es la particularidad, el modelo de envejecimiento de la población española?. Como aquí hay demógrafos que saben mucho mejor que yo mencionar estos asuntos, voy a hacer un comentario muy somero y que me perdonen mi superficialidad sobre este asunto.

Nosotros tenemos el mismo problema de envejecimiento de la población que tienen el conjunto de las sociedades europeas, pero tenemos una particularidad. La particularidad es que en nuestro caso el baby boom de la posguerra, que empieza en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y en España que debía haber comenzado al final de la Guerra Civil, por la represión, por el exilio, por la enorme virulencia de la Guerra Civil, por el encarcelamiento masivo todavía de muchos de los combatientes perdedores, etc., que eran personas en edades jóvenes, activas y evidentemente eran los padres de familia, empieza mucho más tarde. Empieza en el año cincuenta y tantos, 57 ó 58, que es el momento en el cual la tasa de nacimientos del país llega a los 650.000 y se mantiene aproximadamente hasta el año 78, en esos 20 años, por encima de los 650.000 nacimientos. Luego, con la llegada de la democracia, con la aparición de la planificación familiar, los hijos ya no venían en cigüeña, sino que uno podía decidir si tenía más o menos hijos, y las familias empiezan a pensar y la tasa se reduce... Las familias españolas en los años 60 querían tener dos hijos, según los estudios sociológicos, ahora también. Antes tenían tres, ahora tienen uno porque el primero llega demasiado tarde, y el segundo a veces es difícil que pueda llegar ya porque tanto el padre como la madre tienen edades superiores a los 40 años.

La planificación familiar hace que el descenso del número de nacimientos del país sea espectacular entre el año 78 y el año, 98. Nuestra particularidad es, que hemos tenido un baby boom retrasado, por eso el envejecimiento de la población nos llega más tarde que al conjunto de las sociedades europeas, que tenemos un baby boom concentrado en 20 años, y que luego tenemos una caída muy abrupta del número de nacimientos que nos ha situado en las tasas de natalidad más bajas de la Europa Occidental. Ahora en la Europa Oriental hay muchos países que las tienen más bajas que nosotros. Lo cual quiere decir que tenemos el mismo fenómeno, pero más comprimido en el tiempo. Vamos a ser una sociedad más envejecida y que además vamos a tener el envejecimiento del envejecimiento, es decir... el número de personas de más de 80 años va a crecer más que el número de personas de más de 70 y los de 70 más que los de más de 60. Era el profesor Fernández Cordón el que hablaba de esta realidad el año pasado.

Por otra parte, nuestra esperanza de vida es un poquito más alta que la media europea, va a crecer un poquito más que la media europea. Simplemente, como descripción, si examinamos la evolución de la pirámide de población española partiendo de la actual, (2009, 2019, 2029, 2039 y 2049) (diapositiva n.º 7), puede observarse que la base sigue siendo básicamente similar, si

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bien la pirámide va ganando altura y es la parte superior de la pirámide, los mayores de 65 años, los que crecen. Esto ¿qué quiere decir?, Quiere decir que este año vamos a pagar ocho millones seiscientas mil pensiones en el Sistema de Seguridad Social... Entre Seguridad Social y Clases Pasivas estaremos en el 10% del PIB. De aquí pasaremos a, un poco más de 10 millones en el año 2020, 150.000 por año, bueno relativamente asumible. Luego alcanzaremos los 12,5 millones de pensiones en el año 2030, ya creciendo 250.000 por año, y 15,3 millones de pensiones en el año 2040, estaremos creciendo al final de esa década en 300.000 personas, en número de pensionistas cada año para una población activa que no va a crecer demasiado.

Aunque activemos todos los recursos del desempleo, el empleo no va a crecer lo suficiente para mantener la relación entre activos y pasivos. Como consecuencia de esto, las tasas de dependencia, las proporciones que existen entre mayores de 64 años, es decir 64 años y 364 días, y menores de 16 años y activos, se van deteriorando, hasta que llega un momento en el cual el número de personas mayores de 65 años básicamente puede llegar a ser relativamente parecido al de activos en el peor de los supuestos y en todo caso pues ser superior al 60% de los activos en un supuesto más favorable.

