Conclusiones y consideraciones finales
| Autor | Leonor Mora Agudo |
| Páginas | 203-217 |
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El objetivo de la presente investigación ha sido reflexionar acerca de si es posible relacionar el tamaño institucional de una administración local y la disciplina presupuestaria a la que ésta ajusta su actividad económicofinanciera. No obstante, en el desarrollo de nuestra investigación es posible identificar varias partes. En primer lugar, hemos prestado una atención especial a la descentralización administrativa como modelo aplicable a la administración pública en general, y a la administración local en particular. La exposición de los argumentos en torno a la justificación de la descentralización administrativa como modelo que tiende a imponerse, desde la hacienda pública, la economía de la organización, la ciencia política y la "Nueva Gestión Pública", supusieron el inicio del estudio, el cual completamos con un análisis comparativo del régimen local español en relación con los regímenes vigentes en los países de nuestro entorno más cercano.
La delimitación de la realidad jurídica, política e institucional de la administración descentralizada en España, nos permitió concretar las fórmulas jurídicas existentes para la gestión descentralizada de servicios públicos en la administración local española.
En segundo lugar, dedicamos nuestro estudio al análisis de la disciplina presupuestaria, con especial interés en destacar los aspectos específicos del análisis realizado sobre la gestión de servicios públicos descentralizados.
Por su parte, en el capítulo tercero buscamos la evidencia empírica que permitiera soportar el argumento central de nuestra investigación: la existencia de relación entre la descentralización y la disciplina presupuestaria. Para ello optamos por la aplicación de un modelo de regresión lineal donde el índice de descentralización administrativa de elaboración propia era la variable dependiente a explicar por las variables presupuestarias y financieras, obteniendo un nivel de explicación muy significativo.
Así pues, y conforme al recorrido seguido en nuestra investigación, pasaremos a exponer nuestras conclusiones.
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Superadas las posiciones del pensamiento liberal clásico que reducía el papel de la administración pública a cubrir los mínimos necesarios para mantener la convivencia y el orden público, el último tercio del siglo XX ha generalizado la concepción del estado de economía social o economía del bienestar, la cual justifica el papel de la administración pública como titular de servicios de carácter económico e incluso como gestor de empresas económicas.
La concepción de una administración pública encargada de un amplio abanico de funciones necesariamente exige un tamaño significativo de la misma. Por otra parte, la gestión de actividades económicas, algunas de ellas en el entorno del libre mercado, exige modelos de gestión específicos más allá de los modelos clásicos estrictamente administrativos. Estos argumentos parecen derivar en la inevitable existencia de una administración institucional, lo que en términos de gestión calificaríamos de descentralización administrativa o descentralización funcional.
En el ámbito concreto de la administración española conviene citar la descentralización territorial -construcción del estado de las autonomías en la década de los ochenta-que supuso la consolidación de un nuevo nivel de administración pública que, a imitación del Estado, desarrolló su propia administración institucional descentralizada. Por su parte, la confusa delimitación competencial entre las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en determinadas materias, tensionó al alza la dimensión del sector público local, el cual en un intento de reforzar su posición política frente a la negociación del marco competencial definitivo que cerró el Pacto Local, tomó posiciones prestando servicios públicos a sus ciudadanos en cantidad y calidad crecientes. Eran los tiempos previos a la aplicación de las medidas restrictivas sobre el déficit y el endeudamiento financiero local, sin los acuerdos de Maastricht no existían compromisos de convergencia, y los ayuntamientos disponían de cierto margen financiero para ofrecer mayores y mejores servicios sin tener que limitar su gasto público.
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Desde la teoría de la organización el problema del diseño organizativo del sector público se basa en la búsqueda de los principios de eficiencia en el funcionamiento de las organizaciones, de tal modo que el logro de mayor eficiencia justificaría la adopción de un determinado modelo organizativo frente a otro menos eficiente.
No obstante, el argumento de la eficiencia resulta difícil de aplicar, puesto que la definición de los principios de eficiencia a través de la construcción de modelos científicos resulta una tarea muy compleja. Por otra parte, el contraste de modelos reales en búsqueda de la eficiencia suele contaminarse con argumentos políticos, o bien con otros elementos derivados de las características de las organizaciones estudiadas que no pueden ser aislados con facilidad.
Si tomamos los argumentos de la "teoría de la información", clásica en la ciencia de la organización, resulta fácilmente defendible el modelo "autónomo-descentralizado" frente al "jerárquico-centralizado". Así pues, si asignamos un valor determinado a la variable "información" en el diseño organizativo de una estructura, valor que crece con la complejidad de la organización en cuestión, la administración pública, --organización claramente compleja jurídica y competencialmente, - liberará capacidad de procesamiento de información mediante el desahogo de la cúspide de la organización siempre que opte por modelos descentralizados, lo que en lógica con esta teoría aportaría mejoras en la eficiencia haciéndolos preferibles a los modelos centralizados.
La ciencia política justifica los modelos de administración descentralizada en un intento por delimitar las funciones de un Estado diseñado conforme al modelo centralista. Así pues el origen histórico de la administración institucional en el...
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