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Conclusiones

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Vincent
AutorPilar Navau Martínez-Val
Páginas286-289

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En términos generales, la primera valoración que se puede realizar de la reforma fiscal de 2014, desde el punto de vista de la garantía de los derechos sociales, no puede sino ser muy negativa. Se ha puesto el equilibrio presupuestario como casi único objetivo de las reformas tributarias implantadas durante los años más duros del reciente período de crisis y, a la salida de la misma, la reciente reforma fiscal ha antepuesto la eficiencia económica -en aras de fomentar un deseable crecimiento económico-, por encima del principio de equidad.

Como se ha ido repasando a lo largo de este capítulo, han sido los asalariados medios los contribuyentes más perjudicados por la reciente reforma fiscal, especialmente en la reforma del IRPF. Ésta, si bien ha mejorado la situación de los escalones más bajos de renta, también lo ha hecho con la de aquellos contribuyentes situados en los estratos más altos de renta. Si a

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ello se une la regresividad del diseño actual del IVA -con tipos de gravamen bonificados para bienes y servicios consumidos principalmente por las familias de mayor renta disponible-, y el creciente peso recaudatorio que este tributo sobre el consumo está llamado a tener en el sistema (tanto por la revisión a la baja de los tipos nominales de los impuestos directos sobre la renta como por el presumible incremento del consumo de los hogares al tener mayor renta disponible), el resultado puede ser un aumento de la desigualdad en la distribución de los costes de los servicios del Estado de bienestar, que volverán a recaer con mayor intensidad sobre los sectores menos dotados económicamente.

Lo más preocupante es que esta falta de equidad en el reparto del coste del mantenimiento del Estado de bienestar se produce en un país que, de acuerdo con reiterados informes, se encuentra a la cabeza de la desigualdad en la Unión Europea114. Si a esta situación, añadimos los efectos de las reformas tributarias aprobadas en los últimos años, la salida de la recesión se podría ver acompañada en nuestro país por un incremento más notable aún de la desigualdad y podría afectar de manera profunda a la garantía de los derechos sociales. Es por ello que, en nuestra opinión, es muy posible

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que la reciente reforma fiscal aprobada en noviembre de 2014 pueda poner en peligro el cumplimiento del principio de progresividad tributaria del art. 31.1 de nuestra Constitución y adolezca de un vicio de inconstitucionalidad. Como ha señalado...

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