Conclusiones

Autor:Marta Fernández de Frutos
 
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Conclusiones

I

En el trabajo se ha considerado que el examen del objeto de control en la cuestión de inconstitucionalidad no puede limitarse a hacer referencia a qué normas tienen rango de ley, sino que para delimitar dicho objeto es necesario tener presente que el mismo se encuentra condicionado por tres elementos, la norma que se cuestiona ha de ser una norma con rango de ley, aplicable en el curso de un proceso y de su validez ha de depender la decisión del mismo. En consecuencia, el análisis del objeto se centra en determinar qué se entiende por normas con rango de ley a efectos del control de constitucionalidad, por aplicabilidad, y por dependencia de la decisión del proceso de la validez de la norma. Por otra parte, se examinan algunos supuestos en que ciertas normas con rango de ley pueden ser inaplicadas en el curso de un proceso sin necesidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

La delimitación de las normas que tienen rango de ley se realiza examinando, en primer lugar, si del texto constitucional puede extraerse algún criterio que permita identificar esa categoría de normas, tratando asimismo de establecer si la referencia del art. 163 CE a las mismas comporta que el objeto de control en la cuestión sea distinto al del recurso de inconstitucionalidad al referirse el art. 161.1.a) CE respecto al objeto de ese a las normas con fuerza de ley. No obstante, se ha constatado que la utilización del concepto “rango de ley” en el texto constitucional resulta insuficiente para realizar aquella identificación, y que el mismo se utiliza como sinónimo de “fuerza de ley”. Asimismo, se ha analizado si las nociones de “fuerza de ley” y de “valor de ley” resultan útiles para identificar las normas objeto de control, llegando a una conclusión negativa, atendida la indeterminación que conlleva la utilización de dichas nociones en el ordenamiento actual. Por último, se ha acudido al art. 27.2 LOTC en que el legislador estableció las normas que son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad, advirtiendo que las normas y actos que se incluyen en dicho precepto se caracterizan por ocupar una posición de primariedad en el ordenamiento. Todo ello ha motivado que finalmente se concluya que la referencia del art. 163 CE a las normas con rango de ley debe entenderse concretada en las normas y actos a que se refiere el art. 27.2 LOTC.

En el análisis de la aplicabilidad de la norma en el curso de un proceso se parte de la consideración de que el examen que hasta el momento la doctrina ha realizado de dicho presupuesto resulta insuficiente para alcanzar una visión global de las normas que pueden ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad, lo que ha motivado que se haya decidido diferenciar entre aplicabilidad objetiva de la norma y aplicabilidad subjetiva de la misma. Por aplicabilidad objetiva se entiende la posibilidad objetiva de que las normas y actos del art. 27.2 LOTC sean susceptibles de ser aplicables en el curso de un proceso. En el trabajo se estima que es necesario realizar una interpretación amplia de la aplicabilidad que posibilite una mayor intervención de los órganos judiciales en la defensa de la coherencia constitucional del ordenamiento cuando ejerzan sus funciones jurisdiccionales, pudiendo cuestionar todas aquellas normas cuya posible inconstitucionalidad pueda motivar que la decisión del proceso no sea conforme con la Constitución. Por ello se defiende que la condición de la aplicabilidad objetiva de la norma en un proceso se cumple tanto cuando se trata de una aplicabilidad directa, si la norma puede ser aplicada para decidir un proceso; como cuando es una aplicabilidad mediata, si la norma condiciona la validez de la norma aplicable directamente en el proceso, de forma que no es posible decidir si esta norma es conforme con la Constitución si previamente no se determina la constitucionalidad de aquélla. Se llega, de este modo, a la conclusión de que las normas y actos previstos en el art. 27.2 LOTC pueden ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad cuando sean aplicables directa o indirectamente en el curso de un proceso. De esta forma, aunque ciertas normas y actos de los previstos en el art. 27.2 LOTC por sus características específicas no son susceptibles, en principio, de ser aplicables directamente en un proceso, si que pueden ser aplicables de forma mediata, como ocurre con los Estatutos de Autonomía, las leyes habilitantes de disposiciones reglamentarias, las leyes sobre producción jurídica, las leyes de delegación, los actos con fuerza de ley, y los Reglamentos Parlamentarios.