Esto significa, que vamos a tener que retrasar la edad de jubilación. ¿Tenemos que hacerlo en términos legales? ¿Tenemos que hacerlo en términos de regulación legal? Pues hombre, evidentemente hay una parte de este retraso en la edad de jubilación que tiene bases legales. Nuestro sistema es un sistema de reparto, en un sistema de reparto el gran mediador entre los derechos que uno genera y las prestaciones que recibe es la legislación

No se trata de un sistema de ahorro, de capitalización, en donde tus fondos son tuyos y nadie puede actuar sobre ellos, que tú estás sometido siempre a que tus derechos están en curso de expectativa y que se perfeccionan en el momento en que los has generado y que las percepciones son a través de lo que dice en cada momento la legislación aplicable. Por ello, siempre hay una parte legal, de ahí, la importancia de la determinación de las edades de salida del mercado de trabajo.

Como pueden observar en esta estadística de Eurostat, (diapositiva nº 10) no se habla únicamente pensiones de jubilación, sino de la edad de salida del mercado de trabajo. Indicador en el que se combinan salidas por jubilación, salidas por pensión de incapacidad y también salidas por lo que llamamos eufemísticamente aquí prejubilación,que es una manera de calificar un despido. Es decir, personas que son despedidas de sus puestos de trabajo, pero que mantienen algún tipo de vinculación con la empresa que les despide en términos de percepción de rentas y de abono de convenios con la Seguridad Social para permitir jubilarse como despedidos.

Entre el año 2000 y 2008 la edad media de salida del mercado de trabajo de los españoles ha crecido más de dos años. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque cada vez hay menos mutualistas. Voy a explicar lo que quiere decir una palabra que los Directores de Seguridad Social que nos acompañan en el Curso conocen muy bien, pero que forma parte de la jerga del sistema de Seguridad Social. Los mutualistas son las personas que se incorporaron a los regímenes de Seguridad Social provenientes del antiguo mutualismo laboral y que habían realizado cotizaciones antes del primero de enero del año 1967. Entonces, esas personas mantienen la edad de jubilación de 60 años que les correspondía en el mutualismo laboral, por lo tanto es una parte de nuestros afiliados que tiende hacia la extinción, porque cada vez hay un menor número de personas que hayan podido trabajar a los 14 años, antes del primero de enero del 67, que era la edad legal mínimamente exigible en el año 67. Creo recordar que ahora son unos 400.000. Esta es una parte de nuestros afiliados que en la práctica desaparecerá a

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partir del primero de enero de 2014, en 2013, en todo caso serán ya pocas personas en términos cuantitativos.

Por otra parte, el número de pensiones de incapacidad ha disminuido en términos porcentuales, porque hemos conseguido hacer del trabajo una realidad menos agresiva para los trabajadores más veteranos, porque hemos puesto en marcha desde el año 95 un buen sistema de prevención de riesgos laborales, porque en estos momentos tenemos más alternativas para desarrollar actividades menos gravosas desde el punto de vista físico y porque la innovación tecnológica va haciendo desaparecer la carga física de buen número de trabajos. Estos resultados son importantes ya que cada pensión de incapacidad que se genera en Seguridad Social, en una edad media de los 56 años, supone 10 años más que una pensión de jubilación en carga de obligaciones al sistema. Finalmente entre los españoles que se van retirando del mercado de trabajo, la buena situación económica sin duda ha contribuido también a la mejora de este indicador (edad de salida al mercado de trabajo) en los 10 últimos años. Hasta el año 2009 la tendencia se ha mantenido. En estos nueve años hemos nadado a favor de la corriente, y en ese sentido teníamos que hacer un esfuerzo mucho menor y teníamos que trabajar con menor intensidad, pero ahora, conforme vaya desapareciendo el número de mutualistas, en una situación económica más comprometida, con una prevención de riesgos laborales que va a seguir progresando pero no en los términos tan llamativos y tan positivos que lo ha hecho en los últimos años, pues lo que tenemos que conseguir es eso mismo pero en el doble de tiempo, porque va a ser más difícil conseguirlo.

