Conclusiones

AutorEva Mota Sánchez - María Luisa Medrano García
Cargo del AutorInterventora. Tesorera de Habilitación Nacional - Prof. Dra. Universidad Rey Juan Carlos
Páginas253-257

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Finalmente, destacaremos las conclusiones más relevantes que, a nuestro juicio, se desprenden del estudio desarrollado en las páginas precedentes.

Primera.

Parece innegable la necesidad existente, no solo legal, en la Administración Pública de generar información útil, contrastable, transparente y comparable sobre cómo, dónde y para qué usan sus recursos. Esto no se puede conseguir en ninguna organización sin la implantación de un sistema de cálculo de costes410.

Segunda.

La necesidad de establecer e implantar una metodología para los costes de los servicios públicos no se considera una cuestión novedosa en la Administración Pública, sino que ha estado presente desde la Constitución española de 1978.

Sin embargo, a pesar de la obligación de determinar el coste de los servicios públicos, no se calculaban por diversos motivos, no existía un método común, ni una conciencia social de comprobar el coste de los servicios públicos que se prestaban, sino que lo fundamental era prestar los servicios con independencia de su coste.

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No obstante, la determinación del coste de los servicios públicos experimentó un importante salto cualitativo a raíz del proyecto CANOA impulsado por la Intervención General de la Administración del Estado en 1994.

Tercera.

La Administración Local ha sido la Administración Pública más olvidada en cuanto a la implantación de técnicas de gestión que ayudaran a la planificación, la toma de decisiones y el control de su actividad. En este sentido, la mayor parte de los modelos elaborados para tales ines han sido diseñados bien para la Administración central, bien para determinados organismos autónomos que, en la mayoría de las ocasiones, eran de carácter comercial, industrial, inanciero o análogo y que, en consecuencia, podían adaptar con mayor facilidad las técnicas de gestión utilizadas en el ámbito privado. En nuestro caso, esto no ocurre, ya que la mayor parte de los servicios que son objeto de análisis no encuentran su equivalente en el ámbito privado411.

Cuarta.

Con la crisis económica, la escasez de recursos pone de maniiesto la necesidad de implantar en la Administración Local un modelo común para determinar el coste de los servicios públicos a in de prestar servicios eicientes, eicaces y sostenibles desde un punto de vista inanciero.

Disponer de un modelo para determinar los costes de los servicios públicos permite generar una información necesaria para medir principalmente los grados de eiciencia y economía de la gestión pública, convirtiéndose en una herramienta importante en el momento de la toma de decisiones en la asignación de recursos en el presupuesto.

Quinta.

Con la modificación exprés de la Constitución española de 1978, la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el artículo 7.2, establece la obligación de prestar servicios eicientes y transparentes.

Recogiendo tal obligación, se aprobó la Ley de...

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