Conclusiones y reflexiones finales

Autor:Francisco Longo - Adrià Albareda
Páginas:115-125
 
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La cuestión de los valores en la Administración pública se ha convertido en un tema de plena actualidad en nuestro tiempo. Esta nueva centralidad social refleja una creciente preocupación, en todo el mundo, por la ética de las organizaciones, por los asuntos relacionados con la gobernanza corporativa, por la conformidad con unos comportamientos específicos (compliance), por la búsqueda de formas de responsabilización efectiva de los liderazgos y por el control de los abusos de poder. Otra tendencia de alcance global que se manifiesta de forma especialmente notable en nuestro entorno es la sensibilización de las sociedades contemporáneas con respecto al problema de la corrupción y la convicción de que es preciso buscar formas efectivas de combatirla y ponerle límites. Estas preocupaciones adquieren un peso significativo en contextos -como los actuales- que evolucionan hacia un escrutinio más intenso de lo público y una implicación más activa de la ciudadanía en los asuntos de alcance colectivo: la contre-démocratie de que habla el historiador francés Pierre Rosanvallon (2006).

1. Los valores del servicio público

Si el incremento de la atención social en las cuestiones relacionadas con la integridad de las organizaciones y las personas y con las estrategias para garantizarla es una de las grandes tendencias globales, esta preocupación es especial-mente patente en el funcionamiento de los sistemas públicos. Tanto en su interior como en el entorno en que operan, estos sistemas están experimentando cambios importantes que hacen necesario fortalecer el bagaje con que garantizan la calidad ética de sus procesos y del comportamiento individual de sus agentes.

El número de problemas complejos que afrontan los gobiernos y sus organizaciones ha aumentado exponencialmente. Ello se evidencia tanto en el contenido de la agenda pública como en su implementación. Por un lado, ahora es

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más difícil procesar e interpretar la realidad, diagnosticarla, prever los riesgos, seleccionar respuestas en contextos de gran incertidumbre y con perspectivas a menudo contrapuestas. Por otro, se ha incrementado el número de actores a los cuales se reconoce la legitimidad de intervenir en la esfera pública, y han proliferado las formas de gobierno en red, las interacciones público-privadas y las experiencias de coproducción de servicios públicos. Esta evolución multiplica las «zonas tangenciales» y los peligros de conflictos de intereses, y convierte la defensa del interés general y del patrimonio público en una necesidad y en un desafío más arduo que en épocas anteriores (Bresser-Pereira, 2004).

Estos nuevos escenarios exigen cada vez más innovaciones en las administraciones públicas. No se trata de una circunstancia menor, si pensamos en sus consecuencias. En el Estado moderno, la Administración no había sido concebida para innovar, sino más bien para todo lo contrario, es decir, para aplicar normas, dotando la acción pública de comportamientos estables y previsibles, y construyendo marcos de seguridad jurídica que permitieran que otros agentes -los actores económicos, en las condiciones del mercado- fueran los motores de la innovación. A diferencia de estos actores privados, a los cuales se les permitía hacer lo que no está prohibido por las leyes, los actores públicos necesitaban que las normas jurídicas les habilitaran expresamente para actuar. Los sistemas de valores de las organizaciones públicas estaban construidos sobre estos supuestos básicos. Así, pues, afirmar hoy la necesidad de que las administraciones innoven implica alejarse del paradigma dominante durante dos siglos y asumir una visión proactiva del rol de la Administración, que la lleva a implicarse en la producción de los cambios exigidos por la evolución de los problemas y por las demandas sociales (Longo, 2012b).

Como consecuencia de estos cambios, los marcos éticos tradicionales de las administraciones públicas están experimentando una profunda transformación. Si bien los valores burocráticos (legalidad, imparcialidad, objetividad, interdicción de la arbitrariedad) siguen muy vivos y continúan formando parte del referente axiológico que se espera del desempeño de las organizaciones públicas y de sus agentes, han de cohabitar con otros valores, coherentes con los nuevos desafíos, que han aparecido en el nuevo escenario. Estos valores postburocráticos (emprendimiento público, racionalidad económica, responsabilización por los resultados, entre otros) tienen que compatibilizarse con los anteriores en conductas y decisiones que no siempre tienen unos patrones claros de ajuste. En consecuencia, en algunos casos hay que enfrentarse a valores contradictorios, difíciles de armonizar. Además, son inherentes a estos procesos de decisión nuevos dilemas morales, que ponen de manifiesto la necesidad de invertir en el fortalecimiento de los marcos éticos de referencia de las instituciones.

En España, la confluencia de una dura crisis económica con una profunda crisis institucional ha creado un telón de fondo peculiar. Los escándalos de corrupción han teñido la imagen de los poderes públicos con una sombra de sospecha casi permanente. Una mayor beligerancia social y la actuación deci-

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dida de los tribunales han contribuido a hacer aflorar episodios que han causado gran alarma social. Esta reacción y su eco mediático pueden contribuir a sanear las instituciones, pero también pueden exagerar la dimensión del problema y crear una imagen distorsionada de la realidad.

Según todos los datos disponibles, la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones políticas ha llegado a niveles históricos. La política -es decir, los partidos y las élites gobernantes o de la oposición- concentra la mayor parte del rechazo y, naturalmente, la Administración pública no es ajena en modo alguno a este deterioro. Las frecuentes interacciones entre la política y la Administración provocan que la desconfianza afecte el conjunto del sistema político y administrativo. Además, la confianza se agrava cuando -como sucede en nuestro entorno institucional más próximo- el espacio que debería estar reservado a una gestión pública profesional es usurpado y colonizado a menudo por la política y los partidos.

Como consecuencia de ello, en las administraciones se ha ido instalando un clima de perplejidad y desmoralización que pone a los servidores públicos a la defensiva frente a unos estereotipos y reproches que no acaban de entender y que consideran injustos, a menudo con razón. La situación evidencia la necesidad de hallar fórmulas e instrumentos que permitan desarrollar un ethos del servicio público capaz de armar a los protagonistas para hacer frente a los retos de la sociedad actual. Un marco integrado por unos valores que resulten a la vez funcionales para el desarrollo...

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