Digo esto porque, normalmente, las reformas de Seguridad Social cuando se enuncian teóricamente parecen horribles, pero, en la práctica, cuando se aplican son más benévolas. Ahora una de las discusiones más obvias que tenemos en nuestro Sistema de Seguridad Social es si podemos o no, si debemos o no, incrementar el número de años tomados como base de cómputo para la pensión de jubilación. En estos momentos tenemos 15 años en nuestro sistema, y se dice que pasar de 15 a 20 años esto es un atentado contra los derechos de los trabajadores. Es bueno recordar que en el año 85 la pensión de jubilación se calculaba sobre 2 años. Entre el año 85 y el año 2002 pasamos a calcularla de 2 a 15 años, primero, de 2 a 8 y luego de 2 a 15. En el período citado, 19852002, las pensiones no bajaron, subieron. Se auguraba que iba a haber muchos trabajadores que se iban a quedar sin pensión, pues no se quedaron sin pensión. Se pensaba que iba a haber mucha más gente sometida a pensiones mínimas, pues el número de pensiones mínimas disminuyó, porque mejoraron las bases de cotización. Sí es cierto que hubo algunos afiliados al Sistema de la Seguridad Social, normalmente no trabajadores por cuenta ajena, que si querían generar una pensión máxima en vez de cotizar únicamente 2 años por la base máxima de cotización tuvieron que cotizar primero 8 y luego 15 años, y el sistema ganó recursos, pero no hubo ningún impacto social desfavorable por la elevación del período de cómputo, ninguno, y si alguien conoce alguno que me lo diga, porque no hay ningún estudio de los realizados sobre el sistema español de pensiones por parte de personas que vienen de la actividad académica pero también de representantes de las organizaciones sindicales que tras examinar y desmenuzar las estadísticas del sistema, haya encontrado que en aquellos años se produjera una conmoción.

Algunas reflexiones adicionales sobre lo que estamos hablando. Si la edad de jubilación debe seguir progresando, porque es un inexorable demográfico, podemos ver el período tomado para el cómputo para las pensiones, en estos momentos en la realidad Europea (diapositiva nº 11); Grecia que es la que tiene el período de cómputo más bajo, 5 años, está en estos momentos planteándose la reforma legal que lo va a subir a 25; nosotros, a continuación, nos quedaríamos como el país de Europa con el menor número de años, 15; Noruega estaría en 20; el resto de los países que no han modificado su regulación legal estarían entre prácticamente toda la vida la

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boral. Los que la han modificado, (diapositiva nº 12) pues con los que la han modificado fíjense ustedes a dónde se han ido. Francia ha pasado de 10 a 20, la República Checa de 10 a 25, Austria, Finlandia, Polonia y Portugal de 10 a la vida laboral, Suecia, Reino Unido prácticamente toda la vida laboral.

¿Esto qué quiere decir, que en España tenemos que pasar a toda la vida laboral? No. Nosotros tenemos nuestras particularidades, el mercado de trabajo español es muy intermitente, nuestras bases registrales en Seguridad Social son buenas, pero a partir del año 87/88, antes no existían. Nosotros no necesitamos hacer las mismas reformas de la misma forma que las han hecho otros países. Esta gráfica tiene el sentido de intentar explicarles simplemente que todos los países que han hecho estos cambios, los han hecho y no han visto disminuir la cuantía de sus pensiones. Es decir, que estos cambios se pueden hacer bien, también se pueden hacer fatal, pero que en principio no está escrito, ni en las Tablas de la Ley ni en las estrellas, que conseguir modificar un período de cómputo de una prestación del Sistema de Seguridad Social vaya a tener un efecto directo que va en el sentido de reducir las prestaciones del sistema. En un sistema de reparto, lo lógico es que el período de cómputo sea el adecuado para conseguir que el sistema otorgue las prestaciones que cada uno está financiando con sus cotizaciones.

Estas son las cosas que fundamentalmente tenemos que hacer en nuestro Sistema de Seguridad Social. Es decir, tenemos que adecuar la base de nuestra realidad demográfica, el hecho de que empezamos a trabajar más tarde, de que queremos cobrar pensiones que se parezcan lo más posible a nuestro último salario, que tenemos más esperanza de vida, con el hecho de que mantenemos la edad de jubilación desde el año 67. Mantenemos desde hace 43 años la misma edad de jubilación y en ese período de tiempo la esperanza de vida ha crecido un número de años espectacular en nuestro país.

