Conclusiones
| Autor | Silvia Carmona Garias |
| Páginas | 244-262 |
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El derecho administrativo se caracteriza, entre otras cuestiones, por su extraordinario apego
a la realidad social, vinculación que le impone la acomodación a las nuevas necesidades y se
traduce en un proceso evolutivo constante. La realidad social a la que está íntimamente unido
aporta continuamente innovaciones que provocan mutaciones no solo en los procedimientos y
las técnicas, sino también en lo más característico de su sustancia.
Hoy en día, la definición del interés general no puede ser monopolio del Estado, el modelo
de democracia representativa está muy deteriorado, por lo que se debe actualizar para que
sean los propios gobernados los que intervengan para definir y defender el interés general y
tomar parte en las decisiones que afectan a la comunidad en la que viven.
Aunque una de las señas de identidad de las democracias occidentales sea la participación
ciudadana en la vida política, económica y cultural, en la práctica la democracia participativa
es puramente procedimental, como un trámite más que debe realizarse, pero sin dotarla de
ninguna eficacia jurídica real. La intervención directa de los ciudadanos en la esfera pública
es muy limitada, salvo para una minoría social más activa, en casos excepcionales de movili-
zación colectiva, o en el caso del Concejo abierto previsto en el artículo 140 CE, para núcleos
de población muy reducidos.
Todo esto viene a incluirse en los debates sobre gestión pública de las últimas décadas,
que tras el inicial antagonismo o enfrentamiento entre el modelo burocrático y el modelo de
nueva gestión pública, surgiendo este último como reacción a las deficiencias del primero,
nos encontramos en un momento en que ambos modelos se han agotado por su incapacidad
de asumir la complejidad de los problemas que poníamos de relieve. Así, del autoritarismo
y nepotismo de la Administración de siglos pasados, se pasa a la burocracia, basada en la
meritocracia y los procedimientos que maximizan la seguridad jurídica, tratando al ciudadano
desde un enfoque paternalista como mero receptor de servicios. No obstante, este modelo es
caro de mantener y con la crisis del estado del bienestar se pasa a la nueva gestión pública,
incorporando criterios gerencialistas en la Administración, donde el ciudadano pasa a ser visto
como un usuario, un cliente, en una perspectiva próxima a la del sector privado. No obstante,
el agotamiento ha venido por malas prácticas y déficit de protagonismo deliberativo del ciu-
dadano. No se ha hecho una interpretación adecuada cuando se han adoptado elementos de
la nueva gestión pública, pues se ha seguido manteniendo un enfoque tradicional en la promo-
ción de la participación ciudadana, y, como consecuencia, esta no ha resultado efectiva. De
ahí se deriva el momento actual de transición de paradigma, en que el ciudadano quiere par-
ticipar y ser visto como un cogestor corresponsable, no como un receptor de servicios ni como
un cliente, sino como un igual. Este último estadio en la evolución de la gestión pública es el
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Carmona Garias, S. Democracia y gobierno abierto. INAP-McGraw-Hill, Madrid, 2019.
Democracia y gobierno abierto: una nueva cultura administrativa226
que ha venido a denominarse gobierno abierto, como máxima expresión y vuelta de tuerca de
la participación ciudadana, orientada a la redistribución del poder, pues es el máximo expo-
nente de modelo referencial centrado en el ciudadano como actor empoderado. Un modelo de
gobierno, de Administración, que es adaptable a cualquier clase de gobierno, por lo que su
puesta en marcha se reduce a una cuestión de voluntad política y no de color político.
Un paradigma más enfocado a la transversalidad y a la necesidad de una gestión rela-
cional capaz de asumir esa complejidad que los anteriores modelos no han sido capaces de
afrontar. Un tercer paradigma que, adoptando una visión más panorámica y transversal, ha
hecho que los dos primeros se asimilen a pesar de su aparente contradicción porque parten
de una lógica similar, que los diferencia y contrapone a este tercer paradigma, siendo la dife-
rencia principal el componente cultural, la deliberación en contraposición a la tecnocracia y
a la gestión empresarial, que han fracasado a la hora de adaptarse a las nuevas y cambiantes
problemáticas de la sociedad. Lo que no significa que estas distintas teorías de la gestión
pública sean totalmente excluyentes entre sí. Lo más aconsejable sería encontrar un equili-
brio entre aquellos elementos que funcionan y son compatibles entre ellos y con la realidad
presente y su complejidad en la búsqueda de la excelencia y la calidad de la gestión pública
y de la democracia.
De modo que, una democracia de calidad en la actualidad debe pasar, indefectiblemente,
por contar con la ciudadanía, corresponsabilizarla, hacer que se involucre en los procesos de
toma de decisiones, en definitiva, por diseñar mecanismos de democracia deliberativa que
complementen y corrijan las disfunciones de la democracia representativa.
Dicho lo anterior, y atendiendo a todo lo expuesto a lo largo de estas páginas, se debe
concluir:
I. La ausencia de solidez en las dimensiones ética y participativa de la democracia
El agotamiento del tradicional modelo de democracia representativa se debe, de una parte,
a la madurez ciudadana y de otra a los cambios sociales derivados del uso intensivo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El modelo anterior era válido para el
momento en el que se diseñó, durante la etapa de la transición, con una ciudadanía temerosa
que nunca había sido actor principal por la herencia de tradición autoritaria, que justificó la
cesión completa de la representatividad a los partidos políticos, para que fueran ellos quienes
tomaran las decisiones y llevaran a cabo la gestión pública, mediante una participación ciu-
dadana indirecta y totalmente intermediatizada.
A esto se debe añadir que, hasta la aparición de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, los costes de la participación eran tan elevados que quedaba justificada
esta intermediación, pero en la actualidad se detecta que se ha alcanzado la madurez cívica
de los ciudadanos. Los movimientos sociales ponen de manifiesto la existencia de dinámicas
nuevas de comportamiento entre los miembros de la sociedad, que han manifestado su deseo
expreso de participar directamente en la toma de decisiones y en la gestión de lo público de
forma colaborativa, por lo que se requiere realizar ciertos ajustes en el contrato social para
que puedan situarse en un plano de igualdad y simetría con los poderes públicos por ellos
escogidos, estableciendo como bases de ese nuevo contrato social: la transparencia, la parti-
Carmona Garias, S. Democracia y gobierno abierto. INAP-McGraw-Hill, Madrid, 2019.
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