La noción de “proceso” como supuesto en que la norma que puede ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad sea aplicable, bien directa, bien mediatamente, debe entenderse, como sostiene el Tribunal Constitucional y la mayoría de la doctrina, desde una perspectiva amplia que permita a los órganos judiciales cuestionar aquellas normas con rango de ley de cuya constitucionalidad duden aunque no decidan un proceso en sentido estricto. Así, el Tribunal Constitucional ha declarado que existe un proceso a efectos de posibilitar el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando el órgano judicial ejerce poderes decisorios. No obstante, atendida la dificultad de establecer los supuestos en que se ejercen dichos poderes, se concluye que la definición de proceso a los efectos mencionados sólo puede ser realizada a priori con carácter excluyente, entendiendo que no existirá proceso cuando el órgano judicial tenga que aplicar normas con rango de ley en el ejercicio de actividades gubernativas, puesto que en estos supuestos no ejerce su función jurisdiccional.

La aplicabilidad subjetiva de la norma hace referencia en este trabajo al hecho de que una norma sólo puede cuestionarse cuando efectivamente deba ser aplicada al caso concreto en que la cuestión de inconstitucionalidad se planteará. En este sentido, atendido que la selección de las normas aplicables en un proceso concreto corresponde al órgano judicial que debe decidirlo, al ser esta, como ha declarado el Tribunal Constitucional, una cuestión de legalidad ordinaria, cabe concluir que si el órgano judicial considera en el momento en que decide plantear la cuestión de inconstitucionalidad que en base a una interpretación razonable de la norma la misma será aplicable en el proceso, habiendo despejado, siempre que sea posible, cualquier problema de legalidad que pudiese obstaculizar la aplicación de esa norma, podrá plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Esta facultad de los órganos judiciales de seleccionar las normas aplicables en los procesos ante ellos planteados no debe en ningún caso servir para que el juez fuerce la aplicabilidad de la norma con la finalidad de cuestionar su constitucionalidad, ni para que cuestione las normas aplicadas por otros órganos judiciales cuando esa aplicación sea vinculante para adoptar su decisión.

La validez de la norma debe condicionar, de acuerdo con los art. 163 CE y 35.1 LOTC, el fallo del proceso, pero teniendo presente, como así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, que en el curso de un proceso pueden aplicarse normas con rango de ley de cuya validez dependan otras resoluciones distintas del fallo, se concluye que objeto de la cuestión puede ser una norma con rango de ley de cuya validez dependa cualquier resolución que haya de adoptarse en el proceso. En relación con los supuestos en que cabe afirmar que efectivamente existe una dependencia de la resolución del proceso respecto de la validez de la norma que se cuestiona hay que tener presente que este requisito tiene por finalidad asegurar que la cuestión de inconstitucionalidad se plantea sólo cuando la posible aplicación de una norma pueda motivar que se adopte una decisión contraria a la Constitución. Por ello se sostiene, compartiendo la posición del Tribunal Constitucional y de la doctrina, que la dependencia existirá cuando la decisión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la norma deba tener un reflejo directo en la decisión del proceso, puesto que dependiendo de sí se estima o desestima la cuestión de inconstitucionalidad el órgano judicial decidirá el proceso en un determinado sentido, todo ello sin perjuicio de que en el momento de plantear la cuestión el juez no deba anticipar cuál será su decisión definitiva. La mencionada dependencia no exige, pese a que en alguna decisión el Tribunal Constitucional así parece entenderlo, que los motivos por los que la norma pueda considerarse contraria a la Constitución tengan una relación directa con el objeto del proceso, dado que cualquier vulneración de la Constitución puede motivar que se adopte una decisión inconstitucional; de acuerdo con ese criterio se defiende que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad es posible aunque los vicios constitucionales en que incurra la norma sean de carácter formal.

II

La aproximación al objeto de control termina analizando los supuestos en que el órgano judicial puede inaplicar en el curso de un proceso una norma con rango de ley (en principio aplicable y relevante) sin necesidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad. El primero de los supuestos examinados es el de la posible inaplicación de las normas con rango de ley preconstitucionales, respecto al que se concluye que la inaplicación es necesaria cuando el órgano judicial considera que la norma es contraria al texto constitucional, puesto que en este caso, en virtud de la Disposición Derogatoria Tercera de la Constitución, deberá entenderla derogada y, por tanto, inaplicable en el proceso, sin que sea posible cuestionar su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Se examina también la posibilidad de inaplicar los decretos legislativos, considerando que dicha inaplicación sólo resulta posible cuando el órgano judicial aprecie ictu oculi que la regulación efectuada en el decreto legislativo no guarda de...

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