¿Es posible realizar esta reforma en términos socialmente razonables? Naturalmente que es posible. Lo que no es posible es mantener la situación actual de la configuración legal de las prestaciones del sistema sin que ello tenga efectos perversos en lo que es el reparto de cargas y en lo que es la cohesión social de nuestro país. Y me explico. Un sistema de reparto, como es nuestro Sistema de Seguridad Social, es un sistema basado en el pacto intergeneracional, es decir, nosotros pagamos las pensiones a nuestros padres y nuestros hijos nos las pagan a nosotros. Los activos pagamos las pensiones de los pasivos y cuando nosotros nos convertimos en pasivos nuestras pensiones son pagadas por los activos que nos suceden. El sistema de pacto intergeneracional exige que ese pacto signifique que a los actuales cotizantes nosotros les garantizamos que van a cobrar unas prestaciones similares a las que están pagando para los demás, porque sino hay una generación sacrificada. En nuestro país, en el siglo pasado hubo una generación sacrificada, la gente que empezó a pagar el seguro obligatorio de vejez antes de la Guerra Civil se encontró conque luego sus pensiones disminuyeron en cuantía y se pagaron con muchísimo retraso después de la guerra. Habían ido haciendo una acumulación de capital en sus pensiones y solamente se les reconoció una prestación muy inferior a la que ellos habían pagado.

Si mantenemos el actual sistema sin cambios, las personas que ahora tienen menos de 40 años están pagando unas prestaciones que ellos no van a poder cobrar dentro de 25 años. No van a poder cobrar porque el incremento en número de pensionistas y el incremento de la cantidad de las pensiones va a provocar un incremento de gasto inasumible para el sistema. O sea, que lo que estamos haciendo las personas que nos vamos a jubilar antes es lucrarnos indebidamente de cotizaciones que no van a poder realizar ni van a poder llevar a término los jóvenes

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españoles en la actualidad. En ese sentido, el equilibrio supone que si nosotros tenemos, digámoslo así, que jubilarnos unos meses más tarde para que ellos puedan tener acceso a las prestaciones de jubilación 40 años después de cuando entraron en el mercado de trabajo, nosotros no debemos, digámoslo así, dejar de jubilarnos esos meses más tarde para que ellos tengan que jubilarse 2 o 3 años más tarde para tener acceso a esas prestaciones o que las cobren recortadas. Eso es hacernos trampas en el solitario, quebrar el pacto intergeneracional y este pacto intergeneracional tiene consecuencias sociales poderosas. O sea, a los que les guste la información política les recomiendo que miren en Google las vertientes pensionales del debate político de un país como Japón, que es uno de los países del mundo que todavía nos superan un poquito en esperanza de vida. En Japón para financiar las pensiones a los actuales jubilados, incluso ha llegado a tener que establecer cotizaciones a la Seguridad Social para los estudiantes universitarios, porque necesitan tal masa de cotizantes para pagar las pensiones del ingente número de jubilados que viven muchísimo tiempo, que existen en Japón, con una pirámide de población ya muy elevada, que al final la sensación que tienen los jóvenes japoneses es que van a pasarse toda la vida pagando unas prestaciones que van a recibir recortadas a la mitad cuando se jubilen ellos, no es razonable, ni tiene nada que ver con el igualitarismo. A veces el igualitarismo teórico es en la práctica una defensa de la falta de equidad más absoluta. Lo razonable es repartir las cargas entre generaciones, que es precisamente lo que hace un sistema de reparto y esto exige que el período de aplicación de las reformas sea suficientemente prolongado para evitar que haya shock que afecte negativamente a grupos sociales y esto exige que los costes de las reformas se repartan para que no haya beneficiados y perjudicados. Sería ahora absolutamente bárbaro aplicar medidas tremendas de golpe y porrazo que afectaran a gente que empezó a trabajar a los 14 años y que llega a los 65 con 50 años cotizados, tendría un impacto muy negativo sobre esas personas en términos sociales, por eso la implantación de las reformas tiene que ser paulatina, porque no puedes tratar a esas personas lo mismo que a las que se están incorporando al mercado de trabajo 10 años más tarde, pero de la misma forma el negarse a hacer algo durante los próximos 10 años iba a hacer que los jóvenes españoles tuvieran que soportar una mayor parte del ajuste, todo lo que dejamos de hacer ahora tendríamos que cargárselo en su mochila después de los próximos 20 años.

Vuelvo a terminar por donde empecé. Esto no son reformas para la crisis, las reformas en Seguridad Social siempre se definen en términos muy prolongados de tiempo, en una situación de crisis económica tú tienes que ahorrar gastos y obtener mayores ingresos, pero en un sistema de seguro los mayores ingresos que obtengas provenientes de un mayor número de afiliados al final se van a convertir en mayores obligaciones, por lo tanto las reformas para la crisis son reformas de contención pura y dura del gasto, de reducción de las prestaciones, etc., que no son las que se plantean en el documento del 29 de enero.

Y además sí que me interesa terminar con una reflexión concreta y voy a ponerles simplemente alguna referencia en término de ejemplos. Nosotros tenemos un Sistema de Seguridad Social magnífico, porque el Sistema de Seguridad Social tras la firma del Pacto de Toledo ha soportado muy bien la alternancia política y en un país como el nuestro en el que la discusión política pues a veces tiene tintes dramáticos o por lo menos muy exuberantes, o pasionales, los debates de Seguridad Social se han hecho respetando cada uno de los dos grandes actores del panorama político español, el Partido Socialista en la izquierda, el Partido Popular en la derecha, el principio de que yo no voy a promulgar nunca una ley que usted tenga que derogar. Esto que en educación es un objetivo, en Seguridad Social es una realidad, y esto quiere decir que en los últimos 15 años nos hemos ido dotando de un Sistema de Seguridad Social que funciona muy bien. Nosotros tenemos unos enormes ahorros de gestión, en todas las estadísticas euro

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peas estamos en la cola en cuanto a gastos de gestión en funcionamiento del Sistema de Seguridad Social, y en menores tiempos de respuesta, tramitamos pensiones en períodos récord, los españoles confían en la Seguridad Social muchísimo, hasta tal punto que eso a veces incluso provoca un efecto perverso y es que se ahorra demasiado poco, porque los españoles confían mucho en las pensiones públicas, y tenemos un Sistema de Seguridad Social con un presente financiero bastante saneado, que funciona muy bien, de lo cual también es responsabilidad directa el contar con un elenco de trabajadores de una enorme calidad y con un sistema retributivo que tiene más en cuenta la productividad, etc., y que hace que sea más fácil trabajar y producir en la Seguridad Social, en la Administración de Seguridad Social que en otras áreas de la Administración General del Estado.

¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos las mejores bases para llevar a cabo reformas que tengan en cuenta además la sensibilidad hacia los problemas sociales que puedan plantear, porque somos un sistema muy transparente. En el Libro Verde sobre pensiones aprobado recientemente por la Comisión Europea se hace mucho hincapié en que los sistemas deben ganar en transparencia. Disponemos de sistemas de indicadores muy precisos que miden cuál es la evolución y cuál es el impacto que tienen nuestras medidas en el conjunto de la población activa o pasiva de nuestro país. Tenemos funcionando una Muestra de Vidas Laborales que estudia más de un millón cien mil supuestos de vidas laborales al año en España, que es representativa tanto en el conjunto del mercado de trabajo español como del conjunto del mercado de trabajo en cada una de las Comunidades Autónomas, hasta la más pequeña, la de La Rioja, y que en este sentido es un sistema de referencia, que la Comisión Europea considera que es un ejemplo de buenas prácticas para desarrollar en el resto de la Unión Europea, y sobre el cual estamos constantemente haciendo exposiciones en otros países europeos que están poniendo en marcha instituciones similares.

Quiero con esto decirles que el enorme depósito de confianza que hace la población española en favor del Sistema de Seguridad Social, está bastante correspondido por la Administración de Seguridad Social, que nosotros para abordar los problemas de la crisis lo que estamos haciendo son otras cosas, entre ellas, reducir costes. Los funcionarios de la Seguridad Social que nos acompañan aquí son perfectamente conocedores de los esfuerzos que estamos haciendo en todos y cada uno de los departamentos de la Administración para reducir nuestros costes en términos de crisis; hasta tal punto es así que incluso hay organizaciones empresariales que nos han pedido que en octubre o en noviembre organicemos una jornada para explicar lo que hace la Seguridad Social española para ahorrar dinero en tiempo de crisis, porque entienden que nuestras experiencias pueden ser muy valiosas para muchas empresas, para ahorrar gastos de funcionamiento, etc., y para conseguir prestar los mismos servicios con menos plantilla. Nosotros tenemos ahora 3.000 empleados públicos menos que hace 6 años, nosotros no hemos engordado exageradamente las plantillas y estamos prestando más servicios con menos funcionarios y con una administración más modernizada, y por lo tanto que tenemos los mejores puntos de partida. Tenemos una situación financiera bastante razonable, a veces en los organismos internacionales nos dicen que es inexplicable que con la dureza de la crisis económica de nuestro país tengamos todavía el Sistema de Seguridad Social con superávit, bueno pues seguimos estando en superávit, vamos a estar en superávit este año, vamos a estar en superávit el año que viene y por lo tanto las reformas son reformas que deben hacerse, pueden hacerse, produciendo impactos sociales muy reducidos si se hacen en el período de tiempo necesario, pero es fundamental hacerlas. Es fundamental hacerlas porque realmente cuanto más tiempo tardemos en dejar de hacerlas, más dificultades tendremos.

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Les pongo algunos ejemplos de cosas que hemos conseguido hacer. Por ejemplo, reducir los costes de la incapacidad temporal (diapositiva nº 13). Cada año reducimos los costes de la incapacidad temporal muy por debajo de lo que puede ser la evolución vegetativa de la afiliación. Hasta el año 95 en nuestro país, y luego después hubo un intento frustrado en la modificación de los gastos de incapacidad temporal, se obtenía por el acortamiento de los períodos de duración de prestaciones o la disminución de los porcentajes de las mismas. Nosotros en los 6 últimos años, la estadística podría empezar en el año 2004, hemos conseguido reducir los costes de incapacidad temporal sin modificar para nada los costes de la prestación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no estamos afectando a la protección a los trabajadores enfermos sino que estamos eliminando picaresca y yo creo que en este sentido esto es un ejemplo de buenas prácticas.

Estamos consiguiendo todavía seguir progresando, incluso en los dos últimos años de crisis económica, en el incremento de la edad de jubilación efectiva de los españoles a través de un sistema de incentivos bastante más eficaz a la prolongación de la vida laboral que se generan en la Ley 40, En relación con el período de cómputo y simplemente en la medida en que se pueda comprobar en la gráfica (diapositiva nº 14), simplemente quiero decirles que hay una parte importante de las reformas que tenemos que hacer que tiene un contenido eminentemente social y es que en nuestro país, en una situación de crisis económica, hay ya un porcentaje, uno de cada tres de los trabajadores que se jubilan, que lo hacen provenientes de una situación de desempleo. Entonces, nuestro método de calcular la pensión de jubilación, que prima los últimos años de la vida laboral, tiene un efecto desfavorable para los trabajadores desempleados, porque como en la situación de desempleo se pierde base de cotización, el impacto negativo que tiene el desempleo para la minoración de rentas de los trabajadores en los últimos años de su vida como activos se traslada también a la pensión. Nuestro sistema sin embargo beneficia, a nuestro juicio indebidamente, a aquellos que pueden escoger base de cotización y que lógicamente se limitan a cotizar por buenas bases de cotización los períodos de tiempo cogidos como referencia para el cálculo de la pensión y el resto de su vida laboral cotizan por bases mínimas.

En este sentido, pensamos que una modificación de los procedimientos puede eliminar beneficios indebidos en favor de los que pueden hacer planificación fiscal, los que pueden escoger el momento en el que subir o bajar la base de cotización, que debe beneficiar a los trabajadores despedidos.

Por otra parte, la práctica de subida de pensiones mínimas que hemos venido realizando desde el año 2004, mucho más intensa que las que tuvieron lugar en la década de los 90 y en la primera parte de la década del año 2000, ha tenido como consecuencia inmediata que en los estudios sobre pobreza relativa (diapositiva nº 15), realizados dentro de las encuestas de consumos familiares que han sustituido a los antiguos paneles de pobreza en España, realizados por el Instituto Nacional de Estadística, en general en términos globales para el conjunto de la población, la pobreza en España en situación de crisis económica no ha subido, lo cual quiere decir que el mantenimiento de las prestaciones sociales ha evitado que la crisis, que nos ha hecho más pobres a todos, haya aumentado el número de pobres en situación de pobreza relativa, un cuarto de la renta nacional. Ese porcentaje de personas no ha subido, pero la subida de pensiones mínimas ha tenido un impacto bastante significativo en los mayores de 65 años, hasta tal punto que por primera vez en el año 2008 la tasa de pobreza entre los mayores de 65 años es inferior a la del conjunto de la población general en España. Esto también es coherente con las mismas tendencias que existen en Europa en la que se habla de la pauperización de la pobreza, de un desplazamiento de la pobreza desde los mayores a las familias con hijos pequeños. Bue

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no, pues en España este proceso es también significativo, pero en el caso de los mayores, en estos momentos podemos congratularnos todos de que por primera vez en la historia de España los mayores de 65 años tengan menor tasa de pobreza que el conjunto de la sociedad, lo cual es un indicador, sin duda, bastante positivo.

Fruto de que, de una política de revalorización de pensiones mínimas que nos sitúa muy por encima de todos los países de la Unión Europea (diapositiva nº 16). Esta es la realidad, somos el país de Europa que más ha subido las pensiones mínimas en los últimos 6 años y evidentemente esto ha tenido este impacto positivo. Y una cosa relativamente poco conocida, porque la autoestima de los españoles, si bien es cierto que notablemente incrementada desde el día de ayer, siempre ha sido reducida desde el año 1898. Una de las cosas que se conoce relativamente poco en España es que en lo que es la distribución de la riqueza en el conjunto de la sociedad española, la parte de la sociedad española menos desigual con respecto a los países europeos con niveles de renta más elevados, es la parte de los mayores de 65 años. Esto se debe, entre otras cosas, a que nuestras pensiones mínimas son notablemente más cercanas a las pensiones mínimas europeas que nuestros salarios. Es decir, nosotros cobramos 14 pagas, en Europa lo normal los sistemas de pensiones es cobrar 12, algunos 13, 12 pagas, dos medias pagas o una media paga, una paga entera... Si contáramos la cuantía anual, nosotros lo hemos hecho con la cuantía anual dividida por doce (diapositiva nº 17), observarán ustedes que nuestra pensión mínima es 100 Euros inferior a la de Austria o la de Suecia, o escasos Euros inferior a la de Francia, o superior a la de Italia, o muy superior..., bueno muy superior a la de Italia, a la de Reino Unido, a la de Portugal, etc., inferior todavía bastante a la de Dinamarca en términos medios, o Polonia o Países Bajos. También es verdad que en esta tabla no está contemplado el hecho de que en la inmensa mayor parte de esos países los pensionistas ya pagan gastos sanitarios, ya hacen cotizaciones a seguridad social o con copagos de gastos determinados, asistencia de farmacia y eso en España no existe.

¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que hemos construido un sistema de pensiones bastante igualitario. Nosotros tenemos una de las pensiones máximas más bajas de Europa, por ejemplo es la mitad que en Grecia, y tenemos sin embargo un sistema de pensiones mínimas bastante cercano a los países europeos. La media de retribuciones que cobra un trabajador asalariado español en relación con un trabajador asalariado austriaco estaría en 300/350 Euros menos de media mensual, de 400 si se quiere. Hay que decir que realmente hemos construido un sistema de protección social, ya digo, profundamente igualitario, con una base máxima bastante baja y con una base mínima bastante elevada. La horquilla entre la pensión mínima y la pensión máxima de España está en estos momentos de 1 al 4, y cualquiera de ustedes sabe perfectamente cuál es la horquilla de salarios de cualquier empresa española, no es 14 precisamente.

En conclusión, me gustaría terminar por decir, que, no solamente sabemos jugar bien al fútbol, en España hay muchas cosas que hacemos bien, hemos construido todos, con el diálogo social, los interlocutores sociales, los sucesivos gobiernos, los sucesivos partidos políticos, un sistema de pensiones bastante sólido, bastante sólido en términos financieros presentes, bastante igualitario, bastante razonable, en el que los españoles depositan mucha confianza, en el que el número de pensionistas es muy elevado en relación a lo que es el número de personas que atienden, prácticamente el 96% de las familias españolas en las que hay una persona de más de 65 años cobra algún tipo de prestaciones públicas del sistema de pensiones en una tasa bastante superior a la de otros países.

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Las reformas que hemos hecho en los últimos 20 años no han sido un obstáculo para hacer que ese sistema fuera como es, han sido la causa de que ese sistema sea como es y por lo tanto, para encarar los desafíos del envejecimiento de la población, tenemos que seguir haciendo las reformas que diseñamos en el año 95, con las particularidades del momento presente, como en el año 95 o en el año 97 o en el año 2001, abordamos las particularidades del momento presente, y eso no va a disminuir ni nuestra cohesión social ni el estado de bienestar, ni va a refundar el estado del bienestar, etc. Aquí no hacen falta actuaciones milagrosas o traumatúrgicas, aquí lo que hace falta es mantener una línea legislativa coherente, paulatina, gradual a lo largo de los próximos años y éste es el objetivo que tenemos que ser capaces de conseguir en un entorno de diálogo social y de acuerdo parlamentario, que es el entorno que ha presidido las sucesivas reformas de la Seguridad Social española desde el año 1995.

Nada más y muchas gracias.

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